Carlota Espinoza Trujillo
Expediente 31/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlota Espinoza Trujillo
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Juez de Distrito solicita copias. Agréguese la copia certificada del oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como lo solicita, se ordena remitir copia certificada de las principales constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en un cuaderno, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Remite copias. Finalmente, conforme a lo ordenado en sentencia de once de septiembre de dos mil dieciocho y proveído de veintiuno del mismo mes y año, remítase al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Primera de la Unidad de Atención y Determinación, con sede en esta ciudad, copias simples de los autos que integran el presente juicio, para los efectos precisados en el considerando quinto de la citada resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Remite vista. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que ahí señala. Copias. Por otro lado, glósese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Primera de la Unidad de Atención y Determinación, por medio del cual solicita copias simples de los autos que integran el presente juicio; sin embargo, resérvese enviar las constancias solicitadas, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 31/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 6), Carlota Espinoza Trujillo, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, este juzgado de distrito, a quien por razón de turno tocó conocer del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 31/2018 (fojas 27 a 31). TERCERO. Audiencia constitucional y suspensión. Previo los trámites de ley, el ocho de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional la cual fue suspendida en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, a efecto de dar trámite al incidente de objeción de falsedad del documento planteado por las autoridades responsables Juez y Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, mediante oficios 128/2018 y 130/2018 (fojas 43 y 44), respectivamente, ambos presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, turnados al día siguiente a la Oficialía de Correspondencia de este juzgado (quince de febrero), acordado el ocho de mayo del año en curso, previa reserva en auto de dieciséis de febrero (fojas 45 y 127). CUARTO. Reanudación audiencia constitucional. Una vez que transcurrió el término de diez días concedido a las partes para que ofrecieran las pruebas y contrapruebas relativas a la objeción de documento, el quince de junio de dos mil dieciocho, se continuó con la audiencia constitucional, quedando el juicio en estado de resolución (foja 127). CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, atendiendo a que el acto reclamado, fue emitido por una autoridad que ejerce jurisdicción dentro del territorio que tiene competencia este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán: El ilegal acuerdo dictado el catorce de julio de dos mil diecisiete, donde se tuvo a la quejosa por notificada y allanándose en sus términos a todas y cada una de las prestaciones exigidas, reconociendo como ciertos los hechos de la demanda, en virtud de que supuestamente ese mismos día y mes fue ratificado el escrito supuesto presentado por ella, con data once de julio de ese año. La sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán: La ilegal notificación. TERCERO. Incidente de objeción de documento. Previo a verificar la certeza del acto reclamado procede resolver la incidencia planteada por las autoridades responsables encaminada a demostrar la falsedad de los documentos que anexó la quejosa a la demanda de amparo, con los cuales sostiene la existencia del acto reclamado; en virtud que de resultar fundada tendría como consecuencia la inexistencia del acto reclamado lo cual se traduciría en la actualización de una causa de sobreseimiento. Debe precisarse que este juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente incidente de objeción de documentos conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, atendiendo a su naturaleza incidental cuya sustanciación es de previo y especial pronunciamiento, así como a su vinculación con la materia principal, ya que lo que aquí se determine influirá en el sentido en el que se resuelva el presente juicio constitucional. Así, del estudio de las constancias de autos se obtiene que las autoridades responsables Juez y Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, objetaron la autenticidad de los documentos exhibidos por la quejosa, de donde supuestamente emana el acto reclamado, los cuales adjuntó en copia certificada ante Notario Público Número 137, Licenciado Salvador Castillo Núñez, con ejercicio y residencia en esta ciudad, consistente en: Constancia del registro ante la Dirección del Registro Púbico de la Propiedad y de Comercio, del juicio ordinario civil 360/2017, sobre prescripción positiva, frente a Carlota Espinoza Trujillo, a favor de Arnulfo Roldan Posadas, respecto de la totalidad del terreno urbano con construcción, ubicado en la calle Ocampo, número treinta y dos, ahora treinta y ocho, de la población de Jungapeo (foja 7). Oficio sin número de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán (Licenciado Rafael Gonzalo Morales Martínez), dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán; mediante el cual le ordena al Director del Registro Público, cancelar las inscripciones a nombre de la demandada, a efecto de que se den de alta las subsecuentes a favor del actor Arnulfo Roldan Posadas (foja 8). Sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el licenciado Rafael Gonzalo Morales Martínez, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, dentro el juicio ordinario civil 360/2017, que sobre prescripción positiva, promueve Arnulfo Roldan Posadas, frente a Carlota Espinoza Trujillo; mediante la cual se declara fundada la acción citada, y se declara que el enjuiciante pasa hacer propietario, merced a que operó a su favor la prescripción (fojas 9 a 16). Proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el licenciado Rafael Gonzalo Morales Martínez, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; el cual contiene una certificación del licenciado Raúl Salvador Sánchez, Secretario del Juzgado citado, que determina que causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de origen (foja 17). Certificación de nueve fojas útiles que concuerdan con los originales que obran dentro del expediente 360/2017, relativo al juicio ordinario civil que sobre prescripción positiva, promueve Arnulfo Roldan Posadas, frente a Carlota Espinoza Trujillo; firmada por el licenciado Raúl Salvador Sánchez, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán (foja 18). Declaración del impuesto sobre adquisición de inmuebles, ante la Secretaría de Finanzas y Administración, respecto al acto transmitivo de dominio, derivado del juicio ordinario civil 360/2017, que sobre prescripción positiva, promovió Arnulfo Roldan Posadas, frente a Carlota Espinoza Trujillo (foja 19). Avalúo Catastral Urbano, del inmueble antes citado (foja 21). Certificado catastral, expedido por el Receptor de Rentas de Jungapeo, de quince de septiembre de dos mil diecisiete, del cual se advierte que el inmueble ubicado en la calle Ocampo, número 32, de Juangapeo, Michoacán, es propiedad de Carlota Espinoza Trujillo (foja 22). Formato Múltiple para Pago de Contribuyentes Estatales y/o Municipales, de fecha de emisión de doce de enero de dos mil diecisiete, en donde aparece como contribuyente Carlota Espinoza Trujillo (foja 23). Constancia de no adeudo, emitida por el Tesorero Municipal, de data catorce de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se advierte como nombre del propietario Carlota Espinoza Trujillo (foja 24). Constancia del registro ante la Dirección del Registro Púbico de la Propiedad y de Comercio, del juicio ordinario civil 360/2017, sobre prescripción positiva, frente a Carlota Espinoza Trujillo, a favor de Arnulfo Roldan Posadas, respecto de la totalidad del terreno urbano con construcción, ubicado en la calle Ocampo, número treinta y dos, ahora treinta y ocho, de la población de Jungapeo (foja 25) Certificación de la impresión del registro diecinueve, del tomo un mil quinientos sesenta y nueve, del libro correspondiente a la sección del registro de propiedad del distrito de Zitácuaro, en el que se compulsan veintinueve páginas, firmadas por el Director del Registro Púbico de la Propiedad Raíz y de Comercio (foja 26). Lo anterior, porque desconocen las rúbricas y firmas, que aparecen tanto en la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete y acuerdo de diecinueve de ese mismo mes y año, y que se les atribuyen a dichas autoridades. De igual forma, el Juez responsable desconoce haber emitido la sentencia y acuerdo adjuntó a la demanda de amparo. Son fundadas las objeciones planteadas. Es menester mencionar que el fin de la objeción establecida en el artículo 122 de la Ley de Amparo, al cuestionar la autenticidad de un documento, es otorgar la posibilidad al objetante de rendir las pruebas pertinentes para acreditar esa pretensión. De esa forma, para acreditar la falsedad de los documentos que exhibió la parte quejosa a su demanda de amparo, el Juez y Actuario responsable, exhibieron copias certificadas del expediente 360/2017, del índice de ese juzgado, el cual corresponde a un juicio diverso al señalado por la quejosa, ya que corresponde a un juicio sucesorio intestamentario a bienes de Filogonio Rico Jaimes (se formó cuaderno de pruebas con dichas constancias). Con las anteriores documentales las responsables también pretenden demostrar la inexistencia del acto reclamado, las cuales al tratarse de documentos públicos tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documento público, calidad que se demuestra al haber sido remitida por una autoridad en ejercicio de sus facultades. De las que se obtiene que el expediente 360/2017, corresponde a un juicio sucesorio intestamentario a bienes de Filogonio Rico Jaimes, y en ninguna de sus fojas, obra sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el licenciado Rafael Gonzalo Morales Martínez, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, correspondiente a un juicio ordinario civil 360/2017, que sobre prescripción positiva, promovió Arnulfo Roldan Posadas, frente a Carlota Espinoza Trujillo; ni proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el licenciado Rafael Gonzalo Morales Martínez. De manera que, una vez valoradas las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable y los documentos anexos a la demanda de amparo, los cuales son materia de la presente incidencia, se puede determinar que no se encuentra probada la autenticidad de la sentencia y acto reclamado, derivado de un juicio ordinario civil 360/2017, sobre prescripción positiva, frente a Carlota Espinoza Trujillo, a favor de Arnulfo Roldan Posadas, respecto de la totalidad del terreno urbano con construcción, ubicado en la calle Ocampo, número treinta y dos, ahora treinta y ocho, de la población de Jungapeo; y por ende la existencia del aludido juicio. Sin que pase desapercibido que la documental que allegó la parte quejosa consiste en una copia certificada ante notario con la cual puede inferirse que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 2/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, Novena Época, página 540, registro 179623, de rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS POR NOTARIO PÚBLICO. A LAS EXHIBIDAS EN EL JUICIO LABORAL DEBE DÁRSELES EL MISMO TRATAMIENTO Y VALOR PROBATORIO EN CUANTO A SU CONTENIDO QUE A LOS ORIGINALES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J.16/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 477, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.", sostuvo que las copias fotostáticas certificadas tienen valor probatorio no sólo cuando se expiden sustentándose en un documento original, sino también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos documentos concuerdan en todas sus partes; asimismo, estableció que la referencia que hace el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original, no constituye un obstáculo para realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que dicho precepto tiene el propósito de precisar que el original es idóneo para el cotejo, pero no impide que se lleve a cabo con una copia certificada. En congruencia con tal criterio, se concluye que a las copias fotostáticas certificadas por Notario Público exhibidas en el juicio laboral se les debe dar, en cuanto a su contenido, el mismo tratamiento y valor probatorio que al documento original, sin que ello signifique que ese documento sea apto para demostrar el fin que se persigue, pues ello dependerá de las objeciones o a la apreciación que en derecho haga la Junta en su resolución." Sin embargo, como se indica en la citada tesis, el solo hecho de presentar la copia certificada de un documento no significa que sea apto para demostrar el fin que se persigue, ya que ello dependerá de las objeciones o la apreciación que en derecho se hagan del mismo. Lo anterior se dice de esta forma, dado que si bien es verdad los notarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que tienen la facultad legal de autentificar, dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos jurídicos que hacen constar en las actas y certificaciones como lo perciben por medio de sus sentidos. También es cierto, que cuando lleven a cabo el cotejo de un documento original con su copia, la certificación respectiva debe crear convicción sobre lo realmente percibido por el fedatario, es decir, debe encontrarse redactada en términos tales que permitan generar convicción en cuanto a su veracidad y autenticidad; a cuyo efecto, es menester que carezca de inconsistencias. Luego, en la especie, de la certificación notarial de los documentos allegados por la quejosa, se observa que al funcionario público (notario), le fueron exhibidas copias certificadas; por lo que únicamente constató y dio fe, de tener a la vista copias certificadas, las cuales cotejó con las copias simples que se le allegaron; de ahí que el Notario Público, no estaba en aptitud de constatar si en su caso los documentos puesto a su vista estaban alterados o eran falsos. Esto es, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado o público para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo; por tanto, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él. Bajo ese contexto, no se estima que con la fe del Notario se acredite la veracidad de los elementos de la copia que cotejó, ya que solo asienta que tuvo a la vista un documento del cual se realizó una reproducción; sin embargo, la certificación que realiza el fedatario público no hace prueba plena que los elementos que contiene el documento base del cotejo sean auténticos. De ahí que, ante la objeción de la referida documental no procede otorgarle valor probatorio pleno, ya que en su caso, la parte quejosa debió ofertar pruebas que acreditaran su veracidad. Cabe aplicar en lo que interesa, la tesis VI.2o.C.289 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 2689, del Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro: 168143), que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio." En esas circunstancias, al no haberse demostrado la autenticidad de los documentos que exhibido la quejosa a su demanda de amparo, se declara fundado el incidente de objeción de falsedad planteado por la autoridad responsable. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez y Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les atribuye (fojas 34 y 36 del juicio de amparo), negativa que se acepta en sus términos, por las siguientes determinaciones. Como las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados al rendir sus informes justificados y controvirtieron los actos reclamados por la quejosa mediante el incidente de objeción de documentos previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo, el cual resultó fundado, dado que las autoridades responsables, allegaron copias certificadas del expediente 360/2017, correspondiente a un juicio sucesorio intestamentario a bienes de Filogonio Rico Jaimes, y en ninguna de sus fojas, obra sentencia definitiva de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por el licenciado Rafael Gonzalo Morales Martínez, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, correspondiente a un juicio ordinario civil 360/2017, que sobre prescripción positiva, promovió Arnulfo Roldan Posadas, frente a Carlota Espinoza Trujillo; ni proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el licenciado Rafael Gonzalo Morales Martínez. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, ya que fueron remitidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Aunado a que, en el considerando que antecede se declaró fundado el incidente de objeción; por ende, se tuvieron por ciertas las objeciones vertidas respecto de los citados documentos en el sentido de que no se acreditó la existencia del juicio de donde derivan los actos reclamados ante el juez responsable. En consecuencia, dado que la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrada en el juicio de amparo con prueba alguna, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y visible en la Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 236, registro 917818, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Es aplicable, la jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, Agosto de 1994, registro 210769, página 77, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. QUINTO. Como del presente juicio de amparo se aprecia la posible comisión de un hacho que la ley señale como delito, pues se advierte que el tercero interesado o su abogado, posiblemente falsificaron documentos públicos o hicieron uso de ellos, con fundamento en los artículos 237, fracción III, 261 y 271 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al Ministerio Público de la Federación, por conducto del adscrito a éste órgano jurisdiccional, a fin de que en el ámbito de sus facultades, investigue de inmediato. Cabe invocar la Jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Registro: 2014917), que dice: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Es fundado el incidente de objeción de falsedad de documento promovido por las autoridades responsables, atento a las razones y fundamentos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlota Espinoza Trujillo, en los términos indicados en el considerando cuarto de la presente sentencia. TERCERO. Se ordena dar vista al Ministério Público Federal, por conducto del adscrito a éste órgano jurisdiccional, para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. CUARTO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. QUINTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, hasta el día de hoy once de septiembre de dos mil dieciocho, ante el secretario Susana Nidia Guillén Chávez, con quien actúa y da fe. UGA/sngch Razón. En esta fecha se gira el oficio 20637, 20638 y 20639, a la autoridad correspondiente; notificándole la resolución que antecede. Conste.
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