Carmelo Jorge Bello Pérez
Expediente 1134/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carmelo Jorge Bello Pérez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1134/2023-IV. Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Defensor del quejoso desahoga prevención. Se agrega al juicio de amparo el escrito signado electrónicamente por ****, como defensor particular del quejoso ****, mediante el cual desahoga la prevención inicial que se le formuló. En específico informa lo ocurrido durante la audiencia inicial celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal ****/2023, de la cual resalta que interpuso revocación contra la decisión del juez de control de declarar la nulidad de todo lo actuado, en la referida audiencia, conforme al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También expresa que no controvierte el actuar (sic) del juez de control, aun cuando aquel expresa que fue indebida la terminación de la referida audiencia con una declaración de nulidad. Así que limita el reclamo de su demanda a ".la omisión de la Representación Social de pronunciarse de manera EFICIENTE respecto a la determinación de la Carpeta de Investigación CDI ****/2018/ZC.". Por último, manifiesta que reitera el capítulo de suspensión de su escrito inicial. En consecuencia, se declara cumplida la prevención inicial formulada al defensor del quejoso. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, la demanda de amparo y el escrito aclaratorio que presentó el defensor del quejoso, revelan un solo acto contra el cual se ejerce la acción de tutela constitucional, en específico: ".la omisión de la Representación Social de pronunciarse de manera EFICIENTE respecto a la determinación de la Carpeta de Investigación CDI ****/2018/ZC.". Esa omisión la reclama el defensor del quejoso, a partir de lo ocurrido en la audiencia inicial celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal ****/2023. Sin embargo, la información proporcionada por el defensor del quejoso, en el escrito aclaratorio, refleja que esa omisión no puede tenerse como un acto de imposible reparación, para los efectos del juicio de amparo indirecto. Máxime que el estado actual de la referida carpeta, obedece a la decisión del juez de control que presidió la audiencia inicial celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal ****/2023. Incluso se advierte que el defensor interpuso revocación contra la decisión del juez de control, de declarar la nulidad de todo lo actuado en la referida audiencia, conforme al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recurso que fue desestimado y por tal razón se mantuvo la declaración de nulidad de la audiencia inicial. Pero también se observa que el defensor manifestó en su escrito aclaratorio, que no reclama el actuar (sic) del juez de control, ni siquiera porque la declaración de nulidad determinó el estado actual de la referida carpeta. Así, es válido considerar que la omisión reclamada a la agente del Ministerio Público señalada como responsable, no puede tenerse como un acto de imposible reparación, para los efectos del juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse una causal de improcedencia, que resulta manifiesta e indudable. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así quedó establecido en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad,1 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, que involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte del juzgador. Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procesos para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal. Todas esas premisas conducen a visualizar que el reclamo planteado por el defensor del quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el único acto reclamado, está circunscrito a ".la omisión de la Representación Social de pronunciarse de manera EFICIENTE respecto a la determinación de la Carpeta de Investigación CDI ****/2018/ZC.". Esa omisión la reclama el defensor del quejoso, a partir de lo ocurrido en la audiencia inicial celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal ****/2023. Sin embargo, el estado actual de la referida carpeta, obedece a la decisión del juez de control que presidió la audiencia inicial celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la causa penal ****/2023. Decisión que no reclama el defensor aun cuando ya agotó el recurso ordinario, pues manifestó haber interpuesto revocación contra la decisión del juez de control, de declarar la nulidad de todo lo actuado en la referida audiencia, conforme al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, no pueden visualizar atributos de imposible reparación, en la omisión que se reclama a la agente del Ministerio Público señalada como responsable, y que a decir del defensor se generó a partir de la audiencia inicial celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. Dicho de otro modo, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso -como imputado-, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Entonces, debe estimarse que la omisión supuestamente generada a partir de la audiencia inicial, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la carpeta de investigación y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que la omisión combatida por el defensor del quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Lo cual permite desechar la solicitud de protección, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, dado que la omisión reclamada a la agente responsable no tiene los atributos de imposible reparación. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Anotaciones internas. Por último, se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese; de forma personal al defensor del quejoso (vía electrónica); y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1134/2023-IV. Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo signada de forma electrónica por ****, como defensor particular del quejoso ****, contra una omisión de la Agente del Ministerio Público Investigador de nombre Erika Morales Martínez, en Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente, que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, como los acuerdos de este juzgado, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integrarán al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al defensor del quejoso a que cuando le sea posible, transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico. Demanda digitalizada. Resulta innecesario digitalizar la demanda de amparo, porque al haber sido recibida por la vía electrónica ya se encuentra incorporada al expediente electrónico, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Prevención. La lectura integral de la demanda, llevó a detectar irregularidades en el acto reclamado y los efectos para los cuales se solicita la suspensión, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones en esos aspectos, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar una causa de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. De entrada, debe indicarse que el defensor del quejoso delimitó una omisión en el capítulo titulado "ACTO RECLAMADO", como sigue: ".Se reclama la omisión de la Representación Social de pronunciarse de manera EFICIENTE respecto a la determinación de la Carpeta de Investigación ****/2018/ZC.". Esa delimitación implicaría que el único acto combatido, está circunscrito a una omisión, es decir, un estado de inactividad de la agente señalada como responsable, en el trámite de la referida carpeta, donde el quejoso tiene el carácter de imputado. Sin embargo, el capítulo de suspensión que obra en la demanda, contiene la mención de una negativa de la agente señalada como responsable, porque dice: ".Ahora bien, la negativa de determinar la Carpeta de Investigación en definitiva, perjudica el disfrute de numerosos derechos.". Ello genera irregularidad al único acto reclamado, porque los términos de la demanda impiden establecer si el defensor pretende combatir la falta de determinación en la referida carpeta, o una resolución específica donde la agente responsable se hubiera negado en forma expresa, a determinar el ejercicio de la acción penal. Más aún, el promovente introdujo distintos argumentos en su demanda de amparo, en los que afirmó la existencia de un retraso excesivo para la determinación de la referida carpeta. Pero el antecedente número 18 de la demanda de amparo, informa que fue celebrada una audiencia el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, ante un juez de control, donde la agente señalada como responsable, pretendió formular imputación contra el quejoso, por el hecho que es materia de la referida carpeta. Esa audiencia también genera irregularidad al reclamo, porque la demanda carece de datos para identificar la ruta jurídica que hubiera llevado a la nulidad de todo lo actuado en la causa penal. De hecho, el reclamo del defensor podría comprender lo resuelto en la audiencia celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en caso de que el juez de control hubiese declarado la nulidad sin existir una ruta jurídica que así lo permitiera. Empero, la demanda no permite conocer la decisión concreta que se hubiera emitido en la referida audiencia. Así, es necesaria la aclaración para tener certeza del acto que pretende combatir el defensor, ya sea que la agente señalada como responsable ha omitido pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal, después de la audiencia celebrada en la indicada fecha, o si emitió una resolución en la que negara en forma expresa la determinación conducente al ejercicio de la acción penal. Incluso si el reclamo se dirige en realidad a la decisión que hubiera emitido el juez de control que presidió la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. Pero la aclaración del promovente deberá ajustarse al contenido de la demanda, es decir, tendrá que precisar el acto por el cual ejerció la acción de tutela constitucional, sin variar los antecedentes relatados en la demanda porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. Sólo resta indicar que el capítulo de suspensión también resulta irregular, porque el promovente mencionó en distintas partes que ha transcurrido un tiempo excesivo para que se determine el ejercicio de la acción penal. Pero en otras partes solicitó la suspensión con efectos restitutorios, por la negativa (sic) de la agente responsable a emitir la determinación respectiva. Es más, el defensor del quejoso pidió la suspensión con el propósito de que se fije un término prudente (sic), para que la agente señalada como responsable formule imputación contra el quejoso, o determine el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior, pese a que el antecedente número 18 de la demanda de amparo, informa una audiencia celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, ante un juez de control, donde la agente señalada como responsable pretendió formular imputación contra el quejoso, por el hecho materia de la referida carpeta. De ahí la necesidad de que el promovente aclare el capítulo de suspensión, porque los términos de su demanda impiden considerar un excesivo transcurso de tiempo, desde la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. No obstante, la aclaración debe realizarla el defensor del quejoso porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el acto reclamado, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al defensor del quejoso que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Informe de manera resumida lo que sucedió en la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en particular el número de la causa penal y la decisión concreta que hubiera emitido el juez de control, para dejar sin efectos la audiencia inicial y declarar nulo todo lo actuado (sic), según fue manifestado en el antecedente número 18 que obra en la demanda; 2. De ahí exponga si el reclamo de su demanda corresponde a la omisión de la agente señalada como responsable, de determinar el no ejercicio de la acción penal o volver a judicializar la carpeta de investigación, después de la audiencia celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; o 3. Si pretende combatir alguna resolución donde la fiscal responsable se haya negado en forma expresa a emitir la determinación correspondiente -con posterioridad a la referida audiencia-, y de ser así deberá proporcionar la fecha de la citada resolución así como informar el día cuando se le hubiera notificado al quejoso; 4. En caso de que el reclamo esté dirigido en realidad a la decisión que hubiera emitido el juez de control que presidió la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, deberá retirar a la fiscal que señaló como responsable y proporcionar la denominación completa del juez de control, el número de causa penal e indicar la resolución judicial concreta que pretenda combatir, de la referida audiencia; y 5. Aclare los efectos para los cuales pide la suspensión, ya sea respecto de una omisión de la fiscal señalada como responsable o contra una resolución que hubiera negado la determinación conducente a la acción penal, o bien retire el capítulo de suspensión que obra en la demanda; o 6. Indique si solicita la suspensión contra alguna resolución del juez de control que presidió la referida audiencia. Apercibimiento. Se formula al defensor del quejoso el apercibimiento siguiente: de no exhibir el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico y autorizados. Se tiene la modalidad de notificación electrónica como domicilio procesal del defensor, porque el inmueble que señaló para tal efecto se encuentra ubicado en la Ciudad de México, esto es, fuera de la sede de este órgano jurisdiccional, aun cuando el artículo 305 Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, obliga a señalar un domicilio en la circunscripción territorial donde este juzgado tiene su residencia. Además, la notificación electrónica resulta procedente, dado que el promovente solicita el acceso al expediente electrónico, y para ello proporciona el usuario "****". En consecuencia, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite la notificación electrónica y la consulta del expediente electrónico, con el referido nombre de usuario. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas **** y ****, porque así fue solicitado por el defensor y éstos tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, quedan autorizadas en términos restringidos, las restantes personas nombradas por el promovente, dado que así lo solicitó. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al defensor del quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al defensor del quejoso el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. De cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al promovente (vía electrónica); y cúmplase.
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