Carmelo Jorge Bello Perez
Expediente 924/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carmelo Jorge Bello Perez
Actuaciones
- Principal
} JUICIO DE AMPARO 924/2020-IV. En dos de diciembre de dos mil veinte, Juan Manuel González Cabrera, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifico: el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, transcurrió del veinticinco de noviembre al uno de diciembre de dos mil veinte, porque el quejoso fue notificado de ese proveído el veintitrés de noviembre del presente año; plazo en el cual no se recibió promoción mediante la cual fuera recurrido ese acuerdo. Doy fe. En la misma data, el secretario da cuenta a la jueza con la certificación precedente y el estado procesal del juicio. Conste. Puebla, Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 924/2020-IV. Puebla, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Se agrega al expediente el ocurso de cuenta, al parecer de ***, como autorizado en términos amplios del quejoso, recibido en línea con firma electrónica (evidencia criptográfica), de una diversa persona de nombre ****. Empero, es inatendible el contenido del mencionado escrito, porque en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, los escritos presentados por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deben contener la firma electrónica (firel o e.firma) del promovente, nunca de una persona diversa. Lo anterior, para que el órgano jurisdiccional tenga certeza de la voluntad de quien promueve. Así, es indispensable que las personas interesadas en promover por esa vía (la electrónica), tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Luego, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica de quien promueve, que entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. De ahí que el signo gráfico plasmado en el escrito de cuenta, que parece la firma autógrafa de Alejandro Erreguerena Velasco, sea ineficaz para cumplir el requisito de la firma electrónica. Bajo este contexto, no se tiene certeza de que el mencionado autorizado en términos amplios, haya sido quien suscribió el escrito de cuenta, motivo por el cual es inviable emitir pronunciamiento respecto de su contenido. Además, el hecho de que la persona de nombre ***, sea autorizada en términos restringidos del quejoso, tampoco puede generar la eficacia de la firma electrónica que se adjuntó al escrito de cuenta. En primer lugar, porque el artículo 3 de la Ley de Amparo, impone la obligación de que el promovente adjunte su firma electrónica a la promoción que presente a través del Portal de Servicios en Línea, como se dijo con antelación; y en segundo lugar porque *****, sólo fue autorizado en términos restringidos, es decir, no tiene facultades amplias, motivo por el cual es improcedente considerar su firma electrónica para que intervenga en el presente juicio. Por tanto, se determina que el escrito de cuenta sólo quedará agregado a este expediente, para constancia de su recepción. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 924/2020-IV. Puebla, Puebla, trece de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales (en su versión digitalizada), que presentó el quejoso ****, por derecho propio, contra un acto de la Agente del Ministerio Público Investigador en Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (sic). En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). El numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Se considera que esa hipótesis normativa, es decir, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debe imponerse a la demanda presentada por el quejoso. Para demostrarlo, se transcribe el acto combatido Se reclama la omisión de la Representación Social respecto a determinar en definitiva la Carpeta de Investigación ** Ese acto permite visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la falta de interés jurídico prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, es necesario indicar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de tutela constitucional sólo puede promoverlo el gobernado a quien le afecte el acto, omisión o ley que se reclama. Ello, porque el objetivo del juicio de amparo se traduce en reparar las violaciones que determinado acto, omisión o ley de autoridad, hubiera generado sobre los derechos del quejoso.3 Sin embargo, la posible inactividad que se presente en una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. En otras palabras, la falta de ejercicio de la acción penal en una carpeta de investigación, no puede ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueve el imputado, porque ningún derecho fundamental se le afecta con la falta de judicialización de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde el momento cuando inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta inactividad del agente del Ministerio Público respecto del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado promueve juicio de amparo contra la omisión de determinar el ejercicio de la acción penal en una carpeta de investigación debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obligará a actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano, sobre la demanda que presenta el quejoso contra la agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación ***, pues la omisión de determinar el ejercicio de la acción penal en esa carpeta, no le genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Máxime que el derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales que asisten a las personas imputadas, fueron contemplados en el diseño del sistema penal acusatorio, bajo el cual se tramita la referida carpeta de investigación, razón por la cual no pueden visualizarse afectaciones al quejoso, con la supuesta inactividad de la agente del Ministerio Público señalada como responsable. Al hilo de lo apuntado, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión que pretende reclamar el quejoso. Lo cual obedece, como se dijo, a que el estado de la carpeta de investigación **, no genera una afectación a su esfera jurídica de derechos, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que la agente del Ministerio Público encargada de la referida carpeta, todavía no decida si habrá de judicializarla. Así, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección del quejoso. Conclusión que de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Consulta física del expediente. Se hace saber al promovente en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al promovente que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, será notificado por la vía electrónica. Máxime que proporcionó un nombre de usuario, un correo electrónico e incluso pidió la utilización de medios electrónicos, aun cuando indicó un domicilio procesal en la Ciudad de México. De ahí que sea procedente ordenar la notificación electrónica para el quejoso, pues el análisis integral de su demanda permitió visualizar su deseo de acceder a la vía electrónica para el trámite de este juicio. Aunado a que la notificación electrónica, permitirá a aquél un pronto conocimiento de los términos de este acuerdo. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite al quejoso la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario indicado en la demanda porque se encuentra desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Además, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Alejandro Erreguerena Velasco, porque se encontró su cédula profesional en el sistema electrónico respectivo, y aquél le otorgó facultades amplias en forma expresa. En tanto las demás personas nombradas por el quejoso, podrán intervenir en este juicio conforme al numeral 24 de la Ley de Amparo, es decir, en términos restringidos porque no les otorgó facultades amplias. Comunicación con el quejoso. Bajo este contexto, se determina que el correo electrónico indicado en el primer acápite de la demanda, habrá de utilizarse en forma exclusiva como medio de contacto, acorde a lo considerado en líneas anteriores, pues la ley de la materia no lo contempla para la práctica de notificaciones personales (el correo electrónico). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID- 19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.
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