Carmelo Contreras Flores

Expediente 61/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 23 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
61/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Carmelo Contreras Flores
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y la definitiva, es susceptible de depuración. Duplicado del Incidente de suspensión. En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Devolución de constancias. Finalmente, remítase el proceso 104/2016 al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución que pronuncio el Tribunal Superior de Justicia el diecinueve de abril de dos mil veintidós, dentro del Toca Penal 7/2022, relativo al recurso de apelación que interpuso el Agente del Ministerio Público en contra de la sentencia absolutoria dictada en el proceso 104/2016, que se sigue en contra del quejoso. Pruebas Documentales que se tienen por ofrecidas, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Visto el estado procesal de autos, se advierte que, la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional: la omisión de otorgar la libertad al quejoso, en virtud de habérsele dictado una sentencia absolutoria en la causa judicial 104/2016, del índice del Juzgado de lo Penal de Primera Instancia del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que, el diecinueve de abril de dos mil veintidós, dentro del Toca Penal 7/2022, relativo al recurso de apelación que interpuso el Agente del Ministerio Público en contra de la sentencia absolutoria dictada en el proceso 104/2016, que se sigue en contra del quejoso, mediante el cual, resolvió lo siguiente: Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." En la especie, como se indicó la promovente de la acción constitucional reclamó la omisión de otorgar la libertad al quejoso, en virtud de habérsele dictado una sentencia absolutoria en la causa judicial 104/2016, del índice del Juzgado de lo Penal de Primera Instancia del Sistema Tradicional del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes. Por otra parte, de las constancias allegadas por la autoridad señalada como responsable se advierte que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, dentro del Toca Penal 7/2022, se dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen; en la cual, en lo que interesa se resolvió dejar insubsistente todos lo actuado a partir del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que, entre otros rubros, se declaró cerrada la instrucción y ordenó reponer el procedimiento. De ese modo, es patente que no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra los actos reclamados, porque no puede decidirse sobre ellas sin afectar la nueva situación que sujetó a la parte quejosa con motivo de la sentencia dictada en el recurso de apelación, pues se trata de una determinación que genera sus propios efectos, de tal modo que las violaciones reclamadas por la parte quejosa, deben considerarse consumadas de modo irreparable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUDÓS. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Representante Especial acepta y protesta el cargo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado de manera electrónica por Rocío Guadalupe Espinoza Martin, por el cual, acepta y protesta el cargo que le fue conferido como representante del quejoso Carmelo Contreras Flores, en el presente juicio de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en las Oficinas de Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en Planta Baja del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala. En consecuencia, téngase a Rocío Guadalupe Espinoza Martin, aceptando y protestando el cargo de representante del quejoso Carmelo Contreras Flores, sólo para efectos del presente juicio, discerniéndole del mismo, y concediéndole todas las facultades relacionadas para el mejor desempeño de su cometido. Acceso al expediente electrónico. Asimismo, como lo solicita en su escrito de cuenta, se le autoriza consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa mediante el usuario "ROSYESPINOZA"; en consecuencia, regístrese tal autorización en el sistema de seguimientos de expedientes que se lleva en este juzgado, de conformidad con el artículo 18 y 352 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Señala correo electrónico y número telefónico Finalmente, téngase a la Defensora Pública Federal en cita, señalando como correo electrónico argespinoza@cjf.gob.mx, y como número telefónico ********************, los cuales, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de abril del año que transcurre, se tuvo al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Tlaxcala, designando a la licenciada Rocío Guadalupe Espinoza Martínez, como representante del quejoso Carmelo Contreras Flores, requiriéndose a la citada profesionista, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que tuviera conocimiento de esa determinación, aceptara y protestara el cargo conferido; sin que a la fecha obre en autos la constancia de notificación de tal requerimiento. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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