Carmelo Baez Molina
Expediente 768/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carmelo Baez Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de abril de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el cinco de marzo de dos mil veintiuno (fojas 59 a 64), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Destruible. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y fue negada la definitiva, es susceptible de destrucción. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyanse el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destruible. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase el duplicado del cuaderno incidental dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución documentos originales en razón de no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con catorce minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 768/2020-IV, promovido por Carmelo Báez Molina, estando en audiencia pública se encuentra presente Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Olga Viviana López González, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, el primero declaró abierta la audiencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez, el secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con lo siguiente: Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con lo siguiente: Escrito de demanda de amparo (fojas 1 a 6). Acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se admitió la demanda de amparo indirecto, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó fecha para la audiencia constitucional (fojas 8 a 12). Informes justificados de las autoridades responsables Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, por sí y en cumplimiento a los oficios 23470/2020 -Juez Primero de Control-, 23471/2020 -Juez Segundo de Control- y 23472/2020 -Juez Tercero de Control-, así como la Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de Despacho, por sí y en atención a los oficios 23469/2020 -Juez Tercero de Control-, 23468/2020 -Juez Segundo de Control- y 23467/2020 -Juez Primero de Control- Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, Subjefe del Departamento de Investigación del Delito y Atención Integral Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado; y la Encargada de la Subjefatura del Departamento de Investigación del Delito Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Recibidos en acuerdos de veintidós y veintiocho de diciembre, de dos mil veinte; y once y quince de enero del año en curso (fojas 30, 34, 45 y 48). Todo lo anterior obra en autos. En este acto, la secretaria da cuenta con el estado procesal de autos y certifica que ha fenecido el plazo concedido al quejoso en determinación de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que se le requirió a efecto de que precisara la vía de notificación elegía para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo, ello derivado de que señaló un domicilio ubicado en el Municipio de Apizaco, así como vía electrónica a través del usuario "Martinex, sin que diera cumplimiento al mismo. El juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. De igual forma, en cuanto a la certificación realizada por la secretaria, se hace efectivo el apercibimiento decretado al quejoso en el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por lo que se ordena practicar las notificaciones dirigidas al quejoso, aún las de carácter personal, vía electrónica a través del usuario proporcionado. Con lo que se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PRUEBAS A continuación se abre el período probatorio, en el que la Secretaria advierte que no existen pruebas por desahogar, por no haber sido ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales procedentes y con lo anterior se concluye dicho período procesal. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Sin alegatos de las partes, se cierra esta fase. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Acto continuo el Juez declara concluida la presente audiencia, por lo que procede a dictar la resolución correspondiente. R E S O L U C I Ó N VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 768/2020-IV, promovido por Carmelo Báez Molina, por su propio derecho, contra las autoridades y respecto de los actos que más adelante se precisan, por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16, 103 fracción I, 107 fracciones I y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, 12, 27, 35, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 de la Ley de Amparo. R E S U L T A N D O I DEMANDA Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y recibido en este juzgado el mismo día, Carmelo Báez Molina, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y respecto de los actos precisados en dicho escrito. II TRÁMITE El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, este juzgado federal a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda promovida, la radicó con el número 768/2020-IV, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó fecha para la audiencia constitucional (fojas 8 a 12). El veintitrés de diciembre de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa para aclarar la denominación correcta de autoridades responsables precisadas en dicha determinación, lo que realizó mediante escrito de veintiocho de diciembre del mismo año (foja 32); solicitándose el informe justificado a dichas autoridades,. En auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia constitucional, señalándose el día y hora en que se actúa (foja 49). CONSIDERANDO I COMPETENCIA Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto en reclamo tiene ejecución en el lugar en el que este Juzgador ejerce jurisdicción. II FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La orden de búsqueda, aprehensión y detención girada en su contra, así como su ejecución. III INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Pues bien, las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, por sí y en cumplimiento a los oficios 23470/2020 -Juez Primero de Control-, 23471/2020 -Juez Segundo de Control- y 23472/2020 -Juez Tercero de Control-, así como la Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de Despacho, por sí y en atención a los oficios 23469/2020 -Juez Tercero de Control-, 23468/2020 -Juez Segundo de Control- y 23467/2020 -Juez Primero de Control- Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, Subjefe del Departamento de Investigación del Delito y Atención Integral Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado; y la Encargada de la Subjefatura del Departamento de Investigación del Delito Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Tal y como se aprecia de la siguiente Tabla: AUTORIDAD RESPONSABLE EXISTENCIA FOJA Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, actuando en funciones de Juez de Guardia, por sí y en cumplimiento a los oficios 23470/2020 -Juez Primero de Control-, 23471/2020 -Juez Segundo de Control- y 23472/2020 -Juez Tercero de Control-. NEGÓ 28 La Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de Despacho, por sí y en atención a los oficios 23469/2020 -Juez Tercero de Control-, 23468/2020 -Juez Segundo de Control- y 23467/2020 -Juez Primero de Control-. NEGÓ 29 Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala. NEGÓ 33 Subjefe del Departamento de Investigación del Delito y Atención Integral Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. NEGÓ 43 Encargada de la Subjefatura del Departamento de Investigación del Delito Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. NEGÓ 46 Consecuentemente, al ser inexistentes los actos reclamados se debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de garantías), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 469/94 determinó que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley a la parte quejosa, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 75 tercer párrafo del ordenamiento referido, prevé: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, estableció que por virtud de una previsión de tal naturaleza, ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de amparo, sino también al Juez de Distrito para allegarse oficiosamente de todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que tienen con el acto reclamado, pues de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad del acto. Conviene destacar que la parte promovente del amparo puede aportar sus pruebas hasta la audiencia del juicio, por tanto, a pesar de la negativa de la autoridad o lo patente que pueda parecer la inexistencia, el juez de distrito debe reservar el sobreseimiento hasta el dictado de la resolución correspondiente, pues debe dar oportunidad a la parte quejosa de agotar su derecho de aportar prueba. Ahora bien, se estiman inexistentes los actos reclamados consistentes en: la orden de búsqueda, aprehensión y detención que se haya librado en su contra, así como su ejecución. Lo anterior, toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba en contrario. En ese contexto, es evidente que al resultar inexistentes los actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 768/2020-IV, promovido por Carmelo Báez Molina, respecto de los actos precisados en el considerando II, reclamados a las autoridades descritas en el diverso considerando III, por los motivos indicados en el mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargada de la Subjefatura del Departamento de Investigación del Delito Región Norte, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Se difiere la audiencia constitucional. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo 117, de la Ley de Amparo, con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo, en su párrafo segundo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. " Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Carmelo Báez Molina, la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria.
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