Carlos Zafra Romero

Expediente 920/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
920/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2017

Partes del expediente

  • Carlos Zafra Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecisiete en la que se sobreseyó en el juicio, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de octubre de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo indirecto 920/2017-D promovido por Carlos Zafra Romero, por derecho propio; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de la secretaria Nahieli Avendaño Palacios, quien autoriza y da fe; procede a su celebración, sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Carlos Zafra Romero, por derecho propio, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Así mismo, hace constar que transcurrieron los ocho días concedidos a las partes para que se impusieran del contenido de dicho informe, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos. A lo anterior, la jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en auto de veinticinco de octubre actual (foja 104) se reservó proveer lo relativo a la ampliación de demanda promovida por el quejoso Carlos Zafra Romero contra la determinación de no ejercicio de la acción penal de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida en la averiguación previa 721/2015/ATLIX, por lo que se provee lo siguiente: Visto el escrito del quejoso Carlos Zafra Romero, se tiene al quejoso manifestando su deseo de ampliar su demanda de amparo y señalando como nuevo acto reclamado el siguiente: -La determinación de archivo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida en la averiguación previa 721/2015/ATLIX del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Investigación Especializada de Sistema Tradicional. En relación a ello, con fundamento en lo establecido en los artículos 111 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la ampliación de demanda que plantea el quejoso, pues se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente en relación con el diverso 17 y 18 de la propia legislación, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia. Plazo, que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación del acto reclamado al quejoso. Así, de las documentales remitidas por el fiscal responsable, consistentes en copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa 721/2015/ATLIX se advierte que la resolución que pretende combatir en la ampliación de demanda fue notificada al quejoso Carlos Zafra Romero, -mediante oficio sin número de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete- el veintisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 57 y 82 a 87). Por tanto, tomando en consideración que el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece que los términos se contarán desde el día siguiente al en que se hubiera practicado la notificación respectiva; el plazo de quince días para promover la demanda de amparo en contra de dicho acto reclamado transcurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, previo descuento de los días veintinueve y treinta de septiembre, cinco, seis, doce y trece de agosto de dos mil diecisiete, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo . Entonces, si la ampliación de demanda, respecto de ese acto reclamado, se presentó el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, es claro que su promoción fue extemporánea, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo; en consecuencia, el acto de que se trata, es considerado consentido tácitamente. En mérito de lo anterior, se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley de la materia, por lo que procede desechar la ampliación de demanda aludida, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 113 de la Ley de Amparo. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes: I. Por el quejoso: la documental, consistente en copia simple del auto de inicio emitido en la averiguación previa AP-721/2015/ATLIX (fojas 7 y 8), así como del escrito de querella presentada por el quejoso (fojas 9 a 11). II. Por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Investigación Especializada de Sistema Tradicional, la documental pública, consistente en copia certificada del oficio DGIEST/UCST-M5/0393/2017, de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 25 a 27); así como copia certificada de diversas constancias que obran en la averiguación previa AP-721/2015/ATLIX de su índice (fojas 33 a 76 y 82 a 87). La jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no ejercieron ese derecho y que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado no formuló pedimento. A lo anterior, la jueza acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; con fundamento en el artículo 124 de la Ley que rige al juicio de amparo, se da por concluido el periodo de referencia y al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, la suscrita dicta: ...R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carlos Zafra Romero, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Carlos Zafra Romero, mediante el cual solicita la ampliación de su demanda de amparo y señala como nuevo acto reclamado la resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida por el 1. Agente del Ministerio Público en funciones, adscrito a la Mesa Tres de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, dentro de la indagatoria ********************en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal y en consecuencia su archivo definitivo por obstáculo material insuperable; sin embargo, se reserva acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto se celebre la audiencia constitucional.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el oficio signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, en su carácter de autoridad tercero interesada, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele apersonándose a este sumario constitucional, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en el oficio de cuenta, y con fundamento en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Amparo, designando como delegados a las personas que menciona.

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