Carlos Valentin Morales Polo

Expediente 398/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
398/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Carlos Valentin Morales Polo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    -CITATORIO-Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de _11 DE AGOSTO_ de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. I. Causa estado sentencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó y, por la otra, negó el amparo solicitado por el quejoso ***, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. II. valoración documental. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se negó el amparo, no es de relevancia documental, y es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Integración del expediente físico. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues es el que determina la ejecutoria de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a la autoridad responsable; y, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado.

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 398/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Carlos Valentín Morales Polo, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, mediante Buzón Judicial turnado ese mismo día por la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ahora Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, Carlos Valentín Morales Polo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- La Agente del Ministerio Público Guadalupe Aguilar Alonso, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; encargada de la carpeta FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000005/2022." "IV. ACTOS RECLAMADOS. La falta de respuesta a mi solicitud hecha de forma respetuosa mediante escrito de fecha catorce de marzo del año en curso y presentado el mismo día y año, como lo justifico con el acuse de recibido que acompaño a mi amparo." (foja 3). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1 y 8, en relación con el diverso 35, fracción V de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda de amparo. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés (fojas 7 a 12), se radicó la demanda de amparo promovida por Carlos Valentín Morales Polo, por su propio derecho, con el número de expediente 398/2023; se admitió a trámite la demanda de amparo, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, no se aperturó incidente de suspensión; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 17). TERCERO. Cambio de denominación del órgano jurisdiccional. Mediante acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso (fojas 22 y 23) se hizo del conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad; a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. CUARTO. Ampliación de demanda de amparo. Mediante acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés (fojas 38 a 40), previo requerimiento por parte de este órgano jurisdiccional, se admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo, teniendo como autoridad responsable a la ya señalada en este juicio de amparo: 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Guadalupe Aguilar Alonso) y, como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Acto reclamado se amplía la demanda de amparo por falta de respuesta a mi solicitud y hecha de forma respetuosa hasta en el acuerdo realizado de fecha día ocho de mayo del año en curso, dictado en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000005/2022, asimismo, acudí a la cita que me señaló en el acuerdo para ratificar mi escrito y la autoridad responsable la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, Lic. Guadalupe Aguilar Alonso, aun no me ha dado respuesta a mi petición, por lo que no me informa la fecha en la que me va a devolver mi inmueble o qué diligencias tiene pendientes a realizar." (foja 37). Por lo que, se requirió su informe justificado a la responsable y, se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito. QUINTO.- Cita para audiencia. En auto de cinco de julio del año en curso (foja 72), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional.. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo y ampliación de ésta, para lo cual, es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y ampliación de ésta, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: De la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Guadalupe Aguilar Alonso). a). La FALTA DE RESPUESTA a su solicitud realizada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000005/2022, de su índice. b). ACUERDO de OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dictado dentro de la carpeta de investigación en cita, aduciendo que acudió a la cita para ratificar su escrito de catorce de marzo de dos mil veintitrés y, la responsable no le ha informado la fecha en la que le va a devolver su inmueble -ubicado en Carretera a Tenextepec, número 909, Solares Tenextepec, Atlixco, Puebla- o qué diligencias tiene pendientes a realizar. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, la autoridad responsable: 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Guadalupe Aguilar Alonso), al rendir sus informes justificados respecto de la demanda de amparo y ampliación de ésta, manifestó que no son ciertos los actos reclamados (fojas 18 y 49, respectivamente); sin embargo, del contenido de éstos, se advierte su existencia; por lo que, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. Certeza de actos que se corroboran con las fotocopias autorizadas de diversas constancias de la carpeta de investigación de origen, que remitió la agente del Ministerio Público responsable en apoyo a su informe justificado y que obran a fojas 19 a 21; 50 a 55; 68 a 71 de este sumario constitucional, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyas constancias se advierte la existencia de los actos reclamados. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, son ciertos los actos reclamados a la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Guadalupe Aguilar Alonso), en esta instancia constitucional. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, al ser el acto reclamado identificado en el inciso a) del considerando segundo de esta sentencia de naturaleza omisiva, se traduce en la abstención de actuar por parte de la autoridad responsable, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que no se consuma en un sólo evento, sino que se prórroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el término genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el sumario constitucional. Por tanto, al tratarse de un acto omisivo que crea una situación permanente mientras se subsana, puede reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." En cuanto a la oportunidad del diverso acto reclamado indicado en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia, a foja 21 de este sumario constitucional se advierte que fue notificado el once de mayo de dos mil veintitrés, por lo que, surtió efectos doce siguiente y, su plazo para promover la demanda de amparo en su contra, transcurrió del quince de mayo al nueve de junio de dos mil veintitrés, previo descuento de los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de mayo, tres y cuatro de junio del año en curso, por haber sido sábados y domingos, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los días lunes veintidós, martes veintitrés, miércoles veinticuatro, jueves veinticinco y viernes veintiséis de mayo del actual, por caso fortuito. En esa tesitura, si la ampliación de la demanda de amparo se presentó en este juzgado Federal el nueve de junio del año en curso (foja 37), es evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Improcedencia del amparo indirecto respecto de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito Juez de Distrito pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez Federal advierte, de oficio, que, respecto al acto reclamado indicado en el inciso a), del considerando segundo de esta sentencia, consistente en La FALTA DE RESPUESTA a la solicitud, del aquí quejoso, realizada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000005/2022, de su índice, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Dicho precepto prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La citada causal de improcedencia se actualiza porque de las constancias anexas al informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Guadalupe Aguilar Alonso), se advierte que mediante acuerdo de ocho de mayo del año en curso, pronunciado dentro de la indagatoria de origen, la responsable dio respuesta a la solicitud realizada por el aquí quejoso mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, por el cual solicitó señalara nuevo día y hora para efecto de que ratificara su escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y le hiciera saber la respuesta que recayera al mismo, lo que hizo, pues señaló el dia quince de mayo de dos mil veintitrés, a las once horas a efecto de que ratificara el escrito en mención. Además, en dicho acuerdo le indicó que respecto al escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés (sic, debe ser veintidós), la representación social ya había emitido el acuerdo correspondiente lo que le había notificado a través de los correos liccaleb_ag@gmail.com y licjairo1526@gmail.com., indicándole que le reenviaría al correo noriega.mc@gmail.com el acuerdo que recayó a dicho escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés (sic, debe ser dos mil veintidós), toda vez que no existía ningún inconveniente por parte de dicha autoridad. En consecuencia, si la responsable DIO RESPUESTA a la solicitud del peticionario de amparo y notificó ésta el once de mayo de dos mil veintitrés, a través del correo noriega.mc@gmail.com (foja 21), los efectos producidos por la omisión reclamada desaparecieron de manera total e incondicional, como si la protección constitucional hubiera sido concedida. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta sentencia, atribuido a la autoridad ministerial responsable. Por lo anterior, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SEXTO. Procedencia del amparo indirecto respecto al acto reclamado indicado en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que el suscrito juzgador Federal advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, luego el juicio de garantías resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa. Asimismo, la vía indirecta es procedente acorde con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la omisión reclamada es un acto que causa un perjuicio de imposible reparación, al afectar un derecho sustantivo. SÉPTIMO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la undécima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto aquí combatido será analizado con las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas. III. En el presente asunto, rige el principio de estricto derecho, pues el quejoso no es parte dentro de la indagatoria de origen; por tanto, no se ubica en alguno de los supuestos para suplir la deficiencia en la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. OCTAVO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes que derivan de las constancias remitidas por la fiscal responsable, y que son los siguientes: 1. En veinticinco de enero de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por particulares de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Guadalupe Aguilar Alonso), dentro de la indagatoria FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000005/2022, ordenó el aseguramiento del inmueble ubicado en carretera a Tenextepec, número 909, Solares Tenextepec, Atlixco, Puebla, lugar señalado por el testigo José Fernando Pérez García, ingresó la persona desaparecida de nombre Liliana Lozada de Jesús, quien se asentó fue recibida en la puerta de dicho inmueble por Roberto García de Jesús, con quien ingresó al interior del mismo (fojas 69 y 70). 2. Obra un acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés, en donde la agente del Ministerio Público responsable, acuerda un escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, de CALEB ALMONTE GUTIÉRREZ, entonces asesor jurídico del aquí quejoso CARLOS VALENTÍN MORALES POLO, y de ésté, quien solicitó el motivo por el que no se le había notificado la liberación del inmueble referido en el párrafo que antecede, indicando la afectación a la manutención de su familia por ser su única entrada económica, ya que rentaba dicho inmueble, indicándole la responsable lo siguiente: "(.) Dígasele al ocursante que en atención a lo que hace alusión en su escrito recibido en esta fiscalía de mi adscripción en fecha 31 de agosto del 2022, en el cual específica el motivo por el cual no le ha sido notificado la liberación de su inmueble ya acreditado en autos, dígasele al ocursante, que en fecha 09 de junio del 2022, se le señaló cita para que su cliente se presentara en fecha 22 de junio del 2022, tal y cual se encuentra demostrado en actuaciones, así como se le hizo del conocimiento que el inmueble ubicado en carretera tenextepec, número 909, Solares Tenextepec, Atlixco, Puebla, se encontraba asegurado porque fue INSTRUMENTO DEL DELITO DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, previsto por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Cometida por particulares, en atención que en dicho inmueble fue privada de su libertad la persona que se encuentra en calidad de víctima, en la carpeta de investigación en integración, por lo tanto, dicho inmueble es objeto de la figura del Decomiso (.)." (foja 20). 3. Asimismo, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1335/2022 de nuestro índice, promovido por CARLOS VALENTÍN MORALES POLO, por propio derecho, en donde se tuvieron como actos reclamados destacados los siguientes: "a) La omisión de dar respuesta al escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós, ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares. b) La omisión de dar respuesta al escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares." Y, del contenido de la sentencia pronunciada por este juzgado Federal, el treinta de enero de dos mil veintitrés, se advierte lo siguiente: "II. Certeza del acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo. En ese orden, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en b) la omisión de dar respuesta al escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOSI/000005/2022, al rendir su informe justificado, tal autoridad indicó que es parcialmente el acto reclamado, pues si bien, efectivamente esa Representación Social recibió el ocurso de referencia en la propia fecha de su emisión, dentro de la aludida indagatoria y emitió el acuerdo correspondiente, lo cierto es que no fue sino hasta el nueve de enero de dos mil veintitrés [fojas 91 a 93], que vía correo electrónico, se notificó la respuesta al peticionario de amparo; por ende, dicho acto reclamado se tiene por cierto. (.) En ese orden de ideas, es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la omisión de dar contestación al escrito dirigido a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOSI/000005/2022, de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, atribuido a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Guadalupe Aguilar Alonso). (.). I. Improcedencia respecto del acto detallado en el inciso b). El suscrito juzgador advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito dirigido por la quejosa a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOSI/000005/2022, con fecha de recepción el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: (.) En virtud de lo anterior, es de concluir que el justiciable quedó enterado del acuerdo emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Guadalupe Aguilar Alonso), dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000005/2022, en atención a su escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con lo que cesó el acto omisivo reclamado a la mencionada autoridad responsable. (.)." 4. Mediante escrito de catorce de marzo de dos mil veintitrés, CARLOS VALENTÍN MORALES POLO, solicitó a la agente del Ministerio Público responsable, señalara nuevo día y hora a efecto de que ratificara su escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y, le hiciera saber la respuesta que le recayera al mismo, indicándole que su asesor no le había informado que debía ratificar su escrito de la fecha señalada y, de esa forma le pudiera dar respuesta a su solicitud, señalando domicilio y correos electrónicos para recibir respuesta (foja 6). 5. En respuesta a dicha solicitud la fiscal responsable el ocho de mayo del año en curso, le señaló el día quince de mayo de dos mil veintitrés, a las once horas a efecto de que ratificara su escrito en mención (refiriéndose la responsable al de 14 catorce de marzo de 2023 dos mil veintitrés), indicándole que en cuanto hace al escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dicha representación social había emitido el acuerdo correspondiente, el cual, le había sido enviado a través de los correos liccaleb_ag@gmail.com y licjairo1526@gmail.com, sin embargo, le indicó que le reenvíaba al correo noriega.mc@gmail.com el acuerdo que le recayó al escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, toda vez que no existía ningún inconveniente por parte de dicha representación social tuviera conocimiento de lo que recayó al mismo (foja 19). Lo anterior, se advierte le fue notificado, al aquí quejoso, al correo electrónico noriega.mc@gmail.com el día once de mayo del año en curso (foja 21). 6. El quince de mayo de dos mil veintitrés, el aquí quejoso, compareció ante la agente del Ministerio Público responsable y, ratificó su escrito de catorce de marzo de dos mil veintitrés, nombrando como su abogado particular al Licenciado Marco César Noriega Gómez, asimismo, señaló el domicilio de éste (foja 51). El acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, emitido por la agente del Ministerio Público responsable, constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. NOVENO. Estudio del acto reclamado y de los conceptos de violación. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se realiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, corresponde a este juzgador Federal determinar si el acto reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la parte quejosa. Como enseguida se evidenciará, resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso respecto del acto reclamado indicado en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia, sin que en el caso, proceda la suplencia de la queja, en virtud de que el peticionario de amparo no es parte dentro de la indagatoria de origen. En efecto, el demandante constitucional señala que la agente del Ministerio Público responsable, aun no le ha dado respuesta a su petición, porque no le ha informado la fecha en la que le va a devolver su inmueble o qué diligencias tiene pendientes a realizar. Bien, el contenido de la PETICIÓN que le fuera formulada a la agente del Ministerio Público responsable por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintitrés, es el siguiente: "C. LIC. GUADALUPE AGUILAR ALONSO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES. PRESENTE. CARLOS VALENTÍN MORALES POLO, promoviendo con el carácter de agraviado en la Carpeta de Investigación con número al margen superior derecho indicado, ante Usted con respeto comparezco y Expongo: Con fundamento en los artículos 8 y 35 fracción V de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 109, fracciones I, II, V, VI, XV, y demás aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vengo a solicitar señale nuevo día y hora para efecto de que ratifique mi escrito de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, y me haga saber la respuesta que recaiga al mismo. Lo anterior en virtud de que asesor legal no me informó que debía ratificar mi escrito en la fecha señalada por Usted, y de esta forma me pueda dar respuesta a mi solicitud. No omito manifestar a usted que señaló como domicilio legal para recibir respuesta del presente escrito el ubicado en Boulevard Europa Número 17, oficina N1-18, Distrito Sonata, Sonata Towers, Fraccionamiento Lomas de Angelópolis, Municipio San Andrés Cholula, Puebla, en un horario comprendido de nueve treinta a dieciocho horas de lunes a viernes y las reciban en mi nombre y representación los Lic. Sergio Mirón Terrón y Marco César Noriega Gómez, con correo electrónico: noriega.mc@gmail.com Por lo anteriormente expuesto y fundado C. Agente del Ministerio Público, atentamente pido se sirva: PRIMERO.- Señale día y hora para que comparezca a ratificar mi escrito de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, y me haga saber la respuesta que recaiga al mismo. SEGUNDO.- Me tenga autorizando como domiclio para recibir notificación a mi escrito el ubicado en Boulevard Europa número 17, oficina N1-18, Distrito Sonata, Sonata Towers, Fraccionamiento Lomas de Angelópolis, Municipio San Andrés Cholula, Puebla. H. PUEBLA DE Z., a 14 de marzo del año 2023. A T E N T A M E N T E. CARLOS VALENTÍN MORALES POLO." (foja 6). En RESPUESTA a dicha petición, la responsable acordó lo siguiente: "(.) 08 de mayo del 2023. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 Inciso A) fracción V e Inciso B) Fracción IV y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95, 96, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 9, 10, 11, 82 Fracción I, inciso B), 86, 89, 117, 127, 129, 131, 132, 217, 218, relativo al 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales; Artículo 2, 6, 9, inciso A), Fracción IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; 45, 46 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Hago referencia a su escrito recibido en esta fiscalía de mi adscripción y recibido en fecha 14 de marzo del 2023, en el que plasma lo siguiente: 'vengo a solicitar nuevo día y hora a efecto de que ratifique mi escrito de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintidós, y me haga saber la respuesta que recaiga del mismo.' Lo anterior en virtud de que mi asesor legal no me informó que debía ratificar mi escrito en la fecha señalada por usted, y de esta forma me pueda dar respuesta a mi solicitud. No omito manifestar a usted que señalo como domicilio legal para recibir respuesta del presente escrito el ubicado en Boulevard Europa Número 17, oficina N1-18, Distrito Sonata, Sonata Towers, Fraccionamiento Lomas de Angelópolis, Municipio San Andrés Cholula, Puebla, en un horario comprendido de nueve treinta a dieciocho horas de lunes a viernes y las reciban en mi nombre y representación los Lic. Sergio Mirón Terrón y Marco César Noriega Gómez, con correo electrónico: noriega.mc@gmail.com Por lo que esta autoridad acuerda lo siguiente: Dígasele al ocursante que atendiendo a su escrito recibido en esta fiscalía en fecha 14 de marzo de dos mil veintitrés, se señala el día 15 de mayo del 2023, a las 11:00 horas a efecto de que ratifique su escrito en mención. Por cuanto hace al escrito que menciona de fecha 31 de agosto del 2023. Esta representación emitió el acuerdo correspondiente, mismo que envió a través de los correos liccaleb_ag@gmail.com y licjairo1526@gmail.com. Sin embargo esta representación social reenvía al correo noriega.mc@gmail.com, acuerdo que recayó del escrito de fecha 31 de agosto del 2023. Toda vez que no existe ningún inconveniente por parte de esta representación social tenga conocimiento de lo que recayó del mismo. Así lo resolvió la suscrita funcionaria actuante, procediendo a notificar vía correo electrónico, lo acordado por cuanto hace a su escrito de referencia, haciendo mención que queda debidamente notificado y le hará del conocimiento a su cliente a efecto que se presente ante esta representación social, el día y hora señalados. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. LIC. GUADALUPE AGUILAR ALONSO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARACIÓN COMETIDA POR PARTICULARES." (foja 19). Al respecto, la parte quejosa señala que la fiscal responsable aun no le ha dado respuesta a su petición, porque no le informa la fecha en la que le va a devolver su inmueble o qué diligencias tiene pendientes a realizar; sin embargo, como se advierte del contenido de su PETICIÓN, en el escrito de catorce de marzo de dos mil veintitrés, únicamente le solicitó señalara nuevo día y hora efecto de ratificar su escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y le hiciera saber la respuesta que recayera al mismo, porque indicó que su asesor legal no le informó que debía ratificar su escrito en la fecha señalada y de esa forma se pudiera dar respuesta a su solicitud, lo que efectivamente hizo la responsable. Pues, como puede advertirse EN SU CONTESTACIÓN de ocho de mayo de dos mil veintitrés, le indica lo siguiente: 1. Señala el día quince de mayo de dos mil veintitrés, a las 11:00 horas, a efecto de que ratifique su escrito en mención. -la responsable se refiere al de 14 de marzo de 2023- y, el que efectivamente compareció a ratificar el quejoso en la fecha indicada (foja 51). 2. Por cuanto hace al escrito de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, le indicó que dicha representación social emitió el acuerdo correspondiente, mismo que le refirió envió a través de los correos liccaleb_ag@gmail.com y licjairo1526@gmail.com, sin embargo, le menciona que dicha representación social reenvía al correo noriega.mc@gmail.com, el acuerdo que recayó del citado escrito, toda vez que no existía ningún inconveniente por parte de dicha representación social para que tenga conocimiento de lo que recayó al mismo. Lo cual resulta constitucional, si consideramos que en su escrito de 14 catorce de marzo de 2023 dos mil veintitrés, el aquí quejoso NO REALIZÓ ALGUNA PETICIÓN TENDENTE A QUE SE LE INFORMARA LA FECHA EN LA QUE SE LE DEVOLVERÍA EL INMUEBLE ASEGURADO O QUÉ DILIGENCIAS TIENE PENDIENTES POR REALIZAR LA RESPONSABLE PARA ELLO, pues sería excesivo exigirle a la fiscal ACUERDE LO QUE NO LO SE LE PIDIÓ, como en el caso pretende el peticionario de amparo. Además, de que en relación a la RESPUESTA a su diversa PETICIÓN de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la misma ya hasta fue materia del diverso juicio de amparo 1335/2022 del índice de este juzgado Federal, cuyas consideraciones en lo sustancial, han quedado reseñadas en párrafos precedentes, la cual, se advierte fue promovido por el aquí quejoso precisamente en contra de la omisión de dar respuesta su petición de la fecha indicada. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por el quejoso CARLOS VALENTÍN MORALES POLO, lo procedente es NEGAR EL AMPARO solicitado, en contra del acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado por la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (Guadalupe Aguilar Alonso), dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-I/000005/2022 de su índice. DÉCIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Integración del expediente físico. La presente sentencia, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata de la sentencia de amparo. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Valentín Morales Polo, por su propio derecho, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del diverso quinto de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos Valentín Morales Polo, por su propio derecho, en relación al acto reclamado y autoridad responsable, precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del diverso noveno de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando décimo de esta resolución. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a la autoridad responsable; y, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido por la Secretaria Maribel Pereda Corvera, quien autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica] [Firma electrónica]

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintitrés. PRUEBA. Agréguese a los presentes autos el oficio de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, Guadalupe Aguilar Alonso; y, de conformidad con el precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la que ofrece en alcance a su informe justiificado; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. DIFERIMIENTO. Ahora bien, vista la certificación con la que se dio cuenta, se advierte que fueron señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del seis de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra el el plazo de ocho días a que se refiere el párrafo primero del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se puedan imponer de la documental de mérito, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional, y se fijan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veinticinco de julio de esta anualidad, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los presentes autos el informe justificado relativo a la ampliación de demanda, rendido por la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, ********************Con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA. De conformidad con el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tiene como prueba de su parte la que ofrece en su oficio de cuenta; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. SE REQUIEREN CONSTANCIAS No obstante, la autoridad responsable es omisa en remitir la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, necesarias para estudiarlo y resolver respecto de la constitucionalidad o no del mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO"; se provee: Requiérase a la autoridad responsable ********************, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, para que en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído remita las constancias relativas a la carpeta de investigación ********************de su índice, con las que justifique el acto reclamado y se pueda analizar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En la inteligencia de que, de contar con información considerada como reservada o confidencial, deberá tomar las medidas que estime necesarias para evitar que se ventile, además de hacerlo del conocimiento para que esta autoridad realice lo propio; pues la existencia de dicho tipo de información en la indagatoria de origen, no justifica de ninguna manera su omisión para remitirla, ya que es obligación y facultad de esta autoridad de amparo allegarse de las constancias necesarias para su debido estudio y resolución del juicio. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable requerida; y, por lista a las partes.

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