Carlos Villegas González
Expediente 1292/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1292/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Villegas González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán; nueve de octubre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, a las diez horas con once minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1292/2023-II, promovido por Carlos Villegas González. En audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la presencia de las partes. La Secretaria hace relación de las constancias de autos y da cuenta con la demanda, auto admisorio, constancia de notificación de la autoridad responsable, Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y su informe justificado. Seguidamente, la Jueza acuerda: se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad señalada como responsable. En el período de pruebas: se da cuenta con las documentales que anexa la responsable a su informe justificado. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas señaladas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que serán tomada en consideración como corresponda. En el periodo de alegatos, se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho; por lo que se declara cerrada esta etapa. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la resolución siguiente. Doy Fe. VISTOS, para resolver, los autos del presente juicio de amparo indirecto1292/2023-II, promovido por Carlos Villegas González, contra el acto que reclamó de la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado en la propia fecha a este Juzgado Tercero de Distrito, Carlos Villegas González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de catorce de agosto del año en curso, se admitió la demanda de amparo; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto omisivo y la demanda fue presentada dentro de la circunscripción territorial donde la suscrita ejerce jurisdicción. SEGUNDO...FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa, reclama la denegación de justicia por parte de la Junta responsable, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar en el Juicio de Sucesión Intestada 46/2023. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe con justificación, la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que era cierta la omisión reclamada, a cuyo efecto vertió diversos argumentos para justificar el acto que se le atribuye. Ahora bien, atendiendo al contenido de los artículos 63, fracción IV, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se desprende que el reconocimiento o la negativa de la autoridad responsable no es determinante para declarar la existencia o no, del acto reclamado, toda vez que ese extremo puede ser acreditado por las partes a través de los medios de prueba reconocidos por la ley o, incluso, puede ser apreciado directamente por el juzgador si así se desprendiera de las constancias procesales. Así, tratándose de una omisión, debe considerarse que la simple inactividad que se atribuye a la responsable no implica una conducta omisiva, por lo que es menester realizar el análisis correspondiente para determinar si la autoridad estaba en condiciones y/o obligada a actuar en determinado sentido a efecto de determinar si incumplió una obligación establecida en la ley. Es ilustrativo lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), con numero de registro digital 2016418, que prevé: CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Por tal motivo, con el propósito de verificar la certeza o falsedad de la manifestación de la responsable y por ende, la existencia o no de la omisión reclamada, se analizan íntegramente las constancias procesales, para concluir que no existe la omisión que se atribuye a la Jueza responsable. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa reclamó la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar en el Juicio de Sucesión Intestada 46/2023, frente a lo cual, la responsable expresó que en el procedimiento aún no se ha llamado a todas las partes que deben comparecer al juicio para hacer uso de sus derechos, en su caso, así como la información solicitada al Archivo Notarial del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, remitiendo las copias certificadas con las que acredita su dicho. Documentales a la que esta juzgadora les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, la Jueza responsable al rendir su informe justificado, reconoció que no había señalado la fecha para que tenga verificativo la audiencia preliminar, sin embargo, agregó que la omisión reclamada no era en los términos planteados por la parte quejosa, pues aún no se había llamado a todas las partes, ni recabado la información solicitada al Archivo Notarial para estar en condiciones de citar a la audiencia de mérito. Cabe precisar que de las constancias remitidas se aprecia que la demanda relativa al juicio de que se trata fue presentada el veintitrés de enero del año en curso y previa prevención realizada al promovente, aquí quejoso, fue radicada el doce de junio de los corrientes, fecha en la que se solicitó información a diversas autoridades, entre ellas al Archivo Notarial para que informen si existe alguna disposición testamentaria de la de cujus, previno para que señale tutor especial a los hijos del promovente. Recibida la información solicitada, el diecisiete de agosto de los corrientes, comisionó al fedatario para que notificara en forma personal a las personas que podrían tener interés en comparecer al juicio, y en virtud de que unas de ellas tenían su domicilio fuera de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción la responsable, giró el exhorto correspondiente para que en su auxilio se realizara la diligencia. Así, del contenido de la jurisprudencia ya indicada, así como de las manifestaciones de la responsable al rendir su informe justificado, y del contenido de las constancias que remitió, se advierte que la responsable aun se encuentra realizando las gestiones necesarias para estar en condiciones de celebrar la audiencia preliminar del juicio con la asistencia de las partes que pudieran tener un interés en la sucesión testamentaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 574 del código adjetivo de la materia. Lo anterior, revela que la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar en el juicio de origen, es inexistente, en virtud de que en el procedimiento aún no se han agotado las gestiones previas, por lo que no se encontraba en estado de celebrarse En consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio constitucional, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Villegas contra el acto que atribuyó a la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de señalar fecha para la audiencia preliminar en el juicio 46/2023, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así, lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa asistida de la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y un anexo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
SE NIEGA a********************la suspensión definitiva respecto del acto atribuidos a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente interlocutoria****************************************NOTIFÍQUESE******************** ********************Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe******************** DOY FE********************
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