Carlos Uc Barbosa
Expediente 973/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Uc Barbosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra el auto de trece de noviembre anterior, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán; sin hacer pronunciamiento legal respecto de su contenido, en virtud de que el trece de los corrientes, se tuvo por recibido el informe de cuenta y se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado y anexo remitido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, mediante los cuales informa que desde el diecisiete de marzo del año en curso, admitió el juicio ordinario familiar 23/2020, promovido por el aquí quejoso Carlos Uc Barbosa, por lo que se ordenó notificar a la demandada Zacil Guadalupe Uc Centeno, vía exhorto. Siendo que en acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, fue recibido el exhorto de mérito, en el que se ordenó se llevara a cabo el emplazamiento a la citada demandada Uc Centeno, en el juicio de origen, comunicación que fue debidamente diligenciada el diez de septiembre del año en curso; asimismo, se le tuvo aquélla por presentada, contestado en tiempo la demanda interpuesta en su contra, y oponiendo excepciones entre las que se encuentra la de incompetencia por declinatoria, en mérito de la cual, ordenó suspender dicho procedimiento hasta que se resolviera la misma; lo que se corrobora con copia autorizada de la documentación pertinente, misma que adjuntó la responsable a su informe de ley. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente en la paralización injustificada del juicio familiar que promovió y que se sigue ante la responsable. En consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, medularmente en la paralización injustificada del juicio familiar 23/2020, que promovió en contra de Zacil Guadalupe Uc Centeno, desde el mes de enero del año en curso. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por la Juez responsable, se desprende que desde el diecisiete de marzo del año en curso, admitió el juicio ordinario familiar 23/2020, promovido por el aquí quejoso Carlos Uc Barbosa, por lo que se ordenó notificar a la demandada Zacil Guadalupe Uc Centeno, vía exhorto. Siendo que en acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, fue recibido el exhorto de mérito, en el que se ordenó se llevara a cabo el emplazamiento a la citada demandada Uc Centeno, en el juicio de origen, comunicación que fue debidamente diligenciada el diez de septiembre del año en curso; asimismo, en el propio auto, se le tuvo aquélla por presentada, contestado en tiempo la demanda interpuesta en su contra, y oponiendo excepciones entre las que se encuentra la de incompetencia por declinatoria, en mérito de la cual, ordenó suspender dicho procedimiento hasta que se resolviera la misma; en tal virtud, se le dio vista por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniere, respecto de dicha excepción, de igual forma, se le dio vista al fiscal de la adscripción con la contestación de demanda. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, se encuentra tramitando el juicio de origen, con apego a lo indicado por la legislación pertinente. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada, la cual ceso, al momento en que se emitió el auto de nueve de los cursantes, en la que se tuvo por presentada a la parte demandada y se admitieron a trámite sus excepciones, incluso la de incompetencia por declinatoria, en virtud de la cual se le dio vista al quejoso; lo que no constituye una paralización del juicio por inactividad procesal a cargo de la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado y anexo remitido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, mediante los cuales informa que desde el diecisiete de marzo del año en curso, admitió el juicio ordinario familiar 23/2020, promovido por el aquí quejoso Carlos Uc Barbosa, por lo que se ordenó notificar a la demandada Zacil Guadalupe Uc Centeno, vía exhorto. Siendo que en acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, fue recibido el exhorto de mérito, en el que se ordenó se llevara a cabo el emplazamiento a la citada demandada Uc Centeno, en el juicio de origen, comunicación que fue debidamente diligenciada el diez de septiembre del año en curso; asimismo, se le tuvo aquélla por presentada, contestado en tiempo la demanda interpuesta en su contra, y oponiendo excepciones entre las que se encuentra la de incompetencia por declinatoria, en mérito de la cual, ordenó suspender dicho procedimiento hasta que se resolviera la misma; lo que se corrobora con copia autorizada de la documentación pertinente, misma que adjuntó la responsable a su informe de ley. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente en la paralización injustificada del juicio familiar que promovió y que se sigue ante la responsable. En consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, medularmente en la paralización injustificada del juicio familiar 23/2020, que promovió en contra de Zacil Guadalupe Uc Centeno, desde el mes de enero del año en curso. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por la Juez responsable, se desprende que desde el diecisiete de marzo del año en curso, admitió el juicio ordinario familiar 23/2020, promovido por el aquí quejoso Carlos Uc Barbosa, por lo que se ordenó notificar a la demandada Zacil Guadalupe Uc Centeno, vía exhorto. Siendo que en acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, fue recibido el exhorto de mérito, en el que se ordenó se llevara a cabo el emplazamiento a la citada demandada Uc Centeno, en el juicio de origen, comunicación que fue debidamente diligenciada el diez de septiembre del año en curso; asimismo, en el propio auto, se le tuvo aquélla por presentada, contestado en tiempo la demanda interpuesta en su contra, y oponiendo excepciones entre las que se encuentra la de incompetencia por declinatoria, en mérito de la cual, ordenó suspender dicho procedimiento hasta que se resolviera la misma; en tal virtud, se le dio vista por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniere, respecto de dicha excepción, de igual forma, se le dio vista al fiscal de la adscripción con la contestación de demanda. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, se encuentra tramitando el juicio de origen, con apego a lo indicado por la legislación pertinente. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada, la cual ceso, al momento en que se emitió el auto de nueve de los cursantes, en la que se tuvo por presentada a la parte demandada y se admitieron a trámite sus excepciones, incluso la de incompetencia por declinatoria, en virtud de la cual se le dio vista al quejoso; lo que no constituye una paralización del juicio por inactividad procesal a cargo de la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.
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