Carlos Verdín Rivera
Expediente 733/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Verdín Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE , SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO ALEJANDRA LIZÁRRAGA BARRET, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: ÚNICO SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ALMA ROSA PALOMEQUE SOLIS, ISMAEL PERAZA VELÁZQUEZ Y MARIA ELENA CHAVIRA FLORES, CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PRESIDENTE, SUBDIRECTOR DE DICTAMINACIÓN URBANA Y SEGUIMIENTO, Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD; PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, POR LA RAZONES EXPUESTAS EN LOS CONSIDERANDOS TERCERO Y ULTIMO DE ESTA SENTENCIA. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 733/2016, promovido por Carlos Verdín Rivera, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda y contenido. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional (fojas 01 a 03); Carlos Verdín Rivera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos consagrados en el artículo 14 Constitucional, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, (cuya denominación correcta es Secretario de Seguridad Púbica Municipal, con sede esta ciudad). ACTO RECLAMADO "Es la pretensión de privarme ilegalmente de mil libertad, por las autoridades señaladas como responsables sin que se haya llenado las formalidades esenciales de procedimiento, además que no he cometido delito alguno que merezca pena corporal." SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (04 a 06). TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgado fija como acto reclamado, el siguiente: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. En ese tenor, el suscrito determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1) Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Primero del Ramo Penal, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, Jueces 2) Segundo y 3) Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, 4) Comandante de la Policía Ministerial del Estado y Encargado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, en ausencia del 5) Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos con sede en esta ciudad. Lo que se concluye porque dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 15, 16, 17, 21 y 18, respectivamente), y al constituir éstos documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al haber sido emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dichas documentales; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." En consecuencia, toda vez que se encuentra acreditada la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer el presente juicio constitucional, respecto a los actos reclamados que el quejoso Carlos Verdín Rivera, atribuye a las autoridades responsables, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución. CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Carlos Verdín Rivera, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese.
- Incidental
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 733/2016, promovido por Carlos Verdín Rivera, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por considerarlos violatorios del artículo 14 constitucional; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Carlos Verdín Rivera, promovió juicio de amparo contra actos de las autoridades responsables: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, (cuya denominación correcta es Secretario de Seguridad Púbica Municipal, con sede esta ciudad). Y solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en: La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Las autoridades responsables 1) Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Primero del Ramo Penal, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, Jueces 2) Segundo y 3) Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, 4) Comandante de la Policía Ministerial del Estado y Encargado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, en ausencia del 5) Secretario de Seguridad Pública Municipal, todos con sede en esta ciudad, en sus informes previos niegan la existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución (fojas******). Ahora bien, como la parte quejosa no aportó prueba alguna tendiente a demostrar lo contrario, consecuentemente, debe negarse la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre qué decretarla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 144 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia visible en la página 133, Tomo II, Julio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA al quejoso Carlos Verdín Rivera, la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, y por los motivos expresados en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese.
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