Carlos Somoza Vargas
Expediente 264/2014 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Somoza Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, doce de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna respecto a la vista que se le dio en proveído de catorce de abril de dos mil dieciséis, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. En consecuencia, se le tiene a la parte quejosa por conforme con dicho cumplimiento. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó y concedió en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, debiendo conservarse la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, ejecutoria y el auto que la declaró cumplida. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, catorce de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de diez de diciembre de dos mil quince (foja 142); en consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente juicio de garantías. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Mediante sentencia que se terminó de engrosar el veintiocho de mayo de dos mil catorce, este Juzgado de Distrito dictó sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Somoza Vargas, en contra del acto reclamado consistente en el Decreto número 713, publicado en el Diario Oficial "El Estado de Sinaloa", el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, mediante el cual se establecieron los valores unitarios del suelo del suelo y de las construcciones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para el pago del impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil trece, y su primer acto de aplicación, que reclamó a las autoridades responsables Congreso del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y otras autoridades (fojas 54 a 62). Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión; el cual, tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad; mismo que, por ejecutoria de seis de noviembre de dos mil quince, dictada en el amparo en revisión 164/2014 (fojas 113 a la 129), revocó la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, y concedió a la parte quejosa el amparo solicitado para los efectos establecidos en el considerando noveno de la misma, que al efecto se transcriben: "(.) Resulta importante destacar que el impuesto predial, al tratarse de una contribución que grava la propiedad o posesión del suelo y las construcciones adheridas a él, refleja en su base gravable una cuantificación numérica, que es expresión de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, y se aprecia atendiendo a las características del bien inmueble de que se trate, que se concreta por medio del establecimiento de las referidas tablas de valores unitarios. De la simple observación de las tablas señaladas en el citado artículo cuarto tildado de inconstitucional, se advierte que la primera y segunda columna establecen las características del inmueble objeto de gravamen que permiten su clasificación en un tipo determinado, mientras que la tercera columna señala el valor unitario por metro cuadrado que le corresponde al bien respectivo; sin embargo, en la tercera columna aparecen diversos posibles montos aplicables dependiendo de si se trata de provisional, antigua 1, antigua 2, moderna 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, especial 1, 2, 3, 4, 5, alberca 1 y 2, y se señalan el valor unitario por metro cuadrado que le corresponde a cada una. En el último párrafo del mencionado artículo cuarto del Decreto 713, que establece los valores unitarios del suelo y de las Construcciones del Municipio de Mazatlán, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, se determinó que los valores por metro cuadrado de construcción estarán sujetos a los deméritos que señala el Instructivo de Valuación de Construcción en el Estado de Sinaloa; lo que significa que los valores por metro cuadrado de construcción no están contenidos en una ley, quedando al arbitrio de la autoridad administrativa establecer los criterios de clasificación respectivos, lo cual resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria, puesto que se permite un margen de arbitrariedad a favor de dicha autoridad en lo relativo a la determinación de la base gravable del impuesto. En este sentido, tomando en consideración que la garantía de legalidad tributaria exige que todos los elementos de la contribución se encuentren establecidos en una ley en sentido formal y material, y por otra parte, tal como se analizó en párrafos anteriores, los valores unitarios por metro cuadrado de construcción o de suelo constituyen un elemento que incide en la base gravable del impuesto predial, por ser uno de los factores que se integran al cálculo del valor catastral; resulta inconcuso, que los criterios conforme a los cuales es aplicable uno u otro monto, también deben estar contenidos en ley. En efecto, la violación constitucional se pone de manifiesto, en la medida en que el legislador estableció diecisiete posibles bases gravables atendiendo a las características de los bienes inmuebles, que corresponden a provisional, antigua 1 y 2, moderna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, especial 1, 2, 3, 4, 5, alberca 1 y 2, sin que hubiera establecido en la ley los parámetros que debe observar la autoridad administrativa, para efecto de clasificar determinado bien en su categoría, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa. En el caso que nos ocupa, no debe perderse de vista que, como se señaló en párrafos que anteceden, la facultad para establecer los valores unitarios se encuentra regulada en el artículo 115 constitucional, y deriva de una coordinación entre los Ayuntamientos y las Legislaturas Estatales, aunado a que del análisis de las tablas de valores unitarios de mérito se observa que los valores sí fueron fijados por el legislador; sin embargo, los criterios para su aplicación a los distintos inmuebles no fueron definidos; en consecuencia, las tablas de valores unitarios emitidas mediante Decreto 713, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el treinta y uno de diciembre de dos mil doce reclamado, transgrede la garantía de legalidad tributaria, prevista en la fracción IV del precepto 31 de la Constitución General de la República, como en forma acertada lo alega la parte quejosa. Consecuentemente, y dado lo fundado del motivo de inconformidad analizado, resulta obligada la conclusión de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. Sin embargo, no obstante la inconstitucionalidad mencionada, ello no implica que el inconforme deje de pagar el impuesto predial, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera en virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a su inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se aplique al inmueble el monto de menor cuantía detallado en la tabla de valores, esto es, el valor unitario correspondiente al tipo "provisional" clave "p", y en caso de que el monto del tributo fuere menor al que se pagó, restituir al quejoso únicamente el numerario excedente de esa cantidad pagada por tal concepto. Lo anterior, dado que el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, señala que la concesión de amparo tiene por objeto restituir a la quejosa en el goce de la garantía individual violada, tal y como se observa de su transcripción literal que es del tenor siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II.- Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." "(.)" En este sentido, en el caso concreto debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en virtud de la falta de precisión en cuanto a los criterios de aplicación de las distintas categorías y, por consiguiente, la discrecionalidad que se le otorga a la autoridad administrativa para dicha aplicación. En virtud de lo anterior, aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango revelan la capacidad contributiva mínima establecida en la categoría de menor cuantía. Las consideraciones que anteceden encuentran sustento, por las razones que la informan, en la jurisprudencia 2a./J. 25/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 493, marzo de 2007, tomo XXV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 172956, que dice: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ESPECIALES, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 292 Y 184, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. (...) También la jurisprudencia 2a./J. 17/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, registro 2000421, página 581, que dice: "PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. (.) En la inteligencia de que el alcance de la protección constitucional comprende también los actos de aplicación que en lo futuro se pretendan llevar a cabo en contra de la quejosa, del decreto declarado inconstitucional. (El resaltado es por parte de este juzgado de Distrito) En consecuencia, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil quince, este órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento del fallo protector (foja 130 y 131). ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio sin número, recibido el nueve de diciembre de dos mil quince, el delegado de las autoridades responsables remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil quince, emitida por el Tesorero Municipal de Mazatlán, donde determinó dejar sin efecto el recibo de cobro de impuesto predial con folio 116-U01939581, que constituye el acto reclamado, en virtud de que en el mismo se aplicó el Decreto 713, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que contiene los tablas de valores unitarios del suelo del suelo y de las construcciones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para el pago del impuesto predial durante el ejercicio fiscal del año dos mil trece, el cual fue declarado inconstitucional en favor de la parte quejosa; asimismo, acordó no llevar cabo en lo presente y en lo futuro ningún acto de aplicación derivado del Decreto antes mencionado, y restituir a dicha parte el excedente de la cantidad que por tal concepto hubiere pagado, aplicando la tarifa más baja (fojas 139 a la 140). Luego, el delegado de las responsables por oficio sin número, recibido el veintitrés de diciembre de dos mil quince, remitió copia certificada de la diligencia levantada el quince del citado mes y año, por Manuel Bañuelos Osuna, comisionado del Ayuntamiento Municipal de Mazatlán, Sinaloa, relativa al acta de entrega al quejoso CARLOS SOMOZA VARGAS, del cheque número 9264239, por la cantidad de $1,782.03 (un mil setecientos ochenta y dos pesos, 03/100 moneda nacional), expedido por dicho Ayuntamiento, a nombre del peticionario de amparo, quien firmó de recibido (fojas 144 a 150). ANÁLISIS EVALUATIVO Por tanto, una vez analizados los elementos existentes en autos, este órgano jurisdiccional considera que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que la autoridad responsable Tesorero Municipal, con sede en esta ciudad, por resolución de veinticinco de noviembre de dos mil quince, dejó sin efecto el recibo de cobro de impuesto predial con folio 116-U01939581, que constituye el acto reclamado, en virtud de que en el mismo se aplicó el Decreto 713, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que contiene las tablas de valores unitarios del suelo del suelo y de las construcciones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para el pago del impuesto predial, durante el ejercicio fiscal del año dos mil trece, el cual fue declarado inconstitucional en favor de la parte quejosa; asimismo, acordó no llevar cabo en lo presente y en lo futuro ningún acto de aplicación derivado del Decreto antes mencionado y restituir a dicha parte el excedente de la cantidad que por tal concepto hubiere pagado, aplicando la tarifa más baja. De igual forma, determinó el excedente pagado a devolver al quejoso por la cantidad de $1,782.03 (un mil setecientos ochenta y dos pesos, 03/100 moneda nacional); la cual, acreditó haberle devuelto mediante la entrega del cheque número 9264239, de once de diciembre de dos mil quince, por el señalado monto. Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que las autoridades responsables restituyeron a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, pues la afectación que en su esfera jurídica produjo la aplicación del Decreto 713, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que contiene las tablas de valores unitarios del suelo del suelo y de las construcciones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para el pago del impuesto predial, durante el ejercicio fiscal del año dos mil trece, con motivo del cobro del impuesto que prevé dicho numeral, dejó de producir sus efectos. Lo que se corrobora, además, con lo expresado por el propio quejoso en escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil quince, donde manifiesta su conformidad con el cumplimiento dado por las autoridades responsables la sentencia de amparo (foja 151). VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para los efectos de la fracción I, del artículo 201, de la Ley de Amparo, el cual señala que procede el recurso de inconformidad contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, para que en el término de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que en caso de no desahogarla, ésta se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se archivará este juicio como asunto concluido. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio sin número, firmado por el Delegado de las autoridades municipales de esta ciudad, mediante el cual comunica la forma en que procedió a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito que suscribe el quejoso CARLOS SOMOZA VARGAS, mediante el cual informa que el Ayuntamiento de Mazatlán, a través de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, le hizo entrega del cheque número 9264239 por la cantidad de $1,782.03 a cargo de la Institución Bancaria HSBC, dándose por restituida en el goce de sus garantías individuales vulneradas en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, agréguense a los autos el oficio y escrito de cuenta, lo cual se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a diez de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio sin número, signado por David Villa Ibáñez, Delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal, con residencia en esta ciudad, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, al efecto anexa copia certificada de la resolución de veinticinco de noviembre del año en curso de la que desprende: "PRIMERO.- Se deja sin efecto el Recibo Oficial de pago del Impuesto Predial Urbano con número 116-U01939581, correspondiente al año 2013 relativo al inmueble con clave catastral 011-000-016-501-047-001-9, ya que en la determinación del mismo se aplicó el decreto que mediante el presente juicio de garantías fue declarado constitucional a favor del solicitante del amparo, mencionada en el resultando segundo de esta resolución. SEGUNDO.- En razón de lo resuelto en la ejecutoria dictada en fecha seis de noviembre de dos mil quince, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, acuerda no llevar en lo presente y en lo futuro ningún acto de aplicación derivado de los acuerdos siete de enero y diez de diciembre de dos mil trece, mismos que fueron declarados inconstitucionales. TERCERO.- Se acuerda restituir al quejoso el número excedente de la cantidad que hubiese pagado por ese concepto, aplicando la cuota fija de 0.00 y la tasa del 2.5." En consecuencia, córrase traslado a la parte quejosa con copia del oficio y anexos de cuenta, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en términos de la tesis Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832, Tomo VX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del mes de febrero de 2002, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo." NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes
- Carlos Rodolfo Fuentes531/2017
- Carlos Rojas Chang812/2018
- Carlos Sánchez Meza720/2016
- Carlos Santiago Mejía638/2015
- Carlos Sergio Zambrano Beltrán676/2019
- Carlos Servin Martínez49/2021
- Carlos Torres Calderón587/2021
- Carlos Vazquez Peralta452/2018
- Carlos Verdín Rivera733/2016
- Carlos Zacarias Bush Grave412/2015
- Carlos Zatarain Martinez224/2016
- Carmelo Felix Sanchez979/2022