Carlos Vargas Abad
Expediente 1086/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Vargas Abad
- Fiscalía Especializada En Delitos Electorales, Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de once de abril del año en curso, se ordenó formar cuaderno de antecedentes con el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales, Titular de la Unidad de Investigación Número Dos, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; que se recibió con posterioridad a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que el juicio de amparo en que se actúa se encontraba para proyecto de sentencia; por tanto, como ya se dictó la resolución correspondiente, intégrese el citado cuaderno al expediente principal.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 1086/2017; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Carlos Vargas Abad, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1.- Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. EJECUTORA 2.- Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales, Titular de la Unidad de Investigación Número 2. Con residencia en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "1.- De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo el oficio número FEDE/DGAPyCP/862/2017, de fecha dieciséis de noviembre del presente año, firmado por la LIC. SOLEDAD ORTIZ FLORES Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos, Titular de la Unidad de Investigación Número Dos, en el cual se me impone una multa de cien días Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización equivalente a la cantidad de $7,549 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100). 2.- De la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora, reclamo la indebida aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la ejecución de la multa que se pretenda llevar a cabo en mi perjuicio. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención formulada en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por auto de tres de enero siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1086/2017 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la imposición de una multa dentro de una carpeta de investigación, por parte de una autoridad administrativa cuya ejecución se llevara a cabo donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. La parte quejosa en su demanda de amparo refiere que la resolución reclamada se le notificó el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete; lo que se corrobora con la constancia de notificación que obra en autos; por tanto, el término de quince días para promover el juicio de amparo como lo dispone el artículo 17 primer párrafo de la ley de la materia, transcurrió del veintidós de noviembre al doce de diciembre de dos mil diecisiete, descontándose por haber sido inhábiles, los días veinticinco, veintiséis, dos, tres, ocho y nueve de diciembre, todos de la pasada anualidad; de ahí que, si la demanda que nos ocupa se presentó el doce de diciembre pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, debe estimarse oportuna porque fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el referido numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: a) El oficio número FEDE/DGAPyCP/862/2017 de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales, Titular de la Unidad de Investigación Número Dos, con sede en Chilpancingo, Guerrero, por el cual se actualiza la multa impuesta mediante los diversos oficios FEDE/DGAPyCP/766/2017-2 y FEDE/DGAPyCP/791/2017-2 de seis y dieciséis de octubre de dicha anualidad por cien días de salario mínimo a cien unidades de medida y actualización. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal Especializado en Delitos Electorales, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, el cual quedo precisado en líneas anteriores. Negativa que se acepta, en sus términos, en razón de que del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que quien emitió el acto reclamado fue una diversa autoridad. Consecuentemente, al no acreditarse la existencia del acto reclamado a dicha responsable, lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer el juicio de amparo respecto del acto a ella atribuido. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales, Titular de la Unidad de Investigación Número Dos, con sede en Chilpancingo, Guerrero, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe justificado; manifestación que basta para tener por plenamente evidenciada la conducta que se le atribuye, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que además se robustece con la copia certificada de las diversas constancias que integran la carpeta de investigación FG/CI/005/2017-2, remitidas como apoyo y complemento a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. SEXTO. Actualización de una causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, este órgano jurisdiccional, estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 77, ambos de la legislación de la materia, este último interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." La fracción XXIII transcrita, analizada con anterioridad establece que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema, uno de los cuales es el que se deriva del numeral 77, de la propia ley de la materia, que establece que la finalidad de una sentencia en la que se conceda la protección de la justicia de la Unión consiste en restituir a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Dicha restitución debe atender en todo caso a la naturaleza del acto reclamado, pues si se trata de un acto de naturaleza positiva, el cual implica un hacer de las responsables que afecta la esfera jurídica del gobernado, el efecto de la protección federal será para que las autoridades dejen insubsistentes sus actos, de forma tal que coloquen al quejoso en el mismo estado en el que se encontraba antes de que aconteciera esa afectación. Por su parte, cuando la violación consiste en un acto negativo, ya sea porque la autoridad se niegue a hacer algo o se abstenga de hacerlo, la protección federal se otorgara con la finalidad de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio especulativo, por lo cual, para determinar la procedencia del mismo, es necesario verificar que la sentencia protectora pueda producir la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho violado, y sólo en el hipotético caso de que no se pudieran concretar los efectos de la posible concesión del amparo, dada la referida finalidad práctica, ningún caso tendría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo cual se actualizaría la hipótesis de improcedencia invocada. Ahora bien, a efecto de demostrar la actualización de la aludida causal de improcedencia, resulta conveniente precisar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias de la carpeta de investigación FG/CI/005/2017-2. 1. Mediante oficio FEDE/DGAPyCP/729/2017 de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, signado por la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales, Titular de la Unidad de Investigación Número Dos, con sede en Chilpancingo, Guerrero, se giró invitación al quejoso Carlos Vargas Abad, en su carácter de Coordinador Operativo del Programa "Brigada Hércules", para que se presentara en las instalaciones de la citada Fiscalía, el veintinueve de dicho mes y año, a fin de que rindiera su testimonio respecto de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación FG/CI/005/2017-2, el cual fue entregado mediante el diverso FEDE/DGAPyCP/732/2017, como se advierte del sello de recibido del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2. Por oficio FEDE/DGAPyCP/743/2017 de dos de octubre de dos mil diecisiete, a la inasistencia de la parte quejosa se le giró nuevamente invitación, a fin de que compareciera el seis de octubre siguiente a las instalaciones de dicha Fiscalía a rendir su testimonio respecto de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación FG/CI/005/2017-2, el cual fue recibido el cuatro de dicho mes y año, como se advierte del sello de recibido. 3. Ante la inasistencia del quejoso Carlos Vargas Abad a la cita antes señalada, por oficio FEDE/DGAPyCP/766/12017 se le giró por tercera ocasión invitación a fin de que compareciera el doce de octubre siguiente a las instalaciones de dicha Fiscalía a rendir su testimonio respecto de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación FG/CI/005/2017-2, comunicación que fue recibida el siete del mismo mes y año, asimismo se procedió a imponerle una multa de cien días de salario mínimo equivalente a la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N). 4.- En ese sentido, ante la nueva inasistencia del quejoso a la cita programada para el doce de octubre del año pasado, por oficio FEDE/DGAPyCP/791/12017, se le indicó que la multa impuesta con el oficio FEDE/DGAPyCP/766/12017 era por la cantidad de $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 M.N), la cual debía exhibir, en su nueva cita ante la Agente del Ministerio Público responsable el veinte del citado mes. 5. Finalmente, en acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales, Titular de la Unidad de Investigación Número Dos, con sede en Chilpancingo, Guerrero determinó que la actualización de la multa impuesta mediante oficios FEDE/DGAPyCP/766/2017 y FEDE/DGAPyCP/791/2017 de seis y dieciséis de octubre de dicha anualidad que se tasó por cien días de salario mínimo, debía fijarse a razón de cien unidades de medida y actualización equivalente a la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos), lo que hizo del conocimiento del quejoso mediante oficio FEDE/DGAPyCP/862/2017, el cual fue recibido el veintiuno de noviembre pasado, como se advierte del sello de recibido del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, lo que constituye el acto reclamado. Ahora, la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales, Titular de la Unidad de Investigación Número Dos, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante oficio FEDE/SJA/071/2018 de veintiocho de febrero del presente año, informó que el quejoso Carlos Vargas Abad, promovió juicio de amparo en contra del oficio FEDE/DGAPyCP/791/12017, correspondiéndole conocer del asunto al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero bajo el número 1161/2017. Luego, mediante proveído de uno de marzo de esta anualidad, se solicitó al aludido Juzgado Federal, copia certificada de la boleta de turno, demanda, auto admisorio, sentencia y proveído que la hubiera declarado ejecutoriada (en su caso), con el fin de contar con los elementos necesarios para la resolución del juicio de amparo en que se actúa, las cuales fueron remitidas por oficio de ocho de marzo siguiente, pudiendo observarse que como motivos de disenso la parte quejosa en dicho asunto esencialmente adujo que se violaba en su perjuicio el derecho de audiencia previsto en el artículo 14, asimismo que la multa que le fue impuesta se fijó en salarios mínimos, cuando debía haber sido en unidades de medida y actualización (UMAS), y que dicha sanción era ilegal ya que no reunía los requisitos esenciales para su emisión, aunado a que el oficio FEDE/DGAPyCP/791/12017, no se encontraba debidamente fundado ni motivado. En ese sentido, una vez precisados los antecedentes del acto reclamado, se puede concluir válidamente que el oficio FEDE/DGAPyCP/862/2017 que en esta vía se reclama, por el que se le informó la actualización de la multa impuesta y requerida en los diversos oficios FEDE/DGAPyCP/766/2017 y FEDE/DGAPyCP/791/2017, no puede considerarse como un acto destacado que pueda ser analizado en esta instancia constitucional, en razón de que el mismo sólo complementa lo establecido en estos últimos, pues en el primero se señaló el motivo por el cual le fue impuesta la multa al quejoso en la carpeta de investigación FG/CI/005/2017-2 y en el segundo se señaló el momento en que debía ser exhibida, lo que posteriormente fue reformado por la propia autoridad para ahora señalar que debía tasarse a razón de UMAS , de ahí que no pueda analizarse de manera aislada en esta instancia constitucional. Por tanto, al tener el acto reclamado en el presente juicio su origen en el oficio FEDE/DGAPyCP/766/2017, de seis de octubre de dos mil diecisiete por el cual se le impuso al quejoso Carlos Abad Vargas, una multa que en principio se fijó a razón de cien días de salario mínimo equivalente a la cantidad de $8.000.00 (ocho mil pesos 00/100), la cual le fue requerida mediante el diverso oficio FEDE/DGAPyCP/791/2017 de dieciséis del mismo mes y año, y contra este último se promovió el juicio de amparo 1161/2017 ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, el cual se encuentra pendiente de resolución; lo que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º; porque la información relativa se obtuvo de la búsqueda efectuada a la página electrónica del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, es inconcuso que de estimarse fundados los conceptos de violación en dicho sumario se podrá dejar sin efectos la multa impuesta en el primero de los oficios mencionados, y en vía de consecuencia también lo serán las actuaciones posteriores, incluyendo el acto que en esta instancia constitucional se reclama, al tener su génesis en el oficio FEDE/DGAPyCP/791/2017 mientras que este Juzgado de Distrito, no se encuentra en aptitud de analizar la legalidad de dicha sanción por no encontrarse su origen en el oficio reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario sensu, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en el arábigo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1086/2017, por los motivos expuestos en los considerados cuarto y último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; en atención a su contenido, remítasele copia certificada de las constancias que solicita; con excepción de la sentencia, en razón de que en el presente juicio de amparo se encuentra pendiente de dictar dicha resolución. Notifíquese.
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