Carlos Tagle Gaspar

Expediente 1137/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1137/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Tagle Gaspar

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito signado por la quejosa, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de diciembre del año en curso; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias y actuaciones que integran el presente asunto, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Ahora bien, de conformidad con el arábigo último citado, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó la resolución reclamada. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, conforme al oficio número CCJ/ST/5736/2019, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ... ES NOTIFICACIÓN PERSONAL..

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención de veinticinco de noviembre del año en curso. En efecto del análisis integral de la demanda en relación con el escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa reclama del Juez responsable en el presente juicio de amparo el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de incremento de pensión alimenticia F-177/2015, mediante el cual ordenó el descuento retroactivo de un 15% adicional por concepto de pensión alimenticia definitiva en favor de Leticia Peláez López, Leticia y María del Rosario de apellidos Tagle Peláez y los menores Carlos y Andrés Emmanuel de apellidos Tagle Peláez, y su ejecución; lo anterior, a efecto de reintegrar a dichos acreedores alimentarios la cantidad que dejaron de percibir, con motivo de la suspensión otorgada en el referido expediente familiar en razón de la demanda de amparo directo promovida por Guadalupe Montserrat Pacheco Morales, en representación de José María Tagle Pacheco, en contra de la sentencia definitiva dictada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en el que se condenó al aquí quejoso Carlos Tagle Gaspar, a proporcionar a los actores alimentarios una pensión alimenticia mensual del 60% (sesenta por ciento) de los ingresos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene dicho demandado de sus fuentes de trabajo; cuyos efectos fueron de que no se llevara a cabo el descuento ordenado en la sentencia definitiva de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, y sólo se le descontara el treinta por ciento determinado en el juicio de alimentos F-173/2011, hasta en tanto se resolviera el referido juicio de amparo, el cual se desechó mediante proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, y causó estado el veintiocho de diciembre siguiente. Lo que se corrobora con las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 1049/2018, del índice de este Juzgado Federal, promovido por Guadalupe Montserrat Pacheco Morales, en representación de José María Tagle Pacheco, el cual se trae a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, y de la que se ordena recabar copia simple para agregarlo a este expediente. IMPROCEDENCIA En ese contexto, se obtiene que el descuento reclamado deriva de la actualización de los alimentos definitivos que se dejaron de proporcionar con motivo del otorgamiento de una medida cautelar otorgado en el expediente familiar 177/2015; por tanto, esa determinación fue dictada en la etapa de ejecución de sentencia dentro del aludido juicio de incremento de alimentos número F-177/2015, contra el cual procede el recurso de reconsideración previsto en la ley procesal civil aplicable como enseguida se explica. En efecto, en el presente asunto, se advierte oficiosamente que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, en virtud de que en contra del auto reclamado procede el recurso de reconsideración, mismo que debe agotar la parte quejosa previo a la instancia del juicio de amparo en acatamiento al principio de definitividad que lo rige, el cual se estima idóneo. En efecto, tenemos que el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías. En efecto, el principio de definitividad en materia de amparo, estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Asimismo, es de precisar que tal recurso debe tener una existencia legal, es decir, debe estar previsto en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61, en su fracción XVIII, describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, para demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio es conveniente reiterar que el acto reclamado lo constituye el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de incremento de pensión alimenticia F-177/2015, mediante el cual el Juez responsable ordenó el descuento retroactivo de un 15% adicional por concepto de pensión alimenticia definitiva en favor de Leticia Peláez López, Leticia y María del Rosario de apellidos Tagle Peláez y los menores Carlos y Andrés Emmanuel de apellidos Tagle Peláez, así como su ejecución, a través de los oficios dirigidos a los centros de trabajo del demandado; a efecto de reintegrar a dichos acreedores alimentarios la cantidad que dejaron de percibir, con motivo de la suspensión otorgada en el referido expediente familiar en razón de la demanda de amparo directo promovida por Guadalupe Montserrat Pacheco Morales, en representación de José María Tagle Pacheco, en contra de la sentencia definitiva dictada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en el que se condenó al aquí quejoso Carlos Tagle Gaspar, a proporcionar a los actores alimentarios una pensión alimenticia mensual del 60% (sesenta por ciento) de los ingresos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene de sus fuentes de trabajo. Bajo ese contexto, tenemos que el acto en estudio al derivar de un procedimiento judicial debe impugnarse a través del medio ordinario de defensa que al efecto la ley dota ante el propio juez responsable; específicamente el recurso de reconsideración en términos de los artículos 381 y 382 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 382. Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible." De los dispositivos legales transcritos se advierte que en materia de recursos dentro del sistema procesal previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto a los cuales no proceda la apelación, que será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquéllos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles. Al respecto, es menester destacar que, la determinación que emitió la juez responsable mediante acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve, tiene la naturaleza de un auto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 del Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, en razón de que se ordenó descontar adicionalmente el 15% por concepto de pago de la pensión alimenticia definitiva decretada en favor de los acreedores alimentarios dentro del juicio de incremento de alimentos 177/2015, que se dejó de descontar con motivo de la mencionada medida cautelar concedida en favor de Guadalupe Montserrat Pacheco Morales, en representación de José María Tagle Pacheco, y su ejecución, a través de los oficios dirigidos a los centros de trabajo del demandado. Asimismo, en contra de este auto no procede el recurso de apelación, según lo dispuesto por los numerales 385 y 386 de la legislación procesal en cita; que estatuyen lo siguiente: "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo." Luego, como en la especie el auto impugnado se dictó en el procedimiento de ejecución de sentencia dentro del referido juicio de incrementos de alimentos, esto es, después de concluido el juicio, resulta claro que sí es impugnable mediante el recurso de reconsideración, establecido en el artículo 381 mencionado, dado que es un pronunciamiento con miras a actualizar la pensión alimenticia definitiva en los términos en que fue decidida y el código adjetivo no prevé en su contra expresamente el recurso de apelación. De lo anterior se concluye que el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que la Juez responsable a la luz de los agravios planteados confirme, revoque o modifique total o parcialmente el auto reclamado, sobre todo si se considera que de acuerdo con el artículo 386 del Código en cita no es apelable y la ley respectiva tampoco establece expresamente que en contra de tal determinación no proceda recurso alguno, de ahí que, la parte quejosa previamente a promover el juicio de amparo debió observar el medio de impugnación aludido ante el propio Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, al ser parte en sentido formal (demandado); de ahí que, debió agotar el recurso ordinario a que se ha hecho mención; máxime que no debe perderse de vista que tratándose del derecho de impugnación, se parte de dos condiciones torales, tales como que el interesado se encuentre legitimado para interponer el recurso y que la resolución le perjudique, lo que en el caso acontece; además de que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal y de que la procedencia del citado recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que la parte quejosa, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. De modo que advertido que no se ubica en alguno de los casos de excepción de la hipótesis en examen, la parte quejosa, previo a la tramitación de la presente instancia, tenía la obligación de agotar el medio de defensa que la ley ordinaria prevé para impugnar el acto que ahora reclama, merced al principio de definitividad que rige en materia de amparo, con independencia de que se trate de una acto de imposible reparación, pues también respecto de éstos deben agotarse los recursos ordinarios que la ley prevea, previo a instar el juicio constitucional; de ahí que no sea optativo para la parte quejosa cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 8 de junio de 2018, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En efecto, aun cuando el acto reclamado sea susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, esta acción es factible una vez que se hayan agotado los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado, exigencia que debe ser cumplida aun cuando se trate de un acto de ejecución irreparable, o carezca de fundamentación, por derivar de un procedimiento judicial, o en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad; esto, de acuerdo con el diverso criterio jurisprudencial 113/2013, aprobado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 350, cuyo tenor es: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia de la acción constitucional, a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y escrito de desahogo, en relación con las constancias agregadas derivadas del diverso juicio de amparo 1049/2018, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, con fundamento en el artículo 113 e la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.... LO QUE S ENOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...-

  4. Principal

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