Carlos Trujillo Maldonado

Expediente 917/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
917/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Carlos Trujillo Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, trece de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Gerente de la Sucursal **** correspondiente a la institución bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 917/2021-III. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un s Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La inmovilización de la cuenta bancaria ***** de la Institución Bancaria Santander México, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Asimismo, del apartado de antecedentes el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad en lo que interesa lo siguiente: (.) El día 19 de agosto del año 2021, al tratar de disponer de fondos de la mencionada cuenta, nos fue informado por personal de la ventanilla de los bancos, pero de manera verbal y sin mediar notificación judicial o extrajudicial de documento alguno, que la cuenta de referencia se encontraba congelada. (.). Énfasis añadido. Desechamiento de la demanda Bajo tal aspecto, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de que se trata, en atención a lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano. El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 188643, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Jurisprudencia (Constitucional), de rubro y texto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se señaló en párrafos que precedente, en el presente juicio la parte quejosa reclama reclama: La inmovilización de la cuenta bancaria **** de la Institución Bancaria Santander México, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Sobre el tema se precisa destacar que el elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa, lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley, en los términos prescriptivos siguientes: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso analizado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en las fracciones de referencia, la inmovilización de la cuenta bancaria ***** de la Institución Bancaria Santander México, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Ahora, del apartado de antecedentes, en la que hace la narrativa de los mismos, el quejoso señala que tuvo conocimiento de los actos reclamados, el día diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, al acudir a la ventanilla del banco, de modo que su impugnación se rige en términos del plazo genérico de quince días; por tanto, solo resta determinar la forma en que se debe computar. En ese orden, el artículo 18 de la ley prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de esta disposición, los plazos previstos en el artículo 17 de la ley se computa a partir del día siguiente hábil en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Al respecto, la parte quejosa expuso bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Entonces, el supuesto para computar el plazo que tuvo para promover la demanda de amparo es el descrito en el inciso b), esto es quince días desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. En ese sentido, del escrito inicial de demanda se advierte, como se mencionó, que los actos reclamados (ya identificados), el quejoso es el cuentahabiente, del cual bajo protesta de decir verdad refiere tuvo conocimiento diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Ciertamente, de lo manifestado por la propia quejosa se acredita no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que estipula el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior es así, ya que -se insiste- la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que combate, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, por lo desde esa data el impetrante se encontraba en posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de los actos en mención, pues no existe circunstancia narrada que justificara el impedimento para así hacerlo; por lo que es claro, que el termino de quince días para la presentación de la demanda, le empezó a transcurrir a partir del veinte de agosto de dos mil veintiuno, para concluir el nueve de septiembre en curso; término en el cual se excluyen los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto, cuatro y cinco de septiembre de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que si el quejoso, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, presentó su demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en esta ciudad capital, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; es claro, que a esa fecha, el término de quince días, previsto en el artículo 17, en relación con el artículo 22 de la Ley de Amparo, ya había concluido. Lo anterior, porque basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, dada la existencia de la confesión expresa de la quejosa o de su representante legal. En consecuencia se tienen por consentido el acto reclamado en cuestión, pues en el caso, los actos reclamados fueron del conocimiento del quejoso desde el diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, y por tanto se encontraba en posibilidad de impugnarlo en esta instancia de amparo, dentro del término legal establecido para tal efecto; por lo que al no haberlo hecho así, consintió el actuar de la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, página 57, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia número IV.2o.C. J/7, con número de registro digital: 177995, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.C. J/7, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1035, Tipo: Jurisprudencia, del cuyo rubro y contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso en el apartado de "hechos", señale que el tres de septiembre del dos mil veintiuno, al presentarse en una sucursal la institución bancaria responsable, le informaron que dicha cuenta bancaria 60-61524292-3 de donde pretendía retirar el efectivo que señala, se le informó que la misma se encontraba asegurada. Sin embargo, no existe razón por la cual la quejosa desconocía el estatus de la cuenta bancaria que defiende en la demanda de amparo (bloqueada, congelada, asegurada), pues como informa en su diverso apartado de "antecedentes" desde el diecinueve de agosto tenía conocimiento del hecho (acto que reclama en esta instancia constitucional). En consecuencia, la promoción de la demanda resultó extemporánea, lo que implica que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados, por así haberlo manifestado bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda. De este modo, es evidente que si no se instó en tiempo la demanda de amparo contra los actos que el promovente pretendía combatir, pese a que no había ningún obstáculo que se lo impidiera para acudir ante los órganos constitucionales competentes, ello solo se traduce en una conducta que es atribuible a su persona, por lo que ahora debe soportar las consecuencias inherentes a su pasividad. Por lo tanto, si como refiere bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa, tuvo conocimiento de los actos impugnados, desde el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes, sino hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno; de ahí que es evidente al día de la presentación de la demanda el plazo de quince días para hacerlo había transcurrido. En ese contexto, es innegable que desde la fecha indicada el ahora quejoso, tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. (Énfasis añadido). También resultan de aplicación al caso, las tesis de jurisprudencia 13 y 14, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, la página 11, que establecen lo siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativos, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Asimismo, no resulta obstáculo a lo aquí considerado, el hecho de que la parte quejosa señale que no se le ha notificado y tampoco se la ha llamado a ningún procedimiento fiscal administrativo (derecho de audiencia), ni se le ha hecho saber de dónde emana el crédito fiscal, porque tales argumentos, no modificación la presente determinación y no implica una violación al principio jurídico de petición de principio, toda vez que -se insiste- el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto que aquí se duele (la inmovilización de la cuenta bancaria **** de la Institución Bancaria Santander México, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México), al conocer de forma precisa que no podía hacer uso de los dineros que tienen en la indicada cuenta bancaria, por la razones que informa en su capítulo "IV.- ANTECEDENTES", lo que le permitió en ese entonces preparar el acto de defensa a través del juicio de amparo, desde la data de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, que es cuando se percató del perjuicio en su esfera jurídica. Sirve de apoyo, por las razones que la informan la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 196930, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 6/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 95, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución. En las relatadas condiciones, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 18, de la Ley de Amparo, y, como corolario de esto, la demanda de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente; por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano. Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica con el usuaria que señala "CARLOSTRUJILLO"; no así en el correo electrónico personal, ni en el número telefónico que indica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.) que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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