Carlos Tapia Ávalos

Expediente 683/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
683/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Carlos Tapia Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Colima, Colima, siete de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, así como del estado procesal se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios 23609/2021 y 23610/2021, con los que les fue notificado el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa, al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Segundo Partido Judicial, en su carácter de tercero interesado, así como al Juez Penal ambos con residencia en Tecomán, Colima, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería a la parte quejosa, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número P./J. 14/2018, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO INTERESADO NO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL QUEJOSO. Conforme a los artículos 5o., fracción III, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en un juicio de amparo directo, cuando subsista el estudio de un tema propiamente constitucional, la cual se encuentra condicionada a que dicha sentencia irrogue una afectación directa a su esfera jurídica; por tanto, no está legitimado para interponer ese recurso contra la omisión del Tribunal Colegiado de Circuito de estudiar los planteamientos del quejoso que cuestionan la constitucionalidad de un precepto determinado, pues esa omisión sólo perjudica a quien los formula, es decir, a este último, además de que el derecho de expresar esos argumentos en la demanda de amparo se origina con la aplicación del precepto referido, en perjuicio del quejoso." Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la Secretaria en la carátula del expediente en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Colima, Colima, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual se rinde el informe justificado la autoridad oficiante, y adjunta copias certificadas de las constancias que acreditan haber dado contestación a lo solicitado en escrito de tres de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal ****** y su notificación a la parte quejosa, como a su defensor particular. Por otra parte, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: "la pasividad y la omisión para acordar el cierre de instrucción dentro de la causa penal ******, ya que han pasado 6 meses desde la petición por escrito que se hizo y se presentó en dicho juzgado". Ahora bien, se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a las referidas constancias remitidas por la autoridad responsable de las que se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dio contestación al escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ******, mismo que notificó personalmente al quejoso ******, así como a su defensor público ******. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El artículo en cita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, si la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte y la autoridad responsable ya emitió dicho acuerdo, es evidente que el acto reclamado se destruyó en forma total e incondicional sin que al efecto hubiese dejado huella en la esfera jurídica de la parte quejosa y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Es decir, la autoridad responsable antes referida, atendiendo al artículo 8° y 17 constitucional, se pronunció respecto al escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, por el procesado -quejoso-, de la manera siguiente: Se pronunció respecto del escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte. Hizo del conocimiento al quejoso del referido acuerdo, mediante notificación personal, así como a su defensor público ******, de igual forma al actual defensor particular, promovente de la demanda de garantías. Sustenta lo anterior, jurisprudencia 2a./J. 183/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que la informan, de texto y rubro: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. De esta manera, debido que al haber emitido acuerdo a través del cual se proveyó respecto a la omisión que reclama el quejoso ****** y haberse hecho de su conocimiento dicha determinación, cesaron sus efectos; por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no deja huella alguna en la esfera jurídica de la inconforme que amerite ser borrada por la notificación del acto reclamado; de donde se sigue que, sobreviene la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho violado a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional, por lo que si en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, por lo que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior de ningún modo priva de defensa a la parte quejosa, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por la cesación de efectos del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con veintisiete minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el defensor particular de la parte quejosa cumple con el requerimiento efectuado en proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, y manifiesta que la denominación de la autoridad responsable es Juez Penal de Tecomán, Colima. Al respecto, y toda vez, que de la certificación de cuenta se advierte que sí existe el Juzgado Penal de Tecomán, Colima, el cual se encuentra ubicado en el Complejo de Seguridad Pública, calle Volcán de Colima, Esquina 5 de Febrero, Colonia La Floresta 1, en Tecomán, Colima, por así haberlo manifestado mediante comunicación telefónica * * Secretario en Funciones de Juez por Ministerio de Ley, de dicho Juzgado; por tanto, con copia de la demanda, auto admisorio y presente proveído emplácese a la citada autoridad responsable a efecto de que esté en aptitud de rendir su respectivo informe justificado. Hágase de su conocimiento que para la celebración de la audiencia constitucional están señaladas las diez horas con diecisiete minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Prevéngase a la referida autoridad que subsisten los requerimientos y apercibimientos contenidos en auto de radicación.

  4. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de tres del mes y año en curso, a efecto de que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto a la devolución de la pieza postal que contiene el oficio 19881/2021 dirigido al Juez Penal del Segundo Partido Judicial en Tecomán, Colima, aún esta transcurriendo; por ello, y a efecto de que el juicio se encuentre debidamente integrado, lo procedente es diferir la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las diez horas con diecisiete minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

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