Carlos Segura Dorantes

Expediente 402/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
402/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Carlos Segura Dorantes

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a tres de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo 402/2021, y de cuyo contenido se advierte que ese Tribunal aceptó la competencia planteada para conocer del citado juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense los autos. Finalmente, toda vez que del contenido del expediente en que se actúa se advierte que el mismo es destruible, conforme a lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto, denominado "De la Depuración y Destrucción de Expedientes Judiciales", del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Notifíquese. ...

  2. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Segura Dorantes, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior del Estado de Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 402/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Este juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el presente juicio, en el que se reclama de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, la determinación de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal A.P. 81/2019, que confirmó el auto quince de marzo de dos mil diecinueve dictado por el juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, en el que negó el libramiento de la orden de aprehensión en contra de Justina Gallardo López y Juan García Reyes, ya que decretó extinta la acción penal, dictando el sobreseimiento de la causa penal 2/20219, por el delito de fraude especifico, cometido en perjuicio de Carlos Segura Dorantes. Para sostener dicha premisa es necesario transcribir el contenido del artículo 47, primer párrafo y 170, fracción I ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)" En ese orden de ideas, atendiendo a que la parte quejosa reclama la determinación de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal A.P. 81/2019, que confirmó la diversa de quince de marzo de dos mil diecinueve al encontrarse prescrita la acción penal, se colige que tal determinación se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una resolución que, sin decidirlo en lo principal, pone fin al juicio, dictada por un tribunal judicial, pues el haberse declarado en dicha resolución la prescripción de la pretensión punitiva del Ministerio Público, tiene por efecto impedir que la representación social pueda allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado y, por ello, se colige que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende, que ha concluido. Es aplicable en lo conducente, la tesis I.1o.P.26 P (10a.), con registro 2011516, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2555, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, Décima Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LO CONFIRMA, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN ANÁLOGA A UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO SIN RESOLVERLO EN LO PRINCIPAL, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Si bien la determinación de segunda instancia que confirma el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal, decretado por el Juez de primer grado, no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución análoga que pone fin al procedimiento sin resolverlo en lo principal, pues adquiere la calidad de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, respecto de la cual, la normatividad aplicable no prevé ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Máxime que, al tratarse de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada, conforme al artículo 667 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el ofendido tiene legitimación para controvertir -vía amparo directo- la sentencia que absuelve al acusado, para conferirle la oportunidad de acreditar el derecho a obtener la reparación del daño. Además, por igualdad de razón, se invoca la tesis I.4o.P.14 P (10a.), con registro 2014092, consultable en la página 1798 del Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, EMITIDA UNA VEZ RECIBIDA LA DECLARACIÓN PREPARATORIA DEL INCULPADO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO). Los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo directo contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. El segundo de esos preceptos, acorde con el actual sistema procesal penal acusatorio y oral, dispone que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; sin embargo, nada dice respecto al sistema procesal penal mixto. Ahora bien, tomando en cuenta que en la audiencia inicial, entre otras cuestiones, se informan al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realiza el control de la legalidad de la detención -si correspondiere-, el Ministerio Público formula imputación, se da la oportunidad de declarar al imputado y se resuelve sobre las solicitudes de medidas cautelares y de vinculación a proceso, a fin de establecer la procedencia del juicio de amparo directo en asuntos tramitados aún bajo el sistema procesal penal mixto/escrito, debe considerarse que el juicio inicia a partir de la audiencia en que se recibe la declaración preparatoria del inculpado, por ser ésta la que en una analogía procesal cumple con los fines de la audiencia inicial. Por tanto, contra la resolución de segunda instancia -emitida una vez recibida dicha declaración-, que declara extinguida la acción penal por prescripción en el sistema anterior, procede el juicio de amparo directo, ya que conlleva al sobreseimiento en la causa, con lo que se da por concluido el juicio, sin resolverlo en el fondo". Asimismo, robustece a la conclusión arribada la tesis 5o.18 P (V Región), con registro 2008974, visible en la página 1761 del Libro 17, abril de 2015, Tomo II, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA). La resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión con efectos de sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva del Ministerio Público, tiene por efecto impedir que éste pueda allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado y, por ello, debe estimarse que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende, que ha concluido. En consecuencia, contra dicha determinación procede el juicio de amparo directo, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tratarse de una resolución que pone fin al proceso penal. Sin que sea obstáculo para lo anterior que la última parte del artículo citado prevea expresamente que: "Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional", y que conforme al artículo décimo transitorio de la propia ley, las referencias que en ésta se hagan respecto del "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión en aquellos órdenes normativos donde aún no haya entrado en vigor el sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. Lo anterior, en virtud de que la disparidad entre los principios y las reglas que rigen en el sistema penal acusatorio y el sistema mixto (actual), así como la naturaleza y los efectos que producen los autos de vinculación a proceso y de formal prisión, impiden que estos dos actos sean equiparados. De ahí que tratándose de asuntos tramitados conforme al sistema penal mixto, sea inaplicable la parte in fine del invocado artículo 170, fracción I y, por ende, que en estos casos, para efectos del juicio de amparo en materia penal, el proceso inicie con el auto de radicación". Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, primer párrafo y 170, fracción I ambos de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito declara carecer legalmente de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, contra el acto reclamado y la autoridad precisados; por consiguiente, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, a fin de que dicho órgano resuelva lo que estime procedente. Lo anterior, deberá realizarse por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este circuito y, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en términos amplios al licenciado Mario Salazar Macías (1711508), cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ana María Vázquez Lujan por no contar con ese requisito; asimismo se tiene como domicilio tal fin el que se señala en su ocurso. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso. ... ..

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