Carlos Rodríguez Marquez

Expediente 837/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
837/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
02/08/2016

Partes del expediente

  • Pedro García Saucedo
  • Carlos Rodríguez Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En dos de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Tejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, concluyó el uno de agosto de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince de julio de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo 837/2016-6. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DOS DE AGOSTODE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación y cuenta que anteceden de las que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de quince de julio de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por CARLOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JORGE ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, PEDRO GARCÍA SAUCEDO Y ALFREDO ULLOA ACUÑA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO; por lo que, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. María del Carmen*

  2. Principal

    En quince de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra doy cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 13047 y copas que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Carlos Rodríguez Márquez, Jorge Alejandro Hernández López, Pedro García Saucedo, Alfredo Ulloa Acuña, por el cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete del mes y año en curso. ince de julio de dos mil dieciséis 13047 En tales condiciones, se provee: Vista la demanda de amparo promovida por CARLOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JORGE ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, PEDRO GARCÍA SAUCEDO, ALFREDO ULLOA ACUÑA, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas y otras autoridades, los que consideran violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a su contenido, se emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la presente demanda, en la que en esencia se reclama la indicación dada de no aplicar el descuento, al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical, derivado de la relación sindical y laboral con entidades del Gobierno del Estado de Zacatecas y su cumplimiento. Lo anterior, por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Los preceptos y fracciones mencionados de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". A fin de tener por actualizada la causal de improcedencia de mérito, cabe destacar como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Que los quejosos laboran en la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad. Que en fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, tuvieron conocimiento del acto reclamado, en razón a que en el talón de pago de nómina, ya no aparecen los descuentos señalados. Aspectos que claramente demuestran que se está en presencia de actos de naturaleza laboral y equiparable a una relación de patrón a trabajador; asimismo, tales actos son considerados como de aquellos que realiza la dependencia (Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad), como patrón. Bajo esa premisa, resulta pertinente traer a colación los artículos 110, fracción VI, 132, fracción XXII, 371, fracción XII y 994, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes: Fracción VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: Fracción XXII. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción VI; Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: Fracción XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a: Fracción III. De 50 a 1500 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII; De los preceptos transcritos, se infiere que los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos; además de que son obligaciones de los patrones realizar las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción VI; ya que los estatutos de los sindicatos deberán contener forma de pago y monto de las cuotas sindicales, imponiéndose multa, por el equivalente de cincuenta a mil quinientas veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII; De lo que se corrobora que las omisiones que refieren los quejosos, -de no aplicar el descuento, al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical-, es una obligación del patrón de realizar las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, de ahí que deriva de la relación laboral; y, por tanto, las señaladas como responsables no tienen ese carácter. En esta tesitura, se tiene que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5° de la propia legislación, toda vez que los quejosos aquí nombrados señalan como autoridades responsables a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas, al Director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, al Director del Instituto de Cultura Física y Deporte y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, todas con residencia en esta ciudad, a quienes se les reclama la indicación dada de no aplicar el descuento, al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical, derivado de la relación sindical y laboral con entidades del Gobierno del Estado de Zacatecas y su cumplimiento. De lo que se evidencia, que en el caso particular, las citadas autoridades responsables no tienen la calidad jurídica a que se refiere el artículo 5° de la Ley de la Materia, para los efectos del juicio de amparo, lo anterior es así, tomando en consideración que conforme al invocado precepto legal, se considera como autoridad la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado, en el caso específico, no se está en ese supuesto, en virtud de que dada la naturaleza de los actos reclamados (la indicación dada de no aplicar el descuento, al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical, derivado de la relación sindical y laboral con entidades del Gobierno del Estado de Zacatecas y su cumplimiento), carecen de la facultad de coercitibidad necesaria para hacer cumplir sus determinaciones, pues dichas autoridades guardan una relación laboral con los hoy quejosos y no se surte entre ellos una relación de supra a subordinación que es lo que caracteriza el acto de autoridad. Ello, porque según se advierte la orden de sujetarse a la indicación dada de no aplicar el descuento, al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical, fue en ejercicio de un actuar laboral/administrativo y esa determinación recae dentro del ámbito del derecho laboral, ya que se encamina a afectar relaciones únicamente dentro de una relación de trabajo; de manera que los actos que reclaman, se surte en un plano de relación de coordinación, entre el trabajador y las citadas autoridades responsables como patrón; situación ésta que no debe reclamarse en esta instancia, ya que la misma se ocupa de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad planteados. En consecuencia, como los actos que se combaten, constituye una situación enmarcada en el ámbito laboral, es de concluir que las responsables a quienes se les imputa, no tienen la calidad jurídica de autoridades para los efectos del amparo, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, por ello, dichos actos reclamados en tanto modificatoria de la situación que imperaba en el desarrollo de una relación de trabajo, debe ser ventilado ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y no por la vía constitucional del juicio de amparo. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 42, que aparece publicada en la página 31, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 2000, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De igual forma, resulta congruente con lo expuesto la tesis que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Se afirma lo anterior, porque los artículos 1°, 2°, 3°, 9° y 146 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, disponen: "ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores". "ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio.II. Tribunal: El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.III. Entidades públicas: los poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal." "ARTÍCULO 3. Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales". "ARTÍCULO 9.- Son trabajadoras y trabajadores de base las y los que tengan las categorías que con esta clasificación se consigne en el catálogo de puestos de cada entidad pública. "Artículo 146. Los conflictos de trabajo de su competencia serán resueltos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje". De una interpretación armónica y sistemática a las disposiciones antes transcritas se colige, que atendiendo a los actos que se reclaman a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas, al Director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, al Director del Instituto de Cultura Física y Deporte y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, todos con sede en esta ciudad; los mismos no actúan como autoridades, sino en su carácter de patrones, como consecuencia del vínculo laboral habido entre los ahora quejosos y aquéllos, caso en el cual se actúa en un plano de igualdad como una relación patrón-trabajador; en el cual se ubican en un nivel de coordinación y no de supra a subordinación, lo que constituye un requisito esencial para la procedencia del juicio constitucional. Por consiguiente, los funcionarios señalados como autoridades responsables, no tienen ese carácter cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos, que tiene su origen una relación jurídica con sus trabajadores; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de garantías, debe acudir ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje competente, para dirimir la controversia aludida, lo anterior en términos del artículo 146 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. En ese tenor de ideas, es aplicable la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Del criterio invocado pueden advertirse los cuatros elementos esenciales para que un acto pueda ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio constitucional, lo que conlleva a deducir que a falta de cualquiera de ellos, no debe ser considerado como tal en virtud de carecer de esos elementos esenciales. Razonar de forma distinta llevaría al extremo de nulificar el área procesal del derecho laboral, la cual es la encargada de regular los diversos procesos que han de incoarse al ocurrir las diversas hipótesis planteadas en las normas laborales. Es decir, que la concepción tradicional de autoridad responsable establecida en el artículo 5° de la Ley de Amparo ha sido objeto de diversas reflexiones por parte del Supremo Tribunal Constitucional del estado Mexicano como se aprecia en supralíneas, así como en la diversa Jurisprudencia, que refiere: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Es importante destacar que el acto del cual se duelen los quejosos emana de la relación de coordinación y no de supra a subordinación, tan es así que el legislador creó órganos competentes para conocer de los conflictos laborales/administrativos suscitados entre instituciones empleadoras y trabajadores de las diversas dependencias, como aquella a la que todavía pertenece la impetrante de amparo, siendo en el caso en particular competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el encargado de dirimir los conflictos de los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública. Orienta lo anterior, en lo que aquí interesa, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE CARRERA POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. CONFORME A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SE SURTE EN FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", determinó que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Entonces, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos relativos a la separación del servidor público de carrera por incumplimiento de sus obligaciones, conforme al artículo 60, fracción IV, de la Ley citada, es evidente que se cuestionan actos laborales, ya que la separación ahí prevista le es atribuible en su carácter de trabajador del Estado (es decir, derivan del incorrecto desempeño de su labor); lo cual se corrobora al considerar que el artículo 77 del Reglamento de la mencionada Ley se refiere al incumplimiento de las obligaciones establecidas en ésta y en los ordenamientos aplicables en materia laboral o en cualquier otro ordenamiento aplicable; y que en el marco del procedimiento de separación, el artículo 81 del indicado Reglamento faculta al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para autorizar o negar la separación que determine el Comité Técnico de Profesionalización, demostrando la naturaleza laboral de este tipo de actos. Consecuentemente, la competencia para conocer de la deman da relativa se surte en favor de los órganos jurisdiccionales especializados en materia laboral." De ahí que se corrobore el nivel en que los quejosos y las autoridades señaladas como responsables se colocan en la relación, determinándose válidamente la no existencia de la posición vertical, sino horizontal al establecerse en el mismo plano, lo que permite dilucidar los conflictos a través de la instancia correspondiente. Motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de garantías que se promueve contra los hechos narrados con antelación es improcedente, toda vez que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en los términos del artículo 103 constitucional y 5º de la Ley de Amparo vigente; lo que significa que la parte quejosa, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de amparo, debe acudir ante la autoridad ya mencionada, a efecto de hacer valer sus derechos laborales. Resulta aplicable al caso, por analogía, la Tesis, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." De lo que se colige que es ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde el quejoso debe hacer valer sus derechos que estime pertinentes contra la institución pública a la que presta sus servicios y no ante esta instancia constitucional. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa del improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedentes es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por CARLOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JORGE ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, PEDRO GARCÍA SAUCEDO, ALFREDO ULLOA ACUÑA, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, interpretado éste en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS PROMOVENTES. Así lo acordó y firma el licenciado Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *María del Carmen*

  3. Principal

    En siete de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el número 12547 y nueve copias y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo que promueven CARLOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JORGE ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, PEDRO GARCÍA SAUCEDO, ALFREDO ULLOA ACUÑA, contra actos del Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1,14 y 16 constitucionales; en esas condiciones, fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 837/2016-6; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: El artículo 114, fracción V, en relación con el numeral 108, fracciones IV, de la Ley de Amparo vigente, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (. ) V. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. (.)." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; De la lectura integral de la demanda se advierte que los actos que reclama la parte quejosa se hacen consistir en la indicación que diera de no aplicar el descuento, al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical en su perjuicio, derivado de la relación Sindical y Laboral con entidades del Gobierno del Estado de Zacatecas, y como miembros de la agrupación, por la violación a sus garantías económicas, sociales, culturales, políticas y de libre asociación y su cumplimiento. En atención a lo anterior, con apoyo en el preceptos 114, fracción V y 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se determina requerir a los promoventes para que dentro del término de CINCO DIAS contados a partir de la legal notificación de este proveído, además de exhibir copias suficientes para cada una de las partes de su escrito aclaratorio cumplan con lo siguiente: 1. Aclaren a qué se debe esa orden, es decir la indicación de no aplicar el descuento al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical en su perjuicio; y, 2. Manifiesten la fecha en que tuvieron conocimiento del acto que reclaman. Se apercibe legalmente a los promoventes que de no dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en la forma y términos apuntados, se tendrá por no interpuesta la demanda de garantías. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pedro Ruiz González número 146, colonia Centro en esta en esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS PROMOVENTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE. *María del Carmen*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS EL AUTO DE SIETE DE JULIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "En siete de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con el número 12547 y nueve copias y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo que promueven CARLOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JORGE ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, PEDRO GARCÍA SAUCEDO, ALFREDO ULLOA ACUÑA, contra actos del Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1,14 y 16 constitucionales; en esas condiciones, fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 837/2016-6; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: El artículo 114, fracción V, en relación con el numeral 108, fracciones IV, de la Ley de Amparo vigente, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (. ) V. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. (.)." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; De la lectura integral de la demanda se advierte que los actos que reclama la parte quejosa se hacen consistir en la indicación que diera de no aplicar el descuento, al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical en su perjuicio, derivado de la relación Sindical y Laboral con entidades del Gobierno del Estado de Zacatecas, y como miembros de la agrupación, por la violación a sus garantías económicas, sociales, culturales, políticas y de libre asociación y su cumplimiento. En atención a lo anterior, con apoyo en el preceptos 114, fracción V y 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se determina requerir a los promoventes para que dentro del término de CINCO DIAS contados a partir de la legal notificación de este proveído, además de exhibir copias suficientes para cada una de las partes de su escrito aclaratorio cumplan con lo siguiente: 1. Aclaren a qué se debe esa orden, es decir la indicación de no aplicar el descuento al rubro, cuota sindical y el de seguro sindical en su perjuicio; y, 2. Manifiesten la fecha en que tuvieron conocimiento del acto que reclaman. Se apercibe legalmente a los promoventes que de no dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en la forma y términos apuntados, se tendrá por no interpuesta la demanda de garantías. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pedro Ruiz González número 146, colonia Centro en esta en esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS PROMOVENTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE. *María del Carmen*

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