Carlos Saldaña Aguilar
Expediente 184/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Saldaña Aguilar
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio 12732/2022 suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, mediante el cual solicita el acuse de recibo del oficio por el cual remitió el juicio de amparo 422/2022 de su índice, al haber declinado competencia a este órgano jurisdiccional, además solicita se le informe si se avocó o no al conocimiento de dicho asunto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales. Como lo pide la autoridad oficiante, por oficio vía interconexión, acúsese recibo del citado oficio y de la recepción del mencionado juicio de amparo, y dígasele que mediante auto de seis de abril del presente año, este juzgado aceptó la competencia de amparo y en ese mismo auto desechó la demanda promovida por Carlos Saldaña Aguilar, auto que causo estado el veintiuno de abril siguiente y se ordenó su archivo definitivo.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Saldaña Aguilar; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificados los quejosos del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta y anexos, suscrito por el Actuario Adscrito al Juzgado del Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en la Ciudad de Hermosillo, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo número 422/2022, promovido por Carlos Saldaña Aguilar, de cuyo contenido se advierte que dicho juzgado, por los motivos y fundamentos expuesto declaró que carece de competencia para conocer del juicio de amparo citado. Con fundamento en el artículo 48 y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia declinada. Acúsese recibo. En consecuencia, fórmese expediente tanto impreso y regístrese bajo el número 184/2022-4A. Ahora, vista la demanda de amparo, promovida vía electrónica por Carlos Saldaña Aguilar, contra el acto que les reclaman a las siguientes autoridades Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal de Hermosillo, Sonora y otras autoridades, constante de cinco fojas por dos lados, en la cual en la quinta foja se advierte que aparece sin firma con el nombre del promovente, y al adverso de esa página contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica vigente y del código de seguridad pero de diversa persona -Casto Saldaña Aguilar-. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica: El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, sólo la parte (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En los citados preceptos, se regula la legitimación para promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante o apoderado legal en términos de los diversos 10 y 11 de la Ley de Amparo. La firma electrónica (FIREL), por su parte, es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Luego entonces, el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada", salvo cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la propia Ley de Amparo. Esto es, la demanda de amparo que se presente través de la modalidad de "juicio en línea", debe ineludiblemente ser firmada electrónicamente por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, excepción hecha en los aludidos casos. Sin embargo, en el escrito de cuenta, presentado a través del Portal de Servicios en Línea, no obra la firma electrónica de Carlos Saldaña Aguilar, quien aparentemente promueve la demanda por propio derecho, por lo que no existe certeza de que haya sido su voluntad accionar la instancia constitucional; y no es el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, pues al no contener su firma electrónica, única exigible cuando la demanda de amparo se presenta través de la modalidad de "juicio en línea", no queda de manifiesto su voluntad de promover, es decir, no hay instancia de parte. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". Cierto, fue firmada electrónicamente por Casto Saldaña Aguilar, firma como si fuera el promoverte Carlos Saldaña Aguilar; sin embargo, es evidente que podría tratarse de una persona distinta a la que viene promoviendo, y esto no revela la voluntad de quien aparece como promovente. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P./J. 32/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como se adelantó, no se advierte expresada la voluntad de quien aparece como promovente para darle trámite a la demanda, es decir, no hay instancia de parte respecto de quien se dice promueve en nombre propio, y no se ubica en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Por otra parte, del escrito de demanda se deduce que el quejoso Carlos Saldaña Aguilar, solicito la autorización para la consulta del expediente electrónico (principal e incidente), notificaciones electrónica y promoción de cualquier escrito, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, señalando para tales efectos a los usuarios DavidPadilla, Cvillarreal y KarenVelardeV. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede a los usuarios "DavidPadilla, Cvillarreal y KarenVelardeV", permiso para acceder y consultar y se le realicen notificaciones en el presente juicio por la vía electrónica. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Roberto Salvador Illanes Olivares, Adrián Benítez Gutiérrez, David Antonio Padilla Márquez, Genaro David Zúñiga Torres, Eva Mariana Gutiérrez Quintero y Karen Nohemy Velarde Villarreal; y en términos restringidos Pamela Abigail Puga Peña, Fernanda Nicolle Vázquez Palencia y a José Villarreal González, en atención a lo peticionado por el promovente en la demanda de amparo. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de la promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por otra parte, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020.
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