Carlos Riveiro Piñeiro

Expediente 439/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
439/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Carlos Riveiro Piñeiro
  • Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el oficio 11263 de cuenta que suscribe la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que aceptó la competencia declinada por este juzgado del presente juicio de amparo 439/2018, y formó el número 490/2018-7A de su índice; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; dado que Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia planteada en el juicio de amparo número 490-2018-7A; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un cuaderno de antecedentes con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda la copia del oficio 3210/2018 suscrito por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial, mediante el cual remite constancias certificadas de la causa penal 700/2016 documentales que justifican su informe y el original junto con las aludidas copias, del expediente remítanse al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa.

  2. Principal

    Visto el oficio número 3186/2018, signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, mediante el cual en alcance a su oficio número 3050/2018 recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de agosto de la presente anualidad, remite copias certificadas de la causa penal 699/2016 documentales que justifican su informe; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia se tienen por recibidas en este acto las documentales que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Dado lo voluminoso de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, para su mejor manejo y estudio, fórmese por separado tomo uno, respetando sello, folio y rúbrica de la autoridad remitente, por lo que se deberá continuar actuando en el presente expediente. Ahora del estado que guardan los presentes autos, precisamente del informe rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, y de las constancias que remite de la causa penal 699/2016, con las que se da cuenta se advierte, que el diez de noviembre de dos mil diecisiete, había librado orden de aprehensión contra el quejoso Carlos Riveiro Piñeiro y otros, por el delito de fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 334 del Código Penal del Estado de Sinaloa, en perjuicio de la Procuración y Administración de Justicia; y por consiguiente en detrimento patrimonial de una tercera persona que lo es la pasivo Gladys Vianey Salas Vega, parte actora del juicio laboral número J.E. No. 02-03-212/2011, y la diversa actora Diana Patricia Cota Luna, en el diverso juicio laboral número J.E.N.2-12-780/2010 en las causas penales 699/2016 y 700/2016, las cuales en cumplimiento al amparo 667/2017 y su acumulado 678/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el nueve de agosto del año en curso la dejó sin efecto, y esa misma fecha volvió a librar orden de aprehensión; lo cual pone de manifiesto que el solicitante del amparo Carlos Riveiro Piñeiro, promovió diversa demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a saber 677/2017, y su acumulado 678/2017, en la que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia a Riveiro Piñeiro el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, según constancias que obran a fojas 715 a 726 de las documentales con que se da cuenta, y el tres de agosto en curso, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del amparo (fojas 754), dando cumplimiento la autoridad responsable el nueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 756 a 773). Asimismo de dichas constancias se observa que el dieciséis de abril de dos mil dieciocho el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Rubén Jaime de Diego Miguel contra el auto de formal prisión dictado el quince de marzo de dos mil dieciocho por el delito de Fraude Procesal, en las causas penales 699/2016 y 700/2016 por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, la cual registro con el número 203/2018 (fojas 651 a la 669). En el presente juicio el quejoso Carlos Riveiro Piñeiro, promueve su demanda de garantías contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome y otras autoridades, y lo hace consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. La citada demanda de amparo se admitió a trámite catorce de agosto de dos mil diecisiete, se solicitaron los informes La autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, al rendir su informe justificado admite la existencia del acto reclamado e informa que el diez de noviembre de dos mil diecisiete, había librado orden de aprehensión contra el quejoso Carlos Riveiro Piñeiro, por el delito de fraude procesal, previsto y sancionado en el artículo 334 del Código Penal del Estado de Sinaloa, en perjuicio de la Procuración y Administración de Justicia, en la causa penal 699/2016, la cual en cumplimiento al amparo 667/2017 y su acumulado 678/2017 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el nueve de agosto del año en curso la dejó sin efecto, y esa misma fecha volvió a librar orden de aprehensión. En ese sentido, se concluye que este órgano de control constitucional no es competente para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo 439/2018, promovido por el quejoso Carlos Riveiro Piñeiro, al actualizarse la figura de conocimiento previo de un asunto relacionado o estrechamente vinculado y respecto del cumplimiento de una ejecutoria. Apoya lo anterior, lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión extraordinaria de veintidós de abril de dos mil quince, que abrogó el Acuerdo General 14/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar, publicado el catorce de marzo siguiente, en el Diario Oficial de la Federación; específicamente en los artículos 45, fracción II y 46, fracciones IV, V y VIII, últimos párrafos, los cuales, en la parte que interesa refieren: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: (.) II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél.". "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.). IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; (.). VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano.". De la normativa transcrita, en lo que interesa, se desprende que en cuanto a los criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, en los siguientes casos: Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; y, Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó. Ciertamente, en cuanto a la hipótesis de la fracción IV, del nombrado artículo 46, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar, consistente en: IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; El mencionado supuesto cobra vigencia en la especie, toda vez que el último antecedente del asunto, es el juicio de amparo número 203/2018-2A del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, quien el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, admitió la demanda firmada por Rubén Jaime De Diego Miguel en la que reclamó el auto de formal prisión dictado el quince de marzo de dos mil dieciocho por el delito de Fraude Procesal, en las causas penales 699/2016 y 700/2016 por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en la que el cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección de la justicia e incluso admitió el recurso de revisión hecho valer por el Agente del Ministerio Público del Fuero común adscrito al Juzgado Primero del Ramo Penal, el veintisiete de julio del año en curso (fojas 733 a la 742 y 477 tomo de documentales). Además de que también se surte el supuesto de que se promovió la demanda por el quejoso en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, pues el acto reclamado es la orden de aprehensión y su ejecución y al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, y precisamente al rendir el informe justificado dicha autoridad admite que el diez de noviembre de dos mil diecisiete en las causas penales 699/2016 y 700/2017, libro orden de aprehensión contra el quejoso Carlos Riveiro Piñeiro, por el delito de Fraude procesal, previsto en el artículo 334 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, en perjuicio de la Administración de Justicia, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 667/2017 y su acumulado 678/2017, promovido por el quejoso Carlos Riveiro Piñeiro, ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, la dejó sin efecto el nueve de agosto de dos mil dieciocho y esa misma fecha la libro nuevamente en contra del quejoso Carlos Riveiro Piñeiro, y precisamente en contra de dicha orden de aprehensión es contra la cual promueve el presente amparo el quejoso, que son las resoluciones de nueve de agosto de dos mil dieciocho emitidas en dichas causas penales. Bajo esa línea de pensamiento, es claro que, el último antecedente del presente asunto que se atiende, es precisamente el juicio de amparo número 203/2018-2A, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, y además de que se promueve la demanda respecto del cumplimiento de una ejecutoria, de los juicios de amparo 667/2017 y su acumulado 678/2017, conforme se ha detallado. Por lo anterior, este juzgador considera que existe el conocimiento previo respecto del juicio de amparo 439/2018, promovido por el quejoso Carlos Riveiro Piñeiro, y respecto al cumplimiento de una ejecutoria; consecuentemente, se estima quien resuelve no es competente para conocer del presente asunto. Al respecto debe precisarse que el similar sentido se pronunció el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos, Magistrado José Manuel Villeda Ayala, al dar respuesta a la consulta de turno formulada por ésta Juzgado Federal con motivo del amparo número 277/2018 del índice de este Juzgado Federal y el diverso juicio de amparo número 410/2018 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, consulta que fue resuelta el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio SECNO/2775/2018. Bajo esa tesitura, remítase el expediente 439/2018, y su anexo al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en la Ciudad, solicitándole atentamente tenga a bien acusar el recibo de estilo y comunicar la resolución que emita al respecto. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por el Comandante de Policía de Investigación del Estado, Zona Norte, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. De conformidad con el numeral 117 de la ley de la materia se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la citada autoridad. Dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado admite la existencia del acto que se le reclama; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridad responsable citada, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este juzgado copia certificada de las constancias relativas a los expedientes 699/2016 y 700/2016, ambos instruidos al quejoso Carlos Riveiro Piñeiro; con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108 del Tomo V del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del siguiente rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.".

  4. Incidental

    se concede la suspensión definitiva solicitada por Carlos Rivero Piñeiro

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