Carlos Rubén Macías Palma

Expediente 389/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
389/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos Rubén Macías Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder la protección constitucional a la parte quejosa, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;" Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes, no es necesario requerirlas para que los recojan. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Superior jerárquico cumple requerimiento. La representación del Ayuntamiento del Municipio de Huejotzingo [superior jerárquico de la autoridad responsable], en atención al auto del treinta de mayo de dos mil veintitrés, acredita el requerimiento realizado a la autoridad responsable respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, se deja sin efecto decretada en el auto al que da contestación. Vista con cumplimiento. Por otra parte, la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto remite copia certificada de la contestación de solicitud del catorce de junio de dos mil veintitrés, y su constancia de notificación a la parte quejosa del quince de junio siguiente. *** En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Finalmente, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Se recibe separación de juicios. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 209/2022-IX, de su índice, remite separación de juicios respecto del quejoso Juan Simón Saavedra Jiménez y otros, por cuanto hace a las autoridades responsables y actos reclamados señalados en la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo. Radicación de las demandas. Vistas las demandas de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con los números de juicio de amparo 500/2022, 485/2022, 486/2022, 487/2022, 488/2022, 489/2022, 490/2022, 491/2022, 492/2022, 493/2022, 494/2022, 495/2022, 496/2022, 497/2022, 498/2022, 499/2022, 500/2022, 501/2022, 502/2022, 503/2022 y 504/2022. Acumulación oficiosa. Vista la litis constitucional de los amparos promovidos por Juan Simón Saavedra Jiménez y otros, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado y otras, se advierte que de manera coincidente señalaron como actos reclamados la Ley de Ingresos del Municipio de Ajalpan para el ejercicio fiscal 2022. De lo antes precisado se desprende que los quejosos señalaron, en esencia, los mismos actos reclamados y las mismas autoridades responsables; por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se apertura el incidente de acumulación, el cual se resuelve de plano atendiendo a las siguientes consideraciones: Al respecto, debe precisarse que los efectos que produce la acumulación son puramente procesales, en virtud de que no modifica los derechos sustantivos de las partes, pues este procedimiento tiene características netamente formales, al ser instaurado con la finalidad de lograr la economía de los juicios y evitar sentencias contradictorias, sin que tal procedimiento abarque intrínsecamente las cuestiones debatidas en las controversias. Y, aun cuando es cierto que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa que regule la acumulación, resulta jurídicamente posible aplicar el contenido del artículo 66 de la citada legislación para tal fin. Es aplicable al caso la Jurisprudencia P.J./ 24/2015 (10a.) con número de registro 2009910, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, de septiembre de dos mil quince, Materia Común, Décima Época, que establece: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal.". En el presente caso, los juicios sobre los cuales se plantea la acumulación fueron promovidos por Juan Simón Saavedra Jiménez y otros, respecto de los mismos actos reclamados y emitidos por idénticas autoridades responsables, es decir, relacionados entre sí. Por lo que, aun cuando los vicios sean distintos para cada quejoso, lo cierto es que la acumulación busca evitar sentencias contradictorias, lo que pudiera ocurrir al tramitarse diversos juicios. Consecuentemente, se decreta de oficio la acumulación de los juicios de amparo 485/2022, 486/2022. 487/2022, 488/2022, 489/2022, 490/2022, 491/2022, 492/2022, 493/2022, 494/2022, 495/2022, 496/2022, 497/2022, 498/2022, 499/2022, 500/2022, 501/2022, 502/2022, 503/2022 y 504/2022 al diverso amparo 484/2022, por tratarse del más antiguo; lo anterior a fin de que por economía procesal, se haga pronta y expedita la impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 51/2004 que resolvió la Contradicción de Tesis 5/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, agosto de 2004, novena época, de rubro siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva.". Prevención. El artículo 108, fracción I y V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación (.)". Primer requerimiento. En el proemio de la demanda de amparo, así como en el apartado "Nombre y domicilio de quejoso" se aprecia el nombre de las quejosas Altagracia Calihua Ginez, y Brigida Calihua Gines; no obstante en el apartado de la firma que calza la demanda de amparo se advierten los nombres "Altagracia Calihua Jiménez" y "Brigida Calihua Jiménez". En ese mismo sentido, tanto en el proemio de la demanda de amparo, como en el apartado "Nombre y domicilio de quejoso" y la firma que calza la demanda de amparo se aprecia el nombre de la quejosa Irma Castillo Castro; sin embargo, de las documentales adjuntas a la demanda de amparo se advierte el nombre de Irma Castillo Cacho. Circunstancias que generan incertidumbre respecto del nombre correcto de las referidas quejosas y que son motivo de prevención. Segundo requerimiento. El artículo 108, fracción V, de la ley de la materia establece que es obligación de la parte quejosa referirse con exactitud en torno a los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, pues ello resulta de importancia a fin de estar en condiciones de fijar correctamente la Litis constitucional. Sirve de apoyo, por su idea jurídica, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXII, con el registro ante el Semanario Judicial de la Federación número 280015, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO OSCURA O IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es oscura o imprecisa, debe mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima oscuras, de acuerdo con lo mandado por los artículos 70 y 72 de la ley reglamentaria.". Al respecto, la parte quejosa señaló en su demanda de amparo lo siguiente: ".no se está reconociendo por parte de la autoridad municipal, ni por el congreso del estado, nuestro carácter de pueblo indígena. (.) .nos genera una incertidumbre respecto a la fijación del gravamen, pues vulneraría la economía de los suscritos que en su mayoría es indígena.". En atención a lo anterior, se advierten características que permiten estimar que a la parte quejosa le asiste la calidad de personas indígenas, por lo cual cuentan con el umbral de protección de derechos humanos previsto en el artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, que dispone que "en todos los juicios y procedimientos en que sean parte -personas indígenas-, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución". Este reconocimiento es muy relevante por varias razones. En primer lugar, debido a que normalmente cuando se habla de intérpretes se alude únicamente a personas que hablan la lengua, cuando en realidad también se alude a defensores culturalmente adecuados, es decir, que conocen la cosmovisión y cultura de las personas indígenas. En segundo lugar, porque contar con un intérprete y un defensor es un derecho no sólo de los procesados penales sino de todo indígena que participe en un juicio ante la jurisdicción del Estado, pues hablar en su lengua propia es un derecho de todo indígena que participe, en cualquier carácter, en un juicio ante los juzgados y tribunales de la República Mexicana, el cual no es un derecho exclusivo de indígenas monolingües, sino que es derecho de todo indígena, independientemente de su grado de comprensión del castellano. El derecho de los indígenas a contar con un intérprete o traductor para que puedan comprender y hacerse comprender dentro del proceso también está consagrado en el artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios del Tribunal Constitucional del País: "PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. No puede afirmarse que la previsión constitucional que obliga a tener en cuenta las costumbres y especificidades culturales de las personas indígenas en los juicios y procedimientos de que sean parte solamente resulta aplicable a quienes hablan una lengua indígena y además de ello no entienden ni hablan español. Por el contrario, la persona indígena cuyos derechos tutela la Constitución Federal es paradigmáticamente la persona multilingüe, que tiene derecho a obtener del Estado tanto el apoyo necesario para poder vivir plenamente en su lengua materna como el necesario para acceder a una comunidad política más amplia mediante el conocimiento del español. Definir lo "indígena" a partir del criterio de la competencia monolingüe en lengua indígena sería incompatible con la garantía de derechos constitucionales como el de recibir una educación adecuada o gozar de lo esencial para incorporarse igualitariamente al sistema productivo. Tan incompatibles con la Constitución son las políticas asimilacionistas tradicionales, que perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían el derecho de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente y convertían la condición de hablante de lengua indígena en un locus permanente de discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que condicionara el mantenimiento de la condición de ser o sentirse persona indígena al hecho de no conocer el español. A nivel individual, ello implicaría condenar a las personas indígenas a la desventaja que la totalidad de las previsiones del artículo 2o. constitucional está centralmente destinada a erradicar, mientras que a nivel colectivo, dejaría sin ámbito de aplicación a todas las disposiciones que se refieren a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües) y convertiría el artículo 2o. en un mero ejercicio expresivo, sin potencial jurídico transformativo real.". "PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EXIGENCIAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA PENAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL. Para otorgar eficacia al derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado en el que sean consideradas las costumbres y especificidades culturales de las personas indígenas, en el ámbito del proceso penal, se debe determinar cuatro cuestiones: i. Verificar la existencia y vigencia de la costumbre en los términos alegados por la persona imputada; esto es, si la conducta de que se trata se refiere a una práctica de la comunidad de la que proviene la persona inculpada. Para ello, las autoridades judiciales pueden allegarse periciales antropológicas u otros medios de prueba lícitos, como actas de la comunidad o consejos de ancianos; ii. Considerar las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho y el contexto cultural en que éste se desarrolla y ocurre la conducta, esto es: a) tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural al momento de interpretar los derechos que les asisten; b) garantizar la presencia de un defensor y de un intérprete de la lengua y de la cultura indígena a la que pertenece la persona, pueblo o la comunidad en cuestión, y c) facilitar la defensa adecuada y promover la participación de la persona, pueblo o comunidad indígena dotándole de información, en su lengua y de conformidad con su cultura, sobre el estado del proceso judicial en que intervienen; iii. Determinar si la costumbre documentada, resulta válida; es decir, no contraviene las prohibiciones absolutas en materia de derechos humanos, ni ocasiona una restricción ilegítima que no pueda justificarse como necesaria en una sociedad multicultural, y iv. Precisar qué papel tiene la costumbre en el proceso judicial. Así, en el proceso penal, se debe determinar en qué elemento del delito debe ponderarse la costumbre o especificidad indígena, esto es, decidir si constituye una excluyente de responsabilidad, un atenuante o si debe evaluarse para efectos del establecimiento de la pena." "ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. FORMA DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO RELATIVO TRATÁNDOSE DE PERSONAS INDÍGENAS. En las sentencias de los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú", la Corte lnteramericana de Derechos Humanos sostuvo que el Estado Mexicano incumplió con su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en términos de los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1, numeral 1, del mismo instrumento, toda vez que en ambos casos las autoridades estatales fueron omisas en tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas referidas, basadas en su idioma y etnicidad. En ese contexto, en aras de garantizar el referido derecho humano tratándose de personas indígenas, resulta indispensable que el Estado Mexicano les asegure la provisión de un intérprete y les brinde apoyo en consideración a sus circunstancias de especial vulnerabilidad. En efecto, el estándar para analizar si existió acceso pleno a la jurisdicción del Estado, tratándose de personas indígenas vinculadas a un proceso, no es igual al que es aplicable en cualquier proceso judicial, en virtud de que sus especificidades culturales obligan a todas las autoridades a implementar y conducir procesos susceptibles de tutelar sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza al contenido de la interpretación. En ese sentido, conforme al parámetro de la regularidad constitucional, el Estado Mexicano debe garantizar el derecho fundamental de las personas indígenas a contar con un acceso pleno a la tutela jurisdiccional, para lo cual debe implementar y conducir procesos sensibles a tales particularidades en los que, desde luego, se consideren sus costumbres y especificidades culturales, así como que en todo tiempo sean asistidos por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura.". En consecuencia, en términos del artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tomarse en consideración que las figuras del intérprete con conocimiento de una determinada lengua y cultura, así como del defensor, constituyen parte del derecho fundamental a la defensa adecuada de las personas indígenas, que el Poder Reformador plasmó para tutelar sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza al contenido de la interpretación. Así, el defensor junto con el intérprete con conocimientos de su lengua y cultura son quienes acercan al órgano jurisdiccional con la especificidad cultural del indígena; de ahí que deben señalarse las modalidades para ejercer dicho derecho fundamental. En cuanto a la asistencia del intérprete se permite rechazarla pero únicamente cuando el interesado tenga un desenvolvimiento aceptable sobre el entendimiento en idioma español del procedimiento al que está sujeto y sus consecuencias. Ahora, por lo que hace a la designación de abogado defensor, éste es irrenunciable y podrá ser prestada por instituciones oficiales o a cargo de particulares a elección del interesado. Esta figura puede reunir, además, la calidad constitucional de que conozca la lengua y cultura del interesado mas no es un requisito de validez del proceso, ya que también a elección de éste puede ser prescindible esta última calidad. No obstante lo anterior, en los casos en que el ejercicio del derecho de defensa sea ejercido por defensor particular que desconozca la lengua y cultura del interesado, la figura del intérprete que sí conoce ambos es insustituible, pues a través de ella se garantiza el pleno conocimiento del interesado sobre la naturaleza y las consecuencias del procedimiento; los derechos que le asisten y la comunicación efectiva con su defensor, entre otros. Precisado lo anterior, es procedente requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste, bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación: Aclare el nombre correcto de las quejosas Altagracia Calihua Ginez y/o Altagracia Calihua Jiménez; Brigida Calihua Gines y/o Brigida Calihua Jiménez, e Irma Castillo Castro y/o Irma Castillo Cacho. Precise si hablan alguna lengua distinta al español, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de designar un intérprete con conocimientos de su lengua, para que los asista en el juicio de amparo; y, Manifieste si sus autorizados conocen su lengua y cultura, pues de ello dependerá si la figura del interprete es insustituible o no. Fundamenta lo anterior, el siguiente criterio de la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro y texto siguientes: "PERSONAS INDÍGENAS. MODALIDADES PARA EJERCER EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA ADECUADA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Las figuras del intérprete con conocimiento de una determinada lengua y cultura, así como del defensor, constituyen parte del derecho fundamental a la defensa adecuada de las personas indígenas, en términos del artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Poder Reformador plasmó para tutelar sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza al contenido de la interpretación. Así, el defensor junto con el intérprete con conocimientos de su lengua y cultura son quienes acercan al órgano jurisdiccional con la especificidad cultural del indígena; de ahí que deben señalarse las modalidades para ejercer dicho derecho fundamental. En cuanto al intérprete: 1) La asistencia por intérprete es disponible, pero únicamente por el imputado, lo que le permitiría rechazarla; sin embargo, sólo sería aceptable el rechazo cuando la autoridad ministerial o judicial advierta que el imputado, evidentemente, tiene un desenvolvimiento aceptable sobre el entendimiento en idioma español del procedimiento al que está sujeto y sus consecuencias. La autoridad que conozca del caso deberá asentar constancia de ello en la que tenga intervención un perito intérprete que conozca la lengua y cultura del imputado, que sirva para corroborar su voluntad y lo innecesario de su intervención, apercibido de las consecuencias legales aplicables por la probable generación de un estado de indefensión en contra de aquél. 2) En caso de que no exista renuncia al intérprete, la autoridad ministerial o judicial que conozca del caso deberá constatar que el intérprete efectivamente conoce la lengua y cultura del imputado. Podrá tratarse de un intérprete práctico respaldado por la comunidad indígena o certificado por las instituciones correspondientes; o bien, mediante el uso de tecnologías, se podría implementar la asistencia de intérprete por medio de videoconferencia. En cuanto al defensor: 1) La asistencia por abogado defensor es irrenunciable y podrá ser prestada por instituciones oficiales o a cargo de particulares, a elección del imputado. Esta figura puede reunir, además, la calidad constitucional de que conozca la lengua y cultura del imputado, mas no es un requisito de validez del proceso, ya que también a elección de éste puede ser prescindible esta última calidad. En caso de que el defensor sí cuente con dichos conocimientos, deberá exhibir la constancia que lo avale, cuya autoridad competente para expedir dicha certificación puede ser la Defensoría Pública Federal o estatal, o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 2) En los casos en que el ejercicio del derecho de defensa sea ejercido por defensor oficial o particular que desconozca la lengua y cultura del imputado, la figura del intérprete que sí conoce ambos es insustituible, pues a través de ella se garantiza el pleno conocimiento del imputado sobre la naturaleza y las consecuencias de la acusación; los derechos que le asisten y la comunicación efectiva con su defensor, entre otros.". Se precisa que la manifestación bajo protesta de decir verdad es personalísima, dado que es un requisito formal que debe ser realizado en términos de la fracción V, del artículo 108, de la Ley de Amparo, por quien promueve la demanda, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa no pueden desahogar la prevención relativa a ese requisito. Sirve de fundamento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Apercibimientos. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con los requerimientos antes precisados, se podrán suscitar las siguientes consecuencias: A. En caso de no dar cumplimiento al punto 1 que antecede, esto es, que las quejosas no aclaren sus nombres, se les tendrá como tal el asentado en la firma de la demanda de amparo. B. Para el caso de que no observe el requerimiento inserto en el punto 2, es decir, que no manifieste si hablan alguna lengua distinta del español, entonces se presumirá que hablan y entienden correctamente el idioma español, por lo que se acordará lo conducente sin la designación de un intérprete. Lo anterior, sin perjuicio de que durante el trámite del presente juicio los quejosos manifiesten lo contrario, caso en el cual se proveerá lo conducente respecto a la correspondiente designación de un intérprete. C. En caso de no dar cumplimiento al punto 3 que antecede, se designará a los quejosos un representante especial para garantizar su acceso pleno a la justicia constitucional. Representante Común. Por otro lado, toda vez que en el escrito de demanda no se señaló representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se señala a Juan Simón Saavedra Jiménez para que funja como representante común de la parte quejosa, sin desdoro de que posteriormente pueda ser sustituido por los promoventes. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que señala, toda vez que no se encuentran debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.". Exhorto para mejorar comunicación. En otro tema, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, se le exhorta a fin de que proporcione una dirección de correo electrónico o un número telefónico. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las diez horas con diez minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto número 389/2023-VII; ................ 33. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, VII. RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., por el acto y autoridad precisado en el considerando III de esta sentencia, por los razonamientos y efectos vertidos en los diversos V y VI. Notifíquese.

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