Carlos Romero Muñoz
Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/06/2021
Partes del expediente
- Carlos Romero Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Causa estado el acuerdo en que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Remite constancias Agréguese a los autos el oficio y anexo de la Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el diverso comunicado del Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, por el cual remite copia certificada del acuse del oficio ... en el que remitió los autos originales del expediente laboral ... al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, dado que el once de mayo del presente año, se acordó el mismo y el doce siguiente se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Cúmplase.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada la demanda. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en auto del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara las irregularidades de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refieren los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Carlos Romero Muñoz. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Consideración adicional. Asimismo, tan sólo a título de a mayor abundamiento, cabe destacar que aun cuando el quejoso hubiere desahogado la prevención que se le formuló -lo cual no ocurrió-, de todas formas no sería procedente admitir su demanda de amparo, en virtud de que se actualiza de forma notoria y manifiesta una causa de improcedencia que conduciría a su desechamiento. Para justificar lo anterior, es importante apuntar que el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, se aprecia que el quejoso esencialmente reclama el proveído del seis de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral D-2/436/2020, en el que la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla determinó carecer de competencia para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Tribunal de Arbitraje del Estado a fin de que se avocara a su conocimiento. Así, respecto a dicho acto, oficiosamente se advierte que se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y clara la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]." Al respecto, la fracción XXIII del artículo 61 debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución, lo que de suyo implica que las 22 primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la ley de la materia. Por su parte, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión de 28 de mayo de 2015, interpretó el aludido artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo y concluyó que: A. Los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. B. De esta manera, precisó que la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Derivado de lo anterior, se emitió la jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En consecuencia, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, si no son definitivos. En ese sentido, en el caso en concreto la causa de improcedencia se actualiza por lo siguiente. Se recuerda que la parte quejosa reclama el proveído del seis de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral D-2/436/2020, en el que la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla determinó carecer de competencia para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Tribunal de Arbitraje del Estado a fin de que se avocara a su conocimiento. En ese sentido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral D-2/436/2020, no es definitivo conforme a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que al momento en que se presentó la demanda de amparo -trece de abril de dos mil veintiuno- la autoridad a quien se declinó la competencia por declinatoria (Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla), no la había aceptado. Se hace tal afirmación, dado que por auto del once de mayo del presente año se tuvo al Presidente de la junta responsable exhibiendo copia certificada del oficio ST/JLCA.JTA2/964/2021, del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual le remitió al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla el juicio laboral de origen, en virtud de haber declinado competencia a su favor. Asimismo, se advierte que el oficio en cuestión fue recepcionado por el Tribunal de Arbitraje el seis de mayo del presente año, según se desprende del sello respectivo, por lo que si la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla el trece de abril de dos mil veintiuno, es evidente que al momento en que se promovió el presente medio de control constitucional el referido Tribunal no había aceptado la competencia que se declinó a su favor, pues ni siquiera se le había remitido el expediente laboral, e incluso, ante la falta de desahogo de la prevención que se formuló al justiciable se desconoce si actualmente aceptó o no la competencia, En consecuencia, se considera que el acuerdo reclamado no es una resolución definitiva, dado que está supeditado a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia -a saber, la el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla-, por lo que, en su caso, sería la determinación de éste último la que causaría el agravio y pudiera ser impugnada a través del juicio biinstancial. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que en caso de que el justiciable hubiere desahogado la prevención que se le formuló -lo cual no sucedió-, lo procedente sería DESECHAR la demanda de amparo promovida por *** Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
IV. RESUELVE: PRIMERO. Resulta procedente el incidente de liquidación planteado por ****. SEGUNDO. Se regula la planilla de liquidación de sentencia, para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en favor del quejoso ***por las cantidades precisadas en el punto III de esta resolución incidental. TERCERO. Una vez que cause ejecutoria la presente interlocutoria, procédase a requerir a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia, por cuanto hace al monto que se liquida. Notifíquese, personalmente al quejoso, y la autoridad responsable en la cuenta de correo siguiente: Autoridad(es) foránea(s) Correo(s) Presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla. jose_portilla4@hotmail.com antesdelcomienzo@hotmail.com
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