Carlos Romero Gallegos

Expediente 215/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
215/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2016

Partes del expediente

  • Carlos Romero Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio 2305 del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde acusa recibo del juicio de amparo 215/2016, promovido por CARLOS ROMERO GALLEGOS; asimismo, hace del conocimiento que aceptó la competencia declinada para conocer del asunto, el cual registró como juicio de amparo indirecto 204/2016. Ahora, visto el estado de autos, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo de CARLOS ROMERO GALLEGOS, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Titular de este Juzgado y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, es menester que este tribunal se pronuncie acerca de su competencia para conocer de dicha demanda. .Conforme a las reglas de competencia establecidas en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, será competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse el acto reclamado. Bajo ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, se advierte presuntivamente que el acto reclamado será ejecutado en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, lugar que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. Sin embargo, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, en razón de que fue señalado como autoridad responsable. Así las cosas, ante la notoria incompetencia legal de este tribunal, para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en razón de haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora; con apoyo en las reglas de competencia que prevén los artículos 38 y 48 párrafos primero y quinto, de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional declara carecer de competencia legal para conocer de la promoción constitucional en cuestión, la que se declina al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a quien desde luego deberá remitirse el original y las veinte copias de la demanda de amparo de que se trata, exhibidas por el quejoso, así como el original de la papeleta de turno, para que proceda conforme a sus facultades legales; lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad. .En el entendido que los criterios jurisprudenciales aplicables en este auto, se citan de conformidad a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Sin que este juzgado se pronuncie respecto de la medida suspensiva solicitada, atento a las siguientes consideraciones: Al respecto, el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48 (párrafo primero). Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por su parte, el artículo 15 del mismo ordenamiento legal estatuye: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas." Atento a lo que consagran las disposiciones citadas podemos decir que, conforme al artículo 37 de la Ley de amparo, en los casos de notoria incompetencia el juez está facultado para proveer respecto a la suspensión provisional o de oficio, pero sólo cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15 de ese mismo cuerpo normativo. Atento a lo anterior, no ha lugar a proveer respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que no se trata de alguno de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo de cuenta y de la papeleta de turno de demanda de amparo. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo piden, las notificaciones que les correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, ténganse por autorizados con la suma de las facultades señaladas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a JAVIER JACOB JIMÉNEZ ORTEGA y ARACELI MOTA BAUTISTA, toda vez que se está ante un asunto de naturaleza penal, en cuya materia el aludido artículo no exige que los autorizados con las facultades amplias que otorga, acrediten estar autorizados para ejercer la profesión de abogado y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a TANIA MORALES CARBALLO por así señalarlo de manera expresa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario, para que, de ser necesario, practique ésta en días y horas inhábiles; ello, tomando en cuenta que de conformidad con el diverso ordinal 24 de la ley de la materia, las resoluciones en materia penal, como en el presente caso, deben ser notificadas inmediatamente después de que sean pronunciadas. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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