Carlos Ramírez Salinas

Expediente 429/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 40 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
429/2016
Año
2016
Actuaciones
40
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Carlos Ramírez Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Vista Ia razón que antecede, se advierte que a la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, no le fue posible entregar el oficio 1785, dirigido al tercero interesado Agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal 74/2016, del índice del Juzgado de Garantía, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, toda vez que al constituirse en las oficialías de partes de la Fiscalía Local del Ministerio Público y de la Vicefiscalía Regional del Istmo, ambos con sede en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, fue informada por las encargadas de dichas oficialías que no le recibían el oficio citado, toda vez que de la búsqueda que hicieron en la base de datos, no aparece registro de la intervención de esa fiscalía en la causa penal referida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete (foja 319), al tercero interesado Agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal 74/2016, del índice del Juzgado de Garantía, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, toda vez que en autos se aprecia que se le han notificado en tiempo y forma en el lugar mencionado, como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos (fojas 62 y 313)

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 429/2017, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 6-8), se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, y en interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (fojas 38-40), se concedió la suspensión definitiva, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en este expediente no existen documentos ofrecidos por las partes considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo General, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservarán el proveído y la resolución de veintiocho de septiembre y diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, que concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en atención a que el quejoso Carlos Ramírez Salinas, no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de veintidós de mayo del año en curso dictado dentro de este expediente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que este asunto fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es destruible. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, y la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Cados Ramírez Salinas, no cumplió con los requerimientos que se le hizo en proveído de seis de abril del año en curso (fojas 298-299), a fin de que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger el edicto para el emplazamiento del tercero interesado Ricardo López Martínez, ni acreditó haber realizado su publicación dentro del plazo de veinte días, siguientes a su legal notificación. Es necesario señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de Amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de garantías, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número 11.1°. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: En ese sentido, este Juzgado Federal considera que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la fracción 11, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por actualizarse la hipótesis a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 fracción III, inciso c), 6 y 27 fracción III, inciso b), del invocado ordenamiento legal. Lo anterior es así, en razón que de las constancias que integran el presente juicio, con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que por auto de once de octubre de dos mil dieciséis (fojas 53 y 55), se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Ricardo López Martínez, en el domicilio proporcionado por la Fiscal en Jefe de la Fiscalía Local de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, girándose para tal efecto despacho al Juez de Garantía de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, a fin de que llevara a cabo el emplazamiento del citado tercero interesado, en el domicilio ubicado en avenida Oaxaca sin número, Primera Sección, Guevea de Humboldt, Oaxaca; quien por oficio CJ/JCMPT/1419/2016 (foja 88), devolvió sin diligenciar el referido despacho. En atención a lo anterior, por auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (foja 99), se requirió al quejoso Carlos Ramírez Salinas, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a su legal notificación, proporcionara el domicilio actual y exacto del tercero interesado Ricardo López Martínez, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se ordenaría la investigación del domicilio del referido tercero, y de resultar infructuosa la búsqueda, se ordenaría el emplazamiento por edictos a su costa. Mediante escrito de once de noviembre de dos mil dieciséis (foja 113), el quejoso cumplió con el anterior requerimiento, y en proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (foja 115), se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Ricardo López Martínez_ en el domicilio ubicado en calle San Pedro, sin número, colonia Moderna, en Ciudad lxtepec, Oaxaca, girándose para tal efecto despacho al Juez de Garantía de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a fin de que llevara a cabo el emplazamiento del citado tercero interesado; quien por oficio CJ/SJPA/JZ/1835/2016-J (foja 135), devolvió sin diligenciar el referido despacho. Por lo que nuevamente por acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciséis (foja 139), se requirió al quejoso Carlos Ramírez Sa para que dentro del plazo de tres días, siguientes a su legal notificación, proporcionara el domicilio actual y exacto del tercero interesado Ricardo López Martínez, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se ordenaría la investigación del domicilio del referido tercero, y de resultar infructuosa la búsqueda, se ordenaría el emplazamiento por edictos a su costa. Por consiguiente, ante el incumplimiento del quejoso de proporcionar el domicilio actual del citado tercero interesado, y a fin de lograr su emplazamiento a juicio, por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis (foja 160), se ordenó girar oficios al 1) Vocal Ejecutivo del Consejo Distrital Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; 2) Apoderado o representante legal de Teléfonos de México, 3) Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad; 4) Director de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado, todos con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 5) Administrador del Sistema de Agua Potable; 6) Presidente Municipal y 7) Registrador del Registro Público de la Propiedad, de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; para que informaran si en su base de datos o archivos tenían registro alguno del tercero interesado Ricardo López Martínez, obteniendo resultados negativos, con excepción de la Directora Jurídica de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien proporcionó como domicilio del citado tercero interesado el ubicado en Calle Pochutla, Manzana G, casa sexta etapa, número exterior diez, colonia Fraccionamiento El Retiro, código postal 68297, Santa María del Tule, Oaxaca; por lo que se ordenó su emplazamiento en dicho domicilio, librándose exhorto electrónico al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec (fojas 252). Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 285-286), se tuvo al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, devolviendo sin diligenciar el exhorto electrónico 149/2017 con número de orden 298/2017. En consecuencia, ante lo infructuoso de la búsqueda, y una vez agotados los medios para localizar el domicilio actual y correcto del tercero interesado Ricardo López Martínez, y ante la imposibilidad material y jurídica de realizar el emplazamiento en forma personal, por auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 285-286), se requirió al quejoso para que manifestara si tenía impedimento para justificar ante este juzgado la publicación del edicto, o bien, informara si se encontraba imposibilitado para cubrir los gastos de la publicación del mismo, así como acreditar tal imposibilidad, sin que realizara manifestación alguna; a pesar de haber quedado notificado de ello, mediante diligencia de veintidós de marzo siguiente (foja 288); por lo que mediante proveído de seis de abril del año en curso (fojas 298¬299), se ordenó el emplazamiento por medio de edictos del tercero interesado Ricardo López Martínez, a costa del quejoso Carlos Ramírez Salinas, como lo prevé el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a quien se requirió para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, compareciera ante este Juzgado a fin de que se le entregaran los edictos respectivos, apercibido que en caso de incumplimiento se decretaría el sobreseimiento en el juicio por su notoria falta de interés jurídico en la prosecución del juicio. Así las cosas, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que el quejoso Carlos Ramírez Salinas, no cumplió con el requerimiento que se le hizo por acuerdo de seis de abril del año e(n curso, en el sentido de comparecer ante este órgano jurisdiccional para la entrega del edicto respectivo para emplazar a juicio al tercero interesado Ricardo López Martínez, queda de manifiesto que incumplió con la carga procesal que le fue impuesta, de donde se evidencia su notoria falta de interés jurídico en la prosecución del presente juicio de garantías, máxime que el emplazamiento del tercero interesado ordenado por edictos, se agota en tres momentos distintos, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación, y exhibir ésta, de tal forma que constriñe a la parte quejosa a satisfacer todos y cada uno de esos deberes. En tal virtud, al constituir el emplazamiento un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento, cuya falta produce como consecuencia, que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, se actualiza como una causa de improcedencia el desinterés en la prosecución del juicio por inactividad procesal; pues en el particular, el quejoso Carlos Ramírez Salinas, no acreditó ante este órgano jurisdiccional haber realizado la publicación del edicto para el emplazamiento del tercero interesado Ricardo López Martínez, como se ordenó en proveído de seis de abril del año en curso (fojas 298-299), no obstante que fue debidamente notificado para ello, paralizando a su arbitrio el juicio de garantías; por lo que, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Federal, sin darle celeridad a la administración de justicia por retardar la solución del conflicto. Circunstancia ésta, no atribuible a este órgano jurisdiccional, sino propia del quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. En tal virtud, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 5 fracción III, inciso c), 6 y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción II, de la citada norma. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por acuerdo de veintiocho de abril del año en curso (foja 302). Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

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