Carlos Rodriguez Perez

Expediente 678/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
678/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Rodriguez Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, inciso a) y 18, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, mientras que el original del incidente de suspensión relativo, de depuración, ambos en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional; en el entendido que, se deberá conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su incumplimiento, así como del presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Incidental

    En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, día y hora programados para el verificativo de la audiencia dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 678/2021-5; estando en audiencia pública Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, quien actúa asistido de Gualberto Gutiérrez Romero, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes, procediendo a su celebración. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, destacando por su importancia las siguientes: Escrito de demanda presentada por **; Proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; Auto de cuatro de octubre del año actual, por el que se suspendió toda comunicación con la autoridad que el quejoso denominó como "COMANDANTE EN JEFE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AIC)", ante su inexistencia; e, Informe previo de las autoridades responsables. A lo que el secretario en funciones de juez acuerda: se tiene por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones, por rendidos los informes previos de las autoridades señaladas como responsables en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Período probatorio Seguidamente, se abre el período probatorio, en que el secretario hace constar que las partes fuero omisas en ofertar pruebas. A lo que el secretario en funciones de juez provee: se tiene por perdido el derecho de las partes a ofertar pruebas; con lo que se cierra esta fase. Etapa de alegatos A continuación, se abre la etapa de alegatos, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el secretario en funciones de juez provee: Se tiene a las partes por omisas en esgrimir alegatos; con lo que se clausura esta fase. Con lo anterior, se da por concluida la audiencia, levantándose acta para constancia. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 678/2021-5; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado, con sede en Celaya, turnado a este juzgado al siguiente día, ** demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos de las siguientes autoridades: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La posible orden de aprehensión, detención y presentación ilegal girada en mi contra; así como la detención ilegal por parte de la policía investigadora (AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL), O AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLAGRAN GUANAJUATO." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- En calidad de ordenadoras: a) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TRAMITACIÓN COMÚN. Con domicilio por el momento (sic) en calle Avenida Camelinas sin número colonia Cerrito Colorado en Cortazar, Gto. b) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TRAMITACIÓN COMÚN NÚMERO 1. Con domicilio en calle Avenida Camelinas sin número colonia Cerrito Colorado en Cortazar, Gto. c) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TRAMITACIÓN COMÚN NÚMERO 2. Con domicilio en calle Avenida Camelinas sin número colonia Cerrito Colorado en Cortázar, Gto. En calidad de Ejecutoras: d) COMANDANTE EN JEFE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AIC). Con domicilio en calle Avenida Camelinas sin número colonia Cerrito Colorado en Cortázar, Gto. e) DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBICA DEL MINUCIPIO DE VILLAGRÁN, con domicilio en (.)." Actos que la parte quejosa estimó violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de la demanda e incidencia. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables sus informes previos, los cuales se recabaron. TERCERO. Autoridad inexistente. Mediante proveído de cuatro de octubre del año actual, se suspendió toda comunicación con la autoridad que el quejoso denominó como "COMANDANTE EN JEFE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AIC)"; ante su inexistencia; por tanto, esta interlocutoria no se ocupará de tal autoridad. Finalmente la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente. CONSIDERANDO PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: i) La orden de aprehensión, detención o comparecencia girada en contra del quejoso; y, su ejecución Los actos se reclamaron a las siguientes autoridades -en su denominación correcta-: Como ordenadoras 1. Agente del Ministerio Público Investigador I del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con sede en Cortazar, Guanajuato; 2. Agente del Ministerio Público Investigador II del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con residencia en Cortazar, Guanajuato; y Como ejecutora 3. Director de Seguridad Pública Municipal de Villagrán, Guanajuato. TERCERO. Negativa de actos. Las autoridades responsables agentes del Ministerio Público Investigadores I y II del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con sede en Cortázar, Guanajuato, negaron la existencia de los actos que les atribuyen. Luego, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba idónea para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, se niega la suspensión definitiva, por falta de materia sobre la cual decretarla, por lo que ve a los actos atribuidos a las autoridades indicadas en párrafos que anteceden. Por otra parte, si bien la autoridad responsable director de Seguridad Pública de Villagrán, Guanajuato, al rendir su informe de ley aceptó los actos que se le atribuyen en el ámbito de su respectiva competencia, únicamente por cuanto a una orden de detención; sin embargo, acorde con lo establecido por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como hecho notorio que en los autos del juicio de amparo principal, del que deriva el presente incidente de suspensión, con motivo del informe justificado rendido por la autoridad administrativa responsable de referencia, se dio vista a la parte quejosa para que expresara si era su deseo ampliar su escrito de demanda en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Municipio de Villagrán, Guanajuato, señalada en el informe de referencia como la ordenadora en la emisión de la orden de detención reclamada, sin que la hubiera hecho; por tanto, le precluyó su derecho para ampliar su reclamo de derechos en contra de esa diversa autoridad ordenadora, no señalada como responsable. En ese contexto, es claro que tampoco existe materia para proveer sobre la suspensión definitiva sobre la orden de detención reclamada al director de seguridad Pública Municipal de Villagrán, Guanajuato -autoridad señalada con el carácter de ejecutora-, habida cuenta que la parte quejosa omitió ampliar demanda constitucional en contra de la autoridad ordenadora del referido mandato de detención, pues de proveerse sobre la medida cautelar de mérito, esta no sería vinculante para la autoridad ordenadora en tanto que no fue señalada como responsable por la parte quejosa, pese a que fue requerida expresamente para ello; todo lo cual conduce a negar la suspensión definitiva en contra de los actos de la autoridad municipal ejecutora. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a **, respecto de los actos y autoridades precisados en la presente interlocutoria.

  3. Principal

    Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 678/2021-5; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado, con sede en Celaya, turnado a este juzgado al siguiente día **************** demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos de las siguientes autoridades: ""IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La posible orden de aprehensión, detención y presentación ilegal girada en mi contra; así como la detención ilegal por parte de la policía investigadora (AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL), O AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLAGRAN GUANAJUATO." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- En calidad de ordenadoras: a) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TRAMITACIÓN COMÚN. Con domicilio por el momento (sic) en calle Avenida Camelinas sin número colonia Cerrito Colorado en Cortazar, Gto. b) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TRAMITACIÓN COMÚN NÚMERO 1. Con domicilio en calle Avenida Camelinas sin número colonia Cerrito Colorado en Cortazar, Gto. c) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TRAMITACIÓN COMÚN NÚMERO 2. Con domicilio en calle Avenida Camelinas sin número colonia Cerrito Colorado en Cortazar, Gto. En calidad de Ejecutoras: d) COMANDANTE EN JEFE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AIC). Con domicilio en calle Avenida Camelinas sin número colonia Cerrito Colorado en Cortazar, Gto. e) DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBICA DEL MINUCIPIO DE VILLAGRÁN, con domicilio en (.)." Actos que la parte quejosa estimó violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 678/2021-5; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; también fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridades inexistentes. Mediante proveído de cuatro de octubre del año actual, se suspendió toda comunicación con la autoridad que el quejoso denominó como "COMANDANTE EN JEFE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA (AIC)"; ante su inexistencia; por tanto, esta sentencia no se ocupará de tal autoridad. CUARTO. Autoridad no señalada como responsable. Mediante proveído de cinco de noviembre del año actual, se tuvo por perdido el derecho de la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Municipio de Villagrán, Guanajuato, al no haber desahogado el requerimiento formulado para tal efecto mediante el diverso auto de cinco de octubre del año en curso. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse actos que pueden ser ejecutados en esta Villagrán, Guanajuato y esta ciudad, ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados son: i) La orden de aprehensión, detención o comparecencia girada en contra del quejoso; y, su ejecución Los actos se reclamaron a las siguientes autoridades -en su denominación correcta-: Como ordenadoras 1. Agente del Ministerio Público Investigador I del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con sede en Cortazar, Guanajuato; 2. Agente del Ministerio Público Investigador II del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con residencia en Cortazar, Guanajuato; y Como ejecutora 3. Director de Seguridad Pública Municipal de Villagrán, Guanajuato. TERCERO. Negativa de actos. Las autoridades responsables agentes del Ministerio Público Investigadores I y II del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con sede en Cortázar, Guanajuato, negaron la existencia de los actos que les atribuyen. Luego, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba idónea para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por lo que ve a los actos reclamados a las autoridades indicadas en este considerando. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de actos. La autoridad responsable ejecutora director de Seguridad Pública Municipal de Villagrán, Guanajuato, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye -en el ámbito de sus atribuciones legales como ejecutora-, pues indicó que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Municipio de Villagrán, Guanajuato, le informó mediante oficio 5777/2021 que en la carpeta de investigación ************* libró en contra del ahora agraviado orden de detención, por lo cual le solicitó el apoyo de dicha autoridad administrativa municipal para su cumplimentación. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, este operador jurídico advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, como se expondrá enseguida. Dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables [.]" De la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que las causales de improcedencia son enunciativas y no limitativas, en cuanto a que su configuración no se limita a las veintidós primeras hipótesis del referido dispositivo legal, dado que su última fracción da la posibilidad de que aparezcan diversos motivos de improcedencia de la conjunción sistemática de la Ley reglamentaria, de la Constitución y de la jurisprudencia. A su vez, la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, establece que son partes en el juicio constitucional, entre otros, la autoridad o autoridades responsables; se debe entender por esta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos precisados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el numeral 108, fracción III, de la ley de la materia, establece que, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables. Así, de la conjunción sistemática de los referidos preceptos legales se obtiene que cuando el juzgado de amparo advierta del análisis integral de la demanda la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, previamente a proveer sobre la admisión de la demanda, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable; o bien, durante la tramitación del juicio, cuando advierta la intervención en el acto reclamado de diversa autoridad no señalada como responsable, el juzgado deberá prevenir al peticionario del amparo para que regularice su demanda, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión. Es pertinente establecer que el hecho de que en un juicio de amparo la parte quejosa no señale como responsable a la autoridad que emitió el acto reclamado, trae como consecuencia que, jurídicamente, no sea posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/205 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Ahora bien, resulta necesario reiterar que la parte quejosa reclama la orden de detención girada en su contra y su ejecución. Al respecto, del informe justificado rendido por la autoridad director de Seguridad Pública Municipal de Villagrán, Guanajuato, se desprende que el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Municipio de Villagrán, Guanajuato, le informó, al referido director, mediante oficio 5777/2021 que en la carpeta de investigación *************** libró en contra del ahora agraviado orden de detención, por lo cual le solicitó el apoyo a dicha autoridad administrativa municipal. En razón de lo anterior, es que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable ordenadora al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Municipio de Villagrán, Guanajuato, en virtud de que no había sido señalada como tal en el escrito inicial de demanda constitucional, con el apercibimiento de que en caso de no efectuar manifestación alguna, se seguiría el trámite del juicio por los actos y autoridades reclamados de manera inicial. Empero, la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento de mérito, por lo que mediante proveído de cinco de noviembre del año actual, se tuvo por perdido el derecho de la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo por lo que ve al representante social en cita y se continuó la tramitación del presente juicio en los términos planteados inicialmente. Por tanto, la circunstancia de que la parte quejosa no haya expresado su voluntad para señalar como responsable al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Municipio de Villagrán, Guanajuato, dentro del término que le fue concedido para ello, provocó que precluyera el derecho para enmendar su demanda de amparo; por lo que, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, puesto que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que la autoridad ministerial que libró la reclamada orden de detención, no fue llamada a juicio ni oída en defensa de su actuación, pues la parte quejosa fue omisa en externar su voluntad de llamarla a juicio, a pesar de que este juzgado federal le requirió al efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." De este modo, al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Rodríguez Pérez en contra de los actos reclamados a las autoridades, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los puntos considerativos tercero y quinto de esta sentencia.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que se otorgó a la parte quejosa en proveído de cinco de octubre pasado, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común del Municipio de Villagrán, Guanajuato, sin que lo hiciera; consecuentemente, se tiene por precluido su derecho para hacerlo con posterioridad y el presente asunto se resolverá únicamente con las autoridades y motivos de disenso expresados en el ocurso inicial de demanda.

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