Carlos Reyes Villagómez

Expediente 562/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
562/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Carlos Reyes Villagómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído dictado el nueve de julio del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales exhibidos por la quejosa.

  2. Principal

    A sus autos el escrito presentado por el quejoso, por el que señala autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; para lo cual exhibe copia fotostática del registro correspondiente. Consecuentemente, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso ********* desahoga la prevención formulada por proveído de cinco de julio actual; por tanto, con el citado ocurso, se tiene al promovente del amparo cumpliendo en tiempo y forma la prevención citada Desechamiento. Ahora bien, del libelo de cuenta, se advierte que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos atribuidos al agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigaciones de Trámite Común en Salvatierra, Guanajuato y otras autoridades, consistente en: El acto reclamado que contiene mi escrito de demanda de amparo lo constituye la intromisión a mi domicilio particular ubicado en la calle de Silao No. 11 de la comunidad de Cupareo, municipio de Salvatierra Gto., dicho Policía Ministerial y se introdujeron en UN MOMENTO EN QUE EL SUSCRITO NO ME ENCONTRABA FISICAMENTE DENTRO DEL MISMO, es decir, en mi domicilio ubicado en la calle de ****, MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO, ya que el suscrito llegué posteriormente aproximadamente a las 15:00 horas a mi domicilio Del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio que se acuerda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que reconoce el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En tales condiciones, esta potestad estima que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto legal invocado dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que se hayan consumado de un modo irreparable, aquellos que de ninguna forma sería posible restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental violado. Lo anterior es así, porque la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. Por tanto, es de tomarse en consideración que por una parte el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control que tiene por objeto reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos. En el presente caso, el quejoso reclama el registro o allanamiento realizado el día tres de julio del presente año, en su domicilio ubicado en la calle *** municipio de Salvatierra Guanajuato, manifestando, en el capítulo de antecedentes, que el tres de julio de dos mil dieciocho, en forma intempestiva y sin aviso alguno de autoridad competente, la Policía Ministerial, se introdujo en su domicilio particular y realizaron una serie de destrozos. Luego entonces, de los antecedentes mencionados por el quejoso en su libelo constitucional se desprende que el acto que reclama se ha consumado de manera irreparable, al haberse agotado el objeto del mismo, lo que hace irreparable dicho acto, actualizándose la hipótesis normativa en estudio. Lo anterior resulta de esa manera, porque en caso de concluirse que el acto reclamado en estudio es inconstitucional, se tornaría legalmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues no se puede ordenar que se deje insubsistente el allanamiento realizado, cuyo objeto y vigencia ya concluyó. Por tanto, aun cuando este juzgador examinara los conceptos de violación propuestos y los encontrara fundados, no habría manera de concretar los efectos de la protección constitucional porque, como se dijo, materialmente no sería posible obligar a la autoridad a que dejara insubsistente el acto reclamado que ya ocurrió y no es posible retrotraer el tiempo. En efecto, en el eventual caso de que se concediera el amparo a la quejosa, ningún beneficio le arrojaría tal concesión, al haberse consumado irreparablemente dicha violación. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis I. 3o. A. 150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, Octavo Época, del rubro y texto siguientes: ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados) Así como, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre 2007, Novena Época, página 423, de rubro y texto literal siguiente: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Finalmente, en cuanto a la autorización que refiere en su ocurso de cuenta, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído de cinco de julio actual; pues no adjunta la copia fotostática del registro que refiere.

  4. Principal

    a) Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho; en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de Salvatierra, Guanajuato, y otras autoriades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 562/2018-I b) Prevención. Previamente a proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente 1. Precise en forma exacta cual es el acto reclamado, es decir, indique si señala como acto reclamado la intromisión a su domicilio, realizada el tres de julio de dos mil dieciocho; alguna orden de cateo o, el citatorio para comparecer ante el agente del Ministerio Público Investigador en Salvatierra, Guanajuato Cuestiones las requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo y fijar adecuadamente la litis constitucional Esta prevención deberá ser desahogada directamente por el propio promovente, no así por el profesionista que autorizó en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA Máxime que de tener conocimiento de actos realizados en la tramitación del presente juicio constitucional que puedan resultar constitutivos de alguno de los delitos previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la invocada ley, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal, a fin de que los investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." En la inteligencia de que deberá exhibir copias suficientes de su ocurso aclaratorio, para correr traslado a las partes c) Apercibimiento Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. d) Domicilio y autorizados Por otra parte, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *****, esquina con ********, de esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, respecto de las demás personas que menciona en su escrito de cuenta, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo, (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. e) Habilitación de días y horas para notificaciones. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal f) Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita

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