Carlos Rico Velasco

Expediente 322/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
322/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Carlos Rico Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Ahora, dado que en este asunto se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, las constancias relativas a la misma son susceptibles de depuración. Por otra parte, respecto a las constancias restantes son susceptibles de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Ahora, toda vez que se trata de un asunto concluido y se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este asunto, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente el día viernes dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso ************************ y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpusieran recurso de revisión contra la sentencia del trece de julio de este año y no lo hicieron, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria esa resolución que sobreseyó este juicio biinstancial. Infórmese a las partes esta determinación y háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, devuélvanse al Director de la Unidad de Medicina Familiar 51 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, las constancias recibidas en proveído del siete de mayo último y que se integraron en un tomo de pruebas; en el entendido de que se tendrá como acuse el sello de recepción que obre en el oficio que al efecto se gire en este proveído. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con treinta y cuatro minutos del trece de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo ***********, promovido por ********************, por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes.****************************************Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por las responsables al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos que deban ser relacionados. El Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto *********; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional el día veintitrés de abril de del mismo año, *********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades II. Por auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número *********, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; se pidió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; por auto de quince de junio del año en curso, se difirió la audiencia de ley, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en la que este órgano ejerce competencial. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama: La omisión de ordenar la atención médica del quejoso en hospital no Covid-19. TERCERO. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (en su denominación correcta de la señalada como Presidente de la República Mexicana), por conducto de la Jefa del Departamento adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, la Secretaria de Gobernación, por conducto de la Directora General de Procedimientos Constitucionales y el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Jefa de División de Amparos Fiscales, al rendir su correspondiente informe justificado, niegan los actos reclamados, al no corresponder al ámbito de sus facultades y competencia respectiva. La negativa que hacen las autoridades de mérito, no quedó desvirtuada con prueba plena en contrario, por lo tanto, es de establecerse que los informes rendidos por las responsables en el presente juicio surten efectos plenos, puesto que la parte quejosa estuvo obligada en todo caso a desvirtuar su contenido. Por lo anterior, ante la inexistencia de los actos reclamados lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de dichas autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO.- Las autoridades responsables Director del Hospital General de Zona Número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Poniente, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, así como el Director y Médico residente Leslie Bocanegra Luévano, ambos de la Unidad de Medicina Familiar Número 51, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Poniente, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fueron omisos en rendir su correspondiente informe justificado, a pesar de encontrase debidamente notificados de los oficios 5109/2021, 5108/2021 y 5110/2021, por los que se les requirió su respectivo informe; por tanto se les presume cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora al tenor de las copias certificadas relativas al expediente clínico del aquí quejoso, que adjuntó el Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 51, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Poniente, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a su oficio registrado bajo el número 4093; documental que adquiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el artículo 2°. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, quinta época, con el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser de orden público, previo al estudio de fondo deben analizarse las causas de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: VI, Parte TCC, Página: 553, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado en sus efectos el acto reclamado, precepto que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, cabe señalar que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en la que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; así, la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, con el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Precisado lo anterior, en el caso, la parte quejosa reclama, como ya se adelantó, la omisión de ordenar la atención médica del quejoso en hospital no Covid-19; sin embargo, de autos se advierte que mediante oficio registrado bajo el número de correspondencia 4094, enviado por el Delegado del Director del Hospital General de Zona Número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Poniente, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, informó que dicho nosocomio dejó de ser hospital híbrido, es decir, que atendiera pacientes con Covid-19 y, que por tanto procedería a la atención del quejoso; para lo que adjuntó copia del oficio de doce de mayo de dos mil veintiuno, por el que a su vez informa al Jefe del Departamento Contencioso, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estado de México, Poniente, que a partir del quince de abril del presente año, el hospital a su cargo, se desconvirtió y actualmente no es "Hospital Covid". Asimismo, por diverso oficio registrado bajo el número de correspondencia 5586, el Delegado del Director del Hospital General de Zona Número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Poniente, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, hizo del conocimiento que el tres de junio del año en curso, el quejoso ingresó al Hospital General de Zona Número 58, para la realización de una cirugía y, atención médica con motivo de padecimientos diversos del derechohabiente (aquí quejoso), adjuntando para acreditar su dicho, diversas documentales, entre otras, las consistentes en notas médicas y prescripción de atenciones médicas, así como resumen médico correspondiente. Documentales a las que se concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Quinta Época, que señala: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Lo anterior, conduce al suscrito a estimar que cesaron los efectos del acto reclamado y, por tanto, ya no agravia al quejoso, pues las violaciones que en determinado momento se pudieron cometer contra sus derechos fundamentales, ya fueron reparadas, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado, quedando sin materia el presente juicio de amparo; ello, porque el Hospital General de Zona Número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, dejó de tener atención a pacientes Covid-19 y se procedió a dar la atención médica al aquí quejoso, como se despende de las documentales que se allegaron al presente sumario constitucional. Por lo que, se advierte que los efectos del acto reclamado han desaparecido, como si se hubiera otorgado el amparo y protección. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando sea imposible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de sus efectos, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX (junio de mil novecientos noventa y nueve), Novena Época, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento jurídico invocado; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal citado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Director del Hospital General de Zona Número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Poniente, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Director y Médico residente Leslie Bocanegra Luévano, ambos de la Unidad de Medicina Familiar Número 51, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Poniente, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese, por vía electrónica a la parte quejosa, por lista electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III.Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del suscrito, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto se invoca la Jurisprudencia 2a./J.104/2010, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII (Julio de 2010), página 312, que a la letra indica: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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