Carlos Rafael de Jesús Reyes Castro

Expediente 488/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
488/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos Rafael de Jesús Reyes Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintiséis de junio del presente año, que desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Rafael de Jesús Reyes Castro; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este asunto, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Notifíquese; y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito del autorizado del quejoso, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, por el que se hizo el pronunciamiento en relación a la demanda que dio origen a este juicio de amparo. Notifíquese; y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia del quejoso, mediante la cual desahoga el requerimiento formulado en autos; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en este asunto. Consecuentemente, se procede a proveer en relación al contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. En el presente asunto se reclama el embargo de la cuenta bancaria del agraviado, el cual deriva de las providencias precautorias solicitadas por ********************, en el expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la promovente, el amparo resulta improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales. En ese contexto es lógico que, antes de recurrir al amparo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, situación que resulta contraria cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tales condiciones, tomando en consideración que el juicio de amparo es un medio extraordinario, que conforme a su esencia y naturaleza, sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, ya que con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se quejan los gobernados que se aducen agraviados. Se dice lo anterior, toda vez que el acto reclamado es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación en términos del artículo 1183 del Código de Comercio. Por tanto, de acuerdo a lo que establece el artículo en comento, la parte quejosa debió seguir las reglas establecidas en el Código de Comercio, e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de apelación, pues de acuerdo a la interpretación del artículo 1183 del Código referido, el citado recurso resulta procedente respecto del acto reclamado en la presente demanda de amparo, por lo que la parte promovente debió agotar el recurso de apelación contemplado en el Código de Comercio, ya que con la interposición de ese medio de defensa puede obtener la modificación o revocación del acto reclamado, y al no haber agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de amparo, se concluye que el acto reclamado carece de definitividad. Por tanto, si la parte promovente manifestó que el doce de abril de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de la retención del dinero existente en sus cuentas bancarias, estuvo en posibilidad de interponer el recurso previsto en el artículo 1183 del Código de Comercio y combatir el embargo de las cuentas que reclama. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017693, materias Común, Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 886, de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Así como la tesis XXI.1o.105 C del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro digital 190759, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1420, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO QUE DECRETA LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS" Sin que obste a lo anterior que, a decir de la parte quejosa, no ha sido notificada de las providencias precautorias de origen, lo anterior, porque el artículo 1183 del Código de Comercio, no sujeta la procedencia del recurso de apelación al conocimiento de la medida precautoria otorgada y menos aún a su notificación, por el contrario, claramente dispone que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 del código en consulta Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citada, en la que señala que contra la resolución que concede una providencia precautoria de retención de bienes procede el recurso de apelación; por tanto, en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, la parte quejosa debió interponer el recurso de apelación previsto en los artículos 1183, 1339, 1345, fracción IV y 1345 bis 1 del Código de Comercio, para lo cual es innecesario esperar a que le sean notificadas las providencias precautorias de origen como lo señala la inconforme, pues como se observa, ni el precepto 1183 del Código de Comercio ni la jurisprudencia que antecede, condicionan la procedencia del recurso de apelación a la notificación de las providencias precautorias, lo que corrobora que el medio de impugnación sí está al alcance de la quejosa, que es el idóneo para impugnar el acto reclamado en el juicio de amparo. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el recurso de queja 11/2022 el treinta de marzo de dos mil veintidós. Sirve de apoyo la tesis XVII.4o.4 K del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito con registro digital 186402, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 1418, de rubro y texto: "TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. El Juez Federal no está obligado legalmente a sujetarse a los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en tesis aisladas; sin embargo, sí puede apoyar su criterio en ellas por compartirlo y ser aplicable específicamente al caso que analice". También se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho violado. Ello es así porque la autoridad responsable el diecinueve de abril de dos mil veintitrés tuvo por desistida de las providencias precautorias a su promovente; archivó el asunto como totalmente concluido; dejó sin efectos las providencias precautorias concedidas por auto del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés; y ordenó girar el oficio a la Comisiona Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que cancelara las medidas precautorias antes citadas, como es posible corroborar jurídicamente de la documental que acompañó el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a su oficio con registro 8151. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que sus repercusiones legales y materiales se desvanecieron del mundo real, sin dejar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa; equiparándose su resultado, al cumplimiento de una ejecutoria de amparo en la que se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal lisa y llanamente al agraviado, lo que satisface los requisitos de la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En tal virtud, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese; y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído del veinte de junio de dos mil veintitrés; de lo que se adquiere conocimiento. A fin de tomar las medidas necesarias de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta la documental que remite, fórmese tomo por separado y exclúyase de las constancias del juicio de amparo en línea, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier otro medio, a fin de no vulnerar la conducción del expediente judicial de que se trata; ello con apoyo en la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Notifíquese; y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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