Carlos Ramírez López

Expediente 217/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
217/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Ramírez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que el treinta y uno de mayo del año en curso, al momento de declarar ejecutoriada la sentencia pronunciada en el juicio en que se actúa, se dijo que el presente expediente, era susceptible de destrucción; lo cual es inexacto, toda vez que no obstante que en el presente asunto se determinó sobreseer fuera de audiencia, este expediente es DEPURABLE en términos de lo dispuesto en el inciso a, fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, dado que por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, situación que conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace conservable la demanda, acuerdo en que se decretó la citada suspensión por virtud del efecto definitivo que tiene tal medida cautelar, así como el presente acuerdo. Por lo que, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio, para el único efecto de establecer que presente expediente es susceptible de depuración, por las razones antes apuntadas. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el numeral del Acuerdo General citado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y una vez concluida la misma, terminado el proceso de depuración, solicítesele la transferencia de este expediente a los depósitos documentales, dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que como se precisó, la parte quejosa dentro del presente juicio, no exhibió documentos de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenidos, encargada del Primer y Segundo Turno, con sede en Apizaco, Tlaxcala, por medio del cual se le tiene rindiendo el informe justificado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de ser cierto el acto reclamado. Asimismo, téngasele remitiendo, copia auténtica de la carpeta de investigación UIERVTC-N/072/2022; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: ACTUALIZACIÓN DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del contenido de las constancias aquí recibidas, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Antecedentes. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito presentado en línea con evidencia criptográfica, ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por encontrarse de guardia, Guadalupe Ramírez López, en su carácter de representante de su hijo Carlos Ramírez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Detenidos del Primer Turno, de la Unidad de Investigación de Detenidos Región Norte y otras autoridades, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: Privación ilegal de la libertad personal del quejoso, fuera de procedimiento judicial. Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora bien, para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a. Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; b. Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o c. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, porque la parte quejosa señaló como acto reclamado y violatorios de sus derechos fundamentales, la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que restituya al quejoso en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que de las constancias que adjuntó la Agente del Ministerio Público Investigador Titular del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenidos a su informe justificado, deducidas de la carpeta de investigación UIERVTC-N/072/2022, se aprecia que con fecha veintiséis de febrero del año en curso, la Agente del Ministerio Público Titular del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido Región Norte, adscrita al Departamento de Investigación del Delito, decretó la libertad de Carlos Ramírez López, por el delito de robo calificado en la modalidad del artículo 330 fracción VI del Código Penal en el Estado (detente o posea algún vehículo con reporte de robo); ello hace patente que el acto reclamado cesó en sus efectos, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con veintisiete minutos, del día de hoy veinticinco de abril del año en curso. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al agente del ministerio público de la federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que aún no obra en autos los informes justificados de las autoridades responsables AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LAS MESAS DE DETENIDOS TITULARES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TURNO, RESPECTIVAMENTE, DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CON DETENIDO REGIÓN NORTE ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO, a pesar de ser notificadas el ocho de marzo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiéraseles para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remitan a este juzgado copia debidamente certificada de las constancias que tengan relación con el acto reclamado; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del término fijado, se sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, de la ley de la materia. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

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