Carlos Orson Hernández Zamora y Otros.
Expediente 414/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Orson Hernández Zamora
- Carlos Orson Hernández Zamora y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de tres de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, así como del incidente de suspensión correspondiente, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Respecto al original del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negaron la suspensión provisional y la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos exhibidos por la parte quejosa, ya que los que anexó a su demanda de amparo le fueron devueltos el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos la diligencia de devolución de documentos signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la cual se hace constar que el quejoso ********************, recibió los documentos que anexó a su demanda de amparo, de los cuales se autorizó su devolución mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con veinticuatro minutos del tres de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 414/2022, promovido por Carlos Orson Hernández Zamora y Brenda Aguilar Payán, por derecho propio y en representación de su menor hijo nacido el dieciséis de enero de dos mil veintidós, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo presentada por Carlos Orson Hernández Zamora y Brenda Aguilar Payán, por derecho propio y en representación de su menor hijo nacido el dieciséis de enero de dos mil veintidós, acuerdo mediante el cual se previno a la parte promovente, escrito de los quejosos con el que cumplieron con la prevención que se les formuló, auto admisorio e informes con justificación. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se encuentra emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofrecieron los quejosos consistentes en: 1. Certificado de nacimiento número 030011755, signado por el Médico Pediatra Juan Salazar Mendoza, en la clínica Hospital Nuestra Señora de Guadalupe S. C.; 2) Acuse original con sello de la Oficialía Mayor de Gobierno, Dirección de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala; 3) Copia certificada del acta de nacimiento con folio A29 454178, a nombre de Brenda Aguilar Payán; 4) Copia certificada del acta de nacimiento con folio A30 6228936, a nombre de Carlos Orson Hernández Zamora; 5) Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad y con las documentales públicas que exhibieron las autoridades responsables, dentro de las cuales destacan la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintidós y el oficio DCRC/05/1068/2022 de nueve de mayo del año en curso. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se tiene por hecha la constancia que antecede para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, y enseguida procédase a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 414/2022, promovido por Carlos Orson Hernández Zamora y Brenda Aguilar Payán, por derecho propio y en representación de su menor hijo nacido el dieciséis de enero de dos mil veintidós, contra actos de la Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, Oficial del Registro Civil de Santa Ana Chiautempan y del Director de la Coordinación del Registro Civil; y, R E S U L T A N D O S : PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el siete de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Carlos Orson Hernández Zamora y Brenda Aguilar Payán, por derecho propio y en representación de su menor hijo nacido el dieciséis de enero de dos mil veintidós, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala. Oficial del Registro Civil de Santa Ana Chiautempan. Director de la Coordinación del Registro Civil. ACTOS RECLAMADOS : - La reforma, la sanción y publicación del artículo 583 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el decreto doscientos trece publicado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por su inconstitucionalidad material. - La negativa per se y como primer acto de aplicación de la norma combatida, al registro de su menor hijo con los apellidos maternos del padre y de la madre, en ese orden. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Previo cumplimiento a la prevención que se formuló, mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. El acto reclamado por el quejoso consiste en: - La reforma, sanción y publicación del artículo 583 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el decreto doscientos trece publicado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por su inconstitucionalidad material. - La negativa per se y como primer acto de aplicación de la norma combatida, al registro de su menor hijo con los apellidos maternos del padre y de la madre, en ese orden. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, consistentes en la reforma, sanción y publicación del artículo 583 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el decreto doscientos trece publicado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte; porque así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación; aunado a que las leyes no son objeto de prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233090, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 65, Primera Parte, página 15, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". Asimismo, es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, Oficial del Registro Civil de Santa Ana Chiautempan y el Director de la Coordinación del Registro Civil, consistentes en la negativa per se al registro de su menor hijo con los apellidos maternos del padre y de la madre, en ese orden; porque así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; por tanto, deben tenerse como tales; situación que se corrobora con las documentales públicas que remitieron, mismas que se les otorga pleno valor probatorio por tratarse de una documental pública; lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. La suscrita advierte que por cuanto hace al acto reclamado consistente en la negativa per se al registro de su menor hijo con los apellidos maternos del padre y de la madre, en ese orden; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo anterior al haber cesado en sus efectos el acto reclamado mencionado. A efecto de demostrar lo anterior, se transcribe el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual es del contenido siguiente: [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos promovieron amparo en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables, Oficial del Registro Civil de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala y del Director de la Coordinación del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, consistentes en la negativa al registro de su menor hijo con los apellidos maternos del padre y de la madre, en ese orden. Asimismo, de los argumentos y hechos bajo protesta de decir verdad expresados en la demanda se advierte lo siguiente: "(.) en 29 de marzo de 2022 fecha en la que se presentó la negativa verbal por parte de la Coordinación del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, tras haber los suscritos acudido a dicha dependencia a consultar el estatus de nuestra petición presentada el 7 del mismo mes y año, en la cual se detallaban los hechos acontecidos en 23 de febrero de 2022 (.)". "(.) 3. En 23 de febrero de 2022 los abajo firmantes acudimos ante el encargado del Registro Civil con facultades y en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, a registrar a nuestro menor hijo, lo anterior a fin de otorgar el goce efectivo del derecho de identidad que le corresponde, así como en cumplimiento de lo previsto en la fracción II del artículo 272 bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 4. En ese mismo día, en uso del derecho humano al nombre y el principio de autonomía de la voluntad que lo rige, solicitamos que nuestro menor hijo fuere registrado bajo el nombre Orson Orlando y que llevara como apellidos el materno del padre y el materno de la madre, en ese orden, quedando Zamora Payan como apellidos de nuestro menor hijo, afirmando que era el primer hijo de nuestra unión y cumpliendo la formalidad de manifestar por escrito que los hijos que resultaren de nuestra unión llevarían idénticos apellidos. No obstante lo anterior y que nos presentamos con los requisitos de ley y los testigos de rigor, la autoridad registral negó el registro de nuestro menor hijo en la forma propuesta, indicando que el artículo 583 del Código Civil vigente en la entidad no prevenía dicha posibilidad y que su sistema informático no se los permitía. 5. Ante dicha circunstancia, en 7 de marzo de 2022 promovimos ante el Director de la Coordinación del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, la solicitud por escrito del registro de nuestro menor, siendo que en 29 del mismo mes y año acudimos a dar seguimiento a dicha solicitud recibiendo negativa verbal a esta bajo los mismos argumentos recibidos en 23 de febrero de los corrientes por parte del encargado del Registro Civil de Santa Ana Chiautempan (.)". Por su parte, de las documentales públicas que remitieron las autoridades responsables del Registro Civil, a las que se les otorga pleno valor probatorio, en atención a su propia y especial naturaleza, lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 204, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil veintidós se acordó el escrito de los quejosos en el sentido de que se ordenaba al Oficial 01 del Registro Civil del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, que una vez que los solicitantes comparecieran a la Oficialía con la documentación necesaria, procediera a realizar el registro de nacimiento solicitado en los términos precisados en la solicitud que se anexaba al acuerdo, el cual consiste en el oficio siguiente: "Tlaxcala de Xicohténcatl, 9 de mayo de 2022. Oficio No. DCRC/05/1068/2022. LICENCIADO FERNANDO GEORGE ZECUA. OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. PRESENTE: Me refiero a la solicitud presentada por los CC. Carlos Orson Hernández Zamora y Brenda Aguilar Payán, mediante la cual solicitan el registro de nacimiento su hijo (sic) nacido el 16 de enero de 2022. Al respecto, le informo que esta Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala ha determinado PROCEDENTE dicha petición. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de fecha 17 de marzo de 2022, expedido por el suscrito. En ese sentido, y en atención al interés superior de la niñez y la protección al derecho a la identidad de la persona menor de edad involucrada, le solicito de manera respetuosa, proceda a realizar el debido registro de nacimiento del hijo de las personas solicitantes Carlos Orson Hernández Zamora y Brenda Aguilar Payán, una vez que sean exhibidos los documentos necesarios por parte de los solicitantes y bajo los términos precisados en el acuerdo descrito en líneas anteriores, debiendo asentar en el acta de nacimiento los apellidos maternos de ambos progenitores al referido niño, a fin de quedar registrado con los apellidos "Zamora Payán". Sin más por el momento, me permito enviarle un afectuoso saludo, agradeciendo su colaboración que, sin duda, materializa el interés superior de la niñez (.)". Por lo que teniendo en consideración que la autoridad responsable con fecha posterior accedió a registrar al menor en los términos solicitados (con los apellidos maternos de sus progenitores); a consecuencia de ello, es evidente e indudable que se actualiza la citada causal de improcedencia; al haber cesados los efectos del acto reclamado. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que nos ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Atenta la conclusión alcanzada resulta innecesario ocuparse de la inconstitucionalidad planteada del artículo 583 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; ya que ha dejado de surtir sus efectos el acto de aplicación; al haberse declarado improcedente el presente juicio de amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 191311 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 71/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 235 Tipo: Jurisprudencia "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Así como la diversa tesis sustentada de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Registro digital: 193720 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 67/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999, página 104 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio. QUINTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo, asimismo, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el precitado Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEXTO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la Constitución Federal; 63, fracción II, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Orson Hernández Zamora y Brenda Aguilar Payán, por derecho propio y en representación de su menor hijo nacido el dieciséis de enero de dos mil veintidós, en contra de los actos reclamados precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previa exhibición de las constancias impresas, dejando razón de su recibo en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, acordado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.
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