Carlos Pulido Hernández
Expediente 501/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Pulido Hernández
- Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, Sala Primera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de enero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte negada y por otra concedida la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de enero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte negada y por otra concedida la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA SENTENCIA QUE EN SINTESIS DICE: Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 501/2020, promovido por ****** contra el acto reclamado del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, de la Sala Primera, y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, de la Sala Primera, y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes: - La orden de aprehensión, detención y/o presentación, y su ejecución. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda registrada bajo el número 501/2020; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de autoridad. Mediante proveído de dieciséis de diciembre del año próximo pasado, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables 4. Fiscal Regional de la Unidad de Procuración de Justicia; 13. Fiscal Octavo; 14. Fiscal Noveno; 15. Fiscal Décimo, estos tres del Ministerio Público Investigador en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV; 22. Delegado Regional de la Policía Ministerial de la Coordinación de Detectives y 23. Comandante de la Policía Ministerial de la Coordinación de División de Detectives, todos con sede en Orizaba, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados, tendrán ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: - La orden de aprehensión, detención y/o presentación, y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 1., 2. y 3. Licenciado ******, Juez de Control adscrito al Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Décimo Quinto Distrito Judicial por sí y en representación de sus homólogos; 5. Fiscal de Distrito, por sí y como encargado de la 12. Fiscalía Séptima; 6. Fiscal Primero Investigador en Delitos Diversos; 7. Fiscal Segundo Investigador; 8. Fiscal Tercero; 9. Fiscal Cuarto, 10. Fiscal Quinto Investigador en Delitos Diversos; 11. Fiscal Sexta; 16. Fiscal Primera, 17. Fiscal Segunda, ambas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, 19. Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas; 20. Fiscal Quinta Especializada en la Investigación de delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, por sí y como encargada de la 18. Fiscalía Tercera; los siete de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial, todos de Orizaba, Veracruz, y 21. Fiscal Municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en las órdenes aprehensión, detención y/o presentación, y su ejecución. Lo anterior, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, a las diez horas con veinticinco minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 501/2020, promovido por *****. .... Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 501/2020, promovido por Carlos Pulido Hernández, contra actos del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, de la Sala Primera, y otras autoridades. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La parte quejosa reclamó en su escrito de demanda de las autoridades responsables lo siguiente: - La orden de aprehensión, detención y/o presentación, y su ejecución. SEGUNDO. Mediante proveído de dieciséis de diciembre, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables 4. Fiscal Regional de la Unidad de Procuración de Justicia; 13. Fiscal Octavo; 14. Fiscal Noveno; 15. Fiscal Décimo, estos tres del Ministerio Público Investigador en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV; 22. Delegado Regional de la Policía Ministerial de la Coordinación de Detectives y 23. Comandante de la Policía Ministerial de la Coordinación de División de Detectives, todos con sede en Orizaba, Veracruz. TERCERO. El Licenciado Urbino Alcaráz García, Juez de Control adscrito al Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Décimo Quinto Distrito Judicial por sí y en representación de sus homólogos 1., 2. y 3.; 5. Fiscal de Distrito, por sí y como encargado de la 12. Fiscalía Séptima; 6. Fiscal Primero Investigador en Delitos Diversos; 7. Fiscal Segundo Investigador; 8. Fiscal Tercero; 9. Fiscal Cuarto, 10. Fiscal Quinto Investigador en Delitos Diversos; 11. Fiscal Sexta; 16. Fiscal Primera, 17. Fiscal Segunda, ambas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, 19. Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas; 20. Fiscal Quinta Especializada en la Investigación de delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, por sí y como encargada de la 18. Fiscalía Tercera; los siete de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial, todos de Orizaba, Veracruz, y 21. Fiscal Municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclama. La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de las citadas autoridades responsables, razón por la cual deberá negarse la suspensión definitiva de los actos reclamados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente, con apoyo en la Jurisprudencia número VI.2º.J-19, visible en la página 133, del Tomo II, Julio-1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consiguientemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a Carlos Pulido Hernández, la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, y por los motivos expuestos en el mismo.
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