Carlos Neftali Rodríguez Betanzos

Expediente 601/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 48 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
601/2020
Año
2020
Actuaciones
48
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Neftali Rodríguez Betanzos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    Glósese a los autos el escrito signado por Héctor Iván Sánchez Morales, autorizado del quejoso **** con facultades amplias, atento a su contenido se acuerda: Toda vez que el artículo 14, fracción III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid 19, únicamente autorizó el regresó del cincuenta por ciento del personal de este juzgado y acceso restringido a los justiciables y al propio personal privilegiando el trabajo a distancia, en salvaguarda de la salud e integridad de las personas justiciables y del personal del órgano jurisdiccional; expídase al promovente copia digitalizada de las constancias que indica, mediante la utilización de firma electrónica, dado que no constituye un volumen considerable, ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el entendido que el documento digitalizado con firma electrónica será remitido a la parte quejosa a la cuenta de correo electrónico que proporcionó en autos para su envío; hecho lo cual deberá quedar asentada la razón correspondiente y agregarse a los autos. Notifíquese.

  2. Incidental

    Glósese a los autos el escrito signado por Héctor Iván Sánchez Morales, autorizado del quejoso **** con facultades amplias, atento a su contenido se acuerda: Toda vez que el artículo 14, fracción III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid 19, únicamente autorizó el regresó del cincuenta por ciento del personal de este juzgado y acceso restringido a los justiciables y al propio personal privilegiando el trabajo a distancia, en salvaguarda de la salud e integridad de las personas justiciables y del personal del órgano jurisdiccional; expídase al promovente copia digitalizada de las constancias que indica, mediante la utilización de firma electrónica, dado que no constituye un volumen considerable, ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el entendido que el documento digitalizado con firma electrónica será remitido a la parte quejosa a la cuenta de correo electrónico que proporcionó en autos para su envío; hecho lo cual deberá quedar asentada la razón correspondiente y agregarse a los autos. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS: Córdoba, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el seis de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a Carlos Neftalí Rodríguez Betanzos, en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, ante las violaciones producidas en el derecho del peticionario de contar con una defensa adecuada, en su vertiente tanto formal como material, en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del 1. Licenciado Florencio Hernández Espinoza (sustituido por el licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en congregación "La Toma", municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, para los efectos siguientes: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil veinte, emitido en el proceso penal 160/2020, contra el peticionario del amparo, por su probable intervención en la comisión del delito de fraude, en agravio de *******; b) Reponga el procedimiento a partir de la audiencia inicial y, previo a su celebración, verifique si la persona que asistió o asistirá al imputado, ahora quejoso, cuenta con cédula profesional que le autorice para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, pero ahora siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, dado que trae mayor beneficio para su defensa, esto es: Deberá hacerse constar en la videograbación de la audiencia inicial la manifestación del defensor de ser licenciado en Derecho y la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y también el correspondiente a su cédula profesional; por lo que el juez responsable deberá verificar la veracidad de los datos de individualización del defensor, de lo cual debe quedar constancia en la videograbación. - En caso de no cumplir con dicho requisito la persona designada, deberá proveer lo necesario para asegurar una defensa técnica adecuada, en su vertiente formal. c) Continúe con el desarrollo de la audiencia inicial, con base en los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, en la cual verifique se cumpla con la defensa adecuada en su vertiente material, y resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso. Es pertinente indicar que la reposición del procedimiento no permite a la Fiscalía modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación y solicitud de vinculación; esto último en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. (.)" Por tanto, el licenciado 1. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez (en sustitución al licenciado Florencio Hernández Espinoza), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil veinte, emitido en el proceso penal 160/2020. 2. Reponer el procedimiento a partir de la audiencia inicial y, previo a su celebración, verificar si la persona que asistió al imputado cuenta con cédula profesional que le autorice para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, esto es: 3. Hacer constar en la videograbación de la audiencia inicial la manifestación de que el defensor es licenciado en Derecho, precisando el número que se le otorgó en el centro de registro y también el correspondiente a su cédula profesional; y verificar la veracidad de los datos de individualización, de lo cual debe quedar constancia en la videograbación, y en el supuesto que la persona designada no sea licenciado en Derecho, proveer lo necesario para asegurar una defensa técnica adecuada, en su vertiente formal. 4. Continuar con el desarrollo de la audiencia inicial; verificar que se cumpla con la defensa adecuada en su vertiente material y resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso. En acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable, al 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez (sustituye al licenciado Florencio Hernández Espinoza), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 11017 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, remitió un disco de audio y video, con el que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que únicamente el quejoso desahogó la vista ordenada en acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por el 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez (sustituye al licenciado Florencio Hernández Espinoza), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: 1. Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil veinte, emitido en el proceso penal 160/2020 (minuto 3:58) 2. Repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial (minuto 4:23) y, previo a su celebración, verificó que la persona que asistió al imputado, Héctor Iván Sánchez Morales, es licenciado en derecho ya que cuenta con cédula profesional número 6152725 que le autoriza para ejercer la profesión de licenciado en Derecho; pues, en la videograbación de la audiencia inicial obra la constatación del juez responsable de que el defensor cuenta con cédula profesional de licenciado en Derecho, y que ésta se encuentra registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según le fue informado por la Auxiliar de Sala, quien refirió haber verificado su registro en la página oficial de dicha entidad registral y en el sistema de registro de cédulas del Poder Judicial del Estado de Veracruz (minuto 6:51). A continuación prosiguió con el desarrollo de la audiencia inicial; en la cual, a fin de verificar que se cumpliera con la defensa adecuada en su vertiente material preguntó al licenciado Héctor Iván Sánchez Morales, si aceptaba y protestaba el cargo de defensor particular del aquí quejoso ********, una vez aceptado el cargo conferido (minuto 11:25), le inquirió si conocía de las obligaciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (minuto 11:34); asimismo, si se impuso del contenido de la carpeta de investigación (minuto 11:44) e informó al presunto responsable ********, que tenía la opción que se resolviera su situación jurídica en ese momento, en setenta y dos horas, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes (minuto 58:05), siendo esta última opción la elegida por el peticionario del amparo, motivo por el cual, señaló las doce horas del tres de noviembre de dos mil veintiuno (minuto 59:08), a fin de resolver su situación jurídica. Finalmente, en la fecha señalada en el párrafo que antecede, previo desahogo de las pruebas ofrecidas por la defensa del quejoso, el juez responsable, al vencimiento del término constitucional, resolvió de nueva cuenta la situación jurídica de **********, dictado en su favor auto de no vinculación a proceso, en relación con su probable intervención en la comisión del delito de fraude (minuto 35:28 del archivo 4 contenido en la carpeta relativa a la continuación de la audiencia inicial). En consecuencia, se considera que la autoridad responsable, acató los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. El quejoso, al desahogar la vista, manifestó que la sentencia de amparo está cumplida, por lo que deberá estarse a lo ordenado en párrafos precedentes en que se tuvo por cumplida la misma. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por un lado se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por un lado se concedió y por otro se negó la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, dado que en el presente acuerdo se ha ordenado el archivo de los presentes autos, devuelváse al 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez (sustituye al licenciado Florencio Hernández Espinoza), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, los discos de audio y video que remitió junto con su informe justificado, a excepción del que fue enviado en cumplimiento a la sentencia amparadora y cuyo contenido fue objeto de análisis en esta resolución. Notifíquese, personalmente al quejoso, por lista al tercero interesado *****, y por oficio al fiscal tercero interesado.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el seis de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional a Carlos Neftalí Rodríguez Betanzos, en los siguientes términos: "(.) En consecuencia, ante las violaciones producidas en el derecho del peticionario de contar con una defensa adecuada, en su vertiente tanto formal como material, en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del 1. Licenciado Florencio Hernández Espinoza (sustituido por el licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en congregación "La Toma", municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, para los efectos siguientes: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil veinte, emitido en el proceso penal 160/2020, contra el peticionario del amparo, por su probable intervención en la comisión del delito de fraude, en agravio de *******; b) Reponga el procedimiento a partir de la audiencia inicial y, previo a su celebración, verifique si la persona que asistió o asistirá al imputado, ahora quejoso, cuenta con cédula profesional que le autorice para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, pero ahora siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, dado que trae mayor beneficio para su defensa, esto es: Deberá hacerse constar en la videograbación de la audiencia inicial la manifestación del defensor de ser licenciado en Derecho y la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y también el correspondiente a su cédula profesional; por lo que el juez responsable deberá verificar la veracidad de los datos de individualización del defensor, de lo cual debe quedar constancia en la videograbación. - En caso de no cumplir con dicho requisito la persona designada, deberá proveer lo necesario para asegurar una defensa técnica adecuada, en su vertiente formal. c) Continúe con el desarrollo de la audiencia inicial, con base en los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, en la cual verifique se cumpla con la defensa adecuada en su vertiente material, y resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso. Es pertinente indicar que la reposición del procedimiento no permite a la Fiscalía modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación y solicitud de vinculación; esto último en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. (.)" Por tanto, el licenciado 1. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez (en sustitución al licenciado Florencio Hernández Espinoza), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, debía: 1. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil veinte, emitido en el proceso penal 160/2020. 2. Reponer el procedimiento a partir de la audiencia inicial y, previo a su celebración, verificar si la persona que asistió al imputado cuenta con cédula profesional que le autorice para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, esto es: 3. Hacer constar en la videograbación de la audiencia inicial la manifestación de que el defensor es licenciado en Derecho, precisando el número que se le otorgó en el centro de registro y también el correspondiente a su cédula profesional; y verificar la veracidad de los datos de individualización, de lo cual debe quedar constancia en la videograbación, y en el supuesto que la persona designada no sea licenciado en Derecho, proveer lo necesario para asegurar una defensa técnica adecuada, en su vertiente formal. 4. Continuar con el desarrollo de la audiencia inicial; verificar que se cumpla con la defensa adecuada en su vertiente material y resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso. En acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, se declaró que causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable, al 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez (sustituye al licenciado Florencio Hernández Espinoza), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento respectivo. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio 11017 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, remitió un disco de audio y video, con el que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que únicamente el quejoso desahogó la vista ordenada en acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del análisis de las constancias y del disco de audio y video remitidos por el 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez (sustituye al licenciado Florencio Hernández Espinoza), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que en audiencia llevada a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo: 1. Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de siete de noviembre de dos mil veinte, emitido en el proceso penal 160/2020 (minuto 3:58) 2. Repuso el procedimiento a partir de la audiencia inicial (minuto 4:23) y, previo a su celebración, verificó que la persona que asistió al imputado, Héctor Iván Sánchez Morales, es licenciado en derecho ya que cuenta con cédula profesional número 6152725 que le autoriza para ejercer la profesión de licenciado en Derecho; pues, en la videograbación de la audiencia inicial obra la constatación del juez responsable de que el defensor cuenta con cédula profesional de licenciado en Derecho, y que ésta se encuentra registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según le fue informado por la Auxiliar de Sala, quien refirió haber verificado su registro en la página oficial de dicha entidad registral y en el sistema de registro de cédulas del Poder Judicial del Estado de Veracruz (minuto 6:51). A continuación prosiguió con el desarrollo de la audiencia inicial; en la cual, a fin de verificar que se cumpliera con la defensa adecuada en su vertiente material preguntó al licenciado Héctor Iván Sánchez Morales, si aceptaba y protestaba el cargo de defensor particular del aquí quejoso ********, una vez aceptado el cargo conferido (minuto 11:25), le inquirió si conocía de las obligaciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (minuto 11:34); asimismo, si se impuso del contenido de la carpeta de investigación (minuto 11:44) e informó al presunto responsable ********, que tenía la opción que se resolviera su situación jurídica en ese momento, en setenta y dos horas, o bien, dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes (minuto 58:05), siendo esta última opción la elegida por el peticionario del amparo, motivo por el cual, señaló las doce horas del tres de noviembre de dos mil veintiuno (minuto 59:08), a fin de resolver su situación jurídica. Finalmente, en la fecha señalada en el párrafo que antecede, previo desahogo de las pruebas ofrecidas por la defensa del quejoso, el juez responsable, al vencimiento del término constitucional, resolvió de nueva cuenta la situación jurídica de **********, dictado en su favor auto de no vinculación a proceso, en relación con su probable intervención en la comisión del delito de fraude (minuto 35:28 del archivo 4 contenido en la carpeta relativa a la continuación de la audiencia inicial). En consecuencia, se considera que la autoridad responsable, acató los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. El quejoso, al desahogar la vista, manifestó que la sentencia de amparo está cumplida, por lo que deberá estarse a lo ordenado en párrafos precedentes en que se tuvo por cumplida la misma. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por un lado se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por un lado se concedió y por otro se negó la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, dado que en el presente acuerdo se ha ordenado el archivo de los presentes autos, devuelváse al 1. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez (sustituye al licenciado Florencio Hernández Espinoza), Juez de Control, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, los discos de audio y video que remitió junto con su informe justificado, a excepción del que fue enviado en cumplimiento a la sentencia amparadora y cuyo contenido fue objeto de análisis en esta resolución. Notifíquese, personalmente al quejoso, por lista al tercero interesado *****, y por oficio al fiscal tercero interesado.

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