Carlos Pérez Potenciano
Expediente 756/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Pérez Potenciano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Tribunal del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta localidad, recibido en línea, y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la Superioridad remitiendo testimonio de la ejecutoria dictada en el toca 235/2021, del cual se advierte que la Superioridad declaró infundada la queja interpuesta por la parte quejosa en contra del proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, y fue declarada infundada la queja interpuesta en contra de dicho auto, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta localidad, recibido en línea; y en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Ahora bien, atento al contenido de dicho oficio, por el cual dicha Superioridad informa que se admite el recurso de queja interpuesto por ********************, a través de su autorizado ********************, en contra del proveído de veintitrés de septiembre pasado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y estese en espera de que dicha Superioridad resuelva el mismo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintiuno.********************Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa en el presente asunto, recibido en línea; y en virtud de que dicho ocurso cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente.********************En atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de veintitrés de septiembre del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez notificado el presente acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta localidad, a través de su Oficina de Correspondencia Común, el original y copia del escrito del recurso de queja; copia certificada del proveído recurrido; el informe sobre la materia de la queja; y copias certificadas de********************las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación de dicho recurso.********************Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad que deba resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es en contra del proveído que se tuvo por desechada la demanda de amparo y, por ende, no hay partes en el asunto.********************Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado CARLOS PÉREZ POTENCIANO, quejoso en el presente asunto, recibido en línea; y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a que fue presentado antes de que comenzara a correr el plazo conferido para desahogar la prevención a la demanda, téngasele desahogando en tiempo dicho requerimiento, y en atención a que aclara los puntos materia de la prevención se le tiene dado cabal cumplimiento al mismo. Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. La hipótesis de improcedencia que se estima actualizada es la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 5 del mismo cuerpo normativo, en virtud de que el quejoso carece de interés jurídico, en la medida que el acto reclamado no afecta su esfera de derechos subjetivos. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Las disposiciones legales transcritas, establecen uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que haya afectado su esfera jurídica de derechos y acuda en su defensa. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico legalmente tutelado, cuenta con legitimación procesal sustantiva para promover y, en su caso, obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo de la parte quejosa sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación) y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Cabe citar al respecto la tesis siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Ahora bien, en el caso a estudio, partiendo de la base de que el quejoso se duele de haber sido citado a comparecer a ser entrevistado por el fiscal responsable. Lo cual, estima violatorio su derecho a un debido proceso pues el citatorio se respectivo no se entregó en su domicilio actual, sino en uno anterior, ni con la anticipación debida (cuarenta y ocho horas) para presentarse a la entrevista, y tampoco se le acompañaron las copias de la carpeta de investigación, las cuales estima necesarias para emprender su debida defensa. En razón de lo anterior, debe precisarse que el debido proceso está integrado por una serie de requisitos que deben observarse en instancias procesales, a fin de que las partes puedan defenderse en igualdad de condiciones. Constituye un derecho fundamental complejo en tanto que su esencia está en la diversidad de derechos que posibilitan al justiciable tener las condiciones adecuadas para que exista un juicio o procedimiento justo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre el contenido del debido proceso en la jurisprudencia 1a./J. 11/2014, consultable en la página 396 del Libro 3, correspondiente al mes de febrero del 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005716, la cual es del siguiente tenor: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza". De la lectura de las cinco ejecutorias de las que derivó la jurisprudencia antes preinserta (amparo en revisión 352/2012; amparo directo en revisión 3758/2012; amparo en revisión 121/2013; amparo en revisión 150/2013 y amparo directo en revisión 1009/2013), se observa: a) Una constante en cuanto a determinar explícita e implícitamente, que el debido proceso es aplicable a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional. b) La identificación de las formalidades esenciales del procedimiento con el derecho de audiencia. c) Que se considera a las formalidades esenciales del procedimiento o derecho de audiencia, como parte integrante del derecho al debido proceso. d) Destacándose que las formalidades esenciales del procedimiento o derecho de audiencia forma parte de los derechos fundamentales procedimentales, cuya importancia es dual, porque constituyen derechos autónomos y a la vez se erigen como garantía de otros derechos fundamentales. e) La puntualización de los diversos derechos cuyo efectividad supone la realización de las formalidades del procedimiento o defensa adecuada, por ejemplo: el derecho de que el juzgador sea imparcial; a la igualdad procesal; los derechos del justiciable de que se les notifique el procedimiento, a ofrecer y desahogar pruebas, a que se le dé oportunidad de alegar, a que se dicte una sentencia en la que se resuelva la controversia y a impugnar la decisión definitiva (derechos considerados como el núcleo duro del debido proceso). f) Que la Primera Sala entiende que sólo cuando se cumplen la serie de directrices o principios que conforman las formalidades esenciales del procedimiento, puede considerarse que el acceso a la administración de justicia deriva del debido proceso, posibilitando así la materialización del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, a una defensa adecuada así como, en última instancia, el derecho de acceso a la justicia. De todo lo hasta aquí expresado, claramente se advierte que el debido proceso, como se anticipó, es un derecho fundamental complejo que constituye el eje esencial a través del cual se articulan una serie de derechos (entre ellos, el juzgamiento por un juez imparcial y objetivo, así como respeto al derecho de igualdad de partes en el proceso) cuya efectividad aseguran ?en la medida de lo posible? la solución justa de la controversia. En otras palabras, con el ejercicio efectivo de los derechos integradores del debido proceso, lo que se busca es acceder a un derecho fundamental de mayor entidad consistente en el derecho humano a la justicia efectiva. Así las cosas, es indispensable que el quejoso, a fin de acreditar su interés jurídico, demuestre que los actos que reclama le causan agravio a su esfera jurídica, de manera que el amparista tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que sus derechos de garantía de audiencia y debido proceso, fueron violados tal como lo aduce en su escrito de demanda. Sin embargo, en el caso concreto, el acto que se pretende combatir, esto es, su cita a ser entrevistado que no contiene un acto privativo que genere una afectación directa en su esfera jurídica de derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, sin garantizar el derecho de audiencia previa a su emisión. Se afirma lo anterior, toda vez que dicho acto no es privativo ni restrictivo de libertad, ya que se trata únicamente de una cita emitida por el fiscal responsable dentro de una carpeta de investigación, para que la parte quejosa comparezca a rendir su entrevista inicial, sin que de dicha invitación se advierte que se haya impuesto u ordenado su privación de la libertad o restricción en modo alguno, simplemente se le indicó comparecer al desahogo de aquella entrevista; por lo que, el hecho de que se hubiera iniciado una carpeta de investigación y que por ello se realizara una citación para realizar su investigación inicial, de ninguna manera afecta la esfera jurídica del aquí quejoso en la medida por él descrita. Se invoca por similitud jurídica sustancial, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos noventa, página 689, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Ante este panorama, se reitera, de la lectura de la demanda, se obtiene que el fiscal responsable en ningún momento emitió algún acto que constituyera una restricción de la libertad del aquí quejoso, ni ordenó que se le presentara vía fuerza pública, tampoco que se le detuviera; de ahí que en este caso concreto ni siquiera se pueda hablar o estimar que exista una restricción a su libertad deambulatoria. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el fiscal responsable, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, pues en el caso particular dicha citación fue realizada para que de manera voluntaria el aquí quejoso comparezca o no a dicha entrevista. En las relatadas consideraciones, es evidente que no existe afectación directa a la libertad del quejoso ni al debido proceso, y es por ello que carece de interés jurídico para pedir amparo en contra de la citación que destaca como reclamado, y por extensión de la notificación respetiva y de la falta de entrega de copias que aduce omitida en la misma, por ser actos conexos al primero y de naturaleza meramente procesal. Se cita por identidad de razón jurídica la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (registro digital: 2018828) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, bajo el rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Lo anterior, pues si bien refiere a un acto procesal diverso, lo cierto es que la cita a la audiencia inicial y a comparecer a ser entrevistado son actuaciones análogas en tanto que en ambas se pide la comparecencia del investigado en la primera etapa del proceso penal ante una autoridad para efectos la continuación del procedimiento, aunado a que en ambas, tiene la oportunidad de guardar silencio y obtener acceso a los registros de la investigación. No constituye un obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el que el promovente alegue que tiene conocimiento que en el expediente de queja 47/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado Penal del este Séptimo Circuito, el referido órgano colegiado haya declarado que la falta de interés para reclamar un citatorio a entrevista no es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, sin embargo, de la consulta de tal asunto se obtiene que el mismo fue emitido por mayoría, no unanimidad, y no indica que con el mismo se esté integrando jurisprudencia obligatoria para este Juzgado de Distrito. Tampoco se soslaya que la parte quejosa estime inaplicable el citado criterio de jurisprudencia 1a./J. 78/2018, con motivo de la existencia del diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 15/2018 (que dispone que es posible que la suspensión del acto reclamado en el amparo tenga efectos restitutorios cuando el acto reclamado consista en la citación para comparecer a la audiencia inicial de formulación de imputación), no obstante ello, atendiendo a que el primero es más reciente que el citado por el impetrante del amparo y expresamente indica que se aparta del criterio sostenido con anterioridad en la tesis 1a./J. 93/2013 (que disponía la procedencia del juicio de amparo en contra de la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión), se estima que debe prevalecer el primero respecto del segundo en todo punto contradictorio, y en ese sentido, no puede servirle de base para lograr su inaplicación. En las anteriores condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXII, en relación con el acto consistente en la orden de citar al quejoso para ser entrevistado por el 1. Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de XVII Distrito Judicial de la Ciudad de Veracruz, Veracruz; se desecha la demanda de amparo en el juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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