Carlos Pérez Potenciano

Expediente 1034/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1034/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Carlos Pérez Potenciano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, misma que a la la letra dice: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, Carlos Pérez Potenciano promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 3 a 11). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno (fojas 13 a 17) se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; sin tramitarse incidente de suspensión; se ordenó emplazar a la tercera interesada Risela Yaneth Burciaga Nayares. Por auto de trece de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazada a Risela Yaneth Burciaga Nayares tercera interesada en el presente asunto (fojas 22 y 24 a 25). TERCERO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, quien hizo valer causales de improcedencia (fojas 27 a 28, cuaderno de pruebas) la audiencia constitucional tuvo verificativo el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 31). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal emitido por una autoridad judicial, que se alega es susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos a la familia, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: a) La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Sumario Civil 1185/2021 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la aquí tercero interesada Risela Yaneth Burciaga Nayares, en la cual el juez responsable omite imponer multa a la tercero interesada, en conjunto con su abogada, a efecto de mantener el orden. Resolución que le fue notificada por lista, bajo el número ciento ochenta y cuatro, el mismo treinta de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 319, cuaderno de pruebas). b) La omisión abstención, retardo injustificado y la notoria negativa de emitir el acuerdo y/o respuesta en el cual atienda y resuelva en forma positiva o negativa, lo solicitado en el escrito de desahogo de vista a la reclamación, a través del cual de manera pacífica y respetuosa solicitó imponer una multa a la demandada y su abogada. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado que se atribuye al 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, relativo a b) La omisión abstención, retardo injustificado y la notoria negativa de emitir el acuerdo y/o respuesta en el cual atienda y resuelva en forma positiva o negativa, lo solicitado en el escrito de desahogo de vista a la reclamación, a través del cual de manera pacífica y respetuosa solicitó imponer una multa a la demandada y su abogada. En efecto, la autoridad responsable remitió copias certificadas del Juicio Sumario 1034/2021, como justificación de su actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley (cuaderno de pruebas). Del informe justificado y de las copias certificadas del Juicio Sumario 1034/2021, que remitió la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, Carlos Pérez Potenciano promovió Juicio Sumario donde demandó de Risela Yaneth Burciaga Nayares entre otras cuestiones I. Divorcio sin expresión de causa; II. Liquidación de la Sociedad Conyugal (fojas 1 a 45, cuaderno de pruebas). 2. Por auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, previnó a la parte actora a efecto de que exhiba propuesta de convenio, emitió como medida de protección, la desocupación por parte de la demandada Risela Yaneth Burciaga Nayares del domicilio conyugal, la prohibición de acercarse al domicilio del actor y se abstenga de injuriar y amenazar a Carlos Pérez Potenciano (fojas 139 a 141, cuaderno de pruebas). 3. Proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, ordenó emplazar a la parte demandada Risela Yaneth Burciaga Nayares (fojas 142, 143 y 144 a 147, cuaderno de pruebas). 4. Luego de que el veinte de agosto de dos mil veintiuno, se emplazara a la demandada en el juicio (fojas 174 a 177, cuaderno de pruebas) mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte demanda, interponiendo recurso de reclamación contra el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se emitieron diversas medidas de protección, por lo que se deja a la vista de la parte actora para que manifieste lo que a su interés convenga (fojas 183 y 185 a 194, cuaderno de pruebas). 5. Acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por cuanto hace al escrito marcado con el registro número 5, se tuvo a Risela Yaneth Burciaga Nayares contestando la demanda y por opuestas sus excepciones, objetadas las pruebas que indica y por ofrecidas la que se precisan, dejando a la vista de la actora por tres días; con el escrito marcado con el registro número 8 con el cual desahoga la vista, solicita resolver la reclamación y se imponga multa, desahogando la vista que se diera a Carlos Pérez Potenciano con el recurso de reclamación, en relación al escrito (marcado con el registro número 12) interponiendo recurso de revocación en contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, por lo que se deja a la vista de la parte demandada para que manifieste lo que a su interés convenga y por último respecto al escrito marcado con el registro número 36, se ordenó expedir las copias certificadas solicitadas (fojas 209, 213 a 227, escrito marcado con registro número 5, 241, escrito marcado con registro número 36, 242 a 258, escrito marcado con el registro número 12 y 259 a 277, escrito marcado con el registro número 8 con el cual desahoga vista y solicita al resolver la reclamación se imponga multa) cuaderno de pruebas). 6. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo con relación al escrito marcado con el registro número 54, a la parte actora desahogando la vista que se le diera con el escrito de contestación de demanda, así también respecto al escrito marcado con el registro número 49, se tuvo por precluido el derecho de la parte demandada de desahogar la vista relativa al recurso de revocación por el actor, se turnaron los autos para emitir la resolución correspondiente al recurso de revocación contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el que se admitió el recurso de reclamación y el recurso de reclamación interpuesto por la demandada contra el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno (fojas 278, 279, marcado con el registro número 49, 280 a 314, escrito marcado con el registro número 54, cuaderno de pruebas). 7. Resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, a saber: "PRIMERO. En relación al recurso de revocación interpuesto por la parte actora, se confirma el auto combatido, esto es, el de fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno. SEGUNDO. En relación al recurso de reclamación interpuesto por la demandada, por lo analizado en el considerando III de la presente, se DESECHA DE PLANO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LAS MEDIDAS DECRETADAS EN AUTO DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. TERCERO. Remítase copia de la presente resolución a la Superioridad para su debido conocimiento y llévense a cabo las anotaciones de rigor en los libros de gobierno que al efecto se llevan en este juzgado. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes del juicio." (fojas 315 a 319, cuaderno de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado. De la relatoría de los antecedentes de las copias certificadas del Juicio Sumario Civil 1185/2021 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, a las que se les concedió valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, resulta evidente la inexistencia de b) La omisión abstención, retardo injustificado y la notoria negativa de emitir el acuerdo y/o respuesta en el cual atienda y resuelva en forma positiva o negativa, lo solicitado en el escrito de desahogo de vista a la reclamación, a través del cual de manera pacífica y respetuosa, la parte quejosa solicitó imponer una multa a la demandada y su abogada, en virtud de que mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por cuanto hace al escrito marcado con el registro número 8, con el cual desahoga vista, solicita resolver la reclamación y solicita se imponga multa, se acordó y si bien no en los términos solicitados, la parte quejosa debió impugnarlo en la vía correspondiente. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado por parte de la autoridad responsable, y como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para acreditar lo contrario, a pesar de haberse puesto a la vista el informe justificado mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, lo que procede es sobreseer en este juicio, por lo que hace a la autoridad responsable, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable en este aspecto la jurisprudencia VI.2o.J/20: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por cierto los actos que la parte quejosa atribuye al 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Lo anterior, no obstante que al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyen (fojas 27 a 28, cuaderno de pruebas). En efecto, la aludida autoridad responsable al rendir su informe de ley comunicó que es facultad potestativa del juzgador imponer o no las multas. Así también sostuvo que, si bien era cierto que el quejoso realiza solicitud para imponer una multa a la parte contraria en su escrito de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno y el treinta del mes y año, resuelve el recurso de reclamación, ello no implica que deba, en esa actuación aplicar o no una corrección disciplinaria. En esas condiciones, debe tenerse por cierto el acto reclamado, en la medida que, como se vio, al día de la promoción de la demanda de amparo del aquí quejoso, sí existía la omisión reclamada al 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Además, la existencia de la resolución se corrobora con las copias certificadas del Juicio Sumario Civil 1034/2021, que remitió la autoridad responsable como justificación de su actos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas expedidas por un servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley y de las que se advierte la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno impugnada por esta vía (fojas 315 a 319, del cuaderno de pruebas). Documentos que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."" QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias - de hecho o de derecho - que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." La autoridad responsable 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, en relación al acto reclamado relativo a a) La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del Juicio Sumario Civil 1185/2021 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la aquí tercero interesada Risela Yaneth Burciaga Nayares, en la cual el juez responsable omite imponer multa a la tercero interesada, en conjunto con su abogada, a efecto de mantener el orden; refiere se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia de este juicio cuando se promueva contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la aparte quejosa. Causal de improcedencia fundada. MARCO NORMATIVO A efecto de analizar la causa de improcedencia invocada debe acudirse al contenido del precepto legal mencionado, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." A manera de preámbulo, se precisa que a raíz de la reforma, entre otros, a la fracción I del artículo 107 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se incorporó la noción de interés legítimo para efectos de procedencia del juicio de amparo, puesto que la nueva redacción dispone que se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En relación al tópico de referencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Consideraciones que dieron lugar a las tesis de jurisprudencia 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002, visibles en las páginas 241 y 242 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, diciembre de 2002, de rubros: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" y "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL." En relación con el mismo concepto, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sostenido que el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que una actuación u omisión de cierta autoridad sea acorde a la ley por derivar de ello un beneficio o evitar un perjuicio en sus intereses, lo que exige demostrar tener una situación cualificada de afectación y conseguir que esa conducta sea enmendada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Se agrega que el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato ni dispongan de un derecho subjetivo que deba ser restituido. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio o evitar un perjuicio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio. Las características que permiten identificarlo son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio en favor del accionante; b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo; c) Debe existir una afectación a los intereses del particular; d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho; e) Es un interés cualificado, actual y real y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante, y f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo expuesto se obtiene, que con motivo de la reforma constitucional, el particular cuenta con un poder de exigencia que, si bien no se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que de haber sido aplicadas le reportarían una situación favorable o ventajosa, pues se entiende por interés legítimo la pretensión o poder de exigencia respecto a la legalidad de un acto de la autoridad cuya anulación o declaración de ilegalidad trae aparejada una ventaja, a través de invocar la titularidad de un interés y en virtud de presentar una situación especial o cualificada relacionada con una lesión o principio de afectación a la esfera jurídica del inconforme, en donde la resolución correspondiente tendrá por objeto anular los actos irregulares así como sus consecuencias. No obstante, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple. Así mismo, de los anteriores conceptos se obtiene la diferencia entre interés simple y legítimo. El interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. En cambio, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en algún tipo de beneficio personal para el interesado y, por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en algún sentido. Entonces, en el interés simple la situación jurídica sería el puro interés en la legalidad que tiene cualquier ciudadano, por el elemental hecho de ser miembro de una sociedad, para interesarse en el quehacer de las autoridades, con la finalidad de que cumplan con el orden jurídico objetivo. En contraste, hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, cuando éste no tiene un derecho subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta. Se distingue de aquél, porque no se basa en el solo interés en la legalidad que tiene cualquier ciudadano, sino en la situación objetiva y particular en la que se encuentran, porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto. Conforme con el marco jurídico actual, solo el interés legítimo faculta al particular para reclamar en el juicio de amparo la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación particular que guarda frente al orden jurídico, ya que el mero interés por la legalidad únicamente permite la denuncia o la acción popular, en las que no se requiere de una condición precisa o una cualificación subjetiva especial, pues se pueden promover por cualquier persona. CONCLUSIÓN En el caso, conviene recordar que el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo- cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que de hecho pueda tener una persona respecto de la constitucionalidad de determinados actos de autoridad. Sentado lo anterior, debe decirse que, no obstante que la parte quejosa es actor en el Juicio Sumario Civil 1185/2021 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, lo cierto es que, a) La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la aquí tercero interesada Risela Yaneth Burciaga Nayares, en la cual el juez responsable omite imponer multa a la tercero interesada, en conjunto con su abogada, a efecto de mantener el orden, es una facultad potestativa para los titulares de los órganos jurisdiccionales imponer correcciones disciplinarias a quienes alteren el orden o incurran en faltas de respeto y consideración contra su persona, por consiguiente las partes contendientes en el juicio no tienen poder de exigencia imperativo para poder reclamar en el amparo el que la autoridad que conoce del caso cuando a pesar de haberle solicitado una de las partes que aplicara alguna de esas medidas a otra de las partes contendientes, no lo haga. Dado que sí el encargado del órgano jurisdiccional tiene la obligación de controlar que un procedimiento se lleve a cabo con el debido orden por quienes contiendan y con respeto a su investidura, y para lograr ello la ley le concede la facultad de aplicar correcciones disciplinarias, entonces el solicitante no es titular de un derecho legalmente tutelado susceptible de oponerlo a ese acto de autoridad, y por tanto, no puede sostener válidamente que al no utilizarse esos medios por la autoridad contra su contrario, se afecte su interés, esto a fin de estar facultado para acudir al amparo a combatir de la autoridad jurisdiccional el que no haya ejercitado esa potestad. Es aplicable, por identidad de razón la tesis XVI.1o.2 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, página 371, con número de registro digital: 202635, del rubro y texto siguiente: "CORRECCIONES DISCIPLINARIAS. INTERES JURIDICO. NO LO TIENEN LAS PARTES DE UN JUICIO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE A APLICARLAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Del contenido del artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se infiere que es potestativo para los titulares de los órganos jurisdiccionales imponer correcciones disciplinarias a quienes alteren el orden o incurran en faltas de respeto y consideración contra su persona, por consiguiente las partes contendientes en el juicio no tienen poder de exigencia imperativo para poder reclamar en el amparo el que la autoridad que conoce del caso cuando a pesar de haberle solicitado una de las partes que aplicara alguna de esas medidas a otra de las partes contendientes, no lo haga. Esto es, cuando alguna de las partes en el juicio estimare que las expresiones de su contrario sobre su persona implican alteración al orden, sólo tiene una mera facultad de solicitar a la autoridad que conoce del caso que imponga alguna corrección disciplinaria por ese concepto, más cuando su petición fuere acordada en sentido negativo, tal circunstancia no la legitima para ejercer la acción constitucional contra esa determinación, pues si el encargado del órgano jurisdiccional tiene la obligación de controlar que un procedimiento se lleve a cabo con el debido orden por quienes contiendan y con respeto a su investidura, y para lograr ello la ley le concede la facultad de aplicar correcciones disciplinarias, entonces el solicitante no es titular de un derecho legalmente tutelado susceptible de oponerlo a ese acto de autoridad, y por tanto no puede sostener válidamente que al no utilizarse esos medios por la autoridad contra su contrario, se afecte su interés, esto a fin de estar facultado para acudir al amparo a combatir de la autoridad jurisdiccional el que no haya ejercitado esa potestad, y si así lo hace entonces su demanda de garantías es improcedente en términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que ello implique que la conducta en el juicio de aquella parte que a criterio del afectado le agravia, pueda ser cuestionada de manera concreta en otras instancias legales." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que, se sobresee el presente juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61 fracción XII, 63, fracción IV y V, 73 y 74, de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carlos Pérez Potenciano, en contra de la autoridad señalada en el considerando segundo y por el acto que se le reclama, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio, signado por el 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con ésta fecha se notifica la parte quejosa, el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Virginia Navarrete Domínguez, para el efecto siguiente: ".En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, en esas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1041/2015, de su índice, sin mayores dilaciones y sin obstáculos, continúe con la ejecución de la sentencia y aplique en su caso las diversas hipótesis que prevé el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz." Mediante proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 2504/2021, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada del auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, donde ordenó dictar medidas a fin de cumplir con la ejecución del convenio aprobado judicialmente, en términos del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en relación con el artículo 340 fracción VI, 341 y 343 del Código Civil vigente en el Estado. Asimismo, ordenó hacer efectivo el apercibimiento a Luis Gerardo Marinero Soto, consistente en multa de treinta unidades de medida de actualización, en términos del artículo 53 fracción I del Código Procesal Civil, al incumplir con la cláusula tercera del convenio consistente en liquidar la deuda que guarda el inmueble ubicado en la calle Rio Nilo número 886 interior "B" de la Colonia las Vegas II en Boca del Río, Veracruz. Igualmente, requirió de nueva cuenta al aquí tercero interesado el cumplimiento del convenio en su especifico en su cláusula tercera, apercibiéndolo que en caso de incumplir procedería a dar vista a la autoridad investigadora en términos del artículo 21 Constitucional, por lo que ordenó girar exhorto al Juez competente en la ciudad de Puebla, a efecto de notificar el aludido auto. Seguidamente, se recibió el oficio 2632/2021-M-5 signado por el Juez de lo Familiar, que contiene anexo copia certificada del exhorto 2549/2021/Mesa-5 dirigido al Juez de lo Familiar y/o competente de Puebla Zaragoza, a fin de notificar el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, al aquí tercero interesado, así como de la factura judicial derivada de la correspondencia oficial enviada, lo anterior dentro del Juicio Ordinario Civil 1041/2015 de su índice. En ese mismo sentido, se recibió el oficio 3477/2021, con el cual informó las gestiones tomadas a efecto de recabar el exhorto que ordeno girar al Juez de lo Familiar en Puebla, a fin de notificar el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno al demandado Luis Gerardo Marinero Soto, por lo que ordenó enviar telegrama y oficio a la oficialía mayor del Juzgado de exhortos del Poder Judicial del Estado de Puebla. Por otra parte, del oficio 4092/2021-M-5 signado por el Juez Especializado en Materia de Familia, se aprecia las constancias derivadas del exhorto 2549/2021/Mesa-5, enviado al Juez de lo Familiar en Puebla, con el fin de requerir el cumplimiento del convenio aprobado judicialmente al demandado Luis Gerardo Marinero Soto, el cual fue devuelto parcialmente diligenciado tal y como se aprecia de la razón actuarial de catorce de mayo del año en curso; derivado de lo anterior el referido Juez responsable mediante auto de once de junio de dos mil veintiuno, solicitó a Virginia Navarrete Domínguez, manifestara si conoce diverso domicilio personal o laboral del aquí tercero interesado, a efecto de notificar el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno. En ese orden ideas, del oficio 5424/2021-M-5 signado por el referido Juez Familiar, se advierte copia certificada del auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, donde ordenó requerir por lista de acuerdos al demandado Luis Gerardo Marinero Soto, a efecto de que señalara domicilio donde oír y recibir notificaciones bajo el apercibimiento que de no cumplir las subsecuentes se realizaran por lista de acuerdos. Por otra parte del oficio 5910/2021-M-5 se aprecia copia certificada del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, donde se ordenó hacer efectivo el apercibimiento al demandado Luis Gerardo Marinero Soto, decretado en diverso auto de trece de agosto del año en curso, lo anterior en virtud de no haber señalado domicilio donde oír y recibir notificaciones, por lo que, ordenó notificar el auto de veinte de abril del año en curso mediante lista de acuerdos.Por otro lado, se recibió el oficio 6934/2021-M-5, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, con el cual anexó copia certificada del auto veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, del cual se aprecia el apercibimiento decretado al aquí tercero interesado Luis Gerardo Marinero Soto, ante la falta del cumplimiento del mandato judicial y poner en riesgo a los acreedores alimentarios, procediendo a dar vista a la autoridad investigadora tal y como se aprecia de la copia certificada del oficio 6920/2021-M-5 de su índice. En ese mismo acto, requirió a la parte actora a efecto de comparecer a recibir las copias certificadas de la escritura del inmueble ubicado en la casa habitación y terreno ubicado en calle Río Nilo número 886 interior B, colonia las Vegas de Boca del Río, Veracruz; lo anterior a fin de realizar la protocolización correspondiente ante Notaria Pública de su elección. En mérito de lo anterior, se aprecia que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en el ámbito de sus facultades continúo realizando gestiones a fin de logar el cumplimiento del convenio judicial celebrado entre las partes del juicio de origen 1041/2015, determinando entregar a la aquí quejosa copias certificadas de la escritura del referido inmueble a fin de realizar la protocolización correspondiente ante Notaria Pública. Igualmente, y ante la falta del cumplimiento del mandato judicial por parte de demandado Luis Gerardo Marinero Soto y poner en riesgo a los acreedores alimentarios, ordenó dar vista a la autoridad investigadora tal y como se aprecia de la copia certificada del oficio 6920/2021-M-5 de su índice, dirigido al Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en turno, lo anterior a fin de hacer cumplir sus determinaciones, empleando la referida medida de apremio en términos del artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

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