Carlos Padilla Massie
Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Padilla Massie
- Xavier Madrigal Sanchez
- Ana Paola Eslava Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de once de julio pasado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, así como el original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, lo anterior de conformidad con los artículos 12, 14, 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria en cita, al que acompaña los autos del juicio de amparo indirecto número III-453/2022-L, e informa que en ejecutorias de siete de los actuales, resolvió lo siguiente: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese únicamente las constancias originales relativas al cuaderno de antecedentes respectivo y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA once de julio de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO ".. Del estado de autos, específicamente de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: I. El acuerdo administrativo verbal o por escrito de cambio de la sede Expo Fiesta, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, CECONEXPO. II. La orden y órdenes verbales o escritas, o la emisión OFICIOS y/o MINUTAS y/o acuerdo administrativo para la instalación, apertura y realización del FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN 2022, anteriormente llamado EXPOFIESTA y/o EXPOFERIA MICHOACÁN 2022. III. La inseguridad, poner en riesgo la salud mental y física, causar molestias que provoquen la disminución, menoscabo o supresión definitiva de nuestra tranquilidad, provocar miedo latente por el aumento de la inseguridad al salir o entrar a nuestras casas. IV. El impedimento para la realización de nuestros ejercicios físicos y de relajación que cientos de vecinos realizamos como fuente indispensable de salud física y mental, durante y después del FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN 2022, anteriormente llamado EXPOFIESTA Y/O EXPOFERIA MICHOACÁN 2022. V. Posibles actos que impidan el uso de las instalaciones para la recreación, el deporte, ejercicios, relajación, caminatas que en tiempo de pandemia resultan de vital importancia. VI. Molestar al hábitat de aves, reptiles, insectos, plantas, arboles de la zona o modificar su hábitat, con riesgo de provocar su exterminio. VII. El pretender realizar cada año durante todo su sexenio de su gobierno. VIII. El pretender realizar cada año durante todo su sexenio de su gobierno estatal la FIESTA MICHOACÁN DE ORIGEN 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Y 2027 o formatos similares a la conocida EXPOFERIA MICHOACÁN con cambio de nombre, en el CECONEXPO, lugar no apto para estos magnos eventos, así como su ejecución. Actos respecto de los cuales se advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, el que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes citada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del actor reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.-En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora bien, de las constancias de autos se evidencia que si existe la determinación y/o acuerdo de las autoridades responsables para realizar la Expo Fiesta en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia CONEXPO, lo que se corrobora con la expedición de oficios, carteles, escritos, comunicados, convocatorias, y publicidad para participar, así como demás actos tendientes a llevar a cabo la realización del festival, que tuvo verificativo del cinco al veintidós de mayo del año en curso. En consecuencia, es inconcuso que si en el presente asunto, concluyo dicho festival, ya no puede surtir efectos legales o materiales algunos, en virtud de que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional que efectivamente ya concluyó dicho festival, por tanto, dejó de existir el objeto o materia que afecta a los promoventes. Ello es así, en atención a que en caso de concluirse que el acto aquí reclamado es inconstitucional, a ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria y por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto del mismo, pues se insiste, ya concluyó el citado evento. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos precedentes. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la fecha y hora señalada para tal efecto. Lo anterior, hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien conoce del recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables en contra del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Del estado de autos, específicamente de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: I. El acuerdo administrativo verbal o por escrito de cambio de la sede Expo Fiesta, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, CECONEXPO. II. La orden y órdenes verbales o escritas, o la emisión OFICIOS y/o MINUTAS y/o acuerdo administrativo para la instalación, apertura y realización del FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN 2022, anteriormente llamado EXPOFIESTA y/o EXPOFERIA MICHOACÁN 2022. III. La inseguridad, poner en riesgo la salud mental y física, causar molestias que provoquen la disminución, menoscabo o supresión definitiva de nuestra tranquilidad, provocar miedo latente por el aumento de la inseguridad al salir o entrar a nuestras casas. IV. El impedimento para la realización de nuestros ejercicios físicos y de relajación que cientos de vecinos realizamos como fuente indispensable de salud física y mental, durante y después del FESTIVAL MICHOACÁN DE ORIGEN 2022, anteriormente llamado EXPOFIESTA Y/O EXPOFERIA MICHOACÁN 2022. V. Posibles actos que impidan el uso de las instalaciones para la recreación, el deporte, ejercicios, relajación, caminatas que en tiempo de pandemia resultan de vital importancia. VI. Molestar al hábitat de aves, reptiles, insectos, plantas, arboles de la zona o modificar su hábitat, con riesgo de provocar su exterminio. VII. El pretender realizar cada año durante todo su sexenio de su gobierno. VIII. El pretender realizar cada año durante todo su sexenio de su gobierno estatal la FIESTA MICHOACÁN DE ORIGEN 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 Y 2027 o formatos similares a la conocida EXPOFERIA MICHOACÁN con cambio de nombre, en el CECONEXPO, lugar no apto para estos magnos eventos, así como su ejecución. Actos respecto de los cuales se advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, el que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes citada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría vano restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del actor reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y, consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, del análisis de la anterior fracción se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa, haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. De llegar a darse esos requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente, pues aun en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituirle sobre un derecho o cosa que ya no existe o no se encuentra en su esfera de intereses. Así, podemos concluir que el motivo de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al amparista en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.-En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora bien, de las constancias de autos se evidencia que si existe la determinación y/o acuerdo de las autoridades responsables para realizar la Expo Fiesta en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia CONEXPO, lo que se corrobora con la expedición de oficios, carteles, escritos, comunicados, convocatorias, y publicidad para participar, así como demás actos tendientes a llevar a cabo la realización del festival, que tuvo verificativo del cinco al veintidós de mayo del año en curso. En consecuencia, es inconcuso que si en el presente asunto, concluyo dicho festival, ya no puede surtir efectos legales o materiales algunos, en virtud de que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional que efectivamente ya concluyó dicho festival, por tanto, dejó de existir el objeto o materia que afecta a los promoventes. Ello es así, en atención a que en caso de concluirse que el acto aquí reclamado es inconstitucional, a ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria y por ende, el fallo protector no podría cumplir con su finalidad, por haber dejado de existir el objeto del mismo, pues se insiste, ya concluyó el citado evento. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos precedentes. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la fecha y hora señalada para tal efecto. Lo anterior, hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien conoce del recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables en contra del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
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