Carlos Omar Rocha Piñon

Expediente 738/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
738/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Carlos Omar Rocha Piñon
  • F. R. A.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación dictada con fecha once de julio del presente año, en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al juicio en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por los artículos 12, 14 y el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó el juicio de amparo en que se actúa, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a catorce de julio de dos mil veintidós. Como según la constancia secretarial de cuenta, ha fenecido el término de diez días, que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución dictada el cuatro de marzo último, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías, promovido por el quejoso ... en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es destruible, al igual que el original y duplicado del incidente de suspensión, dado que se sobreseyó el juicio de garantías, y se negaron la suspensión provisional y definitiva; lo anterior, en términos de los artículos 12, 14, y 21 fracción I, incisos a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 14. Criterios de valoración. Los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales serán: relevancia documental, conservable, depurable o destruible, el cual deberá decretarse en el acuerdo de archivo como asunto concluido. Los responsables de la valoración, sólo podrán optar por uno de los criterios señalados en el párrafo anterior. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado." Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo general en cita. No se omite hacer mención, que no se hace referencia respecto al término de las autoridades responsables, virtud a que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis aislada número de registro 316096, visible en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables, las constancias que remitieron como complemento a su informe justificado, solicitándoles al efecto, acusen recibo de las mismas, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, se deducirá que las recibieron a su total y entera satisfacción. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ..., contra actos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número l-738/2022-1; en tal virtud, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La resolución de fecha 22 veintidós de junio del año del curso, dictada dentro del cuaderno número ... formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatoria que promoviera la tercera interesada dentro del juicio Ordinario Oral Familiar número ..., del índice del Juzgado Tercero Oral Familiar de este Distrito Judicial." Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Mientras que el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dispone: "El amparo indirecto procede:. [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en su jurisprudencia número 17/2015, que los actos de autoridad que son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, de conformidad con en el numeral 107, fracción VIII, son aquéllos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Por tanto, se estima que el promovente señala como acto reclamado el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, declara fundada la declinatoria propuesta por Anahí Alfaro Acuña por sí y en cuanto representante de sus hijos de iniciales .... dentro del juicio especial oral familiar número ..., que sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovió la incidentista frente a ... y su acumulado ... del índice del Juzgado Séptimo Oral Familiar de este Distrito Judicial, determinándose que la autoridad que debe dirimir el asunto es el Juez competente del Distrito Judicial de Venados, San Luis Potosí; acto que no se considera como definitivo y contra del cual no procede el amparo indirecto, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda, no obra constancia alguna de que el Juez en turno con residencia en Venados, San Luis Potosí, órgano jurisdiccional de diversa entidad federativa al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se haya pronunciado acerca de la competencia declinada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 17/2015, Décima Época, consultable en la página 5, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Criterio jurisprudencial que resulta de aplicación obligatoria para este órgano federal, virtud a lo que establece el artículo 217 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la determinación que constituye el acto reclamado, no es de aquéllos que motivan la procedencia del juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, pues no resultan definitivos, virtud a que, se reitera, deben entenderse como tales, aquéllos en los que el órgano a favor del cual se declinó la competencia la acepta, porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que la autoridad señalada como responsable en el presente asunto lo sea el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, órgano máximo del Poder Judicial de esta entidad federativa, dado que como de líneas precedentes se advierte, se declinó competencia a un juez de distinta entidad federativa, por lo que en su caso el promovente deberá esperar a que dicho Juzgado con sede en San Luis Potosí, se pronuncie respecto a si acepta o no la competencia planteada, a efecto de estar en condiciones de promover la demanda de amparo respectiva. Y siendo esto así, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Rojas Toledo, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, como se desprende de la constancia secretarial, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la diversa persona que refiere, hasta en tanto registre su cédula profesional en el referido sistema. Notifíquese personalmente.

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