Carlos Ortega Marroquin

Expediente 1465/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1465/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Ortega Marroquin
  • Loteria Nacional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, tres de octubre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio en que el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite el testimonio de la resolución emitida en el toca R.A. 380/2022, de su índice; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos tomando conocimiento de su contenido. Acúsese recibo de estilo vía interconexión. Se hace del conocimiento del Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena, Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, que el Tribunal revisor resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se tiene al quejoso por DESISTIDO DEL RECURSO DE REVISIÓN. SEGUNDO. Se declara FIRME la Sentencia recurrida." Ahora bien, toda vez que de la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena, Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, se desprende la existencia de una inconsistencia en la cita de la autoridad responsable que debe cumplir con la ejecutoria de amparo, pues en su resolución dice lo siguiente: Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la persona quejosa Ezequiel Fernández Chavira, para el efecto de que el Congreso de la Ciudad de México; para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.(. La anterior precisión, se hace del conocimiento del Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena, Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, para que tenga a bien determinar lo que estime procedente. Hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento la determinación respectiva para que esté en aptitud de continuar con el trámite de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por ser una cuestión de orden público e interese social, de conformidad con los artículos 192 y 214 de la Ley de Ampaor. En ese sentido, se reserva a proveer lo conducente en relación al requerimiento del cumplimiento, hasta en tanto se resuelva lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio en que el Actuario Judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, comunica el contenido de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión R.A. 340/2022, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo vía interconexión. Se hace del conocimiento de las partes que el tribunal revisor resolvió lo siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión se, MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Diana Laura Rosas Santiago contra los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, así como respecto del oficio 213301EL350912 emitido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Ahora, de lo resuelto por el tribunal revisor, conviene destacar lo siguiente: [.] En tales condiciones, lo que se impone es modificar la sentencia combatida y conceder el amparo, cuyo efecto inmediato y directo es la ineficacia jurídica del oficio 213301EL350912 de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, debiendo la autoridad dictar otro en el que, otorgue a la quejosa la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos ahí precisados, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la decisión. Lo anterior puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales que cumplan con los requisitos administrativos necesarios, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la quejosa se materialice de forma lícita, de manera tal que la conducta de todos los terceros que participen en esa actividad se encuentre ajustada a derecho. De tal forma que la sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, puesto que la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios al dar cumplimiento al fallo de amparo. La autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos, ni su uso en perjuicio de menores, ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor de la quejosa para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. Asimismo, la autorización que, de ser el caso, otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal de la parte quejosa. [.] Atento todo, conviene aclarar que la sentencia recurrida la dictó el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacates, en el expediente 56/2022, en auxilio de las labores de este juzgado, ante quien se interpuso el aludido medio de impugnación y no a este órgano jurisdiccional, siendo que en proveído de diecisiete de mayo pasado, emitido en este asunto, se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para los efectos ahí precisados, siendo que hasta el veintisiete de mayo pasado, se tuvo noticia del aludido medio de impugnación, por así haberlo informado dicho Juzgado Auxiliar. No obstante lo anterior, los efectos del amparo se modificaron por el aludido órgano jurisdiccional, lo que implica que dicho acuerdo está en armonía con las consideraciones de tal resolución emitida en revisión, pues los agravios respectivos se declararon inoperantes por lo que la concesión del amparo debe prevalecer, por no contraponerse y solamente se ajustan los efectos de dicha sentencia, atento a lo resuelto y declarado por el aludido Tribunal revisor, por ser la verdad legal, de conformidad con lo previsto en los invocados artículos 356, fracción II, y 357. En ese sentido, atendiendo a lo resuelto por el aludido órgano colegiado, los efectos por los cuales se concedió la protección de la Justicia Federal, son los determinados en tal ejecutoria de amparo, los cuales son considerados para esos propósitos, para lo cual, se estima que el acatamiento del fallo protector constituye una cuestión de orden público respecto del que la autoridad responsable está constreñida indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de la materia, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la citada ley y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, con apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, y 197, de la Ley de Amparo, con copia de la ejecutoria de cuenta, REQUIÉRASE al DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, atendiendo a las acciones a realizar, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: ? Dictar otro oficio en el que, otorgue a la quejosa la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para ejercer los actos correlativos a su consumo. Lo anterior, en el entendido que la autoridad responsable, obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, deberá apegarse estrictamente a los efectos fijados por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el mencionado toca R.A. 340/2022. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de dicha Ley, se impondrá a su titular multa por cien unidades de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la citada Comisión, lo conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo para los efectos precisados por tal Tribunal revisor, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de dichos extremos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a las directas responsables o, en su caso, que no llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí mismas, se llevara a cabo el procedimiento descrito en el citado punto 3. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se desprende que en proveído de seis de junio pasado, se reservó de acordar respecto a la solicitud de prórroga por parte de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, en representación de la Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, para estar en condiciones de acreditar el acatamiento del fallo protector, hasta en tanto se resolviera el medio de impugnación interpuesto en contra de la sentencia de amparo. En consecuencia, atendiendo a lo acordado en párrafos que anteceden, no es el caso de acordar de conformidad lo solicitado, en virtud del plazo otorgado en el presente proveído. Notifíquese

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