Carlos Omar Aceituno Navarrete

Expediente 1121/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1121/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Carlos Omar Aceituno Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibidos los escritos con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Luis Iván Castillo Abastida, representante legal de la quejosa, por medio de los cuales, solicita se autorice la consulta del expediente electrónico, que las notificaciones que deriven se le realicen por el mismo medio e interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales. Ahora bien, con fundamento en los artículos 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero, fracción II; y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así´ como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; numerales 35 a 38 y 55, en relación con el diverso 23 del citado Acuerdo General 21/2020, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa de forma electrónica por conducto del usuario "LUISIVANCASTILLOABASTIDA", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; autorización que de conformidad con el último párrafo del artículo 57 del primero de los Acuerdos citados, lleva implícita la necesaria para la consulta del expediente electrónico. Por otro lado, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, y 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que es cierto el acto que se reclama y remítase electrónicamente el mencionado escrito de agravios para tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: " En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Notifíquese electrónicamente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 30/11/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Luis Iván Castillo Abastida, en representación de Carlos Omar Aceituno Navarrete, contra actos del Administrador General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria y otras, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1121/2020-IV. Ahora bien, conforme con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. En el artículo 113 de la Ley de Amparo, se establece: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: ? Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; ? Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, ? También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Luego, del análisis integral de la demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el requerimiento de documentación e información adicional contenido en el oficio 500-74-01- 02-02-2020-32921, de nueve de noviembre de dos mil veinte, que la responsable estima necesaria para resolver su solicitud de devolución de saldo a favor determinado en el periodo del ejercicio dos mil veinte, en el cual se le apercibió con tenerlo por desistido de dicha solicitud, en caso de no atender tal requerimiento En ese sentido, se advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, (interpretados a contrario sensu) de la Ley de Amparo; preceptos que en lo que interesa textualmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; La normatividad en consulta prevé que el juicio de amparo ha de considerarse improcedente si los actos reclamados contra los cuales se promueve no constituyen una resolución definitiva, ni tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Es decir, cuando el acto reclamado únicamente se refiere a cuestiones procesales implica que las violaciones que dicho acto pudiera irrogar a la parte quejosa, no son de imposible reparación, pues no son susceptibles de afectar de manera inmediata algún derecho sustantivo, debido a que no tienen por objeto determinar en su contra la privación de sus bienes, posesiones, derechos o su libertad, sino que se trata de una mera violación intraprocesal, cuyos efectos podrán ser extinguidos en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable, por lo que esa afectación quedaría sin efecto alguno y, por el contrario, en el supuesto de que la resolución fuera?? adversa a sus intereses, podría combatir esas violaciones a través del medio de defensa que interponga en contra de la resolución que resuelva en definitiva el procedimiento administrativo. De ahí que no es dable abordar el estudio de las cuestiones planteadas en el juicio, ante el supuesto de que las violaciones alegadas no sean de imposible reparación. Al respecto son aplicables las jurisprudencias de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que respectivamente son del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática????? legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva. Ahora bien, para establecer si procede o no el juicio de garantías que se atiende, es menester determinar si el acto reclamado es una resolución definitiva y si sus consecuencias son o no de imposible reparación, siendo en el caso concreto el acto reclamado: el requerimiento de documentación e información adicional contenido en el oficio 500-74-01- 02-02-2020-32921, de nueve de noviembre de dos mil veinte, que la responsable estima necesaria para resolver su solicitud de devolución de saldo a favor determinado en el periodo del ejercicio dos mil veinte, en el cual se le apercibió con tenerlo por desistido de dicha solicitud, en caso de no atender tal requerimiento. En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado establecido que, por resolución definitiva, se constituye el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, la cual, se puede presentar en dos formas: 1. Como la última resolución dictada que pone fin a un procedimiento; 2. Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimiento que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. Asimismo, el Alto Tribunal asentó que la resolución definitiva se constituye como la última voluntad de la autoridad administrativa que decide en definitiva sobre la situación del gobernado generándole un agravio, ya sea por haber creado o extinguido una situación de derecho, o bien, por exigir el cumplimiento de una obligación, y que será hasta entonces - conforme a la regla general- que el afectado por dicho acto, estará en posibilidad de impugnar la última resolución, así como todas las actuaciones que le precedieron, mediante la presentación de los medios defensa pertinentes. Asimismo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Circunstancias las anteriores que en el caso, se insiste, no ocurren, pues el quejoso reclama un requerimiento de documentación e información adicional que la autoridad señalada como responsable estima necesaria para pronunciarse sobre su solicitud de devolución, esto es, no se trata de una resolución definitiva que haya puesto fin al procedimiento y resuelto lo pedido por el quejoso; así como tampoco constituye por si un acto de imposible reparación, sino solo se pretende que aporte elementos de prueba que permitan resolver lo que corresponda a su solicitud de devolución; sucesos que no ocasionan por si mismos una afectación inmediata a un derecho sustantivo del quejoso, pues no le imponen sanción alguna ni la privan de algún derecho. Bajo ese contexto, se puede concluir válidamente que únicamente cuando la autoridad determine procedente la devolución del saldo a favor o la niegue, se estará en presencia de una resolución definitiva, entendida ésta como el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, pero no así, en el caso de que formule un requerimiento de información y documentación como el reclamado, porque ese acto constituye uno intermedio previo a que la autoridad emita su decisión en cuanto a la devolución solicitada. En ese sentido, el hecho de que la autoridad administrativa aperciba, en el citado requerimiento de información, que en caso de no cumplir con el mismo se tendrá al contribuyente por desistido de su solicitud, no le causa agravio alguno, ya que dicho perjuicio depende de la conducta que adopte el peticionario en relación con el acto reclamado, es decir, del cumplimiento o incumplimiento del mencionado requerimiento; y en todo caso, si se resuelve tenerla por desistida, contra esa resolución, procedería el juicio de nulidad. Además, no debe pasar inadvertido que la circunstancia de que en el oficio impugnado se haya requerido información y datos para resolver lo conducente en cuanto a la solicitud de devolución, no significa que se trate de una resolución definitiva, pues el solo requerimiento de esos datos no conlleva en sí la determinación de la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada. Pues, se insiste, únicamente cuando la autoridad resuelva como procedente la devolución del saldo a favor, la niegue total o parcialmente, o tenga al contribuyente como desistido de su solicitud, se estará en presencia de una resolución que refleje la última voluntad de la autoridad sobre lo peticionado; y será ante la determinación de tener por desistido al contribuyente, o de negarle total o parcialmente la devolución de las cantidades solicitadas que se constituya una resolución definitiva que pudiera causarle perjuicio y contra la cual podría interponer el medio defensa que estime procedente; debido a que sólo así podrá ser entendida como el producto final o voluntad definitiva de la administración pública sobre la solicitud de devolución presentada, apta de producir un agravio en la esfera jurídica del particular. Por otra parte, para decir que se está ante actos procesales que tengan una ejecución de imposible reparación, deben encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: Cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. A contrario sensu, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación los siguientes: Aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, el acto reclamado consistente en el requerimiento de documentación e información adicional contenido en el oficio 500-74-01-02-02-2020- 32921, de nueve de noviembre de dos mil veinte, que la responsable estima necesaria para resolver su solicitud de devolución de saldo a favor determinado en el periodo del ejercicio dos mil veinte, en el cual se le apercibió con tenerlo por desistido de dicha solicitud, en caso de son atender tal requerimiento, tampoco constituye acto de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de los tratados internacionales de la que México es parte. Lo anterior es así, en razón de que el acto??????? combatido no es acto que tengan el carácter de imposible reparación sino, que se trata de actuaciones intraprocesales que no tienen sobre las cosas o personas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo requiere el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, dado que no privan al quejoso en sus bienes, propiedades o derechos, por lo que no violan ninguno de sus derechos sustantivos, toda vez que solo tienen como efecto recabar información y documentación que la autoridad responsable considera necesaria para resolver sobre su solicitud de devolución. De tal manera, es claro que el requerimiento que reclama lejos de causarle un perjuicio a su esfera jurídica, podría representar una forma de probar en su favor la procedencia de la devolución que solicita; circunstancia que confirma que no es un acto de imposible reparación, sino solo un acto intraprocesal que no trasciende a su esfera jurídica. De ahí que únicamente en el caso de que dicho requerimiento trascienda al resultado de la resolución definitiva, podrá reclamarse dicha violación a través del juicio o medio de defensa correspondiente, que se interponga en contra de esa resolución definitiva, en el caso de que sea desfavorable a los intereses del peticionario. Al respecto es aplicable, en lo conducente la DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL PRIMER REQUERIMIENTO DE DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS ADICIONALES EMITIDO POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PARA VERIFICAR SU PROCEDENCIA CON FUNDAMENTO EN EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El numeral de mérito contiene el procedimiento para la devolución de las cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales; de igual forma, se aprecia que, para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud e devolución, datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la petición; asimismo, establece que para ese efecto, dichas autoridades requerirán al contribuyente para que, en el mismo plazo, cumpla con lo solicitado, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. De ahí que se estime que el primer requerimiento de información y documentación realizado por la autoridad fiscalizadora frente a una solicitud de devolución de saldo a favor, no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de devolución a que alude el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues a través de éste la autoridad no ha accedido a devolver lo solicitado, no ha tenido por desistido al contribuyente de su petición, ni ha negado ésta total o parcialmente; tampoco se trata de una manifestación aislada de la autoridad que no requiera de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial; por lo que no puede causar agravio alguno al contribuyente. Luego, el primer requerimiento de información y documentación dictado ante una solicitud de devolución de saldo a favor, no está contemplado en alguna de las fracciones del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de ahí que sea el juicio de nulidad improcedente en su contra, pues como deriva del citado dispositivo legal, la jurisdicción de dicho tribunal es de naturaleza restringida y no cabe ni por analogía ni por mayoría de razón, una interpretación extensiva a un caso no previsto legalmente en las hipótesis de procedencia del juicio anulatorio." (Tesis PC.IV.A J/25 A, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre 2016, Tomo III, página 1506.) Así como la jurisprudencia número I.5o.C. J/29, que es del rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione. (No. Registro: 218725, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992, Página: 41) Además, debe significare que en el caso no se está en algún supuesto de excepción, puesto que el acto reclamado no importa el peligro de la privación a la vida, deportación o destierro o de aquellos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Federal, como tampoco concurre la circunstancia de que el quejoso acuda con el carácter de tercero extraña al juicio. Así, al quedar acreditado de forma indubitable que el referido acto reclamado, a saber, el requerimiento de documentación e información adicional contenido en el oficio 500-74-01-02-02-2020- 32921, de nueve de noviembre de dos mil veinte, que la responsable estima necesaria para resolver su solicitud de devolución de saldo a favor determinado en el periodo del ejercicio dos mil veinte, en el cual se le apercibió con tenerlo por desistido de dicha solicitud, en caso de no atender tal requerimiento, es un acto dentro del procedimiento que no afecta de manera inmediata derechos sustantivos y tampoco actualiza esta excepción (afectación en grado predominante o superior), no es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo indirecto; ya que, dicho acto, en todo caso, podrían constituir una violación que puede ser propuesta al promoverse el medio de defensa correspondiente alegando la violación procesal cometida. En consecuencia, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por Luis Iván Castillo Abastida, en representación de Carlos Omar Aceituno Navarrete. De conformidad con los razonamientos esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de garantías, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Ahora bien, toda vez que el quejoso solicita que las notificaciones que deriven del presente asunto aun las de carácter personal sean electrónicamente, no ha lugar acordar favorable su petición en tanto que no proporcionó usuario alguno para estar en aptitud de practicar las notificaciones electrónicamente; por lo tanto, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Por otra parte, se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la quejosa; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autoriza para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guardan relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Luis Iván Castillo Abastida, en representación de Carlos Omar Aceituno Navarrete, contra actos del Administrador General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria y otras, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1121/2020-IV. Ahora bien, conforme con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. En el artículo 113 de la Ley de Amparo, se establece: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: ? Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; ? Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, ? También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Luego, del análisis integral de la demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el requerimiento de documentación e información adicional contenido en el oficio 500-74-01- 02-02-2020-32921, de nueve de noviembre de dos mil veinte, que la responsable estima necesaria para resolver su solicitud de devolución de saldo a favor determinado en el periodo del ejercicio dos mil veinte, en el cual se le apercibió con tenerlo por desistido de dicha solicitud, en caso de no atender tal requerimiento En ese sentido, se advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, (interpretados a contrario sensu) de la Ley de Amparo; preceptos que en lo que interesa textualmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; La normatividad en consulta prevé que el juicio de amparo ha de considerarse improcedente si los actos reclamados contra los cuales se promueve no constituyen una resolución definitiva, ni tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Es decir, cuando el acto reclamado únicamente se refiere a cuestiones procesales implica que las violaciones que dicho acto pudiera irrogar a la parte quejosa, no son de imposible reparación, pues no son susceptibles de afectar de manera inmediata algún derecho sustantivo, debido a que no tienen por objeto determinar en su contra la privación de sus bienes, posesiones, derechos o su libertad, sino que se trata de una mera violación intraprocesal, cuyos efectos podrán ser extinguidos en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable, por lo que esa afectación quedaría sin efecto alguno y, por el contrario, en el supuesto de que la resolución fuera?? adversa a sus intereses, podría combatir esas violaciones a través del medio de defensa que interponga en contra de la resolución que resuelva en definitiva el procedimiento administrativo. De ahí que no es dable abordar el estudio de las cuestiones planteadas en el juicio, ante el supuesto de que las violaciones alegadas no sean de imposible reparación. Al respecto son aplicables las jurisprudencias de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que respectivamente son del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática????? legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva. Ahora bien, para establecer si procede o no el juicio de garantías que se atiende, es menester determinar si el acto reclamado es una resolución definitiva y si sus consecuencias son o no de imposible reparación, siendo en el caso concreto el acto reclamado: el requerimiento de documentación e información adicional contenido en el oficio 500-74-01- 02-02-2020-32921, de nueve de noviembre de dos mil veinte, que la responsable estima necesaria para resolver su solicitud de devolución de saldo a favor determinado en el periodo del ejercicio dos mil veinte, en el cual se le apercibió con tenerlo por desistido de dicha solicitud, en caso de no atender tal requerimiento. En ese orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado establecido que, por resolución definitiva, se constituye el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, la cual, se puede presentar en dos formas: 1. Como la última resolución dictada que pone fin a un procedimiento; 2. Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimiento que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. Asimismo, el Alto Tribunal asentó que la resolución definitiva se constituye como la última voluntad de la autoridad administrativa que decide en definitiva sobre la situación del gobernado generándole un agravio, ya sea por haber creado o extinguido una situación de derecho, o bien, por exigir el cumplimiento de una obligación, y que será hasta entonces - conforme a la regla general- que el afectado por dicho acto, estará en posibilidad de impugnar la última resolución, así como todas las actuaciones que le precedieron, mediante la presentación de los medios defensa pertinentes. Asimismo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Circunstancias las anteriores que en el caso, se insiste, no ocurren, pues el quejoso reclama un requerimiento de documentación e información adicional que la autoridad señalada como responsable estima necesaria para pronunciarse sobre su solicitud de devolución, esto es, no se trata de una resolución definitiva que haya puesto fin al procedimiento y resuelto lo pedido por el quejoso; así como tampoco constituye por si un acto de imposible reparación, sino solo se pretende que aporte elementos de prueba que permitan resolver lo que corresponda a su solicitud de devolución; sucesos que no ocasionan por si mismos una afectación inmediata a un derecho sustantivo del quejoso, pues no le imponen sanción alguna ni la privan de algún derecho. Bajo ese contexto, se puede concluir válidamente que únicamente cuando la autoridad determine procedente la devolución del saldo a favor o la niegue, se estará en presencia de una resolución definitiva, entendida ésta como el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, pero no así, en el caso de que formule un requerimiento de información y documentación como el reclamado, porque ese acto constituye uno intermedio previo a que la autoridad emita su decisión en cuanto a la devolución solicitada. En ese sentido, el hecho de que la autoridad administrativa aperciba, en el citado requerimiento de información, que en caso de no cumplir con el mismo se tendrá al contribuyente por desistido de su solicitud, no le causa agravio alguno, ya que dicho perjuicio depende de la conducta que adopte el peticionario en relación con el acto reclamado, es decir, del cumplimiento o incumplimiento del mencionado requerimiento; y en todo caso, si se resuelve tenerla por desistida, contra esa resolución, procedería el juicio de nulidad. Además, no debe pasar inadvertido que la circunstancia de que en el oficio impugnado se haya requerido información y datos para resolver lo conducente en cuanto a la solicitud de devolución, no significa que se trate de una resolución definitiva, pues el solo requerimiento de esos datos no conlleva en sí la determinación de la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada. Pues, se insiste, únicamente cuando la autoridad resuelva como procedente la devolución del saldo a favor, la niegue total o parcialmente, o tenga al contribuyente como desistido de su solicitud, se estará en presencia de una resolución que refleje la última voluntad de la autoridad sobre lo peticionado; y será ante la determinación de tener por desistido al contribuyente, o de negarle total o parcialmente la devolución de las cantidades solicitadas que se constituya una resolución definitiva que pudiera causarle perjuicio y contra la cual podría interponer el medio defensa que estime procedente; debido a que sólo así podrá ser entendida como el producto final o voluntad definitiva de la administración pública sobre la solicitud de devolución presentada, apta de producir un agravio en la esfera jurídica del particular. Por otra parte, para decir que se está ante actos procesales que tengan una ejecución de imposible reparación, deben encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: Cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. A contrario sensu, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación los siguientes: Aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, el acto reclamado consistente en el requerimiento de documentación e información adicional contenido en el oficio 500-74-01-02-02-2020- 32921, de nueve de noviembre de dos mil veinte, que la responsable estima necesaria para resolver su solicitud de devolución de saldo a favor determinado en el periodo del ejercicio dos mil veinte, en el cual se le apercibió con tenerlo por desistido de dicha solicitud, en caso de son atender tal requerimiento, tampoco constituye acto de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de los tratados internacionales de la que México es parte. Lo anterior es así, en razón de que el acto??????? combatido no es acto que tengan el carácter de imposible reparación sino, que se trata de actuaciones intraprocesales que no tienen sobre las cosas o personas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo requiere el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, dado que no privan al quejoso en sus bienes, propiedades o derechos, por lo que no violan ninguno de sus derechos sustantivos, toda vez que solo tienen como efecto recabar información y documentación que la autoridad responsable considera necesaria para resolver sobre su solicitud de devolución. De tal manera, es claro que el requerimiento que reclama lejos de causarle un perjuicio a su esfera jurídica, podría representar una forma de probar en su favor la procedencia de la devolución que solicita; circunstancia que confirma que no es un acto de imposible reparación, sino solo un acto intraprocesal que no trasciende a su esfera jurídica. De ahí que únicamente en el caso de que dicho requerimiento trascienda al resultado de la resolución definitiva, podrá reclamarse dicha violación a través del juicio o medio de defensa correspondiente, que se interponga en contra de esa resolución definitiva, en el caso de que sea desfavorable a los intereses del peticionario. Al respecto es aplicable, en lo conducente la DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL PRIMER REQUERIMIENTO DE DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS ADICIONALES EMITIDO POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PARA VERIFICAR SU PROCEDENCIA CON FUNDAMENTO EN EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El numeral de mérito contiene el procedimiento para la devolución de las cantidades que procedan conforme a las leyes fiscales; de igual forma, se aprecia que, para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud e devolución, datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la petición; asimismo, establece que para ese efecto, dichas autoridades requerirán al contribuyente para que, en el mismo plazo, cumpla con lo solicitado, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. De ahí que se estime que el primer requerimiento de información y documentación realizado por la autoridad fiscalizadora frente a una solicitud de devolución de saldo a favor, no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de devolución a que alude el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues a través de éste la autoridad no ha accedido a devolver lo solicitado, no ha tenido por desistido al contribuyente de su petición, ni ha negado ésta total o parcialmente; tampoco se trata de una manifestación aislada de la autoridad que no requiera de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial; por lo que no puede causar agravio alguno al contribuyente. Luego, el primer requerimiento de información y documentación dictado ante una solicitud de devolución de saldo a favor, no está contemplado en alguna de las fracciones del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de ahí que sea el juicio de nulidad improcedente en su contra, pues como deriva del citado dispositivo legal, la jurisdicción de dicho tribunal es de naturaleza restringida y no cabe ni por analogía ni por mayoría de razón, una interpretación extensiva a un caso no previsto legalmente en las hipótesis de procedencia del juicio anulatorio." (Tesis PC.IV.A J/25 A, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre 2016, Tomo III, página 1506.) Así como la jurisprudencia número I.5o.C. J/29, que es del rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione. (No. Registro: 218725, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992, Página: 41) Además, debe significare que en el caso no se está en algún supuesto de excepción, puesto que el acto reclamado no importa el peligro de la privación a la vida, deportación o destierro o de aquellos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Federal, como tampoco concurre la circunstancia de que el quejoso acuda con el carácter de tercero extraña al juicio. Así, al quedar acreditado de forma indubitable que el referido acto reclamado, a saber, el requerimiento de documentación e información adicional contenido en el oficio 500-74-01-02-02-2020- 32921, de nueve de noviembre de dos mil veinte, que la responsable estima necesaria para resolver su solicitud de devolución de saldo a favor determinado en el periodo del ejercicio dos mil veinte, en el cual se le apercibió con tenerlo por desistido de dicha solicitud, en caso de no atender tal requerimiento, es un acto dentro del procedimiento que no afecta de manera inmediata derechos sustantivos y tampoco actualiza esta excepción (afectación en grado predominante o superior), no es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo indirecto; ya que, dicho acto, en todo caso, podrían constituir una violación que puede ser propuesta al promoverse el medio de defensa correspondiente alegando la violación procesal cometida. En consecuencia, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por Luis Iván Castillo Abastida, en representación de Carlos Omar Aceituno Navarrete. De conformidad con los razonamientos esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de garantías, con el objeto de que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Ahora bien, toda vez que el quejoso solicita que las notificaciones que deriven del presente asunto aun las de carácter personal sean electrónicamente, no ha lugar acordar favorable su petición en tanto que no proporcionó usuario alguno para estar en aptitud de practicar las notificaciones electrónicamente; por lo tanto, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Por otra parte, se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la quejosa; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autoriza para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guardan relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

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