Carlos Omar Romero Luna

Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
578/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Carlos Omar Romero Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 578/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Carlos Omar Romero Luna; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en archivo digital, a este juzgado de Distrito, Carlos Omar Romero Luna solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, y otras autoridades. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y de parcial admisión. Por auto de dos de junio del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró la demanda con el número de juicio de amparo 578/2022; asimismo, acordó lo siguiente: ( Desechó la demanda de amparo respecto al acto que se hizo consistir en la citación a la audiencia para formulación de imputación, al estimar actualizada la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, ( La admitió trámite por cuanto al resto de los actos combatidos -con incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Cita para audiencia. En auto de quince de junio del actual, se fijaron las diez horas con treinta y dos minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de libertad, cuya ejecución se atribuye a autoridades ejecutoras de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Carlos Omar Romero Luna reclama: 1. Las órdenes de aprehensión, presentación y/o comparecencia; y, 2. La ejecución de las citadas órdenes. Tercero. Exclusión de autoridad de la Litis Previa vista otorgada al quejoso por auto de siete de junio de dos mil veintidós, sin que esté la haya desahogado, mediante diverso proveído de quince de junio del actual, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que se denominaron como "14. Fiscal General Metropolitano" y "18. Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla"; por tanto, las referidas autoridades se excluyen de la materia de este juicio de amparo. Cuarto. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo de este fallo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Foja Ordenadoras. 1 Isaí Rivas López, Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, en representación de los diversos Jueces: Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital: 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 2. Enrique López Criollo, 3. Aarón Hernández Chino, 4. Rosalba Elena Zarate Herrera, 5. Mario Cortés Aldama, 6. Rosa Aurora Espejel Prado, 7. María Guadalupe Muñoz Pérez, 8. Magally Escamilla Rodríguez, 9. Ana Alicia Ponce Frías, 10. Rosario Ivonne Rivera Calzada, 11. Karla Ivonne Munguía Olmos y 12. Bet Nimra Pérez Hernández. Niega. 33. Ejecutoras. 2 13. Fiscal General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 34. 3 15. Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 29. 4 16. Fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 28. 5 17. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 27. 6 19. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega. 32. Tabla única. Las autoridades que rindieron sus informes de ley negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Consecuentemente, al no existir los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y los actos que se les atribuye. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes en auto de quince de junio de dos mil veintidós, en términos del considerando tercero. Segundo. Se sobresee el juicio de amparo indirecto 578/2022, promovido por el quejoso Carlos Omar Romero Luna, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado a la parte quejosa en auto de siete de junio de dos mil veintidós, para que precisara la denominación correcta y completa de las autoridades responsables que señaló como "14. Fiscal General Metropolitano y 18. Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla"; sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el referido proveído; y, se tienen por inexistentes a dichas autoridades, ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella. Finalmente visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada en acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, respecto a al informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con treinta y seis minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las diez horas con treinta y dos minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendido fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil veintidós. PEDIMENTO MINISTERIAL. Intégrese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, previo análisis; y, 3. Copia de la sentencia correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas, vía alegatos; y, en su momento, expídase a su costa copia autorizada de la constancia que indica. -Domicilio. Se hace hincapié que no ha lugar a tener por autorizado el correo electrónico que indica como medio para recibir notificaciones al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dicho medio, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones, ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. II.ESTADO PROCESAL Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de dos de junio del año en curso, se ordenó el acceso al expediente electrónico y notificación electrónica a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordena notificar electrónicamente el presente proveído, así como el diverso de ocho de junio de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa el presente auto y el diverso de ocho de junio pasado, y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020. AUTO DE OCHO DE JUNIO PASADO. San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables siguientes: No.Autoridad (es) responsable (s) 15Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. 16Fiscal de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. 17 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación, (en su denominación correcta.) Con los que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. DELEGADAS. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegadas a los profesionistas que indican en sus oficios de cuenta las autoridades 15 y 16. MEDIO PARA ESTABLECER CONTACTO. Por último, de conformidad con el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene el correo electrónico y número telefónico que proporciona como medio para establecer contacto, en caso de que ello se estime necesario la autoridad 17. Notifíquese por lista a las partes.

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