CARLOS OMAR AGUILAR LUNA y Otros.
Expediente 996/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- CARLOS OMAR AGUILAR LUNA y Otros.
- Victoria Luna Sanchez
- Carlos Omar Aguilar Luna
- VICTORIA LUNA SANCHEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto, intégrese a sus autos el escrito signado por Christian Reyes García, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa; y, visto su contenido, téngasele solicitando la devolución del el instrumento notarial Sesenta y Un Mil Veintiséis (61, 026), Volumen Mil Ciento Cuarenta y Nueve (1149), de la Notaría Pública Número Tres de la ciudad de Puebla, mismo que acompañó a su escrito aclaratorio de demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele el documento que refiere, previa hoja de sustitución que del mismo se deje en autos; hágasele saber al referido autorizado de la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días legalmente computado, para recuperar el documento aludido, el cual le será devuelto, previa identificación y constancia de su entrega; apercibido que de no hacerlo, será depurable. Asimismo, hágasele del conocimiento al promovente, que para comparecer a este órgano jurisdiccional, a desahogar la diligencia de entrega de documentos; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar la cita correspondiente a la fecha en que desee comparecer, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permite a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; en la inteligencia, que la cita respectiva estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, en cuyo supuesto, quedará bajo su estricta responsabilidad cumplir el requerimiento que le es efectuado en este proveído, dentro del plazo establecido. Notifíquese por lista a la parte quejosa...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón asentada por la actuaria judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Carlos Omar Aguilar Luna, el acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, pues refiere que al constituirse en el domicilio señalado para tal fin -Calle Nopalucan, número 6, colonia la Paz, de la Ciudad de Puebla-, al tocar la puerta fue atendida por una persona del sexo masculino, quien le refirió que efectivamente era el domicilio correcto, pero que los abogados de dicho despacho ya no habitaban el inmueble, sin dejar nueva dirección o contacto; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, al encontrarse ante una imposibilidad de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al autorizado de la parte quejosa la referida determinación por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, háganse a dicha parte todas las notificaciones, incluso las personales, por ese medio. Notifíquese por lista a la parte quejosa. AUTO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE 2022. San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de marzo pasado, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, y que el quejoso desahogó la aludida vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Efectos concesión. Por sentencia firmada y autorizada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Carlos Omar Aguilar Luna, para los efectos siguientes: Noveno. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Carlos Omar Aguilar Luna, para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos, con sede en Puebla (Daniel Mejía Solis), en la carpeta de investigación CDI 16061/2019/ZC/UETI, de su índice, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la determinación contenida en el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la parte relativa que acordó que no ha lugar a levantar el aseguramiento del inmueble ubicado en lote de terreno número tres, de la manzana cincuenta y cuatro, zona cuatro, del ex ejido de la resurrección, reconocido por el Ayuntamiento de Puebla, con el número cinco mil doscientos veintiséis, de la calle Maximino Ávila Camacho, de la colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Puebla; II. Tomando en consideración los argumentos expuestos en la presente sentencia, dicte un acuerdo en el cual fundada y motivadamente: - Justifique la necesidad de mantener asegurado, precautoriamente el bien inmueble antes citado; - Exponga cuáles son los actos de investigación pendientes de realizarse en el inmueble sobre el cual recayó el aseguramiento; - Se pronuncie sobre el alcance de la documental exhibida por la víctima, aquí quejoso, consistente en la escritura pública con la cual acreditó la propiedad del inmueble asegurado, así como el contrato de arrendamiento a que se hizo referencia. En el entendido que la responsable de considerarlo procedente podrá levantar el aseguramiento decretado sobre el inmueble antes precisado. III. Hecho lo anterior, notifique dicha determinación al aquí quejoso; y IV. Remita las constancias respectivas, que justifiquen el cumplimiento. (.)" (fojas 295 y 296) * Causa ejecutoria Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, se declaró la ejecutoriedad de la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento (fojas 316 a 318). * Vista cumplimiento Así, por oficio 0287/2022 (número de registro 2797), la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos, con sede en Puebla (Daniel Mejía Solís), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias respectivas. Así, por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. No cumplida, se requiere cumplimiento. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, una vez que se analizó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se tuvo por no cumplida, por lo que con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos, con sede en Puebla (Daniel Mejía Solís), para que, en el 1. Deje insubsistente las resoluciones de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, y dieciséis de febrero de dos mil veintidós; 2. Emita otra determinación siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, antes precisados. (fojas 352 a 359). Autoridad remite cumplimiento, vista. Por oficio 0406/2022, la autoridad responsable citada, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y remitió copia certificada de la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, emitida en la carpeta de investigación CDI 16061/2019/ZC, de su índice, así como la notificación a la parte quejosa (fojas 370 a 378). Con motivo de lo anterior, por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós; se ordenó dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestara lo que estimara conducente sobre tal cumplimiento (fojas 380 y 381) Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Análisis cumplimiento Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, este Juzgador se avoca a su estudio, de acuerdo a lo ahí precisado. En efecto, la autoridad ministerial responsable remitió la resolución de siete de marzo pasado, con la cual se justifica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Cumplida. Del análisis de la resolución emitida por el 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos, con sede en Puebla (Daniel Mejía Solís), se aprecia que se acreditó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, como a continuación se expone. * Resolución insubsistente En principio, la autoridad responsable en la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente las resoluciones de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, y dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación CDI 16061/2019/ZC, de su índice; tal como se advierte de la determinación en cita, y que al respecto expuso: "(.) Respecto al punto número 1: Con fundamento en lo dispuesto 1, 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 129, 131 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales; Esta Autoridad Ministerial deja insubsistentes las resoluciones de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, y dieciséis de febrero de dos mil veintidós. (foja 373) Con lo cual se tiene por cumplido este punto. Con referencia al punto número 2, la autoridad ministerial responsable emitió otra determinación en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, resolvió de la siguiente manera: En primer término, justificó la necesidad de mantener asegurado, precautoriamente el bien inmueble materia del presente asunto; y, fundamentó dicha determinación en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, 131 fracciones III, V, VII, 229, 236 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, tomó en consideración el dictamen que emitió el ingeniero Rodolfo Morales Pérez, perito en topografía y agrimensura de la Fiscalía General del estado de Puebla, quien refirió: "(.) Al realizar el comparativo entre las medidas y colindancias determinadas en el levantamiento topográfico realizado, con las medidas y colindancias descritas en la escritura de compraventa de fecha 19 de noviembre de 2001, volumen 36, instrumento 723, de la notaría pública número cuarenta de la ciudad de puebla, se determina que la forma y dimensiones de los cuatro lados del inmueble si coinciden con las medidas descritas en el instrumento notarial mencionado, sin embargo, los inmuebles contiguos (colindancias sureste y noroeste) se encuentran marcados con los números 5228 y 5222 y no con los números de lote (lote dos y lote veintidós), por lo tanto, para tener certeza de que se trata del mismo inmueble, es necesario contar con el plano de lotificación o sembrado de lotes, que utilizó CORETT para la escrituración (.)" (foja 374). Asimismo, expuso los actos de investigación pendientes de realizarse en el inmueble sobre el cual recayó el aseguramiento, esto es: "(.) Siendo importante destacar que se encuentran pendientes por realizar los siguientes actos de investigación en el inmueble ubicado en el domicilio Calle Maximino Ávila Camacho entre las calles Lázaro cárdenas y Aquiles Serdán, Colonia Miguel Hidalgo, Municipio de Puebla, Pue, con coordenadas 19.069899, -98.140671: 1.- Dictamen en Avalúo, esto es en atención al oficio 2197/2021 de fecha 18 de agosto del año 2021 emitido por el arquitecto Rodrigo López Herrera perito en materia de construcción (.). 2.- Dictamen en Topografía y Agrimensura, en atención al dictamen 467/2021, de fecha 8 de noviembre del año 2021 y recibido por esta autoridad ministerial el 25 de enero del año 2022, emitido por el ingeniero Rodolfo Morales Pérez, Perito en Topografía y Agrimensura del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del estado de Puebla (.)" (foja 374). Con lo cual se tiene por cumplido este punto, dado que expuso cuales son los actos de investigación pendientes de realizarse en la carpeta de investigación. En relación con la escritura pública que exhibió la parte quejosa con la cual acreditó la propiedad del inmueble asegurado, la autoridad ministerial en cita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez que expuso las características del inmueble, la tuvo por recibida dicha documental, concediendo el valor jurídico que le corresponde. Por tanto, se tiene por cumplido este punto. En cuanto al contrato de arrendamiento que exhibió la parte quejosa en la carpeta de investigación, la responsable determinó lo siguiente: "(.) 2. Contrato simple de arrendamiento de fecha 07 de febrero de 2015 celebrado por el arrendador C. Victoria Luna Sánchez y como arrendatario el C. Héctor Hugo Yáñez Muñoz. Con fundamento en lo que establece 21 de la Carta Magna; 131 fracciones I, IV, IX, 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales y toda vez de que el documento mediante el que se pretende establecer la existencia de contrato de arrendamiento celebrado con el C. Héctor Hugo Yáñez Muñoz, sin que sean glosadas copias de la identificación de quienes celebran dicho contrato, si bien es cierto al ser un dato de prueba y por lo consiguiente generar un indicio respecto de dicha relación contractual en la que informa desconocer respecto al uso y destino del multicitado inmueble por, precisamente haberlo cedido por el contrato en cuestión, es menester el reconocimiento de las rúbricas que obran en dicho documento por lo cual esta autoridad ministerial le requiere para que comparezca el día 15 de marzo de 2022 en punto de las11:00 horas con identificación oficial, con la finalidad de reconocer la rúbrica plasmada en el documento en cita así como proporcione información referente al C. Héctor Hugo Yáñez Muñoz, cito en Camino al Batan # 10, Colonia Sta. María La Calera de esta ciudad de Puebla. Como se aprecia la responsable se pronunció respecto la pertinencia de dicho contrato de arrendamiento y a efecto de otorgarle el valor jurídico en el momento procesal oportuno, requirió a la parte quejosa para que comparezca ante esa autoridad a fin de realizar el reconocimiento de las rúbricas respectivas; con lo cual se tiene por cumplido este punto. En otro aspecto, la responsable ordenó levantar el aseguramiento en depositaría, y requirió a Victoria Luna Sánchez, en su calidad de mandataria de Carlos Omar Aguilar Luna, para que compareciera ante esa representación social en calidad de víctima, con la finalidad de que exhibiera la documental consistente en el plano de lotificación o sembrado de lotes que utilizó CORETT para la escrituración, a fin de que se realice el dictamen correspondiente, y en su momento, permita el acceso al perito materia de avalúo, adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que realice su dictamen correspondiente. Con lo cual se tiene por cumplido este punto, pues se pronunció respecto del contrato de arrendamiento exhibido por el quejoso; aunado a ello, ordenó levantar el aseguramiento en depositaría a favor de la víctima, aquí promovente del amparo. Finalmente, notificó a la parte quejosa la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, y remitió las constancias que acreditan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Bajo esas consideraciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. * Manifestaciones quejoso Por otra parte, y toda vez que el quejoso presentó escrito con el cual manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, pues refiere: - Que la determinación carece de fundamentación y motivación dado que la responsable no se hizo cargo de motivar y fundamentar la necesidad de mantener precautoriamente el aseguramiento del inmueble, pues insiste en una falta de identidad del predio; Argumento del cual no asiste razón al promovente, toda vez que la representación social se pronunció respecto de los actos de investigación pendientes de ejecutarse en el predio, a fin de que, en el momento de que emita la resolución final del levantamiento del aseguramiento, no exista incertidumbre legal respecto de la identidad del inmueble, máxime que esos actos ya se habían ordenado en esa investigación y que se encontraban pendientes de ejecutarse. Asimismo, la autoridad responsable justificó la necesidad de mantener el inmueble asegurado, esto es, dado que existe discrepancia de las medidas y colindancias del predio, quien fundó y motivó dicha determinación. En cuanto a la manifestación consistente en: - Que el representante social insiste en mantener el aseguramiento del inmueble por una temporalidad excesiva, vulnerando los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Dígasele que ese aspecto no fue materia de la ejecutoria de amparo, pues se reitera, los efectos concesorios se precisaron para que la responsable diera contestación a las peticiones planteadas por el quejoso en la carpeta de investigación, y si bien es cierto que en el estudio de la sentencia se abordó el tema de la temporalidad del aseguramiento, ello, fue un aspecto que debía tomar en consideración el fiscal al momento de dar cumplimiento, de ahí que no asista razón al quejoso. Atinente al argumento que hizo valer el promovente del amparo en sentido que: - La devolución que ordenó el fiscal en depositaría a favor del quejoso, es incongruente, porque lo requiere para que exhiba el plano de lotificación o sembrado de lotes que utilizó CORETT -así lo precisó la autoridad-, para determinar una plena identidad del inmueble, y que ese aspecto ya quedó acreditado; que el artículo 246 del código procesal de la materia, establece que la autoridad deberá entregar a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, lo cual se debió tomar en consideración. Tampoco asiste razón al promovente porque la devolución en depositaría del predio a su favor es un aspecto que no fue materia de la litis constitucional, toda vez que en la ejecutoria de amparo únicamente se le hizo saber al fiscal que "de considerarlo procedente" podía levantar el aseguramiento decretado sobre el predio en conflicto, de ahí que éste lo consideró viable. Por tanto, si el quejoso considera que no conviene a sus intereses en la forma que autorizó levantar el aseguramiento del predio, tiene los medios legales a su alcance para combatir esa determinación. - En cuanto al requerimiento que le hizo el representante social en cuanto a que debía comparecer el quince de marzo de dos mil veintidós, a las once horas, con identificación oficial, con la finalidad de reconocer la rúbrica plasmada en el contrato de arrendamiento y proporcionara información referente a Héctor Hugo Yáñez Muñoz, aduce que no existen condiciones para acatar dicho requerimiento pues aún no se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Dígasele que precisamente la autoridad ministerial en cumplimiento a la ejecutoria de amparo está actuando a efecto de dilucidar las cuestiones inherentes al predio, por lo que se encuentra en aptitud de comparecer ante ella y deducir lo que convenga a sus intereses. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de marzo pasado, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, y que el quejoso desahogó la aludida vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Efectos concesión. Por sentencia firmada y autorizada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Carlos Omar Aguilar Luna, para los efectos siguientes: Noveno. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Carlos Omar Aguilar Luna, para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos, con sede en Puebla (Daniel Mejía Solis), en la carpeta de investigación CDI 16061/2019/ZC/UETI, de su índice, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la determinación contenida en el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en la parte relativa que acordó que no ha lugar a levantar el aseguramiento del inmueble ubicado en lote de terreno número tres, de la manzana cincuenta y cuatro, zona cuatro, del ex ejido de la resurrección, reconocido por el Ayuntamiento de Puebla, con el número cinco mil doscientos veintiséis, de la calle Maximino Ávila Camacho, de la colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Puebla; II. Tomando en consideración los argumentos expuestos en la presente sentencia, dicte un acuerdo en el cual fundada y motivadamente: - Justifique la necesidad de mantener asegurado, precautoriamente el bien inmueble antes citado; - Exponga cuáles son los actos de investigación pendientes de realizarse en el inmueble sobre el cual recayó el aseguramiento; - Se pronuncie sobre el alcance de la documental exhibida por la víctima, aquí quejoso, consistente en la escritura pública con la cual acreditó la propiedad del inmueble asegurado, así como el contrato de arrendamiento a que se hizo referencia. En el entendido que la responsable de considerarlo procedente podrá levantar el aseguramiento decretado sobre el inmueble antes precisado. III. Hecho lo anterior, notifique dicha determinación al aquí quejoso; y IV. Remita las constancias respectivas, que justifiquen el cumplimiento. (.)" (fojas 295 y 296) * Causa ejecutoria Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, se declaró la ejecutoriedad de la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento (fojas 316 a 318). * Vista cumplimiento Así, por oficio 0287/2022 (número de registro 2797), la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos, con sede en Puebla (Daniel Mejía Solís), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias respectivas. Así, por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento. No cumplida, se requiere cumplimiento. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, una vez que se analizó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se tuvo por no cumplida, por lo que con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos, con sede en Puebla (Daniel Mejía Solís), para que, en el 1. Deje insubsistente las resoluciones de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, y dieciséis de febrero de dos mil veintidós; 2. Emita otra determinación siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, antes precisados. (fojas 352 a 359). Autoridad remite cumplimiento, vista. Por oficio 0406/2022, la autoridad responsable citada, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y remitió copia certificada de la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, emitida en la carpeta de investigación CDI 16061/2019/ZC, de su índice, así como la notificación a la parte quejosa (fojas 370 a 378). Con motivo de lo anterior, por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós; se ordenó dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, para que manifestara lo que estimara conducente sobre tal cumplimiento (fojas 380 y 381) Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Análisis cumplimiento Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, este Juzgador se avoca a su estudio, de acuerdo a lo ahí precisado. En efecto, la autoridad ministerial responsable remitió la resolución de siete de marzo pasado, con la cual se justifica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Cumplida. Del análisis de la resolución emitida por el 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado; contra la Seguridad Pública; contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia; contra la Seguridad Colectiva; contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos, con sede en Puebla (Daniel Mejía Solís), se aprecia que se acreditó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, como a continuación se expone. * Resolución insubsistente En principio, la autoridad responsable en la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente las resoluciones de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, y dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación CDI 16061/2019/ZC, de su índice; tal como se advierte de la determinación en cita, y que al respecto expuso: "(.) Respecto al punto número 1: Con fundamento en lo dispuesto 1, 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 129, 131 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales; Esta Autoridad Ministerial deja insubsistentes las resoluciones de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, y dieciséis de febrero de dos mil veintidós. (foja 373) Con lo cual se tiene por cumplido este punto. Con referencia al punto número 2, la autoridad ministerial responsable emitió otra determinación en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, resolvió de la siguiente manera: En primer término, justificó la necesidad de mantener asegurado, precautoriamente el bien inmueble materia del presente asunto; y, fundamentó dicha determinación en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, 131 fracciones III, V, VII, 229, 236 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, tomó en consideración el dictamen que emitió el ingeniero Rodolfo Morales Pérez, perito en topografía y agrimensura de la Fiscalía General del estado de Puebla, quien refirió: "(.) Al realizar el comparativo entre las medidas y colindancias determinadas en el levantamiento topográfico realizado, con las medidas y colindancias descritas en la escritura de compraventa de fecha 19 de noviembre de 2001, volumen 36, instrumento 723, de la notaría pública número cuarenta de la ciudad de puebla, se determina que la forma y dimensiones de los cuatro lados del inmueble si coinciden con las medidas descritas en el instrumento notarial mencionado, sin embargo, los inmuebles contiguos (colindancias sureste y noroeste) se encuentran marcados con los números 5228 y 5222 y no con los números de lote (lote dos y lote veintidós), por lo tanto, para tener certeza de que se trata del mismo inmueble, es necesario contar con el plano de lotificación o sembrado de lotes, que utilizó CORETT para la escrituración (.)" (foja 374). Asimismo, expuso los actos de investigación pendientes de realizarse en el inmueble sobre el cual recayó el aseguramiento, esto es: "(.) Siendo importante destacar que se encuentran pendientes por realizar los siguientes actos de investigación en el inmueble ubicado en el domicilio Calle Maximino Ávila Camacho entre las calles Lázaro cárdenas y Aquiles Serdán, Colonia Miguel Hidalgo, Municipio de Puebla, Pue, con coordenadas 19.069899, -98.140671: 1.- Dictamen en Avalúo, esto es en atención al oficio 2197/2021 de fecha 18 de agosto del año 2021 emitido por el arquitecto Rodrigo López Herrera perito en materia de construcción (.). 2.- Dictamen en Topografía y Agrimensura, en atención al dictamen 467/2021, de fecha 8 de noviembre del año 2021 y recibido por esta autoridad ministerial el 25 de enero del año 2022, emitido por el ingeniero Rodolfo Morales Pérez, Perito en Topografía y Agrimensura del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del estado de Puebla (.)" (foja 374). Con lo cual se tiene por cumplido este punto, dado que expuso cuales son los actos de investigación pendientes de realizarse en la carpeta de investigación. En relación con la escritura pública que exhibió la parte quejosa con la cual acreditó la propiedad del inmueble asegurado, la autoridad ministerial en cita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una vez que expuso las características del inmueble, la tuvo por recibida dicha documental, concediendo el valor jurídico que le corresponde. Por tanto, se tiene por cumplido este punto. En cuanto al contrato de arrendamiento que exhibió la parte quejosa en la carpeta de investigación, la responsable determinó lo siguiente: "(.) 2. Contrato simple de arrendamiento de fecha 07 de febrero de 2015 celebrado por el arrendador C. Victoria Luna Sánchez y como arrendatario el C. Héctor Hugo Yáñez Muñoz. Con fundamento en lo que establece 21 de la Carta Magna; 131 fracciones I, IV, IX, 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales y toda vez de que el documento mediante el que se pretende establecer la existencia de contrato de arrendamiento celebrado con el C. Héctor Hugo Yáñez Muñoz, sin que sean glosadas copias de la identificación de quienes celebran dicho contrato, si bien es cierto al ser un dato de prueba y por lo consiguiente generar un indicio respecto de dicha relación contractual en la que informa desconocer respecto al uso y destino del multicitado inmueble por, precisamente haberlo cedido por el contrato en cuestión, es menester el reconocimiento de las rúbricas que obran en dicho documento por lo cual esta autoridad ministerial le requiere para que comparezca el día 15 de marzo de 2022 en punto de las11:00 horas con identificación oficial, con la finalidad de reconocer la rúbrica plasmada en el documento en cita así como proporcione información referente al C. Héctor Hugo Yáñez Muñoz, cito en Camino al Batan # 10, Colonia Sta. María La Calera de esta ciudad de Puebla. Como se aprecia la responsable se pronunció respecto la pertinencia de dicho contrato de arrendamiento y a efecto de otorgarle el valor jurídico en el momento procesal oportuno, requirió a la parte quejosa para que comparezca ante esa autoridad a fin de realizar el reconocimiento de las rúbricas respectivas; con lo cual se tiene por cumplido este punto. En otro aspecto, la responsable ordenó levantar el aseguramiento en depositaría, y requirió a Victoria Luna Sánchez, en su calidad de mandataria de Carlos Omar Aguilar Luna, para que compareciera ante esa representación social en calidad de víctima, con la finalidad de que exhibiera la documental consistente en el plano de lotificación o sembrado de lotes que utilizó CORETT para la escrituración, a fin de que se realice el dictamen correspondiente, y en su momento, permita el acceso al perito materia de avalúo, adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que realice su dictamen correspondiente. Con lo cual se tiene por cumplido este punto, pues se pronunció respecto del contrato de arrendamiento exhibido por el quejoso; aunado a ello, ordenó levantar el aseguramiento en depositaría a favor de la víctima, aquí promovente del amparo. Finalmente, notificó a la parte quejosa la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, y remitió las constancias que acreditan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Bajo esas consideraciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. * Manifestaciones quejoso Por otra parte, y toda vez que el quejoso presentó escrito con el cual manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, pues refiere: - Que la determinación carece de fundamentación y motivación dado que la responsable no se hizo cargo de motivar y fundamentar la necesidad de mantener precautoriamente el aseguramiento del inmueble, pues insiste en una falta de identidad del predio; Argumento del cual no asiste razón al promovente, toda vez que la representación social se pronunció respecto de los actos de investigación pendientes de ejecutarse en el predio, a fin de que, en el momento de que emita la resolución final del levantamiento del aseguramiento, no exista incertidumbre legal respecto de la identidad del inmueble, máxime que esos actos ya se habían ordenado en esa investigación y que se encontraban pendientes de ejecutarse. Asimismo, la autoridad responsable justificó la necesidad de mantener el inmueble asegurado, esto es, dado que existe discrepancia de las medidas y colindancias del predio, quien fundó y motivó dicha determinación. En cuanto a la manifestación consistente en: - Que el representante social insiste en mantener el aseguramiento del inmueble por una temporalidad excesiva, vulnerando los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Dígasele que ese aspecto no fue materia de la ejecutoria de amparo, pues se reitera, los efectos concesorios se precisaron para que la responsable diera contestación a las peticiones planteadas por el quejoso en la carpeta de investigación, y si bien es cierto que en el estudio de la sentencia se abordó el tema de la temporalidad del aseguramiento, ello, fue un aspecto que debía tomar en consideración el fiscal al momento de dar cumplimiento, de ahí que no asista razón al quejoso. Atinente al argumento que hizo valer el promovente del amparo en sentido que: - La devolución que ordenó el fiscal en depositaría a favor del quejoso, es incongruente, porque lo requiere para que exhiba el plano de lotificación o sembrado de lotes que utilizó CORETT -así lo precisó la autoridad-, para determinar una plena identidad del inmueble, y que ese aspecto ya quedó acreditado; que el artículo 246 del código procesal de la materia, establece que la autoridad deberá entregar a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, lo cual se debió tomar en consideración. Tampoco asiste razón al promovente porque la devolución en depositaría del predio a su favor es un aspecto que no fue materia de la litis constitucional, toda vez que en la ejecutoria de amparo únicamente se le hizo saber al fiscal que "de considerarlo procedente" podía levantar el aseguramiento decretado sobre el predio en conflicto, de ahí que éste lo consideró viable. Por tanto, si el quejoso considera que no conviene a sus intereses en la forma que autorizó levantar el aseguramiento del predio, tiene los medios legales a su alcance para combatir esa determinación. - En cuanto al requerimiento que le hizo el representante social en cuanto a que debía comparecer el quince de marzo de dos mil veintidós, a las once horas, con identificación oficial, con la finalidad de reconocer la rúbrica plasmada en el contrato de arrendamiento y proporcionara información referente a Héctor Hugo Yáñez Muñoz, aduce que no existen condiciones para acatar dicho requerimiento pues aún no se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Dígasele que precisamente la autoridad ministerial en cumplimiento a la ejecutoria de amparo está actuando a efecto de dilucidar las cuestiones inherentes al predio, por lo que se encuentra en aptitud de comparecer ante ella y deducir lo que convenga a sus intereses. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Victoria Luna Sánchez, en su carácter de apoderada legal de Carlos Omar Aguilar Luna, así como el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno (suspensión provisional). Asimismo, da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable que en este acto lo hizo; así como con el escrito signado por la quejosa Victoria Luna Sánchez, apoderada legal de Carlos Omar Aguilar Luna. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, intégrese a las presentes actuaciones el informe previo de la autoridad responsable 1. Daniel Mejía Solís, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado, contra la Seguridad Pública, contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia, contra la Seguridad Colectiva, contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en el momento procesal oportuno. Por otra parte, agréguese a las presentes actuaciones el escrito signado por Victoria Luna Sánchez, apoderada legal de Carlos Omar Aguilar Luna, mediante el cual ofrece diversos medios de convicción en la presente incidencia y formula alegaciones, en consecuencia, acuérdese lo que en derecho proceda en el momento procesal oportuno. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: el secretario da cuenta con la prueba documental de la parte quejosa, consistente en copia certificada del instrumento notarial Sesenta y Un Mil Veintiséis (61, 026), Volumen Mil Ciento Cuarenta y Nueve (1149), de la Notaría Pública Número Tres de la ciudad de Puebla y con las diversas ofrecidas en su ocurso de cuenta, consistentes en copia simple del instrumento notarial Setecientos Veintitrés (723), Volumen Treinta y Seis (36), de la Notaría Pública Número Cuarenta de la ciudad de Puebla; así como copia simple del acuerdo dictado el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, por la autoridad responsable 1. Daniel Mejía Solís, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado, contra la Seguridad Pública, contra la Seguridad de los Medios de Transporte y de las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia, contra la Seguridad Colectiva, contra la Autoridad y el Delito de Ataques Peligrosos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la carpeta de investigación CDI16061/2019/ZC, así como su correspondiente notificación -llevada a cabo el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno-. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas con base en su naturaleza las probanzas ofrecidas por la parte quejosa. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que en la propia fecha se tuvo por recibido un ocurso de la demandante constitucional por el que formula alegatos y, certifica que ninguna de las demás partes los expresó. El Juez de Distrito acuerda: se tienen por hechas las manifestaciones de la quejosa Victoria Luna Sánchez, apoderada legal de Carlos Omar Aguilar Luna y se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 996/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Victoria Luna Sánchez, en su carácter de apoderada legal de Carlos Omar Aguilar Luna; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, previo auto de prevención, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Victoria Luna Sánchez, en su carácter de apoderada legal de Carlos Omar Aguilar Luna, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La negativa de ordenar el levantamiento del aseguramiento y retiro de sellos del bien inmueble ubicado en el lote de terreno número tres, de la manzana cincuenta y cuatro, zona cuatro, del Ex Ejido de La Resurrección y que es reconocido por el Ayuntamiento de Puebla con el número cinco mil doscientos veintiséis, de la calle Maximino Ávila Camacho, de la colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Puebla, en la carpeta de investigación 16061/2019/ZC/UETI2021. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. DANIEL MEJÍA SOLÍS, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA SEGURIDAD DEL ESTADO, CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA, CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA, CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, CONTRA LA AUTORIDAD Y EL DELITO DE ATAQUES PELIGROSOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA PARCIALMENTE CIERTO CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Del cuadro precedente se advierte que la aludida autoridad convino parcialmente con la existencia del acto que por esta vía se combate, mismo que quedó precisado en el considerando segundo de la presente resolución; por lo que, el mismo se tiene por cierto únicamente para efectos de la incidencia en que se actúa, sin perjuicio de lo que se resuelva en el cuaderno principal del que éste deriva. En tal sentido, respecto al acto reclamado ya precisado, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de acto, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado por la parte quejosa es un acto negativo, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Victoria Luna Sánchez, en su carácter de apoderada legal de Carlos Omar Aguilar Luna, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable identificada en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Y, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO...
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