Carlos Nava López
Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos Nava López
Actuaciones
- Incidental
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se desprende que la autoridad responsable no ha rendido su informe previo ni obra en autos constancia (acuse de recibo) de que hubiera recibido el oficio mediante el cual se le solicitó; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia incidental programada para hoy y se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas, perteneciente a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, con residencia en Salvatierra; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII constitucional, 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado con el número 779/2023-IV. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, en el entendido que deberá adjuntar copia certificada legible de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibida que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuye. Asimismo, con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento, previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y se abstengan de comunicarla a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Se señalan las diez horas con treinta minutos del veinte de octubre del dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. Por separado tramítese el incidente de suspensión por haberse solicitado. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En razón de que el fiscal federal adscrito solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario **********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se le tiene ofreciendo como prueba de su intención la documental que anexa, de la cual de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. En atención a la tesis de Jurisprudencia 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 7, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).", de oficio se ordena al Secretario que realice la compulsa y certificación de las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, con las simples que se agregue al cuaderno incidental. De conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En otro orden, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. A fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, téngase al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********, al contar con cédulas profesionales números ***********, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad, se ordena la notificación de este proveído, así como los subsecuentes, incluso las de carácter personal por medio de estrados de éste órgano jurisdiccional, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo se da trámite al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 779/2023-IV, promovido por ************, contra actos del Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas, perteneciente a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, con residencia en Salvatierra. Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercíbasele que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción I, del citado ordenamiento legal. En términos del numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia en el presente incidente de suspensión, no se girará oficio a la autoridad que tenga el carácter de responsable o de tercero interesado, a fin de hacerle saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. A efecto de proveer lo referente a la suspensión provisional, primeramente, es menester señalar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la negativa del Jefe de la Oficina Recaudadora de Salvatierra, a recibir un escrito que contenía un recurso fiscal a efecto de que dicha autoridad declarara la caducidad de sus facultades de comprobación con relación a un crédito fiscal que se le había comentado existía. En ese orden, primeramente debe precisarse que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa dispone: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." (.) Del numeral transcrito, así como del numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que de colmarse la exigencia anterior, se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. En la especie, el suscrito juzgador estima que debe negarse la suspensión solicitada al no surtirse la exigencia indicada en el inciso a, habida cuenta que se está en presencia de actos negativos, que son aquellos en que la autoridad se rehúsa a obrar a favor de la pretensión del gobernado, que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por éste, que es lo que los diferencia de los actos prohibitivos (donde la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos), así como de los omisivos (donde la autoridad se abstiene de actuar), y sobre los que no es procedente conceder la suspensión, en virtud que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza, por lo que de otorgarla contra ese tipo de actos no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, conceda la protección constitucional. Consecuentemente, lo procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la ley reglamentaria, es negar la suspensión provisional. Sin que resulte procedente conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, puesto que de hacerlo se quedaría sin materia el juicio, ello de conformidad con el numeral 147 de la Ley de Amparo; es decir, si se concediera la suspensión del acto que en esta vía reclama el quejoso, la restitución en el goce del derecho que estima violado seria plena y ello no es procedente por la vía de la suspensión, pues implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal; por lo que la restitución que se puede hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que ello es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la ley de la materia
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