Carlos Martínez García
Expediente 471/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos Martínez García
- Carlos Martínez García y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que dicho Tribunal es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********y *********, todos de apellidos *************; por lo que, se confirma la resolución de incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente cuaderno, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que previamente a efectuar el pronunciamiento a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Amparo, de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional respecto de la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, contra el acto del Juzgado Primero Civil del Partido, con sede en Salvatierra, Guanajuato, consistente en la resolución de quince de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente ***********; lo requirió para que cumpla con lo dispuesto por el artículo 176 y 178 fracciones I y II de la ley de la materia; esto es, emplace a los terceros interesados (si existieren); rinda su informe justificado; asiente certificación respecto de la fecha en que fue notificada la resolución reclamada y de la recepción de la demanda de amparo y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; y, en caso de que hubiere los documentos base de la acción.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III, INCISO A) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Carlos, ********** y **********, todos de apellidos **********, contra actos del Juez Civil de Partido con residencia en Salvatierra, Guanajuato y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 471/2018-II. Ahora, del análisis integral de la demanda de que se trata se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, se advierte que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio son competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y se promoverán por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Pues bien, en el caso concreto se advierte que las partes quejosas esencialmente reclaman la sentencia de adjudicación de fecha quince de enero de dos mil quince, emitida por el Juez Civil de Partido con residencia en Salvatierra, Guanajuato, dentro del juicio 484/2011 de su índice, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de **********. En esa tesitura, si la determinación de referencia es de las que decide el juicio en lo principal, es inconcuso que es impugnable en amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo y, por tanto, su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y con fundamento en el numeral 47 de la referida legislación reglamentaria, ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes; y, d. Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Tomando en consideración que los promoventes solicitan se les tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. De igual forma, se les tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Facio Guerrero y Salvador Isidro López Avalos, en virtud de que cuentan con sus cédulas profesionales números 5903021 y 4101990, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a Claudia López Avalos, por no obrar su cédula registrada en el sistema computarizado citado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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