Carlos Morales Sánchez

Expediente 124/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
124/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Carlos Morales Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 124/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veinticuatro de abril del año en curso, firmada y autorizada el veintiocho de abril siguiente, en la que se le negó el amparo y protección de la justicia federal; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la 1) autoridades responsables y 2) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, pues, al haberse negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los proveídos emitidos en este asunto se publicarán con supresión de todos los datos personales de la parte quejosa, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, pero protegiendo dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal3. Además, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Precisión sobre el acuerdo general aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevos esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 4.1 Precisión previa respecto del archivo del expediente. Sin embargo, como dicho acuerdo general no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación a ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente. Por tanto, se provee: 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino (depurable). Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo general este expediente será DEPURABLE; conservándose en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, en el cual se reservó su archivo en la resolución interlocutoria de veintiuno de febrero de este año; por tanto, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    I. 124/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por auto de esta misma fecha, causó ejecutoria la sentencia ahí emitida, y se ordenó su archivo definitivo. 2. Aspecto previo al archivo del expediente. Ahora, previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no se hace pronunciamiento respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en a) el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y al b) "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal". Por tanto, se provee: 3. Archivo. Por tanto, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 4. Destino del expediente (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, este expediente será DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 124/2023 MESA 7* Sentencia. Vistos para resolver el juicio de amparo número ********************; y, R e s u l t a n d o s: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el dos de febrero de dos mil veintitrés, registrada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional el tres de febrero siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Dicha parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación; invocó como derechos fundamentales vulnerados los artículos 1, 14, 16 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro y admisión de la demanda de amparo. Por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés se ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número ********************, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o s: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, ********************y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto se reclama de autoridades residentes en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, es: El "Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca ordena el archivo de los expedientes número ********************del índice de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento de la LXIV Legislatura Constitucional y ********************del índice de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático de la LXIV Legislatura Constitucional, como asunto total y definitivamente concluido, en términos de lo dispuesto por los considerandos cuarto, quinto y sexto del presente dictamen". Las consecuencias jurídicas de su emisión. Que reclama del 1) Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2) Comisión Permanente de Agua y Saneamiento y 3) Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En efecto, al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado y representante legal del mismo señaló ser cierto que el siete de diciembre de dos mil veintidós las Comisiones Permanentes Unidas de Agua y Saneamiento, y de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, emitieron el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se ordena el archivo de los expedientes números ******************** del índice de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, y ********************, de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, como asunto total y definitivamente concluido; expedientes que tuvieron su origen en la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Defensa y Reconocimiento de los Derechos de los Ríos y otras Fuentes Hídricas del Estado de Oaxaca. Siendo que por acuerdo número ********************, el Pleno legislativo acordó lo siguiente: (Imagen escaneada) Por su parte, las autoridades responsables Comisiones Permanentes de a) Agua y Saneamiento y b) Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, a través de sus presidentas, al rendir el informe justificado, también convinieron en la existencia del acto que se les atribuye. Al respecto, manifestaron, en esencia, que emitieron el dictamen con proyecto de acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo de los expedientes números ******************** del índice de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, y ********************, de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, como asunto total y definitivamente concluido, en términos de los considerandos cuarto, quinto y sexto de dicho dictamen. Mismo que en sesión de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós fue aprobado por el Pleno Legislativo, emitiéndose, al respecto, el acuerdo número ********************, que entró en vigor el mismo día de su aprobación. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser de orden público y de estudio oficio, de acuerdo con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático de la Sexagésima Quinta Legislatura, al rendir su informe justificado, hizo valer las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque, dice, a) la demanda de amparo es extemporánea, en virtud de que el dictamen emitido por las referidas Comisiones Permanentes es de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós y aprobado por el Pleno Legislativo en sesión de veintiuno de diciembre siguiente, por tanto, transcurrieron con exceso los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda; así como que b) el acto reclamado se trata de un acto consumado de difícil reparación, en virtud de que el acuerdo ******************** del Pleno del Congreso Local ha surtido todos sus efectos legales. Las fracciones XIV y XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" Son infundados los referidos supuestos de improcedencia. En primer término, independientemente de que el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes de a) Agua y Saneamiento y b) Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático haya sido emitido el siete de diciembre de dos mil veintidós y aprobado por el Pleno Legislativo en sesión de veintiuno de diciembre siguiente; lo cierto es que en su escrito inicial constitucional, el quejoso refirió que tuvo conocimiento del acto reclamado el trece de enero de dos mil veintitrés. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el dos de febrero de dos mil veintitrés, es inconcuso que su presentación es oportuna. Sin que de las constancias remitidas por las responsables en este asunto, se desprenda alguna documental que desvirtúe el dicho del promovente, es decir, alguna de la que se desprenda que el quejoso tuvo conocimiento o quedó notificado del dictamen relativo a su iniciativa ciudadana en diversa fecha de la que refirió en su escrito de demanda. Respecto al planteamiento de la responsable en el sentido de que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado se trata de un acto consumado de modo irreparable; en el caso, es preciso destacar que los actos consumados en general, se entienden como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se clasifican en: a) Actos consumados de modo reparable, y b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia favorable; en cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61, en el relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, se tiene que los efectos y consecuencias de los actos reclamados ya ejecutados no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse, es un acto consumado de modo irreparable, si la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. De esta forma, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los propios actos reclamados; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Sirve de apoyo la tesis aislada I. 3o. A. 150 K, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 209662, Octava Época, Materias(s): Común, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". De ahí que es inexacto el planteamiento que asevera la Comisión responsable, pues, en el caso, el quejoso reclama en vía de concepto de violación la falta de fundamentación y motivación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca ordena el archivo de los expedientes números ******************** del índice de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, y ********************, de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, como asunto total y definitivamente concluido, en términos de los considerandos cuarto, quinto y sexto de dicho dictamen; mismo que en sesión de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós fue aprobado por el Pleno Legislativo, emitiéndose, al respecto, el acuerdo número ********************, que entró en vigor el mismo día de su aprobación. Ahora, aun cuando la responsable refiere que dicho acuerdo que archivó los expedientes referidos, en términos de lo dispuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto del citado dictamen, es un acto consumado de imposible reparación pues ha surtido todos sus efectos legales; lo cierto es que dicha dictaminación fue en el sentido de declarar improcedente una iniciativa ciudadana, por lo que no emergió a la vida jurídica surtiendo efectos frente a terceros; aunado a que aun cuando se ordenó el archivo de los expedientes ********************y ********************; los Congresos de los Estados, en este caso, al archivar sus asuntos, no ordena su destrucción, al menos no se determinó en esos términos, pues, necesariamente, existe un archivo histórico de todos los expedientes de los que conoce. Por lo que si el quejoso reclama la falta de fundamentación y motivación del referido dictamen, lo cierto es que a través del juicio constitucional si es posible restituir o reparar, de resultar procedente, el derecho constitucional vulnerado; de ahí que no existe imposibilidad física o material que impida analizar el fondo del asunto. Quinto. Análisis del asunto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó un único concepto de violación, mismo que se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este juzgado a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. No obstante a lo anterior, de la lectura integra de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa hace valer vía concepto de violación que: El Congreso del Estado de Oaxaca no fundó ni motivó el acto reclamado, pues hizo una lectura desacertada de la iniciativa ciudadana para la defensa y reconocimiento de los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas del Estado de Oaxaca, y renunció a legislar en materia ambiental. Se estima infundado el referido concepto de violación. El alto Tribunal del país ha establecido que la obligación de fundar y motivar, tratándose de actos legislativos, se ve satisfecha cuando éstos son emitidos dentro de los límites de las atribuciones que la constitución le confiere a la autoridad (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); por lo que no es necesario que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser, necesariamente, materia de una motivación específica; y así, la fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender como la circunstancia de que el Congreso o ente legislativo que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, página 239, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." Las facultades del Congreso del Estado de Oaxaca se encuentran previstas en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, siendo que, en lo que a este asunto interesa, las fracciones I, II, XL y LXXVII disponen lo siguiente: "Artículo 59. I.- Dictar leyes para la administración del Gobierno interior del Estado, en todos los ramos; interpretarlas, aclararlas en el ámbito de sus funciones, reformarlas, derogarlas y abrogarlas, en los que se observarán los mismos trámites establecidos para su formación; II.- Expedir leyes reglamentarias y ejercer las facultades que le otorga la Constitución General de la República; (.) XL.- Expedir leyes sobre vías de comunicación, aprovechamiento de las aguas y bosques que no sean de jurisdicción federal; (.) LXXVII.- Todas aquellas que deriven a su favor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales, esta Constitución Política y las que sean necesarias para hacer efectivas sus facultades y atribuciones." Dicho artículo 59 establece las facultades del Congreso del Estado, a saber, decretar o expedir leyes en todos sus ramos; expedir leyes reglamentarias y ejercer las facultades que le otorga la constitución federal; expedir leyes en materia de aprovechamiento de las aguas que no sean jurisdicción federal; y todas aquellas que deriven a su favor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales, la Constitución Local y las que sean necesarias para hacer efectivas sus facultades y atribuciones. En el caso, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 50 de la Constitución Local, el quejoso, en conjunto con ********************y ******************** y los diputados ******************** y ********************, del Partido ********************, presentaron ante el Secretario de Servicios Parlamentarios de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DEFENSA Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS RIOS Y OTRAS FUENTES HÍDRICAS DEL ESTADO DE OAXACA, mismo que fue recibido el ocho de diciembre de dos mil veinte. Siendo que los planteamientos manifestados en la exposición de motivos de la referida iniciativa fueron, principalmente, los siguientes: La iniciativa está dirigida a defender, tutelar y reconocer los derechos de los ríos y otras fuentes hídricas, considerando sus cuencas hidrológicas y ecosistemas asociados, que se encuentran de forma superficial y subterránea, incluyendo los ecosistemas costeros y todos aquellos que comprenden la red hídrica del territorio del Estado de Oaxaca. Creación de nuevas instituciones de derecho que permitan al Estado de Oaxaca ser parte de la acción global de proteger a la naturaleza. Las actuales normas y medidas no protegen ni restauran los ríos y otras fuentes hídricas, al no ser suficientes ni eficaces para preservar el entorno natural de México. En nuestro país, las autoridades federales, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México ejercen sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Propone la creación del Instituto para la Defensa de los Derechos de los Ríos y otras Fuentes Hídricas, y que las ocho regiones hidrológicas dentro de las que se encuentra el Estado de Oaxaca, a saber: RH18 "Balsas", RH20 "Costa Chica- Río Verde", RH21 "Costa de Oaxaca"; RH22 "Tehuantepec", RH23 "Costa de Chiapas, RH28 "Papaloapan", RH******************** "Coatzacoalcos" y RH30 "Grijalva-Usumacinta", tengan una representación amplia a través de guardianes estatales que integren el Consejo del Instituto. Objetos de la iniciativa: Todos los ríos y otras fuentes hídricas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca serán declarados como entidades vivientes y sujetos de derechos. Todos los ríos y otras fuentes hídricas serán titulares de los siguientes derechos: El derecho al flujo: El derecho a conservar un caudal mínimo ecológico. El derecho a conservar su respectivo ciclo hidrológico; El derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema. El derecho a estar libre de contaminación. El derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes. El derecho a la biodiversidad nativa. El derecho a procesos de regeneración y a la restauración integral; y El derecho a que sus beneficios ecosistémicos sean aprovechados de forma sustentable y sostenible. Todos los ríos y otras fuentes hídricas sean representados a través de sus respectivos guardianes responsables de garantizar sus derechos, para los cuales se creará un órgano autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Ahora, del dictamen con proyecto de acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca ordena el archivo de los expedientes números ******************** del índice de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, y ********************, de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, como asunto total y definitivamente concluido, en términos de los considerandos cuarto, quinto y sexto de dicho dictamen, se desprende que (páginas 2 y 3 del dictamen): En sesión extraordinaria de diez de diciembre de dos mil veinte los diputados de la Diputación Permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, instruyeron remitir a las Comisiones Permanentes Unidas de Agua y Saneamiento, y de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, para su estudio y dictamen de iniciativa de referencia. En sesiones de trabajo, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, llevadas a cabo los días once y doce de julio, y veintidós de agosto de dos mil veintidós, realizaron el estudio y análisis de la iniciativa. La Comisión Permanente de Agua y Saneamiento de la Sexagésima Quinta Legislativa aprobaron en la décima tercera sesión ordinaria de fecha veintidós de agosto del año dos mil veintidós, el calendario para la dictaminación de la iniciativa, por lo que durante el mes de septiembre de dos mil veintidós se realizó su socialización; llevándose a cabo el foro denominado "Análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Defensa y Reconocimiento de los Derechos de los Ríos y otras Fuentes Hídricas del Estado de Oaxaca" el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se vertieron comentarios y opiniones de expertos y especialistas en materia hídrica. En sesión de trabajo de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, llevada a cabo el día siete de noviembre de dos mil veintidós, se realizó el análisis y discusión del dictamen, por ser la primera comisión en turno, acordando remitirlo a la presidencia de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, para que se circulara entre los diputados integrantes de esa comisión. El siete de diciembre de dos mil veintidós las Comisiones Permanentes Unidas de Agua y Saneamiento, y de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, determinaron improcedente la iniciativa planteada, por lo siguiente: ESTRUCTURA DEL DICTAMEN: Primer considerando. Competencia del Congreso del Estado de Oaxaca. El Congreso del Estado de Oaxaca es competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, fracción I, y LXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Segundo considerando. Competencia de las Comisiones Permanentes. Las Comisiones Permanentes Unidas de Agua y Saneamiento, y de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático son competentes para dictaminar la iniciativa correspondiente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, 65, fracciones IV y XXI, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26, 38, 42, fracciones IV y XXI, y demás aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercer considerando. Extracto de la exposición de motivos de la iniciativa. (Ya se precisó en líneas anteriores de la presente sentencia). Cuarto. Del estudio y análisis realizado a la iniciativa. Las Comisiones Unidas determinaron dictaminar no procedente la iniciativa con proyecto de decreto, toda vez que tiene como finalidad regular que todos los ríos y otras fuentes hídricas con las que cuenta el Estado de Oaxaca, sean declarados, en un primer término, como entidades vivientes y titulares de derechos. Se invocaron, primeramente, los artículos 4, sexto párrafo, y 27, primero, quinto y sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como se observa de la imagen siguiente: En el dictamen se concluyó la existencia del derecho humano de todas las personas de acceder al uso de agua potable (extraída de ríos, mantos acuíferos y otras fuentes hídricas), respecto de las cuales las autoridades federales, estatales y municipales se encuentran obligadas a respetar y garantizar dentro de los ámbitos de su competencia. Y por lo que hace al artículo 27 constitucional, se precisó que los ríos y sus afluentes directos o indirectos son propiedad de la nación, y los cuales son considerados aguas nacionales de jurisdicción federal; además de que dicho numeral establece el fundamento de las leyes sobre protección y manejo de los recursos hidráulicos, reservando derechos inalienables de dominio sobre todas las aguas nacionales a la Nación, tan es así que para el aprovechamiento de los recursos hídricos el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, puede otorgar concesiones de uso del agua a los particulares. Además, en el dictamen se precisó que el control de la contaminación del agua se encuentra previsto en la 1) Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece los criterios generales para la prevención y control de la contaminación de las aguas, y la 2) Ley de Aguas Nacionales. Leyes que fueron decretadas por el Congreso de la Unión, en uso de su facultad prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (.) XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal." De ahí que el Congreso local no cuenta con atribuciones para legislar en la materia, aunado a que la creación del Instituto que se propone, tiene atribuciones que competen a los Organismos de Cuenca y a los Consejos de la Cuenca, previstos por la Ley de Aguas Nacionales, por lo que se estarían creando órganos similares con las mismas atribuciones. Quinto. De la competencia del Congreso local para expedir una Ley para la Defensa y Reconocimiento de los Derechos de los Ríos y otras Fuentes Hídricas del Estado de Oaxaca. El Congreso del Estado de Oaxaca no es legalmente competente para expedir la Ley para la Defensa y Reconocimiento de los Derechos de los Ríos y otras Fuentes Hídricas del Estado de Oaxaca, toda vez que los ríos, cuencas hidrológicas y acuíferos son considerados aguas nacionales de jurisdicción federal, respecto de las cuales es competente para legislar el Congreso de la Unión, como lo prevé el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Federal. La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Federal, en materia de aguas nacionales, es de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable, lo cual es competencia del ejecutivo federal, al ser su atribución reglamentar lo relativo a las cuencas hidrológicas y recursos hídricos, lo que se considera de utilidad pública, tal como lo disponen los artículos 6, fracciones I y VII, y 7, fracciones I, II y V de la Ley de Aguas Nacionales. Además, el referido numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la existencia de la Comisión Nacional del Agua, a la que compete la atención de los aspectos hidráulicos, desde la planeación, otorgamiento de permisos, administración y aplicación de disposiciones sobre las aguas nacionales, así como para garantizar la sustentabilidad hidrológica o cuando se comprometa la sustentablidad de los ecosistemas vitales en áreas determinadas como acuíferos, cuencas o regiones hidrológicas, contando, para ello, con órganos coordinadores federales, estatales y municipales, llamados Organismos de Cuenca, a quienes le compete preservar y controlar la calidad del agua, así como administrar y custodiar las cuencas y regiones hidrológicas que le correspondan, mediante la formulación de políticas y programas hídricos, de conformidad con el artículo 12 bis 6, fracciones I, II, III y XI, de la Ley de Aguas Nacionales. También la Comisión Nacional del Agua cuenta con los Consejos de Cuenca, que son órganos de coordinación concertación, apoyo, consulta y asesoría, a fin de coadyuvar a la formulación y ejecución de programas hídricos de las cuencas hidrológicas, así como contribuir a mantener y restablecer el equilibrio de los recursos; aunado a que promueven la participación de las autoridades estatales y municipales y de las organizaciones de la sociedad, para la formulación, seguimiento y evaluación de programas hídricos de las cuencas, acuíferos y ecosistemas vitales, pudiendo coordinarse con los gobiernos de los estados y municipios, para concertar recursos para la ejecución de acciones previstas en dichos programas, dentro de las que pueden preverse acciones de saneamiento, para prevenir, detener o corregir la contaminación del agua. De ahí que la creación del Instituto para la Defensa de los Derechos de los Ríos y otras Fuentes Hídricas, que plantea la iniciativa, tendría atribuciones que son competencia de los organismos de cuenca y consejos de cuenca, lo que implicaría que se duplicarían las atribuciones que la Ley de Aguas Nacionales otorgó a otros organismos. Por tanto, si en la iniciativa propone que el referido Instituto se encuentre integrado por guardianes, cuya principal atribución es la de elaborar proyectos y programas para la protección, preservación y restauración de los ríos y otras fuentes hídricas para combatir la contaminación de los ríos del Estado, dentro de los que destacan el Río Salado y el Río Atoyac; al ser considerados aguas nacionales, es la Comisión Nacional del Agua la que tiene las atribuciones de promoción, preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y los Programas Integrales de Protección de los Recursos Hídricos en Cuencas Hidrológicas y acuíferos, como es el caso del Programa Nacional Hídrico 2020-2024, aprobado por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Sexto. De la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Finalmente, en el estudio de la iniciativa se establece que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene por objeto sentar las bases para la prevención y el control de la contaminación del agua, estableciendo las atribuciones y competencias de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. El artículo 5 de la referida ley dispone que le compete la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales (dentro de los cuales se encuentran los ríos, cuencas hidrológicas y acuíferos), la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia. Lo anterior, mediante la emisión por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de normas oficiales mexicanas en materia ambiental, así como para el aprovechamiento y protección de los recursos naturales; además, el diverso numeral 119 refiere que dicha Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, conforme a lo dispuesto en dicha ley, así como la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y las demás disposiciones aplicables. Y el numeral 119 Bis establece que, en materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que administren el agua, de conformidad con la distribución de competencias establecida en la Ley y conforme las leyes locales en la materia. Concluyendo las Comisiones Permanentes Unidas que, por una parte, las disposiciones referidas en el dictamen dejan en evidencia que es atribución de la Federación el emitir normas oficiales mexicanas, para la prevención y control de la contaminación de las aguas nacionales, dentro de las que se encuentran los ríos, cuencas hidrológicas, acuíferos y demás recursos hídricos de jurisdicción federal y, por otra, establecen la competencia de los Estados y Municipios, en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas en los términos precisados en el artículo 119 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; por ende, resultó improcedente la iniciativa planteada y se acordó el archivo de los expedientes ******************** de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento y ********************de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, como asunto concluido. Precisado lo anterior, como se mencionó, tratándose de actos legislativos, la fundamentación y motivación se ve satisfecha cuando: 1° Dichos actos son emitidos dentro de los límites de las atribuciones que la constitución le confiere a la autoridad; y, 2° Las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Por lo que la fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender como la circunstancia de que el Congreso o ente legislativo que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello; en el caso, como ya se vio, y contrario a lo que se alega, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado. De ahí que, como lo hizo ver la responsable, la fracción XL del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece, por lo que hace al agua, la facultad expresa del Congreso del Estado para legislar leyes sobre aprovechamiento de aguas, pero dicho numeral establece de manera enunciativa que el congreso local también tendrá todas aquellas facultades que deriven a su favor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, leyes federales y las que sean necesarias para hacer efectivas sus facultades y atribuciones. De lo que se establece que: El Congreso local está facultado para legislar sobre aprovechamiento de aguas. Si el Congreso Local pretende legislar sobre el agua, dicha facultad debe derivarle a su favor de la Constitución federal, tratados internaciones o leyes federales. Sin que obste el hecho de que el artículo referido señale que las facultades del Congreso Local también pueden derivar de tratados internacionales o leyes federales, pues de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, página 239, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.", se desprende que dicha facultad necesariamente debe derivar de la Constitución Federal. Por su parte, el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estado; sin embargo, el artículo 27 de constitucional enuncia que son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas; de ahí que el concepto de violación que asevera lo contrario resulta inexacto. Con lo que se corrobora que las ocho regiones hidrológicas dentro de las que se encuentra el Estado de Oaxaca, a saber: RH18 "Balsas", RH20 "Costa Chica- Río Verde", RH21 "Costa de Oaxaca"; RH22 "Tehuantepec", RH23 "Costa de Chiapas, RH28 "Papaloapan", RH******************** "Coatzacoalcos" y RH30 "Grijalva-Usumacinta", a que hace referencia la iniciativa, efectivamente, son propiedad de la nación; en consecuencia, contrario a lo que se asevera en los conceptos de violación, son competencia federal, y su protección mejoramiento, conservación y restauración son de utilidad pública de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales. De ahí que, como correctamente se estudió en la iniciativa en comento, y contrario a lo que se alega en el concepto de violación, corresponde a la Comisión Nacional del Agua, por sí y a través de los Organismos de Cuenca, preservar y controlar la calidad del agua, así como administrar y custodiar las cuencas y regiones hidrológicas que le correspondan. Razón por la que, contrario a lo que se alega, el Congreso del Estado de Oaxaca estableció apegado a derecho que no está facultado constitucionalmente para legislar en la materia de derechos de los ríos y otras fuentes hídricas, a fin de proteger la naturaleza y procurar su preservación, aunado a que sería ocioso realizarlo al ya existir un organismo encargado de dichas facultades, como lo es la Comisión Nacional del Agua. Por tanto, al establecerse los fundamentos y motivos por las que las Comisiones Permanentes Unidas de Agua y Saneamiento y Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático del Congreso del Estado de Oaxaca declararon improcedente la iniciativa planteada, es infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa relativo a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. En esas condiciones, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia se publicará con supresión de todos los datos personales de dicha parte procesal, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, pero protegiendo dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Además, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso ********************, contra el "Dictamen con proyecto de acuerdo por el que la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ordena el archivo de los expedientes número ********************del índice de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento de la LXIV Legislatura Constitucional y ********************del índice de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático de la LXIV Legislatura Constitucional, como asunto total y definitivamente concluido, en términos de lo dispuesto por los considerandos cuarto, quinto y sexto del presente dictamen", y sus consecuencias jurídicas; que atribuyó al 1) Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 2) Comisión Permanente de Agua y Saneamiento y 3) Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático; en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

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