Carlos Martín Morales Díaz
Expediente 1009/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Martín Morales Díaz
- Gobernador del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de los autos se advierte que la autoridad responsable subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, pese a estar debidamente notificada para ello. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad vinculada, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento de la sentencia, para lo cual deberán remitir copia certificada de la conclusión del trámite de la pensión que se traduzca en la entrega al quejoso del numerario por concepto de pensión. Apercibimiento. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de octubre del año en curso.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio que remite el asesor de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los actos tendentes realizados, a fin de dar cumplimiento al fallo constitucional. Requerimiento. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento de la sentencia, para lo cual deberán remitir copia certificada de la conclusión del trámite de la pensión que se traduzca en la entrega al quejoso del numerario por concepto de pensión. Apercibimiento. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informen las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fue para lo siguiente: "para el efecto de que las autoridades responsables, una vez que el presente fallo cause ejecutoria, realicen la inmediata conclusión del trámite de la pensión que se traduzca en la entrega al quejoso del numerario por concepto de pensión; salvo causa justificada que no permita conceder esa prestación, que en su caso, deberán comunicárselo mediante resolución debidamente fundada y motivada." Apercibimiento. Adviértase a las autoridades que de no dar cumplimiento a lo indicado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Actos tendentes. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por el subdirector de pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual acredita los actos tendentes en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 1009/2023 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintinueve minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento de las partes y con el informe justificado rendido por una de las responsables. Por otro lado, se advierte que en el propio auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existía tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, y se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, se hace constar que ya le transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impusieran del contenido de la totalidad de las constancias que obran en autos. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y se da cuenta con la prueba documental ofertada por la parte quejosa y las documentales, confesional expresa, presuncional en sus aspectos legal, lógico y humano, y la instrumental de actuaciones, ofrecidas por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza los citados medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1009/2023; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Por proveído de seis de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, los siguientes: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el ********************, relativa al otorgamiento de pensión. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al gobernador del Estado de Sonora, al director general y al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues aun y cuando al rendir el informe justificado, lo niegan, de su contenido íntegro se advierte su certeza. Además, dicha certeza se advierte de las constancias exhibidas por la parte quejosa, de las que se desprende que el Instituto responsable recibió la solicitud de pensión por parte de la quejosa desde el ********************. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que al tratarse el acto reclamado de una omisión, la carga de la prueba no corresponde al quejoso, sino por el contrario a las autoridades responsables es a quienes incumbe demostrar que no incurrieron en la omisión cuestionada. Lo antes considerado tiene sustento en la tesis publicada en la página 301, Tomo XIII, correspondiente al mes de Marzo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Es así, no obstante que el jefe de la Unidad Jurídica y el subdirector de Finanzas, ambos del Instituto responsable, hacen valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues refieren que no se encuentra dentro de sus atribuciones la aplicación del acto reclamado. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la causa de sobreseimiento que refieren. En efecto, el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si bien existe un departamento encargado de realizar el trámite correspondiente a las peticiones al respecto, dicho Instituto tiene la obligación de vigilar que la pensión se otorgue, pues la citada autoridad responsable, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que se actualice alguna, procede analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada, en la inteligencia que de ser necesario, se suplirá la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en lo referente al acto reclamado por el peticionario del amparo, consistente en la omisión de dictar resolución en el procedimiento de pensión solicitada, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa son fundados. Para resolver este asunto es preciso hacer notar que se reclama el trámite relativo al otorgamiento de una pensión y conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como lo precisa el criterio de la tesis 2a. XCV/2014 de la Segunda Sala de dicho Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 11, octubre de 2014, tomo I, materia común, página 1106, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." Ahora, la parte quejosa reclama la omisión de emitir el dictamen relativo al trámite de pensión por jubilación y la omisión de pago de la misma. El artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, dispone: "Artículo 59. El derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en esta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala. Los montos de las pensiones y jubilaciones que se otorguen con base en esta Ley se incrementarán en beneficio de quienes las reciban en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de esta Ley." De la lectura del artículo anterior, se desprende que el citado Instituto deberá resolver las solicitudes de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Del mismo modo, dentro de los treinta días hábiles siguientes, el gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de la ley. Si en el caso se tiene acreditado que el quejoso solicitó el trámite de pensión desde el ********************, ante las oficinas de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, para que le fuera otorgada la referida pensión, sin que el trámite respectivo hubiera concluido (hace más de ocho meses trece días a la fecha en que se resuelve el presente asunto); es evidente que le genera perjuicio al quejoso al no respetarse el derecho que tiene a la pensión. Cabe precisar que respecto de las manifestaciones aludidas, este juzgador considera que las responsables ineludiblemente deben llevar a cabo las etapas correspondientes para lograr la conclusión del trámite para la autorización de dicha pensión a que tiene derecho el quejoso. Decisión Sin embargo, ello no las faculta para dejar de cumplir con las obligaciones que como autoridades de ese Instituto se encuentran forzadas a concluir, lo que impone conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Efectos de la concesión de amparo Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en restitución de la garantía individual violada, se concede al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, una vez que el presente fallo cause ejecutoria, realicen la inmediata conclusión del trámite de la pensión que se traduzca en la entrega al quejoso del numerario por concepto de pensión; salvo causa justificada que no permita conceder esa prestación, que en su caso, deberán comunicárselo mediante resolución debidamente fundada y motivada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de los actos señalados en el punto II, por las razones y para los efectos referidos en los diversos apartados V y VI de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Carlos Lilealdo Hernández Suárez1015/2019
- Carlos López Carrillo565/2018
- Carlos Manuel De la Rosa Zayas1272/2021
- Carlos Manuel García Haro692/2020
- Carlos Manuel Villalobos Organista870/2022
- Carlos Martin Lujan Chavez174/2016
- Carlos Mongragón Sánchez de la Barquera690/2021
- Carlos Ocaño Sotomayor178/2023
- Carlos Ochoa Velázquez501/2020
- Carlos Octavio Perla Platt1559/2017
- Carlos Omar Martínez Saenz494/2021
- Carlos Oswaldo Varela Cruz2497/2013