Carlos Manuel Villalobos Organista

Expediente 870/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
870/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Manuel Villalobos Organista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el ******************** con sede en esta ciudad, comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************contra la sentencia dictada el diez de octubre del dos mil veintidós, dictado en este juicio de derechos, el cual se radicó bajo el toca ********************. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el autorizado legal del quejoso mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de diez de octubre de dos mil veintidós; por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios; en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, personalmente la representación social de la adscripción y por lista al quejoso Carlos Manuel Villalobos Organista. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintisiete minutos del diez de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable y autoridades terceras interesadas, así como representación social de la adscripción-, con la demanda de derechos y el informe justificado rendido por el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que aún no le transcurre a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora -autoridad tercera interesada- el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se imponga de las constancias que integran este juicio de derechos. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y en cuanto a que aún no le transcurre a la autoridad tercera interesada el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se imponga de las constancias que integran este juicio, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica: No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva." Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido de los informes justificados con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por el tribunal responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Carlos Manuel Villalobos Organista, contra el acto atribuido al Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, residente en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintidós, en la oficialía de parte del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, con sede en esta ciudad, Carlos Manuel Villalobos Organista, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal. Amparo directo. Una vez integrado el juicio de amparo, la autoridad responsable, el veinticuatro de junio del presente año, se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de esta ciudad, mismo que fue turnado el mismo día al Segundo Tribunal Colegiado en esa especialidad, al que correspondió el toca 192/2022, de su índice, y por determinación de veintiocho de junio siguiente, dicho órgano colegiado se declaró incompetente para conocer de la citada demanda, al estimar que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, por lo que ordenó la remisión de ese juicio a este órgano jurisdiccional. Se acepta competencia declinada y se admite demanda. Mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto; se informó dicha determinación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento de autoridades terceras interesadas. En la misma fecha y en nueve de septiembre del presente año, con fundamento en el numeral 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, se reconoció el carácter de autoridades terceras interesadas al Vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ambas residentes en esta ciudad, y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, por lo que se ordenó su emplazamiento. Audiencia constitucional. Finalmente, en la propia fecha, se llevó a cabo la audiencia constitucional en este juicio, en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo, atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La sentencia de veinte de mayo de dos mil veintidós, terminada de engrosar el veintitrés siguiente, por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante la cual revoca la sentencia absolutoria de siete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial del Hermosillo, Sonora, dentro del proceso penal 19/2017 Septies, a favor de Carlos Manuel Villalobos Organista y otros, y ordena reponer el procedimiento de primera instancia a efecto de que el juez responsable devuelva la averiguación a la representación social, a fin de que realice las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido al Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó su magistrado presidente al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe el citado órgano jurisdiccional, consistentes los originales del toca penal 25/2021 y de la causa penal 19/2017 -cuatro tomos-; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia actualizada -acto no es de imposible reparación- En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: El seis de abril de dos mil diecisiete, la representación social del fuero común consignó la averiguación previa 26/2016, ante el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y solicitó se librara orden de aprehensión contra Carlos Manuel Villalobos Organista y otros; el diez de abril siguiente, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal de este Distrito Judicial, tuvo por recibida la petición del agente del Ministerio Público y dio intervención a la fiscal adscrita a dicho órgano. El veintiséis de abril siguiente, el juez de origen emitió resolución y libró la orden de captura solicitada. Contra esta determinación se promovió el juicio de amparo 553/2017, del índice de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad, en el que se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal y sobreseer en el juicio de derechos; determinación contra la cual se interpuso recurso de revisión 68/2018, que correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, y el catorce de marzo de dos mil diecinueve, se modificó la sentencia recurrida y se sobreseyó en el juicio, al actualizarse un cambió de situación jurídica, acorde a la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia. Lo anterior, pues con posterioridad al dictado de la orden de captura reclamada, esto es, el uno de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó auto de formal prisión contra Carlos Manuel Villalobos Organista, por su probable participación en la comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, en su hipótesis de contratación indebida de deuda y otro. Luego, con motivo del Acuerdo General 3/2019, emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado el veinte de junio de dos mil diecinueve, se determinó el cierre y conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y se determinó que al proceso penal 19/2017 se le agregaría la terminación Septies y correspondería al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal. Seguido el proceso penal, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, dictó sentencia definitiva, en la que absolvió a Carlos Manuel Villalobos Organista, al no acreditarse su responsabilidad penal en la comisión de los ilícitos de uso indebido de atribuciones y facultades, en su hipótesis de contratación indebida de deuda y otros. Inconformes con esa determinación, la representación social y el director de Procedimientos Penales y Administrativos Sancionadores adscrito a la Subprocuraduría Fiscal del Estado de Sonora, interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, el cual, por resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, terminada de engrosar el veintitrés siguiente, por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dentro del toca penal 25/2021, revocó la sentencia apelada y ordenó reponer el procedimiento de primera instancia a efecto de que el juez responsable devolviera la averiguación a la representación social, a fin de que realice las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, como se adelantó, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, conduce a concluir que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquéllos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, debe considerarse que los actos que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, son aquéllos como la vida, libertad, integridad personal, propiedad, entre otros, ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho tutelado de que se trate. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En las relatadas circunstancias, resulta claro que el acto que reclama la parte quejosa no constituye una violación de derechos sustantivos, toda vez que la resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento de primera instancia a efecto que el juez responsable regrese la averiguación previa al Ministerio Público consignador a fin de que realice las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no ocasiona violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, en relación con su calidad de procesado, en tanto que representa un acto de naturaleza eminentemente procesal y no sustantivo. Es así, toda vez que tal resolución no se traduce en la transgresión de ningún derecho humano del peticionario de amparo de los previstos en la Constitución o en tratados internacionales, ello de acuerdo a la nueva definición de actos de imposible reparación prevista en la Ley de Amparo y en la interpretación formulada por nuestro Máximo Tribunal. Sentado lo anterior, es pertinente determinar la naturaleza de la afectación que produce la resolución que ordena la reposición del procedimiento penal, para que el juez de origen regrese la averiguación previa al Ministerio Público consignador, a fin de que realice las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, debe decirse que dicha resolución por sí misma no genera una violación a derechos sustantivos del procesado, ya que si bien es cierto éste tiene legitimación para promover amparo en contra de aquellas resoluciones que se dicten durante el proceso penal, así como en contra de la sentencia definitiva, ello no quiere decir que deban transgredirse los demás presupuestos procesales del juicio de amparo en la vía indirecta. En esa virtud, los efectos de esa reposición son de carácter eminentemente adjetivos, pues dichos actos no contienen alguna declaración de fondo respecto de algún derecho sustantivo del solicitante del amparo, ni tampoco tiene por objeto privarlo de algún derecho constitucionalmente reconocido, sino que la violación que en su caso produce únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, puesto que el perjuicio irrogado puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/91, que reza: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Según la jurisprudencia citada, deben atenderse de manera casuística aquellas resoluciones que ordenan la reposición del procedimiento en los juicios de origen, para analizar si en el particular se genera una afectación a derechos sustantivos, lo que en el caso no ocurre, puesto que, como se advierte de las constancias que integran este juicio de derechos, la reposición del procedimiento tiene que ver con la observancia de la competencia del juez penal que debe conocer de los hechos que se atribuyen a Carlos Manuel Villalobos Organista -quejoso-, en perjuicio de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora -autoridad tercera interesada-, en salvaguarda del derecho fundamental del debido proceso, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los preceptos 14 y 16 Constitucionales. Es decir, la determinación reclamada no irroga una afectación cierta e inmediata de alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, integridad personal, libertad en sus diversas manifestaciones, propiedad, etcétera, pues la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable en el proceso penal de origen, es decir, que se absuelva de la imputación que pesa en su contra, así como al pago de la reparación del daño; en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo e, inclusive, mediante el juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Es ilustrativa, por las consideraciones que contiene, la tesis I.9o.P.1 P (11a.), que dice: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE ORDENA AL JUEZ LA REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA AL QUEJOSO -NO PRIVADO DE SU LIBERTAD- POR NO HABERSE SUSTANCIADO EL INCIDENTE RESPECTIVO CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 64/2016 (10a.)]. Hechos: Un Juez de proceso penal mixto, con fundamento en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) abrogado, determinó procedente el incidente no especificado de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, por lo que la modificó y, en su lugar, decretó otras, que dieron lugar a su excarcelación. Contra dicha determinación se interpuso recurso de apelación y la Sala, al advertir que el incidente que se sustanció no fue el adecuado, al haberse utilizado el código adjetivo local y no el Código Nacional de Procedimientos Penales, le devolvió al Juez el cuadernillo respectivo para que regularizara el procedimiento, realizara las diligencias necesarias conforme a este último ordenamiento y, en un nuevo estudio, se pronunciara sobre la solicitud del quejoso. Inconforme con lo anterior, éste promovió juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez de Distrito lo sobreseyó, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General, por reclamarse una resolución que sólo tiene efectos formales o intraprocesales; en su contra, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución del Tribunal de Alzada que ordena la regularización del procedimiento de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso -no privado de su libertad-, por no haberse sustanciado el incidente respectivo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, al no afectar derechos sustantivos. Justificación: Lo anterior, porque con la emisión del acto reclamado no existe una afectación de derechos sustantivos contra el quejoso, ya que las consecuencias de la referida regularización del procedimiento son que el Juez responsable se pronuncie en relación con la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, realice las diligencias necesarias conforme al ordenamiento legal aplicable al caso, y emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del justiciable; actuar que, se reitera, no es de imposible reparación por tratarse de cuestiones meramente procesales. Aunado a lo anterior, en la regularización reclamada no se le priva de la oportunidad de defensa al quejoso sino, por el contrario, se le permite realizar una nueva exposición sobre la solicitud de revisión y/o modificación de la medida cautelar con mayores elementos de prueba y argumentación; además, no debe perderse de vista que tal determinación, por sí, no genera afectación alguna a sus derechos fundamentales, ni deja huella en su esfera jurídica, porque esa violación, en su caso, podrá reclamarse a través del medio de defensa adecuado para ello. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Criterio que en el caso resulta inaplicable, toda vez que, en primer lugar, el recurrente se encuentra a disposición del Juez del proceso, pero ya no privado de su libertad; de ahí que no pueda estimarse que se encuentra en prisión preventiva y, como tal, que con la decisión del Tribunal de Alzada se prolongue su reclusión y, en segundo, no se advierte que la vulneración de derechos fundamentales que aduce el quejoso, aquí recurrente, esté relacionada con el hecho de que, a partir de la reposición del procedimiento, se esté posponiendo la decisión final, sino que, por el contrario, se trata de una determinación incidental que ordenó la regularización del procedimiento. Por tanto, no es dable considerar que el acto reclamado ante la instancia de origen deba considerarse de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." A mayor abundamiento, con independencia de la decisión alcanzada, debe decirse que el régimen transitorio de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que esa norma nacional comenzaría a regular la forma y términos en que se sustanciarían los procedimientos penales en el Estado Sonora, y que los procedimientos iniciados con antelación a la entrada en vigor de ese código -quince de diciembre de dos mil quince para el Estado de Sonora- se regirían por las disposiciones vigentes al momento de su inicio; entendiéndose que el procedimiento penal inicia con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente; además, en tratándose de procedimientos iniciados bajo la vigencia del sistema penal acusatorio y oral -lo que así aconteció-, sería un contrasentido que sea regulada, por el sistema tradicional o mixto, el cual, además, se encuentra formalmente derogado. Igualmente, con apoyo en los artículos quinto transitorio y 26, párrafo penúltimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control al que se decline la competencia, podrá convalidar las actuaciones emitidas por el juez local, y estar en condiciones de decidir sobre el plazo para la investigación complementaria. Son ilustrativas a lo anterior, la jurisprudencia PC.X. J/4 P (11a.) y la tesis 1a. XLVI/2017 (10a.), de títulos: "SISTEMAS PENALES TRADICIONAL O ACUSATORIO. PARA EFECTOS DE ESTABLECER CUÁL HA DE REGIR, DEBE ATENDERSE A QUE EL PROCEDIMIENTO PENAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA, QUERELLA U OTRO REQUISITO EQUIVALENTE, ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES Y DEL RÉGIMEN TRANSITORIO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA MATERIA EN EL ESTADO DE TABASCO)." y "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. UNA VEZ INICIADA LA INVESTIGACIÓN CONFORME AL REFERIDO SISTEMA, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO ENTRE UN JUEZ DE CONTROL DEL ESTADO DE MÉXICO Y UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, SE SURTE A FAVOR DE UNO FEDERAL ESPECIALIZADO EN DICHO PROCESO [ABANDONO DE LA TESIS 1a. CLXX/2016 (10a.)].", respectivamente. V. Decisión En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Carlos Manuel Villalobos Organista, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintidós. Autoridad tercera interesada. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de su procuradura Fiscal, de esta ciudad, y en atención a su contenido, se tiene a tal autoridad compareciendo al presente juicio con el carácter que ostenta. Delegados y domicilio. Por otra parte, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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