Carlos Martin Gonzalez Beltran
Expediente 248/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Martin Gonzalez Beltran
Actuaciones
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de abril dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ********************, a través del cual solicita la devolución de los documentos originales exhibidos con su demanda de amparo; autorizado para que los reciba en su nombre José Melchor Rodríguez Ureta. Con apoyo en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, hágase la devolución de los documentos que refiere, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, que presenta C***************************, contra actos de la Asamblea General del Ejido "*************" y otra autoridad; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de 248/2023-3B. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente, señaló como autoridad responsable ordenadora a la Asamblea General del Ejido "T************" y, como ejecutora, a la Sindicatura Municipal "***************"; asimismo que el acto reclamado, lo hace consistir, textualmente, en lo siguiente: "V.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora, las órdenes dadas al tercero interesado y a la autoridad ejecutora con la finalidad de privarme material y físicamente de los derechos de un solar ubicado en la zona urbana del ejido denominado "**************, Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 1,600 metros cuadrados, del cual soy el titular en concepto de dueño, y amparados dichos derechos agrarios con el Contrato de Cesión de Derechos de Posesión de fecha 30 de Septiembre del 2012, celebrado por una parte, el señor *************** como el "CEDENTE" y el suscrito quejoso C**************** como "EL CESIONARIO" con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 40.00 metros con América Armenta, Al Sur: 40.00 metros con Luz María González, Al Este: 40.00 metros con Dionicio Beltrán L. Al Oeste: 40.00 metros con carretera la Cero, y llevado a cabo ante la fe del Notario Público Número 171 LIC. JOSE CLISERIO ARANA MURILLO con ejercicio y residencia en la Ciudad de Guasave, Sinaloa; órdenes que son dadas sin existir un mandamiento de autoridad competente en que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Reclamo de las Autoridades Ejecutoras y del que aparece como tercero perjudicado, el tratar de ejecutar las ordenes de la Autoridad Ordenadora, con el propósito de que se me prive físicamente de los derechos de un solar ubicado en la zona urbana del ejido denominado "T***********+", Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 1,600 metros cuadrados, del cual soy el titular en concepto de dueño, molestándome en mi posesión con el propósito de quitarme el solar objeto de este juicio, fuera de todo procedimiento legal. Actos que reclamo son tratados de ejecutarse fuera de todo procedimiento legal alguno toda vez de que soy titular de los derechos de posesión plenamente reconocidos respecto del solar con superficie de 1,600 metros cuadrados, ubicado en el Ejido *******, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, y amparados dichos derechos de posesión con el Contrato de Cesión de Derechos de Posesión, celebrado entre el señor *** y el suscrito quejoso; Violando lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales.". Los antecedentes más relevantes, derivados de la narrativa del impetrante, son: 1.-Que soy poseedor de los derechos agrarios de un solar ubicado en la zona urbana del ejido denominado "Tobobampo", Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 1,600 metros cuadrados, del cual soy el titular en concepto de dueño, y amparados dichos derechos agrarios con el Contrato de Cesión de Derechos de Posesión de fecha 30 de Septiembre del 2012, celebrado con el señor MARCIANO BELTRAN LOPEZ como el "CEDENTE" y el suscrito quejoso CARLOS MARTIN GONZALEZ BELTRAN como "EL CESIONARIO", el cual consta de las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 40.00 metros con América Armenta Al Sur: 40.00 metros con Luz María González Al Este: 40.00 metros con Dionicio Beltrán L. Al Oeste: 40.00 metros con carretera la Cero 2.- Que con fecha 09 de Julio de 1985, el señor MARCIANO BELTRAN LOPEZ obtuvo dichos derechos agrarios de posesión del solar urbano ejidal y construcción referido, los obtuvo por una operación de compraventa con el extinto avecindado IGNACIO LEDESMA. 3.-Desde que celebramos el contrato de Contrato de Cesión de Derechos de Posesión de fecha 30 de Septiembre del 2012, celebrado con el señor MARCIANO BELTRAN LOPEZ como el "CEDENTE" y el suscrito quejoso CARLOS MARTIN GONZALEZ BELTRAN como "EL CESIONARIO obtuve lo posesión física, material y legal en concepto de dueño, y lo he venido haciendo de manera pública, pacifica, continua y de buena fe, y además en sentido económico ante toda la comunidad, y del cual nunca había tenido un reclamo o molestia respecto a la posesión de mi solar urbano ejidal. 4.-El señor MARCIANO BELTRAN LOPEZ toda su vida fue soltero y sin hijos, dependiendo en todo momento del suscrito quejoso hasta el día de su muerte acaecida el día 08 del mes de Diciembre del ario 2021 en mi domicilio conocido del Ejido Tobobampo, Sinaloa, Sinaloa. 5.-Que el señor MARCIANO BELTRAN LOPEZ era mi tío, y en agradecimiento por haber vivido los últimos 30 arios de su vida con el suscrito y mi familia, y velar en todo momento de sus cuidados alimenticios, vestido y atención médica, fue la razón que lo motivó a celebrar el contrato de Cesión de Derechos de Posesión en mi favor, además de que el suscrito quejoso también erogué todos los gastos hospitalarios y funerales de mi tío MARCIANO BELTRAN LOPEZ el día de su fallecimiento. 6.-Que la Autoridad responsable ordenadora y el hoy tercero perjudicado, de mutuo propio, y sin mandamiento de autoridad competente en que se haya fundado y motivado la causa legal de un procedimiento judicial, y además sin ser vencido en juicio alguno, me están tratando de privarme de la posesión física y material que ostento de dicho solar ejidal objeto de este juicio con la finalidad de despojarme de los derechos que de manera legal ostento sobre dicho solar. 7.- No obstante con lo anterior, el día sábado 11 de Marzo del 2023, encontrándome limpiando de la maleza dicho solar, y siendo aproximadamente las 18:00 horas (6:00 de la tarde) llegaron el tercero interesado acompañado de las autoridades ejidales y una patrulla de policía municipal perteneciente a la Sindicatura Municipal "Lázaro Cárdenas del Río" con domicilio en Ruíz Cortines Número (1) uno, Sinaloa, Sinaloa, y con amenazas y hostigamientos pretendieron que les entregue dicho solar urbano y construcción objeto de éste juicio, y para lo cual obviamente me negué a entregárselos, actos llevados a cabo fuera de todo procedimiento legal.". De lo anterior, así como del resto de la demanda se aprecia, que el reclamo del quejoso sustancialmente se relaciona con la determinación de privarlo de la posesión del terreno ubicado en la zona urbana del Ejido "Tobobampo", Sinaloa, Sinaloa, que dice poseer a título de cesionario; acto atribuido a la asamblea general de ejidatarios de ese ejido, a la que señala el quejoso como autoridad ordenadora; y, como consecuencia, su ejecución. Pues bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la legislación de la materia, toda vez que no puede considerarse como autoridad a las señalada asamblea de ejidatarios del ejido ya muy citado, ni, por tanto, como acto de autoridad, el reclamado, por las razones que se exponen enseguida: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los preceptos legales transcritos se advierte que, por una parte, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De igual modo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la segunda fracción del mencionado precepto 5° de la ley reglamentaria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia de esa acción contra leyes o actos de autoridad. Sobre el tema de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, sostuvo que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; de modo que debe analizarse en cada caso si la autoridad designada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del gobernado. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la tesis P. XXVII/971, que reza: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". Por su parte, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, estableció que las notas distintivas de las autoridades responsables son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d) Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 164/20112, de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora bien, a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, la Suprema Corte del país ha sostenido que, en relación con los actos de particulares, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En ese contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material. Dicho en otras palabras, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son las siguientes: I) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. II) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. III) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Entonces, cabe precisar que para que se estime que un acto u omisión es desplegado por una "autoridad", requiere de los siguientes atributos: que sea unilateral, esto es, no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley; luego entonces, si la actividad desplegada no reúne tales características, no puede válidamente considerarse que se esté en presencia de un acto de autoridad. Por su parte, se tiene que los artículos 21, fracción I, y 22 de la Ley Agraria, disponen, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; "(...)" "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios". Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, de la que derivó la jurisprudencia de rubro "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS", sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "(.)" si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución "(.)" Esto es, que de acuerdo con el criterio del Máximo Tribunal del país, para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria o, incluso, de un particular, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun contra la voluntad de los gobernados; lo que en el caso de los actos de la asamblea general de ejidatarios no acontece, pues no se advierte en la ley, dispositivo alguno que le otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, como órgano supremo del ejido, por lo que sus decisiones deben cumplirse, en todo caso por los propios ejidatarios. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, misma que aparece en la página 2184 del libro 16, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 2015, Décima Época, con registro digital 2008595, que dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo". Con base en lo anterior, se concluye que la asamblea ejidal a la que se reclama por el impetrante la desposesión del solar o terreno de la zona urbana ejidal, no es autoridad para efectos del amparo; si bien es el órgano supremo del ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; empero, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues ese carácter de órgano supremo y el cúmulo de su competencia se limitan a cuestiones relacionadas con las decisiones hacia interior del propio ejido. Al respecto se invoca la tesis del VI.3o.A.20 A Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 1033, registro digital190032, que dice: "ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. La asamblea general de ejidatarios es el órgano supremo de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano supremo y el cúmulo de su competencia son hacia el interior del ejido, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que la asamblea de ejidatarios no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los acuerdos de asamblea de ejidatarios no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio". En suma el referido acto que se reclama a la asamblea general de ejidatarios del Ejido Tobobampo, Sinaloa, Estado de Sinaloa, no es impugnable a través de la vía constitucional, sino que se está en presencia de un reclamo que debe plantearse ante el Tribunal Agrario respectivo. Por lo que, ese ente señalado como autoridad responsable -asamblea de ejidatarios- sólo actúa en sus funciones de órgano supremo del ejido, en un plano de igualdad con el impetrante de amparo, sin la posibilidad de actuar con imperio; de ahí que, todo caso puede cuestionarse la decisión de dicha asamblea ante las autoridades de la materia agraria correspondiente. Ello es así, porque una nota distintiva de las relaciones de coordinación, en la cual las partes actúan en un plano de igualdad y deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, todos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que ocupa se desecha, porque la autoridad y el acto reclamado no están revestidos de imperio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto y, por ende, como se indicó, la presente es improcedente, en forma manifiesta e incuestionable, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. ''. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apuntala lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". En diverso orden, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrado de este juzgado; y como su autorizado para tales efectos, en su nombre y en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a Juan Ramón Rubio Vega y José Melchor Rodríguez Ureta. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.
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