Carlos Leyva Lopez

Expediente 669/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
669/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Carlos Leyva Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de dos de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante acuerdo de catorce de abril del año en curso, se tuvo al licenciada Cecilia Hernández Flores, Síndica Procuradora y al licenciado Víctor Inés Báez Gill, este último en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y H. Cuerpo de Regidores, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; de ahí que, en dicho auto se ordenó dar vista al quejoso Carlos Leyva López, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En ese sentido, por escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la autorizada legal del quejoso desahogó la referida vista y realizó diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia constitucional; por tanto, se procede a analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables Presidente, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad -por conducto de su delegado, excepto la Síndica, quien lo hizo a nombre propio-. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto de que las autoridades responsables "Presidente, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, de manera inmediata a partir de que se les notificara la ejecutoria que causara este fallo, otorgaran respuesta completa a la petición del quejoso Carlos Leyva López, contenida en el escrito recibido desde el treinta de septiembre de dos mil veintidós, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma.". En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo la obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presenten; así como a hacerla saber al promovente. Pues bien, del escrito presentado por el quejoso se desprende que solicita a las responsables den continuidad al trámite de beneficio de la pensión por retiró anticipado, es decir, se turne el dictamen DAJ/1343/09/2022, a la Comisión de Regidores para que mediante el procedimiento correspondiente se determine si es legalmente procedente otorgarle la pensión por retiro anticipado y el grado superior inmediato, por haber sido elemento adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, con una antigüedad de más de quince años. Por su parte, las autoridades responsables Presidente, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad -por conducto de su delegado, excepto la Síndica, quien lo hizo a nombre propio-, a través de los oficios SPA/263/2023 y sin número, respectivamente, recibido ambos en la oficialía de partes de este juzgado, a los cuales anexaron el dictamen emitido el once de abril de dos mil veintitrés, por la Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, donde se resolvió, con relación al quejoso, procedente otorgar el beneficio de pensión por retiro anticipado, e improcedente otorgarle el beneficio del grado inmediato superior. Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a las responsables a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de éstas. De tal modo que las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deben realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando las autoridades responsables no se ciñen estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedecen de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando las autoridades responsables sobrepasan lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a las responsables consistente en el grado superior inmediato y el beneficio de pensión por retiro anticipado; con la respuesta otorgada por las autoridades, consistente en el dictamen emitido el once de abril de dos mil veintitrés, por la Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en el cual se estableció la procedencia del beneficio de pensión por retiro anticipado, y la improcedente otorgarle el beneficio del grado inmediato superior, es inconcuso que las autoridades atendieron la petición formulada por el quejoso. Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por las responsables: Fundaron y motivaron su actuar, ante la petición del quejoso; Precisaron que los beneficios eran procedentes. Por tanto, al haber atendido las responsables la petición que les fue realizada, atinente al beneficio de pensión por retiro anticipado, y grado superior inmediato, y obteniendo como respuesta el dictamen emitido el once de abril de dos mil veintitrés, por la Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en el cual se estableció la procedencia del beneficio de pensión por retiro anticipado, y la improcedente otorgarle el beneficio del grado inmediato superior, precisando la motivación y fundamentación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Esto es, el escrito de la parte quejosa consistió en solicitar la continuidad al trámite de beneficio de la pensión por retiró anticipado, es decir, se turne el dictamen DAJ/1343/09/2022, a la Comisión de Regidores para que mediante el procedimiento correspondiente se determine si es legalmente procedente otorgarle la pensión por retiro anticipado, por haber sido elemento adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, con una antigüedad de más de quince años y el grado superior inmediato, y las autoridades responsables atendieron dichos aspectos. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que las autoridades responsables, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, dieran respuesta a la solicitud elevada por el quejoso, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otra palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115-120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". De los medios de convicción remitidos por las autoridades responsables entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, las autoridades responsables cumplieron de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio a conocer al quejoso el dictamen emitido el once de abril de dos mil veintitrés, por la Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, esa misma fecha, en respuesta a su petición, se dictaminó la procedencia del beneficio de pensión por retiro anticipado, y la improcedente otorgarle el beneficio del grado inmediato superior; entonces, atendió las solicitudes del impetrante y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida. Finalmente, vistas las manifestaciones realizadas por la autorizada legal del quejoso en torno a que la ejecutoria de amparo no está debidamente cumplida, pues las autoridades responsables no han seguido el procedimiento ante el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, para efecto de que se analice y apruebe la petición del quejoso, de modo tal que no se ha dado contestación de manera completa y congruente a la misma. El anterior motivo de inconformidad es ineficaz, toda vez que como ya se vio, la concesión del amparo que se revisa, fue para que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, hicieran del conocimiento del quejoso la respuesta que recayó a su petición, relativa a si procedía el beneficio de pensión por retiro anticipado y en el grado inmediato superior al que ostentaba; sin embargo, esa concesión no vinculó a las responsables para que cumplieran con determinado procedimiento para emitir dicha respuesta, pues ello no formó parte del acto reclamado en el amparo indirecto, de ahí que en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, no pueda obligárseles a cumplir determinada legalidad de ese procedimiento, ya que ello, en todo caso, pudiera ser materia de un nuevo amparo. Es aplicable la jurisprudencia 14/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, página 717, registro 2010983, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces.". Entonces si el quejoso solicitó el beneficio de pensión por retiro anticipado y el ascenso de grado y la respuesta fue en el sentido de que era procedente el beneficio de la pensión e improcedente el grado superior inmediato, se reitera, es inconcuso que las responsables sí atendieron lo peticionado y le otorgaron una respuesta congruente, sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de la respuesta otorgada al no ser materia de la Litis dicho acto positivo sino que, el acto objeto del presente juicio de amparo es de naturaleza omisiva. Motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose al impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Lo anterior es así, ya que para la garantía de audiencia solo tiene que existir respuesta congruente con lo solicitado pero no en el sentido de la respuesta.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por la licenciada Lorena Díaz de León, en su carácter de autorizada legal del quejoso ********************, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de catorce de abril del año en curso, y hace diversas manifestaciones en relación al informe de cumplimiento otorgado por las autoridades responsables; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Téngase por recibidas las manifestaciones que hace valer la quejosa, las cuales serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno, esto es, al analizar si está cumplida o no la ejecutoria en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto los oficios de cuenta, signados por la licenciada Cecilia Hernández Flores, Síndica Procuradora y por el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y H. Cuerpo de Regidores, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; agréguense a los presentes autos para los efectos legales correspondientes y conocimiento de las partes. En ese contexto, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas en este acto las documentales allegadas por las autoridades oficiantes, y dese vista a las partes con dichas constancias para que se impongan de su contenido. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con los oficios de cuenta y sus anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

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