Carlos Mario Neri Castillo
Expediente 408/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Mario Neri Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la resolución dictada veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el toca de amparo en revisión civil 326/2018, derivado del recurso de revisión que promovió el Carlos Mario Neri Castillo, contra la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 326/2018, del índice de este juzgado, en la que la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.- - - SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este toca se refiere". Glósese el cuaderno de antecedentes, así como el cuaderno original del incidente de suspensión y gírese el acuse de recibo correspondiente. Se hace la precisión que este expediente lo mismo que el original del incidente de suspensión relativo son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en las fracciones III, segundo párrafo y IV, respectivamente, del punto Vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio; asimismo, se le concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables; al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, sin perjuicio de conservar las constancias relativas al otorgamiento de las medidas cautelares dictadas en el incidente de suspensión. Con apoyo en lo establecido en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto invocado se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Por otra parte, devuélvase a la Jueza Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos la copia certificada de la audiencia preliminar llevada a cabo el doce de marzo del año en curso, la cual remitió en disco DVD al rendir su informe justificado. Finalmente, archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de registro de juicios de garantías que se lleva en este órgano de control constitucional.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado de Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que la superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Carlos Mario Neri Castillo, contra la sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en autos del juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, el cual quedó registrado en dicho tribunal con el toca de amparo en revisión 326/2018.
- Principal
En atención al escrito signado por el quejoso Carlos Mario Neri Castillo; se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer en contra de la sentencia de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, dictada en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, para los fines del recurso de revisión, glósese al expediente copia del escrito de mérito y del diverso de expresión de agravios, en tanto que las restantes distribúyanse entre las partes. Una vez que obren las constancias de notificación de la sentencia impugnada y de este acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original del escrito con que se promueve el aludido medio de impugnación y del diverso de expresión de agravios, junto con el expediente en que se actúa, así como la copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia de preliminar que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado; sin necesidad de remitir disco compacto (CD), que contenga la sentencia recurrida, toda vez que ésta se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con las constancias que resulten necesarias, en su oportunidad, fórmese el cuadernillo de antecedentes. Quedando a disposición de la tercero intersada copia del escrito de agravios
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 408/2018-VI, promovido por ***** por derecho propio, contra actos de la Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en ésta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el cual por razón de distribución de correspondencia fue turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Carlos Mario Neri Castillo por derecho propio, promovió demanda de amparo contra actos de la autoridad responsable referida en el proemio de esta resolución, el cual hizo consistir en: "a).- C. JUEZA TERCERO DE LO FAMILIAR POR AUDIENCIAS PARA ESTE DISTRITO BRAVOS, CHIHUAHUA(.) A quien reclamo haber dictado un ACUERDO CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CUAL ADMITE Y ORDENA DESAHOGAR LA PRACTICA DE LA PRUEBA GENETICA DE ADN Y/O ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO AL SUSCRITO QUEJOSO ya que dicho acuerdo ordena el desahogo de la prueba pericial en genética la cual ocasiona perjuicios de imposible reparación, ya que se afectan mis derechos fundamentales como lo es la integridad personal, porque tal prueba se basa, por lo general, en la toma de muestras de sangre, es decir, EXTRACCIÓN DE SANGRE, y con ello vulnera y pone en riesgo mi derecho fundamental a la salud, el desahogo de la prueba de genética ocasiona perjuicios de imposible reparación, en la medida en que pueden verse afectados derechos fundamentales del individuo, en contravención al aludido artículo 1,4,14 y 16 de la constitucional, por lo que , en orden a preservar y respectar el mencionado derecho fundamental." SEGUNDO. Derechos Constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, registrándose bajo el juicio de amparo indirecto 408/2018-VI; se solicitó informe con justificación a la autoridad responsable, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como a la tercera interesada ****; asimismo, se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver del presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 3/2013 adicionado por el 3/2015 y 12/2016 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de un juicio de amparo indirecto, promovido contra actos de una autoridad residente en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de garantías, en concreto, es el siguiente: "A).- ACUERDO CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CUAL ADMITE Y ORDENA DESAHOGAR LA PRACTICA DE LA PRUEBA GENÉTICA DE ADN Y/O ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO". En tales condiciones, ese será el acto que constituya la materia de análisis de este juicio. En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo, se cita la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y tenor dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe de ley la Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias para el Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado pues así lo reconoció al rendir su respectivo informe justificado. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Afirmación, que se corrobora con la copia certificada de registro audiovisual compulsado en disco "DVD", que remitió la Juez responsable en apoyo a su informe de ley, el cual contiene la audiencia preliminar de juicio llevada a cabo el doce de marzo del presente año, dentro del expediente 1154/2017, promovido por la ahora tercero interesada en contra del impetrante de garantías *****; así como de las documentales certificadas relativas a dicho expediente; medios de prueba que, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse el primero de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia, en tanto que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio. Acorde a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia: 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Así como, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por consiguiente, se tiene plenamente probado el acto que se atribuye a la autoridad responsable. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable con el número II.1o. J/5, en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la parte impetrante consintió tácitamente los actos reclamados en esta vía, por no acudir en el plazo establecido para ello por la ley de la materia -admisión de la prueba molecular -ADN o Ácido Desoxirribonucleico-. A efecto de justificar tal conclusión, conviene tener presente el texto del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en el cual se prevé la causal de improcedencia de que se trata. Dicho precepto legal, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Como es de advertirse, el reproducido numeral es claro en precisar que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos consentidos, para lo cual dispone que por tales actos deben entenderse aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional, dentro de los términos que para tal efecto prevé la propia ley de la materia. La Ley de Amparo prevé, como regla general, que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, tal como se advierte en el texto del artículo 17 de la ley de la materia. Sin embargo, hay varias excepciones a tal regla general, dentro de las que destacan las establecidas en las cuatro fracciones de dicho precepto legal, que por cierto no se surten en la especie. Tal numeral dice así: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por tanto, para que opere la causal de improcedencia de que se trata, basta demostrar que la promovente del amparo no acudió a la vía constitucional en el término de que se trata, pese a que estuvo en posibilidad legal y material de hacerlo. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de dieciocho de junio del año en curso, dictado en el expediente 1154/2017, en el cual adujo que se admitió y ordenó desahogar la práctica de la prueba genética de ADN y/o ácido desoxirribonucleico. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el peticionario del amparo, del registro audiovisual en "DVD" y de la documental remitida por la autoridad responsable, mediante el oficio 1787/2018 -fojas 33 a 125 del juicio de amparo indirecto-, se aprecia que la prueba pericial en materia de genética molecular -ADN- fue admitida en audiencia preliminar llevada a cabo el doce de marzo del presente año -foja 67 del juicio de amparo indirecto-, en la cual estuvieron presentes -entre otros- el quejoso Carlos Mario Neri Castillo, y la tercero interesada Alma Karina Mendoza Núñez, quienes estuvieron conformes en que se designara a un perito adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua para su práctica, mediante la toma de material genético consistente en la extracción de líquido hemático o de mucosa oral, tanto del ahora quejoso como de la tercera interesada, fijándose como fecha para el desahogo de dicha probanza el dieciocho de junio siguiente y las diez horas del nueve de julio del año en curso para llevar a cabo la audiencia especial de juicio. Luego, si la demanda de amparo de este juicio se presentó el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, como se advierte en la boleta de turno respectiva -foja 1 de autos-, no hay duda que fue presentada de forma extemporánea, precisamente, por transcurrir más de tres meses desde el momento en que se admitió dicha probanza -doce de marzo de dos mil dieciocho- , en la cual estuvo presente el ahora quejoso, tal y como se advierte de la audiencia preliminar de juicio, misma que obra a fojas sesenta y cinco del amparo en que se actúa, así como del disco "DVD", en el cual se aprecia la audiencia preliminar de juicio de doce de marzo del presente año, que remitió la autoridad responsable como anexos de su informe justificado; máxime que en dicha diligencia quedó evidenciado que Carlos Mario Neri Castillo, estuvo conforme en la práctica de la pericial en materia de genética molecular (ácido desoxirribonucleico), la cual se practicaría por un perito adscrito a la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Sin que pase desapercibido para este juzgador que el desahogo de dicha probanza, es una consecuencia lógica de su admisión, por lo que al haberla aceptado tácitamente, ésta se deberá de desahogar. Por lo anterior, no cabe duda que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en el juicio que nos ocupa y, ante ello, es incuestionable que opera la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al haberse presentado la demanda de amparo fuera del término de los quince días, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, se concluye que es extemporánea, por lo cual es evidente que la parte impetrante consintió tácitamente los actos que hoy nos ocupan, y ante ello es indudable que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis de jurisprudencia catorce, sustentada por el entonces Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que establece lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Como corolario resulta innecesario abordar la procedencia de esta vía respecto de los actos de que se trata, así como de la causal de improcedencia invocada por la tercero interesada, pues, además de que para decretar el sobreseimiento basta el examen de una causal de improcedencia, debe tenerse en cuenta que tal análisis en nada variaría el resultado arribado en este fallo. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ochocientos veintidós, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se Sobresee el presente juicio de amparo, promovido por **** contra los reclamados a la Jueza Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en eta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes
- Carlos Magallanes Magallanes530/2022
- Carlos Manuel Hernández Espinoza710/2016
- Carlos Manuel Jaquez Díaz663/2019
- Carlos Manuel Jaquez Díaz855/2019
- Carlos Manuel Nava Hernández758/2023
- Carlos Mario Luján Domínguez629/2023
- Carlos Marquez Alvarado694/2018
- Carlos Miranda Aceves41/2015
- Carlos Monserrat Escobedo1095/2022
- Carlos Montes García131/2023
- Carlos Navarrete Carbajal272/2018
- Carlos Ociel García Barrios y Otros.454/2021