Carlos Magallanes Magallanes
Expediente 530/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Magallanes Magallanes
- Agente del Ministerio Público Federal adscrito
- Jessica Carolina Quiñones Luviano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a esta data transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso o el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en su caso, interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de los actuales, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho dentro de tal temporalidad. Resulta innecesario computar el término para la interposición del recurso de revisión respecto a la autoridad responsable y tercera interesada, toda vez que no les produce agravio alguno dado el sentido de la sentencia, ya que es a la parte quejosa a la única que perjudica. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que la misma causa ejecutoria. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con la precisión que no tienen relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las diez horas del siete de julio de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión de la licenciada Vania Gómez Márquez, Secretaria que autoriza esta actuación y da fe, declaró abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo 530/2022-VI, promovido por la defensora de Carlos Magallanes Magallanes, sin contar con la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Situación que no les depara perjuicio a las mismas, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia con todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia, no obstante a fin de no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la realización de la audiencia constitucional de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de las partes en esta audiencia, además de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución, aunado a que se itera no depara ninguna afectación a las partes, pues pudieron alegar en forma escrita; además de que no se actualiza el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo en cita. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de ocho de junio del año en curso, informe justificado rendido por la autoridad responsable y proveído en los que se acordó lo relativo; así como, acuerdo de veinticuatro de junio siguiente, en el cual se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que su interés legal conviniera respecto de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. A lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede, para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al dictar la resolución que conforme a derecho proceda. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales que exhibió la responsable al rendir su informe de ley. Acto seguido, el juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las constancias relacionadas en el párrafo que antecede; las cuales se desahogan desde luego dada su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en cuenta al momento de dictarse la sentencia respectiva. Al no haber prueba pendiente que desahogar se cierra el periodo probatorio. Abierta la etapa de alegatos: la secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional presentó alegato ministerial 774/2022, presentado el trece de junio de dos mil veintidós y acordado al día siguiente; y hace constar que las demás partes no los formularon. A lo que el juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducido el alegato citado en el párrafo que antecede y por precluido a las demás partes su derecho para formular alegatos. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se dan por concluidas las dos primeras fases de la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos: S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 530/2022-VI promovido por Imelda Shesid Quiñonez Medrano, Defensora Particular de Carlos Magallanes Magallanes, contra actos del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Juez de Control con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el cual fue turnado en esa misma fecha a este Juzgado de Distrito, Imeda Shesid Quiñonez Medrano, defensora particular de Carlos Magallanes Magallanes, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra un acto de la autoridad señalada en el proemio de esta resolución, el cual hizo consistir en: "IV.- ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAME DE LA AUTORIDAD: En este acto reclamo a la autoridad responsable la omisión de responder las solicitudes planteadas por escrito, así como la omisión de correr traslado respecto del escrito de acusación que el Agente del Ministerio Público presentó en contra de mi representado". SEGUNDO. Demanda de amparo, que por auto de ocho de junio del presente año, se admitió a trámite, registrándose bajo el amparo indirecto 530/2022-VI; se solicitó el informe justificado a las autoridad responsable, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional iniciada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015, 12/2016 y 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tomando en consideración los datos que emanan de la demanda de garantías y de la totalidad de las constancias del juicio de amparo, procede a precisar el acto reclamado. En el caso concreto, se tiene como acto reclamado la omisión del Juez responsable de proveer respecto de su solicitud de fijar fecha para que tenga verificativo la audiencia intermedia y de correrle traslado respecto del escrito de acusación que el Agente del Ministerio Público presentó. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. La Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua con sede en esta localidad fronteriza en representación del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, al rendir el informe de ley, negó la existencia del acto que se le reclama, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones que realizó tendientes a justificar el retraso de la atención de las promociones a que se refiere el impetrante de garantías, en su demanda de amparo; por lo que, se tiene por cierto el acto que se le reclama. Sustenta esta consideración la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del tenor: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional estima que en el caso se surte una causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. El precepto indicado dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, haga que cese la omisión, o bien que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, como sustento a su informe justificado, la Administradora del Centro de Justicia Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en representación del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, anexó el acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 51/2022, del que se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 324, fracción III y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvo presentada la acusación en contra del impetrante de garantías y otro; además corrió traslado de la acusación respectiva y se fijó fecha y hora a efecto de llevar a cabo la audiencia intermedia. Documentales a las cuales se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, las constancias enviadas por la responsable, resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos los actos reclamados atribuidos al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad. Pues si bien es cierto que a la fecha de la presentación de la demanda -siete de junio de dos mil veintidós-, no se había proveído respecto de la acusación formulada por la agente del Ministerio Público de la Federación, ni corrido traslado a las partes con aquélla, ni señalado fecha para la audiencia intermedia; empero, de las constancias, a las cuales se concedió valor probatorio pleno, se advierte que el diez de junio del presente año se proveyó lo conducente, además se corrió traslado a las partes con la acusación y se fijó fecha y hora para la audiencia intermedia; por lo que, se concluye que los actos de omisión reclamados cesaron en sus efectos. En consecuencia, en el presente caso sin lugar a dudas, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, pues resulta evidente que ya no hay materia sobre la cual pudiera otorgarse una eventual concesión de amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con número de registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando que antecede. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Imelda Shesid Quiñonez Medrano, a favor del directo quejoso Carlos Magallanes Magallanes, contra actos del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de junio del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, en el que manifestó que no es cierto el acto reclamado, toda vez que por acuerdo de diez de los actuales, dentro de la causa penal 51/2022 de su índice, se proveyó sobre la acusación realizada por la representación social y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, y para acreditar su dicho remite copia del auto en mención. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por ende, desé vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, manifieste lo que a su interés legal convenga, ello de conformidad a lo dispuesto en el numeral 64, párrafo segundo de la ley de la materia.
- Principal
agréguese el oficio firmado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua, con sede en esta localidad, con el cual rinde el informe justificado solicitado; lo que hace en término de lo dispuesto por el numeral 117 de la ley de la materia, por lo que dése vista a las partes para que se impongan de su contenido.
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