Carlos Manuel Oramas Castro

Expediente 270/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
270/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Manuel Oramas Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Manuel Oramas Castro; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales o en copia certificada que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las constancias que sean susceptibles de destrucción. Empero, para la devolución de las documentales aludidas la parte interesa, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución de los documentos que peticiona, por lo que deberá agendar de nueva cita. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, reformado mediante el diverso 7/2022, publicado el dieciocho de abril del presente año, el horario presencial de este juzgado es de ocho horas con treinta minutos a quince horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 270/2022-3, promovido por Carlos Manuel Oramas Castro, contra los actos que reclama del Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco., con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 8 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el dos del citado mes y año y turnado a este órgano jurisdiccional el tres siguiente, Carlos Manuel Oramas Castro, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridad responsables, siguiente: Autoridades responsables: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: ( "A).- LA OMISIÓN DE ACORDAR un escrito recepcionado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 30 DE ABRIL de 2021, con sellos de recibido por la autoridad responsable, EN EL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 920/2008 ACUM 921/2008, 751 Y 752/2009 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, así como la notificación a las partes del acuerdo que recaiga de dicha promoción; LO QUE SE TRADUCE A UNA VIOLACIÓN A MI GARANTÍAS DE ADMIISTRAR LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. B).- La dilación excesiva en la tramitación de la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 920/2008 ACUM 921/2008, 751 Y 752/2009, radicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, así como la omisión de cumplir y ejecutar dicho laudo dentro de los plazos y términos señalados en los artículos 945, 950 y 951 de la Ley Federal del Trabajo. C).- La dilación en la ejecución del trámite del juicio laboral de origen, al no querer ACORDAR el auto de requerimiento y embargo la responsable a pesar de que el juicio laboral lleva CATORCE AÑOS, en trámite y ya tiene laudo ejecutoriado, sin que quiera la responsable cumplir los términos y plazos fijados por la ley para que se le administre justicia al suscrito". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 270/2022-3; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito recepcionado por la Junta laboral responsable el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 920/2008 y acumulados del índice de la responsable; así como la notificación a las partes del acuerdo que recaiga de dicha promoción. La omisión de cumplir y ejecutar el laudo dentro de los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo. Omisión de no acordar el auto de requerimiento y embargo. TERCERO. INEXISTENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO A). Es inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la omisión de acordar el escrito recepcionado por la Junta laboral responsable el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 920/2008 y acumulados del índice de la responsable, así como la notificación a las partes del acuerdo que recaiga de dicha promoción. Lo anterior es así, ya que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negaron la existencia de ese acto reclamado y en el caso, no ha lugar a tener por presuntivamente cierto el acto que se les reclama, toda vez que la parte quejosa omitió exhibir medio de prueba que corroborara la existencia de la omisión que les reclama. En efecto, el impetrante de amparo reclama de la Junta Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la omisión de acordar el escrito, que a decir del quejoso, fue recepcionado por dicha autoridad el treinta de abril de dos mil veintiuno, sin que por ello exhibiera medio de prueba que corroborara fehacientemente que hubiera presentado el escrito de mérito a la autoridad responsable, pues de la copia simple que anexó como prueba a su escrito de demanda se advierte únicamente que presentó un escrito de data veintiocho de septiembre del citado año, con sello de recibido de once de octubre de dos mil veintiuno. En ese tenor, es inexistente el acto reclamado toda vez que era al quejoso a quien le correspondía probar que había presentado un escrito ante la Junta responsable de donde deriva el acto reclamado y que la referida autoridad haya omitido darle contestación al mismo, lo cual no aconteció. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2018110, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 633 de la Ley de Amparo. CUARTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, negó la existencia de los actos reclamados, no obstante, enseguida realizó manifestaciones que evidencian su existencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se les atribuye. Aplica al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, materia común, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En ese orden de ideas, se tienen como ciertos los actos que se reclaman a la referida autoridad responsable, pues así se advierte de su respectivo informe justificado; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LOS INCISOS. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de no acordar el auto de requerimiento y embargo en el juicio laboral de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. En el efecto, el artículo y fracción invocados, son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo sea improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese contexto, de la constancia remitida por la autoridad responsable al rendir su informe justificado de manera conjunta, relativa a la copia certificada del acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se advierte que en el expediente laboral 920/2008, acumulado al 921/2008 y 752/2009, despachó auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el uno de marzo de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta de la autoridad responsable, pues no había ordenado el auto de requerimiento y embargo; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado marcado con el inciso c), conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital: 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, es evidente que respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en la omisión de cumplir y ejecutar el laudo dentro de los plazos y términos señalados en la Ley Federal del Trabajo; también cesaron los efectos, pues la autoridad laboral en el proveído de mérito acordó que había fenecido el plazo otorgado a la parte demandada y condenada para objetar la actualización a la planilla de liquidación acordada el trece de junio de dos mil diecinueve, tal y como lo peticionó la parte actora en el escrito exhibido ante la Oficialía de Partes de la Junta responsable el treinta de abril del citado año, por lo que, con fundamento en los artículos 939, 940, 950 951 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, procedió a despachar el auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma hasta por la cantidad de entre otras, $3´516,305.08 (tres millones quinientos dieciséis mil trescientos cinco pesos 08/100 moneda nacional), con lo cual quedó subsanada la omisión de cumplir y ejecutar el laudo, y si bien, no fue dentro de los parámetros establecidos que la ley fija para ello, lo cierto es, que existe imposibilidad material de retrotraer el tiempo por la falta de pronunciamiento del acuerdo respectivo en los plazos establecidos en la ley laboral y reponer al impetrante en el goce de dicho derecho violado; aunado a que se itera, la responsable ya se pronunció respecto de la omisión que le generaba un perjuicio a la impetrante. Sirve de apoyo en lo conducente el criterio contenido en la jurisprudencia I.6o.T. J/31 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, Décima Época, Materias Común, Laboral, página 2224, con registro digital: 2013005, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La violación al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 885 a 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, por falta de pronunciamiento del laudo en los plazos establecidos en dichos preceptos, deja expedito el derecho del quejoso para exigir la responsabilidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; empero, por existir imposibilidad material de retrotraer el tiempo transcurrido y reponer al impetrante en el goce de dicho derecho violado, el concepto de violación que combata la dilación en el dictado del laudo resulta inoperante por no poder ser materia de estudio en el juicio de amparo directo". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 633 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. También, cabe aclarar que al dejarse de analizar los argumentos realizados por la parte peticionaria de amparo, no se transgrede disposición alguna de la Ley de Amparo, ya que se actualizó de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, lo que impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993, Octava Época, materia común, página 57, con registro digital 214593, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada de las constancias que anexó a su informe justificado, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de cuatro de marzo del año actual, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones inherente a lo actuado en el expediente laboral de origen ********************acumulado al ********************,********************y ********************, hasta en tanto dicho informe obrara en autos y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto, con la demanda de cuenta se tiene a Carlos Manuel Oramas Castro, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad, residentes en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 270/2022-3. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Pídase informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que derivan los actos reclamados, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, apercibidas que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos de la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el informe que se les solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se les impondrá una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); lo que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. En el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCEROS INTERESADOS Ahora bien, en el caso no se ordena emplazar a las partes terceras interesadas que señala la parte quejosa, dada la naturaleza del acto que reclama, esto es, una omisión procesal. PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, ofreciendo como pruebas en el presente asunto la presuncional legal y humana y la documental que anexó a su ocurso de cuenta consistente en el original del acuse de recibo del escrito de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, con sello de recepción de la autoridad responsable de once de octubre de dos mil veintiuno, las que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva. Luego, por lo que hace a la instrumental de actuaciones consistente en las constancias que integran el expediente laboral de origen 920/2008 acumulado al 921/2008, 751 y 752/2009, que remitan la autoridades responsable, se reserva proveer sobre su admisión, hasta en tanto las autoridades responsables hagan lo propio. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y UTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actora en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.

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