Carlos Manuel Gutiérrez Adriano

Expediente 16/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
16/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Carlos Manuel Gutiérrez Adriano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    mesa 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, de la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el nueve de abril de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ el juicio de amparo al quejoso Carlos Manuel Gutiérrez Adriano; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  2. Principal

    MESA 6.- PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR CARLOS MANUEL GUTIERREZ ADRIANO, CONTRA LOS ACTOS RECLAMADOS Y LAS AUTORIDADES PRECISADAS EN LOS RESULTANDOS PRIMERO Y TERCERO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE ESTA RESOLUCIÓN. SEGUNDO.- EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO EN ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTE FALLO, ELABÓRESE VERSIÓN PÚBLICA DE LA SENTENCIA CON SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES.

  3. Principal

    MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciséis de enero del año actual, designó al suscrito Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, el cual indica que las partes podrán recusar al juzgador que resolverá el expediente, en caso de que exista causa fundada para ello (contenida en el diverso numeral 51 de la citada normatividad), para que aquéllas conozcan la existencia de la causal, deben igualmente tener conocimiento que el citado juzgador resolverá en definitiva este juicio de garantías; hágase del conocimiento de las partes, la designación del nuevo titular. Siendo aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J.104/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Para dar tiempo a lo anterior, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    MESA 6.-Villahermosa, Tabasco, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve Visto; se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual amplía su demanda respecto a los actos reclamados que menciona en su escrito de cuenta. Al respecto, es necesario invocar el contenido literal del artículo 111 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Del artículo antes transcrito, se evidencia que la demanda de amparo puede ampliarse, siempre que ocurra cualquiera de las siguientes hipótesis: Que no haya transcurrido el término que la propia ley de amparo establece para la presentación de la demanda. Que la parte quejosa se diga sabedora de diversos actos de autoridad, siempre y cuando éstos guarden íntima relación con el acto reclamado en el escrito inicial de demanda. Por su parte, la tesis consultable en la página 1339 en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, establece lo siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Así como la tesis consultable en la página 12 en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por último, la tesis consultable en la página 508 en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA. SU PROCEDENCIA TRATANDOSE DE ACTOS SUPERVENIENTES. En términos generales, las demandas de amparo que dan origen a un juicio de garantías, pueden ampliarse mientras las autoridades señaladas como responsables no hayan rendido su informe justificado; sin embargo, no sucede lo mismo cuando la parte quejosa tiene conocimiento del acto reclamado con posterioridad a la presentación de su demanda, por causa no imputable a ella, pues en esos casos, aun cuando todas las responsables ya hubieran rendido sus informes justificados, si de tales informes o por cualquier causa ajena surgen actos posteriores que estén íntimamente relacionados con los inicialmente reclamados, es inconcuso que se trata de actos supervenientes, respecto de los cuales dicha quejosa puede optar por promover un nuevo juicio o por ampliar la demanda anterior, pues esto tiene el mismo efecto procesal; además de que la finalidad del juicio de amparo es procurar que las controversias se resuelvan, dando oportunidad a las partes para exponer sus pretensiones." De la interpretación sistemática de las tesis invocadas, se advierte que la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados, pudiendo recaer la ampliación sobre los antes mencionados, siempre y cuando concurran diversos requisitos, tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios. En ese tenor, tenemos que, en el caso concreto se actualiza la segunda hipótesis, que faculta a la parte quejosa para ampliar su demanda. Por tanto, de conformidad con lo previsto por el numeral 111 y demás relativos de la Ley de la Materia, se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto a los actos reclamados que menciona en su escrito de cuenta, por lo que, con copia de éstos córrase traslado a las partes para los efectos legales conducentes. Por otra parte, respecto de las pruebas a que alude en el ocurso de cuenta, serán tomadas en consideración al celebrarse la audiencia en el presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día fijando como nueva fecha las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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